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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este lunes a YouTube de estar tomado por un grupo de “conservadores” después de que la plataforma borró su conferencia de prensa del 22 de febrero por difundir el teléfono de la corresponsal de The New York Times (NYT) en México, Natalie Kitroeff.

“YouTube me cepilló, a varios. Tengo información, a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido” de oposición, dijo en su mañanera.

El mandatario calificó los hechos como “censura” y acusó al gigante tecnológico de tener una “actitud prepotente y autoritaria”. Apuntó que la libertad “es sublime” y que no los “consultaron cuando se aprobaron esas normas”.

“No es un asunto solo técnico, es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios, si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también”, enfatizó.

El mandatario criticó que a The New York Times no lo han tocado “ni con el pétalo de una rosa” tras sus investigaciones.

“Ahí tienen a (Julian) Assange (fundador de Wikileaks) injustamente detenido ¿Y dónde está la libertad de expresión? Por eso digo que la Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Al principio pensé que la regresaran a Francia, pero mejor que nos la manden acá”, manifestó.

López Obrador también reveló que un miembro de la oficina de la Presidencia conversó con YouTube para volver a colocar el video, pero refirió que él se negó porque la condición era retirar el número telefónico mostrado.

“Cuando yo me enteré le dije respetuosamente: no, no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús (Ramírez), para que vean el tono, el modito”, sostuvo; acto seguido pidió que volvieran a proyectar la carta, esto a pesar de las advertencias que los periodistas presentes le hacían sobre nuevas sanciones.

Pese a ello, López Obrador volvió a leer la carta que envió Kitroeff a la Presidencia, aunque ahora sin el número, pero insistió en defender su actuar de la semana pasada, al señalar que el teléfono de la comunicadora es “institucional” y “público”.

Pidió verificar la prepotencia con la que la periodista se dirigió al vocero y a él, con las respuestas al cuestionario que hizo llegar.

Al hablar sobre el hecho que se desató, con la filtración del numero de la periodistas, y que llevó a que se filtraran los números de diversos políticos, incluidas las candidatas de Morena y de la oposición, López Obrador sorprendió al reconocer que “a lo mejor no hago lo políticamente correcto, pero esto que hacemos, nos ayuda”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió haber divulgado el número telefónico de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, quien lo contactó previo a publicar un reportaje respecto a una investigación de Estados Unidos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.

“No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, pero además es la representante de The New York Times”, respondió desafiante el mandatario en su conferencia matutina.

Ayer, López Obrador mostró y leyó en voz alta el cuestionario que Kitroeff le hizo llegar, incluido su número telefónico. Eso ocasionó que el diario estadounidense, organizaciones internacionales e incluso el INAI reaccionaran y condenaran lo sucedido.

AMLO desestimó la investigación que abrió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por presuntamente violar la ley que impide exhibir esta información.

Fue en ese punto donde se le mencionó que el proteger datos personales está amparado por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sin embargo, sorprendentemente el presidente dijo que eso era lo de menos.

“Por encima de eso (de la ley) está la libertad. No puede haber ningún reglamento, no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime que es la libertad. ¿Y mi derecho? ¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a la calumnia?”, reclamó.

Fiel al discurso que ha venido manejando en los últimos meses, se lanzó contra los medios y periodistas que critican a su gobierno.

“De inmediato cuestionaron eso (el difundir datos personales), pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen”.

En ese sentido, López Obrador advirtió que “si ustedes (periodistas) calumnian, aquí hay réplica, con todo (y datos), sea quien sea. Imagínense que termina el presidente de México chantajeado, arrinconado, en el banquillo de los acusados por ustedes, por una agencia de un gobierno extranjero”, agregó.

El mandatario dijo que el dar a conocer el dato de la periodista no era un error, además de que era algo que volvería a hacer.

“Es que aquí la vida pública es cada vez más pública, no (veo ningún error). Claro (que volvería a presentar un teléfono de un periodista), cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. Por encima de la ley, está la autoridad moral y la autoridad política”, subray

AMLO aprovechó para acusar de hacer “periodismo faccioso” a medios internacionales como Univision, The New York Times, The Washington Post, Financial Times y The Wall Streel Journal, mientras que en México mencionó a medios como Reforma.

Por eso dijo, “ustedes (periodistas) se sienten bordados a mano como una casta divina, privilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer, y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”.

López Obrador insistió en que él representa aun país y al pueblo. Dijo que no va a venir cualquier persona, así sea del New York Times a acusarlo. “Eso era antes cuando las autoridades en México permitían que se le chantajeara; ahora no, ahora nos tienen que respetar”.

AMLO alegó su derecho a defenderse, a él y a su familia, a quienes dijo, se les acusa sin ninguna prueba.

“Quién le va a reparar el daño a mis hijos, que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico”.

En ese sentido, dijo que los periodistas tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, incluido él.

Varias han sido las reacciones y condenas a la filtración de datos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien al momento de leer un cuestionario que recibió de la periodista del The New York Times en México, que publicó un nuevo reportaje sobre supuestos vínculos de personas cercanas al  mandatario con narcotraficantes.

En su mañanera de ayer, el presidente leyó el cuestionario y de paso el número telefónico de la periodista.

López Obrador sostuvo que los señalamientos sobre nexos con el narcotráfico son “calumnias” para interferir en las elecciones presidenciales, e hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos a pronunciarse sobre el tema.

“Espero que el gobierno de Estados Unidos manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto, pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar”, añadió.

Según The New York Times, una investigación de funcionarios estadounidenses “descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores cercanos” a López Obrador antes de ser presidente y ya en el poder.

También, citando a un informante anónimo, indicó que una persona cercana al presidente se habría reunido con Ismael Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, antes de su victoria electoral de 2018.

Sin embargo, el diario subrayó que “Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagación al final la archivaron”. De acuerdo con la nota, esa investigación se cerró también en gran medida luego de que el Departamento de Justicia desestimara acusaciones contra el exsecretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, por vínculos con el narcotráfico.

López Obrador calificó de “pasquín inmundo” al New York Times por indagar los presuntos pagos del narcotráfico.

Y es que la publicación de The New York Times se sumó a la que realizó a finales de enero el periodista estadounidense Tim Golden, dos veces ganador del premio Pulitzer, quien afirmó en el medio ProPublica que el cártel de Sinaloa entregó dos millones de dólares a la primera de las tres campañas presidenciales de López Obrador, en 2006.

En respuesta a los ataques del presidente y la divulgación de datos de su colaboradora, el New York Times calificó de “táctica preocupante e inaceptable” la difusión del número telefónico.

A través de las redes sociales, NYT señaló: “Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento”.

Y es que recordemos que México registra unos 149 asesinatos de periodistas desde 2000, según Reporteros Sin Fronteras.

“Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre”, añadió el periódico estadounidense.

Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI) anunció la apertura de una investigación por la difusión del teléfono de la corresponsal del diario estadounidense.

Mediante un comunicado, el INAI indicó que investiga la divulgación del número telefónico de la periodista para establecer si existen violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales. La investigación, añadió, “busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”.

El órgano de Transparencia se dijo a la espera de la posible denuncia que surja de este asunto.

La controversia sobre la difusión del número telefónico se produce menos de un mes después de que el INAI exigiera al Gobierno un informe tras la filtración de datos de 263 periodistas acreditados para cubrir la conferencia de López Obrador.

En tanto, el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su “profunda preocupación” por la difusión del teléfono de la corresponsal del NYT en la conferencia matutina del presidente. Apuntó que “puso en riesgo” al equipo del diario estadounidense en el país.

“Al comentar públicamente sobre un reporte aun siendo investigado por The New York Tomes y al revelar públicamente datos personas de la titular de la oficina en México del diario Natalie Kitroeff, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador conscientemente puso en riesgo al equipo de NYT en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante de CPJ en México.

La organización Propuesta Cívica, que defiende y promueve los derechos humanos y la libertad de expresión en México, criticó la decisión del presidente de revelar datos sensibles de la comunicadora. “Cuando se trata de los periodistas, el presidente @lopezobrador se enfoca en los números que no importan”, expuso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “pasquín inmundo” al periódico estadounidense The New York Times (NYT), al revelar que fue contactado por un reportaje que prepara sobre presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018.

“Es una vergüenza, no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”, manifestó el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO exhibió una carta de la corresponsal en México, Natalie Kitroeff, en el que se incluía su número telefónico, el cual no dudó en ventilar pese al riesgo que eso conlleva; así como el cuestionario que se le remitió sobre los supuestos sobornos que habría recibido su campaña de parte del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas.

López Obrador sostuvo que el reportaje, aún no publicado, es en represalia por las críticas que hizo contra el medio neoyorquino en una entrevista difundida esta semana con la periodista rusa Inna Afinogenova de Canal Red, cuya plataforma está vinculada al exlíder de Podemos, el español Pablo Iglesias.

“No les gustó porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús (Ramírez, vocero de la Presidencia) un cuestionario, pero un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA (Agencia Antidrogas)”, dijo el mandatario.

Según el texto de Kitroeff, el periódico accedió a documentos y entrevistas en las que un informante contó que “uno de los confidentes más cercanos del presidente”, sin revelar hasta ahora el nombre, se reunió con Ismael Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa previo a las elecciones de 2018.

Otra fuente afirmó que tras la victoria de López Obrador, uno de los fundadores del Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados del mandatario con la esperanza de salir de prisión.

Mientras que un tercero aseguró a los investigadores estadounidenses que los cárteles tenían videos que exhibían a los hijos del presidente mientras recibían dinero del crimen organizado.

La periodista indicó que Washington cerró la investigación porque “podría provocar un conflicto diplomático con México”, en particular tras el roce del Gobierno de López Obrador con el de Donald Trump (2017-2021) por el arresto en octubre de 2020 del exjefe del Ejército, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico.

“O sea, nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ‘¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente?’ No, porque es falso”, comentó el mandatario.

La investigación se suma a la de ProPublica, que el mes pasado publicó que la DEA indagó una supuesta “evidencia sustancial” de que el Cártel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, la cual perdió contra Felipe Calderón.

Al igual que entonces, el mandatario pidió que “el Gobierno de Estados Unidos exprese algo” al respecto, aunque dijo que “de ninguna manera” este tipo de investigaciones pueden afectar las relaciones bilaterales.

La divulgación de la nota que la periodista remitió al Presidente, rápidamente fue tomado como un intento de ‘quemar’ la nota que el diario estadounidense publicará; una especie de control de daños anticipado.

Santiago Taboada, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, acusó a la fiscalía capitalina de haber presentado una solicitud para tener acceso a sus registros telefónicos y los de otros compañeros de la oposición.

La Ciudad es gobernada por Morena, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en repetidas ocasiones ha prometido ponerle fin al espionaje político, aunque esto llega a reafirmar que dichas prácticas no han desaparecido.

El caso lo dio a conocer el diario estadounidense The New York Times, quien revela la denuncia que Taboada, actual alcalde con licencia en Benito Juárez, presentó al conocer el tema. El panista señala que la solicitud de registros políticos era una “persecución política”.

“Ahora más que nunca queda expuesta la persecución política de la que he sido víctima durante meses”, escribió Taboada en sus cuentas de redes sociales.

Como parte de una supuesta investigación por secuestro, elementos de la fiscalía capitalina pidieron a Telcel que entregara registros telefónicos, de mensajes de texto y de geolocalización de Taboada y más de una decena de políticos, incluidas figuras de la oposición e incluso de algunos miembros de Morena y colaboradores de López Obrador.

Tan pronto se dio a conocer la investigación del Times, Ulises Lara, portavoz de la fiscalía capitalina, dijo que “esta institución no hace espionaje a personajes políticos”, aunque no negó la existencia de los documentos que Taboada asegura se descubrieron en una demanda.

En su lugar, Lara dijo que las solicitudes “son falsas” y que el caso ha sido referido para investigación a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, insinuando que alguien al interior de la fiscalía fue quien presentó las solicitudes de registros.

Y es que recordemos que las fiscalías puede presentar solicitudes urgentes de registros telefónicos en casos de emergencia, pero llegado el momento deben obtener una orden judicial que respalde dicho requerimiento.

Lara aseguró que actualmente no hay casos penales ni investigaciones abiertas en torno a las personas cuyos registros fueron solicitados.

No sería la primera vez que elementos de la fiscalía capitalina aparentemente usan la ley con fines políticos. En agosto, fiscales capitalinos tomaron una medida inusual y extrema cuando solicitaron que elementos de la Infantería de Marina los acompañaran a otro estado para detener a Uriel Carmona, fiscal general del vecino estado de Morelos, y lo trasladaran de regreso a la Ciudad de México.

Meses antes, fiscales de la CDMX detuvieron a un concejal de oposición por cargos de corrupción. Pero la fiscalía no ha logrado encarcelar ni declarar culpable a nadie por el desplome de una sección elevada del Metro capitalino en mayo de 2021 que dejó 26 muertos y casi 100 heridos.

Además de Taboada, EL Times revela que otros políticos como la senadora del PAN, Lilly Téllez; la exdiputada local Alessandra Rojo de la Vega; Dolores Igareda, funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ricardo Amezcua, integrante de la judicatura de la Ciudad de México; Horacio Duarte e Higinio Martínez, ambos actuales funcionarios del gobierno del Estado de México, fueron espiados.

Esto sucedió, aclara el Times, cuando Claudia Sheinbaum estuvo al frente del gobierno capitalino.

Además, todo esto sale a la luz cuando Ernestina Godoy está buscando otros cuatro años al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y aunque hay voces que rechazan su permanencia al frente de la Institución, ella ha defendido su intención asegurando que quienes se oponen a que se continúe con las investigaciones de funcionarios que han cometido delitos aprovechando cargos públicos.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, considerado el máximo responsable de Derechos Humanos dentro del gobierno federal, ha sido “espiado repetidamente” a través del programa Pegasus, según una investigación del diario The New York Times (NYT),

En caso de confirmarse la información que publica el diario, Encinas sería el más alto cargo espiado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien Encinas mantiene una amistad personal que no ha impedido que se produjeran entre ellos varios desencuentros, sobre todo por el papel de las Fuerzas Armadas en distintos abusos y atropellos.

NYT reconoce que no hay una prueba definitiva de quién llevó a cabo la infiltración en el teléfono de Encinas, pero inmediatamente añade que el Ejército “es la única entidad en México con acceso a este programa de espionaje”, y que ha intervenido más teléfonos que ningún otro cliente en el mundo.

Solo las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono, desde una fotografía, mensaje de correo electrónico o WhatsApp, y desde ahí tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

La última infiltración en el teléfono de Encinas se habría producido el pasado año, mientras dirigía la Comisión de la Verdad para esclarecer el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que llevó a Encinas a señalar la responsabilidad del Ejército.

El diario indicó en su publicación que contactó con la Presidencia, con la Secretaría de la Defensa y con el propio Alejandro Encinas, que declinaron hacer comentario sobre el presunto espionaje.

Encinas se enteró de la intervención a su teléfono por Citizen Lab, una organización basada en la Universidad de Toronto que investiga abusos en el mundo digital y casos de censura, y que efectuó un “análisis forense” en el celular de Encinas, aunque él no lo hizo público.

También dos funcionarios más que trabajaban con el subsecretario en temas relacionados al papel de las Fuerzas Armadas, han sido víctimas de este espionaje a través de sus celulares, añade NYT.

Encinas es uno de los pocos funcionarios que públicamente ha denunciado el creciente poder de las Fuerzas Armadas y su influencia en la política y en enormes contratos de obras públicas, como la construcción del Trne Maya, la distribución de medicinas o la gestión de puertos y aduanas.

El diario estadounidense The New York Times publica este martes un texto en el que refiere que varios funcionarios estadounidenses califican de preocupante, un patrón que ha seguido el embajador de su país en México, Ken Salazar, al contradecir las políticas de su propio gobierno, y alinearse con la postura o discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El texto recuerda que cuando asumió el cargo en septiembre de 2021, a Salazar se le instruyó que construyera una relación sólida con López Obrador con la esperanza de impulsar la agenda de la Casa Blanca. Señala que al ser AMLO el líder del principal territorio de contención entre Estados Unidos y los migrantes que intentan llegar a su país, López Obrador dispone de una gran ventaja sobre Biden y su presidencia.

La encomienda de Salazar implicaba evitar conflictos con alguien volátil que tiene el poder de afectar el futuro político de Biden. En ese sentido, reconocen que Salazar ha logrado acercarse al tabasqueño.

“Al interior del gobierno hay una preocupación creciente de que, en el proceso de acercamiento, el embajador haya arriesgado los intereses estadounidenses y no haya usado la relación para avanzar las políticas cuando Biden más lo necesita”, relata el NYT de acuerdo a entrevistas con más de una decena de funcionarios y exfuncionarios y analistas.

Entre las acciones que preocupan en EUA, están el hecho de que Salazar ha retomado las afirmaciones de AMLO acerca del robo de las elecciones pasadas; ha cuestionado la integridad de MCCI, organización financiada por Estados Unidos y de lo que el presidente se ha quejado; ha dado la impresión de que apoya la política energética de México, y ha guardado silencio mientras López Obrador ataca sin cesar a los periodistas.

“Al interior del gobierno estadounidense, algunos cuestionan si el enfoque blando de la actual gestión de verdad funciona o más bien envalentona a López Obrador mientras desafía la influencia estadounidense y socava las salvaguardas de la democracia”, añade New York Times.

El diario recuerda que desde el inicio de su mandato, Biden ha tenido una relación complicada con López Obrador, lo que inició con el rechazo de AMLO a reconocer su triunfo electoral. Ante ese panorama, Salazar era visto como el hombre perfecto para calmar al morenista.

En Estados Unidos se pensó, narra NYT, que el trato sencillo del exsenador demócrata daría buenos resultados con López Obrador, que se presenta como un hombre del pueblo. “Lo que necesitamos hacer es atender juntos estos problemas inmensos y sin precedentes”, dijo Salazar. “Y no puedes hacerlo si tienes un enemigo”.

En uno de los casos más recientes, se señala que previo a la Cumbre de las Américas, AMLO criticó en varias ocasiones a Estados Unidos por no invitar a la reunión a Cuba, Nicaragua o Venezuela, y a pesar de que el el embajador le pidió que asistiera, López Obrador siguió amenazando con boicotear el evento, e incluso motivó a otros países a seguir su ejemplo.

Al respecto, esta mañana durante su conferencia de prensa, López Obrador dijo que Salazar es su amigo, y se volvió a referir a él como un hombre “bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden”.

Entre risas, López Obrador dijo que el texto del diario estadounidense se debe a que los conservadores reaccionarios quisieran tener “un halcón de embajador”.

“El embajador Ken Salazar es un hombre responsable, que defiende a su país. Estuvo conmigo casi una semana aquí recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidenses, tratando caso por caso. Y es una gente de lo mejor, pero los del New York Times están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia”, sostuvo López Obrador.

Indicó que México es un país independiente, libre y soberano, que no se subordina a ninguna potencia y ante ningún gobierno del mundo, “sean nuestros vecinos de Estados Unidos o sean de China o de Rusia”. Al respecto, dijo que México es respetuoso de todos los países del mundo, por eso la política de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

“Entonces, nuestro apoyo Ken, pero para que vea también lo que se siente”, volvió a bromear el presidente.

Dijo que a diferencia de lo que pasaba antes, cuando un “periodicazo así, ¡uf!, era demoledor, tremendo”, ahora ya no tiene ningún efecto, pues si no se tienen la razón, y es una mentira, no afecta.

El diario The New York Times (NYT) publicó este fin de semana una investigación, basada en documentos oficiales que abarcan varios años, entrevistas y análisis de la evidencia, del colapso que se registró a inicios del mes pasado en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, señalando que se encontraron “graves fallas en la construcción” origen del dicha línea, que “parecen haber causado directamente el colapso”.

La investigación del diario estadounidense señala principalmente a Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, así como a Carlos Slim, empresario mexicano y uno de los hombres más ricos del mundo.

El texto del diario señala que Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó la línea 12 del Metro; mientras que la empresa constructora de Slim, Carso Infraestructura y Construcción, llevó a cabo el tramo de la línea que colapsó.

Basado en miles de fotografías que se tomaron en el sitio del siniestro, además de entrevistas y testimonios de ingenieros expertos, llegó a una conclusión: “los pernos metálicos que eran cruciales para la solidez del viaducto, y que servían como base de toda la estructura, parecen haber fallado debido a soldadura deficiente, falla grave que probablemente causó el choque”.

El NYT afirma que esa es una de las principales explicaciones que se maneja al interior del gobierno de la Ciudad de México, y que apuntarían a “oportunismo político y obras descuidadas durante la construcción del Metro”.

El diario refiere que la certificación de la línea 12 se produjo menos de una hora antes que se inaugurara, a pesar de que faltaban por completar miles de piezas de trabajo, esto  basado en una investigación de 2014 hecha por la Asamblea Legislativa de la capital.

Añade que durante una inspección realizada a dicha línea después del sismo del 2017, el gobierno capitalino detectó fallos en la construcción original del tramo hecho por la empresa de Slim, según un informe de ese mismo año, que hasta ahora no se había difundido.

Adicional, se indica que en un intento por terminar la obra antes de que Ebrard dejara el cargo, se compraron trenes que no eran compatibles con el riel colocado. “Las ruedas no encajaban de manera adecuada con la vía. El resultado era un golpeteo constante que torcía y rasguñaba lo que debía ser una vía lisa de acero”.

The New York Times refiere que menos de un año después de certificar la seguridad de la línea, los auditores entregaron un informe que documentaba una serie de deficiencias: piezas fisuradas y rotas, vías deformadas y una presión incesante en la estructura.

“Más allá de lo que establezcan las investigaciones oficiales, el colapso conlleva enormes consecuencias políticas no solo para Ebrard y Slim (que anteriormente fue un gran accionista de The New York Times Company). Si se tratara de un asunto relacionado con el mantenimiento, los votantes podrían culpar a Claudia Sheinbaum, la protegida del presidente, quien ha supervisado el metro en su calidad de jefa de gobierno de la Ciudad de México en los últimos dos años”, enfatiza el diario.

Luego de que el diario hiciera público su artículo, Claudia Sheinbaum rechazó emitió un posicionamiento a través de sus redes sociales, en que rechazó que su gobierno filtrara la información que el diario estadounidense refiere en su texto.

“No es nuestro estilo filtrar información y nunca lo será. Nos caracteriza decir la verdad de forma directa sin ningún intermediario”, puntualizó Sheinbaum en sus mensajes de Twitter.

Insistió en que su administración nunca ha utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer su trabajo, “y menos a un medio que ha buscado confrontar a la Cuarta Transformación”. Sostuvo que han sido muy responsables en esperar los dictámenes técnicos, profesionales.

Sheinbaum Pardo cuestionó los intereses “no esclarecidos” que estaban detrás del artículo publicado por el NYT.

Quien también contestó utilizando su cuenta de Twitter, fue el canciller Marcelo Ebrard, quien compartió una carta que envió al diario el pasado 3 de junio contestando los cuestionamiento que se le formularon por el medio, los cuales aseguró ,fueron ignorados en la publicación final.

En la carta afirmó que la línea 12 del Metro “es quizá la obra pública más auditada y documentada en la historia de México” y citó al menos cinco informes que la revisaron. Detalló que cuando fue puesta en operación funcionaba en “óptimas condiciones”.

También indicó que cuando salga a la luz el peritaje a cargo del gobierno de la Ciudad compartirá su “valoración de aseveraciones técnicas e intencionalidad política del texto”.

Recordemos que el colapso del Metro ocurrió la noche del 3 de mayo en un tramo elevado de la línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco, cuando dos vagones cayeron con pasajeros. Ambas unidades quedaron en forma de “V”. El accidente dejó 26 muertos y más de 80 heridos.

Pese a que el presidente Donald Trump llamó a los mexicanos violadores, amenazó al país con una guerra comercial, expulsó a decenas de miles de solicitantes de asilo, hizo que México los alojara en campamentos, construyó el muro fronterizo y le dijo a México que lo pagara, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se declaró un gran admirador de su homólogo.

Es por ello que el diario The New York Times (NYT) asegura que AMLO ya extraña a Trump, pues está preocupado de que Joe Biden esté más inclinado a entrometerse en los asuntos de nuestro país.

La periodista n profundo es el aprecio de AMLO por el republicano, que cuando finalmente habló por teléfono con Biden, se aseguró de elogiar al presidente saliente.

“‘Debo mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, el señor Donald Trump’, dijo López Obrador, según dos personas enteradas sobre la llamada, y que hablaron con condición de anonimato para discutir asuntos internos. ‘Independientemente de cualquier otra consideración, él respeta nuestra soberanía'”, relata Kitroeff.

Asegura que López Obrador ha pasado las últimas semanas, de forma preventiva, incomodando al gobierno de Biden, y para muestra señala que AMLO fue uno de los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden por su victoria, ha ofrecido asilo a Julian Assange y recientemente, se exoneró al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue acusado de tráfico de drogas por fiscales estadounidenses.

La periodista indica que detrás de los “desaires” está el temor de que los demócratas sean más propensos a intervenir para promover derechos laborales y energías limpias en México, obstaculizando así la agenda de López Obrador.

“Aunque los términos de su acuerdo pueden haber sido tácitos, eran claros. López Obrador hizo cumplir la agenda de inmigración de línea dura de Trump y, a cambio, Estados Unidos le permitió dirigir México a su antojo”; en ese sentido, recordó que en su reciente discurso en Alamo, Texas, Trump agradeció “al gran presidente de México”, quien dijo, es “un gran caballero, un amigo mío”.

Destaca que tanto AMLO como Trump hicieron campaña con la promesa de erradicar a una élite corrupta, y ganaron con una coalición de votantes molestos con la clase dominante de su país y, una vez en el cargo, pintaron a los medios de comunicación y a la oposición como enemigos de su movimiento.

Kitroeff advierte que es probable que Biden le pida más a López Obrador, situación que parece no ser del agrado del gobierno de México. Sin embargo, señala, es poco probable que Biden recurra a las amenazas o a la humillación pública como solía hacer Trump, para conseguir que México haga lo que quiere.

Apunta que si bien AMLO ha dicho que quiere mantener “una política de buena vecindad” con Estado Unidos, también ha criticado a sus predecesores por ser “hasta serviles y muy irresponsables en cuanto a hacer valer nuestra soberanía”.

“Su verdadero objetivo, según los analistas, puede ser avivar un profundo resentimiento del público mexicano hacia la intervención estadounidense en la guerra contra las drogas”, alerta la periodista.

 

Texto completo en NYT

El presidente Donald Trump dijo el lunes que pagó “muchos millones de dólares en impuestos” y que tiene más activos que pasivos, pero no ofreció evidencia ni se comprometió a entregar algún documento que sustente sus dichos.

En una serie de publicaciones en Twitter, el republicano respondió a un reportaje del diario New York Times (NYT) que reveló que pagó solo 750 dólares en impuestos en 2016 y 2017, luego de años de informar sobre graves pérdidas de sus negocios.

“Pagué muchos millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todo el mundo, a créditos tributarios y por depreciación”, escribió en su cuenta de Twitter. “Estoy muy desapalancado. Tengo muy poca deuda en relación con el valor de los activos”.

El presidente republicano, que se enfrentará al demócrata Joe Biden mañana por la noche en un primer debate, dijo que tenía “activos extraordinarios” y se aseguró tener una declaración financiera “muy IMPRESIONANTE”.

Trump tiene una deuda de cientos de millones de dólares por pérdidas crónicas en negocios, las que usa para evitar el pago de impuestos, informó el diario. NYT dijo que obtuvo declaraciones de impuestos que cubren más de dos décadas para Trump y sus negocios.

Las deudas de Trump que se reportaron plantean problemas de seguridad nacional, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,  e indicó que la gente merece saber a quién le debe dinero porque podría ser usado como palanca en su contra.

Trump acabó con una tradición de décadas entre los mandatarios y candidatos presidenciales cuando se negó a entregar sus declaraciones de impuestos federales la primera vez que postuló a La Casa Blanca en 2016.

El presidente dice que es porque está siendo auditado por el Servicio de Impuestos Internos, pero la agencia ha dicho que no hay razón para que no pueda liberar la información mientras está siendo auditado.

Donald Trump pagó sólo 750 dólares de impuestos federales sobre la renta el año que se postuló para presidente y también en su primer año en La Casa Blanca, de acuerdo con un artículo publicado ayer en el diario The New York Times (NYT).

Trump, quien ha guardado celosamente sus declaraciones fiscales y es el único presidente de la era moderna que no las hace públicas, no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años.

Los detalles de las declaraciones de impuestos complican la descripción que hace Trump de sí mismo de ser un empresario astuto y patriota, porque revelan una cadena de pérdidas financieras e ingresos procedentes del exterior que podrían entrar en conflicto con sus responsabilidades como presidente.

La información financiera que Trump ha revelado dice que ganó por lo menos 434.9 millones de dólares en 2018, pero en sus declaraciones fiscales reportó pérdidas por 47.4 millones.

Las declaraciones fiscales también muestran cómo un multimillonario podría pagar de poco a nada en impuestos, mientras que alguien de clase media podría pagar sustancialmente más.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses no pagan impuesto sobre la renta, principalmente por lo bajo de sus ingresos.

Pero las cifras oficiales indican que el contribuyente promedio pagó aproximadamente 12,200 dólares en 2017, unas 16 veces más de lo que pagó el presidente.

La divulgación, que según el NYT proviene de datos de declaraciones de impuestos que abarcan un periodo de dos décadas, se da en un momento crucial, ya que el primer debate presidencial entre Trump y su rival demócrata Joe Biden está programado para mañana, a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

En una conferencia de prensa en La Casa Blanca, Trump calificó el reporte como “noticias falsas” y dijo que ha pagado impuestos, aunque no dio detalles. También dijo que la información sobre sus impuestos “será revelada”, pero no dijo cuándo; volvió a hacer promesas similares durante la campaña de 2016 que nunca cumplió.

De hecho, el presidente ha impugnado en tribunales los intentos de quienes buscan acceder a sus declaraciones fiscales, entre ellos la Cámara de Representantes federal, que presentó una demanda para acceder a esos documentos como parte de la supervisión legislativa.

Durante sus primeros dos años como presidente, Trump obtuvo 73 millones de dólares de sus negocios en el extranjero, que además de sus campos de golf en Escocia e Irlanda incluyeron 3 millones procedentes de Filipinas, 2.3 millones de India y 1 millón de Turquía.

En 2017, el presidente pagó 145,400 dólares de impuestos en India y 156,824 dólares en Filipinas, en comparación con los apenas 750 dólares de impuesto sobre la renta en Estados Unidos.

Según expertos, Trump encontró múltiples maneras de reducir sus pagos de impuestos. Ha conseguido deducciones por gastos personales en vivienda, transporte aéreo y 70,000 dólares por arreglo de cabello mientras filmaba “The Apprentice”.

Las pérdidas en sus negocios de bienes raíces de propiedad única y administrados por Trump al parecer contrarrestaron los ingresos de su participación en “The Apprentice” y otras entidades con múltiples propietarios. En los primeros dos años de su presidencia, Trump recurrió a créditos fiscales para negocios a fin de reducir sus obligaciones impositivas.

El NYT dijo que 9.7 millones de dólares de créditos por inversión empresarial que fueron presentados después de que Trump solicitara una extensión para presentar sus impuestos le permitieron reducir sus obligaciones y pagar sólo 750 dólares tanto en 2016 como en 2017.

Trump, a partir de 2010, hizo un reclamo y recibió una devolución de impuestos por 72.9 millones de dólares, que el NYT dijo era el centro de una auditoria en marcha del Servicio Interno de Impuestos. El diario señaló que un fallo contra Trump podría costarle 100 millones de dólares o más. Trump también tiene más de 300 millones de dólares en créditos que deben ser pagados en los próximos cuatro años.

El New York Times (NYT) hizo público este domingo su apoyo a las senadoras Amy Klobuchar y Elizabeth Warren para la nominación presidencial demócrata, en una decisión sin precedentes de respaldar a dos candidatos.

La elección del periódico liberal llega semanas antes de la votación en Iowa el 3 de febrero, que oficialmente inicia la temporada de las elecciones presidenciales.

El Times describió a la senadora de Massachusetts, Warren, como la opción “radical”, y a la senadora de Minnesota, Klobuchar, como la alternativa “realista”.

“Está en curso un debate esencial entre dos visiones que pueden definir el futuro del partido (demócrata) y quizás de la nación”, escribió el consejo editorial. Afirmó que algunos en el partido ven al presidente Trump como una aberración y creen que es posible un regreso a un Estados Unidos más sensato, aunque también están los que creen que el presidente Trump fue el producto de sistemas políticos y económicos tan podridos que deben ser reemplazados.

Al afirmar que tanto los modelos radicales como los realistas merecen una seria consideración, dijo que “por eso estamos respaldando a las candidatas más efectivas para cada enfoque. Ellas son Elizabeth Warren y Amy Klobuchar”.

Warren está posicionada en el tercer lugar de los sondeos, detrás del exvicepresidente Joe Biden y del senador de Vermont Bernie Sanders, el compañero progresista de Warren.

Sobre Klobuchar, de postura más moderada, el Times dijo que “su prolongado mandato en el Senado y sus credenciales bipartidistas la convertirían en una negociadora (una verdadera), capaz de unir las alas del partido, y tal vez de la nación”.

“Que gane la mejor mujer”, concluyó el diario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó de una nota que publicó este viernes el New York Times (NYT) en la que aseguró que el país que está construyendo AMLO se parece mucho al que prometió dejar atrás durante su campaña presidencial.

En la nota, titulada “¿Una nueva revolución? México sigue esperando mientras AMLO cumple casi medio año gobernando”, se refiere que a pesar de que AMLO prometió acabar con la corrupción, su gobierno no ha hecho pública ninguna persecución contra exfuncionarios mexicanos que han sido señalados en los medios por cometer actos de corrupción.

“Más allá de eso, durante los primeros tres meses del gobierno de López Obrador, el 70% de los contratos otorgados se hicieron vía directa, sin una licitación competitiva, de acuerdo con la organización de la sociedad civil Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la impunidad”, detalló el diario.

El periódico internacional también hizo una crítica respecto a la seguridad, pues mientras en campaña prometió quitar a los militares de las calles, una vez que asumió el poder, según el NTY, “terminó por garantizar el papel del ejército en la seguridad nacional, mientras que las tasas de homicidios en México alcanzan sus mayores niveles en más de dos décadas”.

Y este viernes, al ser cuestionado sobre la publicación del New York Times, López Obrador señaló:

“Tienen todo el derecho de expresarse, yo no comparto ese punto de vista aunque se trate del New York Times, aunque se trate de un periódico famoso porque se ha avanzado mucho, el día primero de julio vamos a informar, les puedo decir de manera categórica de que no hay corrupción tolerada desde el gobierno, cero corrupción, que ya empezamos a limpiar, que no existe impunidad en el país, que el que comete un delito es denunciado y que se va avanzando. Pero hay cuestionamientos porque en realidad se trata de una transformación que nunca se había dado en el país, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, imagínense lo que significa decir que se acaba la corrupción, la impunidad y los lujos en el gobierno”, afirmó AMLO.

Bajo el principio de la defensa de una prensa libre e independiente, que trabaja sin miedo y que no responde a favores, los Pulitzer premiaron en su última edición a The Wall Street Journal y a The New York Times por trabajos que destaparon escándalos relacionados con el presidente Donald Trump. Además, la cobertura de las matanzas por los tiroteos en Parkland, Annapolis y Pittsburgh también fueron galardonadas.

Este año, el diario The Wall Street Journal recibió el Pulitzer al mejor periodismo nacional por descubrir los pagos que el entonces candidato republicano, Donald Trump, ordenó a su abogado personal hacer a dos mujeres para que no revelaran en la recta final de la campaña de 2016 que tuvieron relaciones sentimentales con él. Mientras que, The New York Times fue condecorado por su investigación sobre la riqueza de la familia Trump.

La Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia concede este galardón cada año en 14 categorías periodísticas, así como en siete relacionadas con las letras, el drama y la música. La más importante es la de servicio público, junto a la de periodismo de investigación y nacional.

The Sun Sentinel, Los Angeles Times, The Associated Press y Reuters fueron algunos otros medios ganadores del premio Pulitzer este año.

Este año se conmemoran 103 años de historia de estos premios. El jurado revisó 1,162 textos periodísticos para elegir a los ganadores.

Tras el artículo publicado por el diario The New York Times (NYT), en el que acusaba al gobierno mexicano de ser el principal aliado del presidente Donald Trump respecto a su represiva política migratoria, fue el gobierno de México quien respondió a los señalamientos.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha sido el primer país en adoptar el Pacto Mundial para la Migración promovido por la Organización de las Naciones Unidas, lo que a permitido garantizar un flujo migratorio seguro, ordenado y regular.

Afirmó que el Gobierno de México ha desplegado una nueva política migratoria basada en la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo económico desde una visión humanitaria, para atender las causas estructurales de la migración.

Recordó que México ha otorgado un estatus legal a más de trece mil personas extranjeras que han ingresado por la frontera sur, con lo que afirmó, se ha subsanado el error fundamental que, desde la ilegalidad, se condenaba a los migrantes a la marginalización y la precariedad.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación reiteran que México actúa de forma soberana e independiente al implementar su nueva política migratoria (…) el Gobierno de México reitera que no existe un acuerdo vinculante con el Gobierno de Estados Unidos para responder al aumento en el flujo de personas, principalmente familias procedentes de Centroamérica”, resaltó la dependencia.

Indicó que frente a la decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos de implementar el artículo 235 (b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, México ha optado por apoyar a los migrantes, autorizando el ingreso de algunos solicitantes de asilo desde Estados Unidos en tanto se efectúa su audiencia con las autoridades correspondientes.

Reconoció que las autoridades migratorias de México mantienen una fluida comunicación con sus contrapartes estadounidenses a fin de garantizar que el tránsito de personas por la frontera común se realice de manera segura y ordenada.

Los funcionarios mexicanos han estado cumpliendo con las metas migratorias del gobierno estadounidense de Donald Trump en varias partes de la frontera, lo que socava las promesas del gobierno de México de defender a los migrantes y respaldarlos en su búsqueda por una mejor vida.

Las autoridades mexicanas están bloqueando el paso de grupos de migrantes en pueblos fronterizos: no les permiten caminar hacia los puentes de cruce para solicitar asilo en Estados Unidos, han interceptado a los menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense y han asistido en la gestión de listas de solicitantes de asilo por petición de los estadounidenses que quieren limitar la cantidad de personas que cruzan.

El gobierno mexicano, a diferencia de sus prácticas previas para atener a refugiados, también ha permitido que su contraparte estadounidense devuelva a más de 120 mujeres, hombres y niños a Tijuana en lo que esperan la resolución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Ese programa de retorno será expandido a otros puntos fronterizos tan pronto como la primera semana de marzo.

Los funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador han dicho que esta postura respecto a los migrantes es una decisión estratégica pensada para no hacer enojar a Trump. López Obrador, indican, no cree que Trump vaya a cambiar de parecer, así que ha evitado entablar una pelea pública posiblemente costosa sobre el tema.

López Obrador, por mucho tiempo defensor de las personas en pobreza y desfavorecidas, suele referirse a sus planes para México como la cuarta transformación del país, con lo que equipara sus ambiciones con las de los grandes líderes históricos de la nación.

Ha impulsado sus credenciales de defensor del pueblo con la reducción de salarios del gobierno, al viajar en aviones comerciales y al abrir al público la antigua residencia presidencial de Los Pinos. También ha reducido drásticamente la cantidad de migrantes centroamericanos que son deportados desde México.

Pero no todo ha sido transformado.

La primera evidencia de ello son los Protocolos de Protección a Migrantes, la medida de Trump para que los solicitantes de asilo se queden del lado mexicano de la frontera en lo que esperan a que se decida su suerte. Los grupos defensores de migrantes han denunciado que eso implica botar a las personas en zonas violentas de México y que contraviene su derecho a tener asesoría legal y respaldo familiar en Estados Unidos.

El gobierno de López Obrador, quien antes de llegar al poder indicó que no iba a cooperar con la agenda antimigratoria de Trump, ha seguido la línea de esa agenda en varios frentes, incluyendo el aceptar a las mujeres y niños devueltos pese a las promesas de que solo acogería a los solicitantes de asilo que fueran varones adultos.

Pero que López Obrador ceda en algunas de las demandas fronterizas de Trump y prácticamente no mencione palabra alguna sobre el presidente estadounidense en sus conferencias de prensa diarias conlleva un costo político bajo en México.

Para muchos mexicanos lo que suceda con los migrantes es una preocupación secundaria a las que tienen a nivel doméstico, como el trabajo, la seguridad y la corrupción. López Obrador mantiene un índice de aprobación del 80 por ciento a pesar de la disposición de su gobierno de aceptar a los migrantes devueltos que tienen procesos de solicitud de asilo.

“Si tenemos que aceptar a un puñado de gente que regresa a México no es realmente un problema para nosotros, ni siquiera en lo político”, comentó una persona que no tenía autorización para discutir deliberaciones internas. “Lo que realmente queremos evitar es una pelea pública con Trump”.

Pero en el esfuerzo por evitar una disputa transfronteriza, los críticos denuncian que el gobierno mexicano ha privilegiado las cuestiones políticas, no las humanitarias.

“México sigue haciendo el papel que Estados Unidos cree que debería desempeñar, que es contener el flujo migratorio y ya”, dijo Melissa Vértiz Hernández, secretaria técnica Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, una red de grupos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos en México.

Encontrar ese delicado punto de equilibrio con Estados Unidos ha dejado al gobierno mexicano sin una política migratoria clara o consistente, de modo que los estados y municipios fronterizos se encuentran en la posición de tener que defenderse solos ante presión de sus contrapartes estadounidenses.

Por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas, prácticamente nadie tiene permitido cruzar el puente para solicitar asilo en McAllen, Texas. Esas personas usualmente son bloqueadas o detenidas por oficiales mexicanos, por lo que los migrantes se ven forzados a probar suerte en otros pueblos.

En Piedras Negras, Coahuila, los funcionarios reunieron a cientos de migrantes que llegaron en caravana en las últimas semanas y los mantuvieron vigilados en un albergue con contacto limitado con otras personas, de acuerdo con activistas. Después del furor público ese albergue fue cerrado y muchas de las personas fueron llevadas a otras ciudades y pueblos en la frontera.

Mientras que el alcalde de Ciudad Juárez ha amenazado con demandar a un gobernador vecino por movilizar a los migrantes a esa ciudad. Se ha vuelto como un juego de pasarse la bola, con los centroamericanos desesperados que huyen de la pobreza y la violencia de por medio.

En otras partes de la frontera trabajadores de los albergues dicen que manejan listas de solicitantes de asilo por nombre, nacionalidad, edad y documentos disponibles para ayudar a los funcionarios mexicanos que cumplen con los mandatos de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

El gobierno mexicano se ha resistido a Trump de otras maneras, según la persona que trabaja en el gobierno de López Obrador y pidió mantener el anonimato. Esa persona y otras dos que fueron informadas del plan dijeron que su consentimiento a los Protocolos de Protección a Migrantes de Estados Unidos fue hecho solo de manera estratégica.

Al permitir que el programa iniciara en el cruce de San Diego y Tijuana, de acuerdo con estos funcionarios mexicanos, el desafío legal a las medidas será dirigido a las cortes del distrito federal norte de California, que se consideran liberales. Eso es importante porque los estadounidenses ya buscan cómo derrotar a Trump en las elecciones presidenciales de 2020, en particular para incentivar el voto de latinos y mexicanos-estadounidenses.

Pero muchos activistas no están seguros de que las acciones legales posiblemente en California pongan fin al programa.

“Creo que es una jugada extremadamente riesgosa”, indicó Stephanie Leutert, directora de la Iniciativa en Seguridad de México de la Universidad de Texas, campus Austin. “No creo que debas poner tu política exterior y migratoria en manos de una organización de la sociedad civil de otro país”.

El 14 de febrero, la organización de la sociedad civil a la que se refería Leutert, la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos activistas presentaron una demanda contra los protocolos migratorios de Trump. Se espera que en los próximos días haya una orden de restricción temporal en lo que se delibera el caso.

La demanda fue presentada en nombre de once solicitantes de asilo que fueron devueltos a México en las últimas semanas y denuncia que el gobierno de Trump viola las leyes migratorias y de derechos humanos estadounidenses e internacionales.

Los asesores legales y activistas afirman que el gobierno de Trump, al regresar forzosamente a los solicitantes de asilo a Tijuana, los ha dejado en un ambiente peligroso y desconocido donde peligra su vida.

Los homicidios en Tijuana han aumentado en los últimos años, en parte por una disputa por el mercado local de narcóticos. En 2018 la ciudad tuvo su año más mortífero desde que hay registros, con más de 2500 asesinatos.

La administración de Trump anunció su nueva política en diciembre y el 28 de enero el encargado del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano dijo que las autoridades de ese país habían establecido restricciones para que no se implementaran los protocolos.

Pero los oficiales de México después levantaron muchas de esas restricciones, entre ellas la negativa para aceptar la devolución de mujeres migrantes con niños. Los funcionarios estadounidenses han dicho que quieren expandir el protocolo a otros puntos de cruce fronterizos. El gobierno de López Obrador prácticamente no ha hecho declaraciones públicas sobre los cambios.

En Tijuana varias de las personas que fueron regresadas —tres varones solteros, una mujer soltera y dos madres que viajaban con tres hijos cada una— mencionaron estar confundidas y desalentadas de estar de vuelta en México.

“No tengo idea de cómo voy a sobrevivir”, dijo Yanira, migrante salvadoreña de 34 años que temía ser atacada por personas vinculadas a la gente de la que buscó escaparse en su país natal. Yanira dijo que salió de El Salvador con sus hijos, de 8, 11 y 12 años, después de que una pandilla local intentó reclutar al de 11 años y amenazó con usar violencia a menos que aceptara.

Cuando Yanira fue devuelta a territorio mexicano por oficiales estadounidenses, se desmoronó. “Lloré y lloré”, comentó.

Los funcionarios mexicanos han dicho que no pueden darles albergue o asistencia a los migrantes devueltos y han quedado a merced de grupos comunitarios en Tijuana y de otras partes del estado mexicano de Baja California.

La red de albergues ya está bajo una presión extraordinaria por la llegada casi continua de migrantes que viajan en caravana, y los centros están en exceso de cupo y capacidades.

La hermana Salomé Limas, trabajadora social del albergue para migrantes Instituto Madre Asunta, en Tijuana, dijo que ahí se están hospedando 120 mujeres y niños en un espacio diseñado para 44 personas.

Entre los migrantes que están ahí hay varias familias que quieren conseguir refugio en Estados Unidos y que fueron regresadas en las últimas semanas por los protocolos de Trump.

Limas indicó que el albergue puede acoger a las familias hasta que sean sus primeras audiencias del proceso en Estados Unidos, a finales de marzo. Después de eso comentó que no está segura de qué podrán hacer.

“¿Qué va a pasar con ellos?”, dijo la hermana Salomé. “No sabemos”.

Texto original publicado en NYT por Azam Ahmed y Kirk Semple