La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit solicitó a la Cámara de Diputados local la declaratoria de procedencia para desaforar a cuatro jueces y dos magistrados del Poder Judicial por su presunta participación en un fraude para despojar de sus viviendas a más de 40,000 derechohabientes del Infonavit.
El fiscal de Justicia, Petronilo Díaz Ponce, informó que derivado de denuncias presentadas por la Comisión de la Verdad a través de afectados de despojo de viviendas, se inició con la investigación en contra de servidores públicos que entre 2013 y 2018 llevaron a cabo juicios “espejo” con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario público y un despacho de abogados, para la ejecución irregular hipotecaria de 40 mil viviendas propiedad de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
Los delitos por los que se les podría acusar son falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho y peculado, cometidos contra la administración de justicia y contra la custodia de documentos.
Este entramado de presunta corrupción se confeccionó a través de una simulación de juicios en cuatro juzgados de primera instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en la adjudicación y escrituración irregular de las viviendas. El fiscal señaló que hay indicios de que la operación fue en dos etapas: la primera inició en 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela; concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Infonavit y en contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75% del valor del avalúo de los inmuebles.
La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016.
El presidente del Tribunal de Justicia, Ismael González Parra, aseguró que se aplicará todo el peso de la ley en contra de los magistrados y jueces que violentaron la ley, en caso de comprobarse las acusaciones.
