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El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de ser un activista social a un presidente empresario. Desde que llegó a Palacio Nacional no ha hecho más que querer jugar a emprender con el dinero de la hacienda pública.

Arrancó cancelando el aeropuerto de Texcoco y en su lugar decidió que se construyera el AIFA. Este primer acto del presidente empresario ha costado 417 mil millones de pesos. 332 mil millones por la cancelación y 85 mil millones de pesos por la construcción del AIFA.

De ahí, el presidente empresario anunció que construiría una refinería en su estado, en Tabasco, la Olmeca o Dos Bocas. La licitó y como ninguna de las propuestas se ajustaba a su austeridad republicana, decidió que con el dinero del erario alcanzaría perfectamente para este proyecto ambicioso e inútil. El mundo se está moviendo hacia las energías renovables y México no es bueno para refinar porque nuestro petróleo es demasiado pesado y nuestras refinerías carecen de la maquinaria para procesarlo. Eso no importó. En lugar de modernizar las 6 refinerías de nuestro Sistema Nacional de Refinación, López Obrador decidió que se construiría una nueva a un costo para la hacienda pública de 8 mil millones de dólares. Ya vamos en 20 mil millones y la refinería no refina. El saldo de este negocio es negativo con el agregado de que cada lluvia, la refinería se inunda.

A la par anunció que para desarrollar el sureste mexicano se debía de construir un tren. El Tren Maya tenía un costo inicial de 156 mil millones de pesos. El costo estimado a noviembre del 2023 era de 511 mil 200 millones de pesos. La cifra es del IMCO ya que no hay información disponible en Cartera de Inversión o la página de transparencia del proyecto. Encima de ser un ecocidio múltiple, por haber implicado la tala y deforestación de miles de hectáreas -6 mil 659 según la organización CartoCrítica – y porque está construido sobre cuevas y cenotes, no hay transparencia sobre su costo ya que el presidente lo declaró obra de seguridad nacional. El cálculo lo hace el IMCO con base en el presupuesto asignado al tren desde el 2020. Tampoco hay transparencia sobre qué se hizo con la madera de los árboles talados.

Hoy el Tren Maya, que sigue inconcluso a pesar de haber sido inaugurado ya dos veces, ha tenido que suspender su servicio por distintas fallas. Desde retrasos no menores hasta problemas con el funcionamiento del aire acondicionado. Desde el 16 de diciembre que arrancó operaciones hasta la semana pasada ha transportado, según la página del Tren, a poco más de 50 mil pasajeros. Con un costo de $957.50 pesos el boleto en cabina turista para pasajeros mexicanos, estamos hablando de que en tres meses ha vendido aproximadamente 50 millones de pesos. Ya nada más faltan 463 mil 300 millones de pesos por recuperar, sin tomar en cuenta los costos de operación del Tren.

A estos tres negocios que ha emprendido el presidente López Obrador con el dinero de los mexicanos hay que agregar la mega farmacia, con la cual se pretendía acabar con el desabasto de medicinas. Hoy, de acuerdo con el reportaje de Nayeli Roldan para Animal Político No fuimos Dinamarca, esta megafarmacia no solamente no ha resuelto el desabasto, además se gasta 29 por ciento más de lo que se gastó el sexenio pasado, aunque se compran menos medicinas.

También está la adquisición de Mexicana de Aviación que simplemente no logra despegar; el proyecto turístico de Islas Marías, que no logra atraer turistas; y la compra de las plantas de Iberdrola, que no agregan un solo megawatt adicional de generación eléctrica pero hubo que pagar 6 mil 200 millones de dólares por ellas.

Por si todo esto no fuera suficiente para el presidente que juega a ser empresario, ahora anuncia que saldrá comprar el aeropuerto de Toluca. Veamos si en el cierre de su sexenio logra hacer que alguno de sus múltiples negocios sea redituable para los mexicanos. De lo contrario, esta austeridad nos habrá salido carísima.

Columna completa en El Universal

El 55% de los mexicanos aprobaron la gestión del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre, último mes de 2023, según expuso este miércoles la más reciente encuesta de El Financiero.

En cambio, el 44% de los ciudadanos desaprobaron la Administración del mandatario, detalló el sondeo realizado en diciembre a 1,200 adultos vía telefónica.

Las cifras son similares a las de finales de 2022, cuando el 56% de la población aprobaba su presidencia y el 43% la desaprobaba. Además, la cifra representa una de las aprobaciones más bajas del mandatario en 2023, solo por encima de lo registrado en enero y febrero.

El rubro peor evaluado para el mandatario fue la seguridad pública, en la que el 62% de los encuestados consideró “mal” o “muy mal” su desempeño, mientras que solo 25% lo calificaron de “bien” o “muy bien”.

En economía, el 49% calificó de forma negativa su trabajo y el 37% lo valoró “bien” o “muy bien”. En temas de corrupción, la principal bandera de campaña de López Obrador, el 45% opinó que lo está abordando “mal” o “muy mal”, y el solo el 32% lo evaluó de forma positiva.

En contraste, la mejor área del presidente fue la de apoyos sociales, en la que el 56% aprobó su gestión y solo 30% lo percibió de manera negativa.

Entre los atributos de López Obrador, el 50% lo consideró honesto, el 47% reconoció su liderazgo y el 33% opinó que tiene “capacidad para dar resultados”. Los tres atributos registraron fuertes retrocesos respecto a lo reportado en noviembre.

El ejercicio del diario destacó que la aprobación del Tren Maya, cuyo primer tramo López Obrador inauguró apenas el pasado 15 de diciembre, descendió a un 44% de una valoración previa del 52%.

Información  y gráfico de El Financiero

El Gobierno de México y las fuerzas armadas “no deben de hacerla de empresario” al ceder el control de diversas obras de infraestructura, reclamó el presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex), José Medina Mora.

La postura del líder empresarial llega en medio de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ceder el control de aeropuertos, puertos, aduanas y su plan de recuperar la actividad de los trenes de pasajeros en el país a las Fuerzas Armadas.

“Es muy claro que el Gobierno debe de poner las normas, las leyes, pero no debe de hacerla de empresario porque las empresas que maneja el Gobierno generalmente no son rentables”, afirmó Medina Mora.

En cinco años de gobierno, López Obrador delegó la construcción y control de casi una tercera parte de los aeropuertos en el país a las Fuerzas Armadas, entre ellos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra prioritaria, además de la totalidad de las aduanas y puertos en México.

A estos esfuerzos se suma el decreto por el cual las empresas con concesiones de vía férrea deben plantear propuestas para ofrecer servicio de trenes para pasajeros, mientras que el Gobierno alista al Ejército para ofrecer una alternativa pública, de no llegar a seleccionar los proyectos privados.

“La Constitución (de México) es muy clara, el Ejército debe estar a cargo de la seguridad nacional”, cuestionó el presidente de la Coparmex.

Medina Mora señaló que hasta ahora las Fuerzas Armadas en el país se mantienen de forma excepcional en las calles y auxiliando en tareas de seguridad pública hasta 2028, fecha límite aprobada para regresar a los cuarteles.

Sin embargo, el líder del sector patronal insistió que ni el Ejército ni la Marina tienen facultades constitucionales para “administrar” aeropuertos, aduanas, ni para construir sucursales bancarias o trenes, así como tampoco para manejar aerolíneas.

En otros temas, Medina Mora señaló que “no es momento para aumentar los costos de producción de las empresas, sobre todo de las más pequeñas”, esto al cerrar filas para insistir en que no es momento para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Explicó que tan solo en este año, la iniciativa privada ya ha acompañado tres políticas que generar incremento de los costos de las empresas: la reforma a pensiones, los cambios legales para aumentar las vacaciones y el más reciente aumento del 20% al salario mínimo.

“No es el momento (de reducir la jornada laboral en México), le quitaríamos un atractivo a las inversiones, ahorita que están llegando (al país) las empresas, vamos a motivarlas”, expresó por su parte Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El empresario señaló que lo que requieren los trabajadores mexicanos son mejores salarios, por lo que recordó el más reciente acuerdo de incrementar un 20 % el salario mínimo general para el 2024.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega, defendió que estos cambios son inminentes, dado que forman parte de los acuerdos suscritos por México en el T-MEC.

“No nos negamos los industriales a esta reducción (de la jornada laboral), sabemos que es parte de los acuerdos del T-MEC, como fueron el tema de sindicatos, de (ampliar) las vacaciones, de (aumento a los) salarios”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que la implementación de esta reforma afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), debido al costo que tendrán que absorber.

Con ella coincidió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, quien subrayó que esta modificación legal podría desestabilizar el crecimiento del país y el auge del ‘nearshoring’.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció los efectos de la invalidez dictada en la controversia constitucional promovida en contra del acuerdo que catalogaba las obras públicas o proyectos prioritarios como de seguridad nacional y de interés público.

El llamado decretazo que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado publicado el 22 de noviembre de 2021, fue invalidado la semana pasada, y para hoy los ministro definirían los efectos y alcances que tendría.

La SCJN determinó en cuanto a dichos efectos, por mayoría de seis votos, que la invalidez del acuerdo es de carácter total, por tratarse de una instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la cual quedó insubsistente.

Esto significa que la invalidez tiene efectos generales y no solamente los de competencia del Inai, que fue quien presentó el recurso en contra del ‘decretazo’.

Los ministros que votaron por la invalidez general fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat y la ministra presidenta Norma  Piña Hernández.

En tanto, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra. Estos últimos tres fueron quienes en la discusión de la semana pasada votaron por mantener el decreto.

Como parte de la decisión de la Corte de hoy, se indicó que por tratarse de una materia ajena a la penal, la SCJN precisó que los efectos de la resolución no serán retroactivos.

Horas después de que la Suprema Corte de México determinara que es inconstitucional un acuerdo del gobierno que declaraba grandes proyectos de infraestructura como obras de “interés público y seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un decreto similar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en claro desafío al fallo del alto tribunal.

La Corte dejó claro que el gobierno federal no puede simplemente decretar que las obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información sobre tales infraestructuras.

DECRETO AQUÍ

Sin embargo, el jueves por la tarde entraba en vigor un acuerdo que daba ese mismo calificativo a varios proyectos, entre ellos el Tren Maya, la polémica obra en el sureste que el mandatario ha prometido entregar en diciembre próximo, y que ha intentado acelerar eximiéndola de permisos y de la presentación de informes públicos bajo el argumento de que es vital para la seguridad del país.

Además del Tren Maya, el nuevo decretó añade que son obras de seguridad nacional el Corredor económico que atravesará el Istmo de Tehuantepec, y varios aeropuertos de esa zona del sureste.

El fallo de ayer de la Corte es el último de una serie de reveses para López Obrador, que ha tratado de ampliar los poderes discrecionales de la presidencia.

De momento no está claro si la determinación judicial del jueves sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también irá más allá. La Corte tiene previsto discutir y votar el lunes el alcance y las implicaciones del fallo.

López Obrador está molesto con el máximo tribunal por desechar algunas de sus iniciativas de reforma electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte sea un órgano electo. En la actualidad, el presidente sugiere las ternas de posibles jueces, pero el Senado las elige.

López Obrador se está apresurando para terminar el Tren Maya, a pesar de las objeciones por parte de defensores del medio ambiente, de buzos y de arqueólogos.

El gobierno había pausado el proyecto en 2022 luego de que activistas ganaron una orden judicial contra el trazado, porque abría una franja en la selva para las vías sin presentar previamente una declaración de impacto ambiental.

En Broojula, Ana Paula Ordorica te presenta un resumen sobre lo que sucedió ayer en la Corte y la decisión del presidente de apresurarse a emitir un nuevo decreto. Carlos Bravo Regidor, analista y periodista, comenta al respecto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el cual clasificó como de “seguridad nacional” las obras y proyectos prioritarios de su gobierno, tales como el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, entre otros.

Mediante el acuerdo, el gobierno ordenaba autorizar permisos provisionales a las obras para que pudiera avanzar aún sin dictámenes, permisos o licencias, además de que restringía el acceso a la información sobre dichos proyectos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó la controversia constitucional, al señalar que el acuerdo implicaba una reserva “anticipada y generalizada de la información” sobre las obras estrellas de la 4T, lo que dijo, vulnera el derecho a la información.

El proyecto discutido corrió a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara, en donde se indica que se transgrede el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para su salvaguarda.

Al inicio de la sesión, los ministros determinaron que el acuerdo se trataba de un acto administrativo y no una norma general, por lo que sólo requerían seis votos a favor del proyecto para declararse inconstitucional.

Pese a esto, la invalidez se dio con 8 votos a favor, de los ministros: Luis González Alcántara Carrancá; Javier Laynez; Luis María Aguilar; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Alberto Pérez Dayán; Margarita Ríos Farjat; Jorge Pardo Rebolledo y Norma Piña.

En tanto, y tal y como se preveía, los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Fue el 22 de noviembre de 2021 cuando el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que declaró “de interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras de infraestructura, desarrollo social y turismo a cargo del gobierno. 

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva contra la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del tramo 5 del Tren Maya, uno de los megaproyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió este recurso a un grupo de buzos que desean proteger la selva y el acuífero, según anunció la organización Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano (DMAS).

“Se concede a J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D. la suspensión definitiva de los actos que reclaman al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando octavo. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa”, señaló la resolución del juez.

El amparo 884/2022 fue tramitado por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas el 30 de marzo pasado, motivado por la deforestación que se inició hace tres meses en Playa del Carmen, Akumal, Tulum y en los alrededores del lugar turístico conocido como Río Secreto.

Adrián Novelo, juez primero de distrito en Yucatán, concedió la suspensión definitiva, al reconocer que la construcción no cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental, la MIA, un requisito oficial que tenía que estar listo antes de haber iniciado la obra y consideró que “existe el peligro inminente que se ejecuten obras con daños irreversibles”.

Aunque se trata de una suspensión definitiva, el gobierno aún puede apelar y subsanar los documentos faltantes o recurrir a otras instancias para reactivar la construcción del tramo 5, que está a cargo del Ejército.

El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente López Obrador, con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos, plantea construir cerca de 1,554 kilómetros de vía férrea en cinco estados del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pero desde antes del arranque de las obras, en junio de 2020, algunas organizaciones civiles presentaron recursos legales contra su construcción. En los últimos meses, activistas y actores crearon la campaña “Sélvame del Tren” que pide al gobierno suspender el tramo 5, que va de Playa del Carmen a Tulum, por haber generado la tala de miles de árboles y contaminación a ríos subterráneos.

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno enfrentará los amparos en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya y acusó a “pseudoambientalistas” de promoverlos. Además, ha defendido el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que haya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pues ha dicho que es legal y está validado por la autoridad judicial.

El 47% de la población en México califica como bien o muy bien las obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que será inaugurado el próximo lunes 21 de marzo, revela una encuesta publicad en El Financiero este viernes.

El 32% de los consultados consideró que dichas obras están mal o muy mal.

El estudio, realizado con entrevistas telefónicas a 500 ciudadanos, indica además que el 45% de las personas cree que con el nuevo aeropuerto la aviación comercial en el país va a mejorar, frente al 15% que opina que va a empeorar, mientras que 33% cree que va a seguir igual.

El AIFA está programado para inaugurarse oficialmente el lunes, y según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ya cuenta con certificación para su operación.

El funcionario reveló este viernes que para la inauguración se tiene estimado que habrá 1,400 invitados, entre los que se encuentran miembros del gabinete, gobernadores y empresarios.

También detalló que las instalaciones que hay en torno al nuevo aeropuerto son un centro de desarrollo infantil, un banco, un hospital, escuelas, un centro comercial, un hotel, una estación de autobuses y otras de infraestructura de la Base Aérea Militar Número 1.

El AIFA reemplaza desde 2018 al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), una obra del sexenio de Enrique Peña Nieto que a su vez despertaba críticas por construirse sobre el lago de Texcoco y con contratos cuestionados por presunta corrupción.

López Obrador ha asegurado que con la obra en Santa Lucía se han ahorrado 125,000 millones de pesos.

El Gobierno afirmó la semana pasada que el AIFA tendrá un costo oficial de casi 75,000 millones de pesos, aunque una investigación de El Universal calculó el precio en casi 116000 millones de pesos.

Por el momento, el AIFA no contará con operaciones de aerolíneas extranjeras; hasta ahora solo contará con nueve operaciones áreas de cuatro aerolíneas, de las que tres son nacionales: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, que volarán a Tijuana, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Villahermosa.

La única ruta internacional será a Caracas con la aerolínea venezolana Conviasa, aunque se ha acusado que el vuelo que tiene programado es un vuelo “fantasma”.

Sin embargo, este viernes el presidente López Obrador reveló que sostuvo pláticas con el director general de Air France, quien le indicó que analizaba volar a Estados Unidos desde el AIFA.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha expresado sus dudas sobre la conectividad área y terrestre del nuevo aeropuerto, que operará de forma simultánea con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La industria mexicana crecerá 6% en su conjunto este 2021, aunque hay una desaceleración del crecimiento, estimó este martes la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Hoy traemos un crecimiento importante en lo que va de este año. Ya no es tanto recuperación, sino ya es crecimiento”, declaró José Abugaber, presidente de la Concamin. el crecimiento llegaría tras la contracción histórica de 8.2% del PIB en 2020 causada por la crisis del COVID-19.

Aun así, el líder de los industriales reconoció una desaceleración en medio del desabasto de insumos, la disrupción de las cadenas de suministro y la inflación, que superó el 7% interanual en noviembre, su máxima tasa en 20 años. De lo contrario, estimó, la industria mexicana crecería un 10% anual.

“Ahorita vemos una desaceleración en estos meses en la manufactura, también por la ruptura de cadenas y por el encarecimiento en la logística, yo espero que esto ya empiece a tomar un ritmo mejor y el próximo año ya ganemos batallas”, consideró Abugaber.

Como reflejo de la recuperación, el líder industrial destacó el registro de 20.9 millones de empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta de la historia. También destacó el ancla que representa la recuperación económica de Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas. “El 2022 va a ser un buen año, así se espera desde la industria, nada más que no tengamos otro covid y que no tengamos faltante de mercancías”, opinó.

A pesar de su perspectiva, el presidente de la Concamin lamentó el rezago del sector de la construcción. Por ello, cuestionó que el gobierno adjudique proyectos de infraestructura el Ejército sin un “balance” para el sector privado.

“Que la construcción no solo sea para el Ejército, sino también que haya un balance en el área de construcción, que es la más golpeada en estos momentos, tenemos que recuperarla. Las demás van caminando hoy en día”, indicó Abugaber.

La Concamin aprovechó el evento para respaldar iniciar un panel de controversia contra los incentivos de Washington para los autos eléctricos estadounidenses dentro del T-MEC.

“Vamos a paneles internacionales, no podemos permitir que suceda esta situación”, dijo Abugaber, apoyando así la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien anunció por la mañana un posible panel internacional por el incentivo del gobierno de Joe Biden de entre 7,500 y 12,500 dólares para quien adquiera un automóvil eléctrico con 50% de componentes hechos en Estados Unidos.

Al igual que el mandatario, Abugaber se mostró cauteloso con la aplicación de aranceles, como ha propuesto la Secretaría de Economía, aunque no los descartó.

“El golpeteo con aranceles será la última medida. Espero que entienda antes Estados Unidos que no es correcto que se esté trabajando en estas posiciones fuera de la relación del tratado”, comentó el líder de los industriales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) entregó esta mañana los Premios Nacionales de Ingeniería y de Arquitectura 2020 al ingeniero Francisco José Garaicochea y Petrirena, por su labor en el ámbito de la industria petrolera nacional y al arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien participó en la obra de la Basícilica de Guadalupe.

“Nos da mucho gusto que en Palacio Nacional se entreguen estos reconocimientos muy merecidos. (…) Dos sabios en sus especialidades. Creo que es un día muy especial para todos los mexicanos, para el gobierno que encabezo, el hacer este homenaje a estas dos personalidades excepcionales”, dijo el mandatario.

Durante el acto, López Obrador destacó las acciones que impulsa el gobierno federal a partir de la ingeniería y la arquitectura, como la preservación de sitios de la época prehispánica que concentran la riqueza cultural del país. Dijo que también se trabaja en la conservación de infraestructura de la época colonial y en la reconstrucción de templos dañados por los sismos de 2017 y 2018, cuya conclusión está programada para 2022. 

Además, resaltó el Programa de Mejoramiento Urbano en colonias marginadas. Dijo que se construyen espacios culturales, educativos, recreativos y deportivos en cien municipios del país; de forma paralela, anotó, el gobierno federal construye y rehabilita puertos, presas, canales de riego, aeropuertos y vías férreas.

En su oportunidad, el presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ricardo Rodríguez Romero, quien al reconocer la importancia de la labor de sus colegas, dijo que a los ingenieros y a los arquitectos los distingue la coincidencia que se resume en una idea: no se puede construir destruyendo.

“Estamos aquí para sumar, para aportar conocimiento, experiencia y talento. Así hemos logrado construir y seguiremos construyendo México”, añadió.

Aprovechó la tribuna de Palacio Nacional para hacerle una reiterarle que en el trabajo social y en la corrupción no está solo; le dijo que con la suma de esfuerzos del gobierno y de la sociedad, es factible alcanzar metas que parecían inalcanzables. Además, dijo que en el combate a la corrupción, los ingenieros y arquitectos comparten su pensamiento.

Fue en ese punto donde le hizo una invitación a “reflexionar” sobre el acuerdo que publicó a finales del mes pasado, en el que el gobierno catalogó las obras de infraestructura como de interés público y seguridad nacional”, lo cual fue tomado como una medida para ocultar información y no rendir cuentas.

“Trabajando juntos, gobierno y sociedad civil, alcanzaremos las metas del México que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por ello, pugnamos por la transparencia y lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional”, dijo Rodríguez Romero.

Le dijo a López Obrador que con voluntad política, las obras deberán ser de la mejor calidad, al menor costo y dentro del tiempo proyectado.

Finalmente, el arquitecto fray Gabriel Chávez de la Mora, quien fue reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura, le pidió a AMLO no hacer recortes presupuestales, y por el contrario, otorgar más recursos a las entidades que velan por la protección, restauración, reconstrucción o mantenimiento de edificios del amplio patrimonio cultural de México.

Por su parte el ingeniero Francisco Garaicochea y Petrirena recomendó al presidente la construcción de plantas criogénicas que permitirán aprovechar el condensado que se produce en los principales yacimientos del litoral de Tabasco. Reprochó al gobierno federal que la inyección de nitrógeno en Cantarell no ha sido remediada hasta la fecha.

El Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lleva un retraso de al menos cinco meses debido a la burocracia existente y a fallas geológicas, según reveló este viernes el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

“Esos trámites nos han complicado cinco meses de retrasos. El burocratismo de Semarnat, Sedatu y Conagua han retrasado el avance”, explicó Jiménez Pons durante una visita de trabajo a las obras en entrevista con la agencia Efe.

Otro factor de retraso se ha dado durante los trabajos en el subsuelo, pues se han tenido que nivelar varios tramos entre tres y seis metros, pues a consecuencia del cambio climático se detectaron irregularidades en los terrenos. “Es increíble ver que en las fallas geológicas de suelo hay una diferencia de hasta seis metros entre el terraplén y las viejas vías”, subrayó Jiménez Pons.

El Tren Maya, que debería estar listo para finales de 2023, es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos para construir cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A finales de octubre, Jiménez Pons informó al Senado que el costo de la obra había crecido en 60,000 millones de pesos debido al aumento de tramos de doble vía, su electrificación y a un mayor número de estaciones.

La información llega luego de que el pasado lunes, el gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el cuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

El presidente ha defendido dicho acuerdo para que las obras no sean detenidas por obras o falta de permisos.

La Semarnat y la Sedatu, dependencias federales que han dado acompañamiento a las trabajos en 15 áreas naturales protegidas por donde pasa el Tren Maya, han realizado observaciones al proyecto en materia de impacto ambiental y a la fecha aún tienen pendientes la liberación de vías en el tramo 1 y 2.

En este sentido, Adrián Montemayor, gerente de prensa de Fonatur, confió en que los organismos responsables de las autorizaciones en materia ambiental den “luz verde” a principios del 2022 y con ello inicie la fase 2 de las obras con el tendido de durmientes y rieles.

Al menos 53 senadores de oposición pidieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, interponer un recurso de inconstitucional contra el acuerdo del presidente que cataloga las obras de infraestructura del gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional, y que blinda la información al respecto.

El lunes pasado, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publico un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Con ese acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su Administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles sean frenadas mediante recursos judiciales como los amparos.

El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que lo impugnará pues vulnera el derecho de acceso a la información.

Ante la petición de los senadores, Sánchez Cordero dijo que someterá “a consulta jurídica” la solicitud que le hicieron los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y del PRD para que interponga una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal.

Tras el debate que se llevó a cabo sobre el tema, Sánchez Cordero sostuvo que quería “tener una opinión jurídica” con el objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional.

La legisladora del PAN, Kenia López Rabadán, indicó que el reto para la Presidenta del Senado era enorme, pues tendrá que definirse entre cuidar y destacar su carrera como jurista constitucional o someterse al gobierno autoritario de López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, indicó que el acuerdo del Ejecutivo tiene “una razón válida” para considerar de interés público los proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en las zonas en donde se llevan a cabo, pues se necesita respaldar a las regiones rezagadas.

Monreal señaló que alrededor de 80 legisladoras y legisladores no están de acuerdo con que Sánchez Cordero presente, de manera unilateral, una controversia contra el acuerdo presentado por el Presidente de la República.

Después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo por el cual los megaproyectos del gobierno federal serán considerados de “interés público” y “seguridad nacional”, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD rechazó el acuerdo y anunció que interpondrá los recursos necesarios para derogarlo, ya que atenta contra el marco de legalidad vigente.

“La ciudadanía tiene derecho a una obra pública fundamentada y que cumpla con los dictámenes y requisitos que marca la ley, así como elaborada bajo un proceso transparente. Este acuerdo pasa por encima de estos principios para que las órdenes de la Presidencia de la República se cumplan a cabalidad”, dijo el perredista.

Enfatizó que el acuerdo obliga a todas las dependencias a dar autorizaciones provisionales por 12 meses a los proyectos del gobierno federal aunque no cuenten con los dictámenes, permisos ni licencias correspondientes.

Además, recordó que al ser considerados “de seguridad nacional”, se obstaculizarán los procesos de transparencia y rendición de cuentas, por lo que organizaciones de la sociedad civil y periodistas han alertado sobre el alto riesgo de corrupción de dichos proyectos.

Zambrano Geijalva aseguró que el acuerdo busca proteger a las Fuerzas Armadas, las cuales son las principales constructoras de dichas obras, sobre todo después de que fueran denunciados hechos de corrupción en contratos con empresas fantasmas para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

En tanto, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, indicó que desde Acción Nacional se rechaza el “decretazo” de AMLO que simple y sencillamente pretende opacar todas sus obras públicas.

En ese sentido, el diputado Gabriel Quadri indicó que desde la Cámara de Diputados, propondrán una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que dijo, pisotea todas las normas ambientales, de transparencia y rendición de cuentas en proyectos de infraestructura…

Por su parte la diputada del PAN, Margarita Zavala, afirmó que el acuerdo publicado rebasa todos los límites de un Estado constitucional de Derecho. Otras voces de la bancada panista señalaron que el acuerdo es sumamente grave y claramente inconstitucional. Advirtieron que con el acuerdo el gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga.

Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la bancada panista, también señaló que se analizarán los medios para impugnar lo que llamó una “aberración” anticonstitucional, que atenta contra la transparencia y el acceso a la información.

Quien también anunció que impugnará el acuerdo del presidente fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que indicó que luego de analizar los alcances del acuerdo, el Pleno determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

“Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, resolvió el INAI.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó la tarde de ayer un acuerdo por el que se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su gobierno.

El acuerdo, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.

Con esto, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos que se interpongan.

El acuerdo, que consta de tres artículos y está firmado por López Obrador, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.

Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.

El acuerdo entró en vigor este mismo martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento. La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

Tras la publicación del acuerdo, las redes sociales explotaron en contra de lo firmado por el presidente. Las reacciones de especialistas no se hicieron esperar. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró que el decreto “es evidentemente inconstitucional”.

En tanto, Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y legislador del PAN, aseguró que el acuerdo era “increíble”, pues “prácticamente con esto el gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga, esto es flagrantemente inconstitucional, es un cinismo total el desprecio por la legalidad de López Obrador”, precisó.

Y es que pese al discurso de austeridad y las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el gobierno priorice los megaproyectos del presidente López Obrador. Tan solo el gasto en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía de la capital, y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y el aeropuerto de Tulum equivalen al 0.76% del PIB, reveló en septiembre pasado un análisis de “México, ¿Cómo Vamos?”.

“Esto es serio. Esto es grave. Esto exige resistencia”, tuiteó Alejandro Hope, analista de seguridad. Por su parte Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que el acuerdo es “de un peligro extremo”.

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Venus paleolítica, desnudos de Egon Schiele o lienzos de Modigliani, censurados en las redes sociales. Estas obras para mayores de 18 años de los museos vieneses encuentran ahora una segunda vida en la plataforma OnlyFans, conocida por su contenido sexualmente explícito.

Se trata de un movimiento ingenioso por parte de la Oficina de Turismo de la capital austriaca, que coordinó la iniciativa, para “abrir el debate sobre el papel de los algoritmos y los gigantes tecnológicos en el arte”.

Lanzada en septiembre, la cuenta en OnlyFans ha atraído a varios cientos de suscriptores gracias al reciente revuelo mediático, aunque este atrevimiento “audaz” apunta sobre todo a defender la “libertad artística”.

La idea, según el director del centro, Norbert Kettner, surgió de las dificultades encontradas por los museos en su labor de promoverse en las redes sociales, dadas las estrictas políticas sobre la desnudez y la lucha contra la pornografía.

Puso como ejemplo en entrevista con la agencia AFP el caso de la “Venus de Willendorf”, una estatua de una mujer desnuda expuesta en el Museo de Historia Natural. “Se trata de una figura simbólica de fertilidad de casi 30,000 años de antigüedad”, considerada como una obra maestra del arte paleolítico. Sin embargo, “¡Facebook la ha clasificado como contenido pornográfico!”, exclama Kettner.

Afirma que con esas medidas, se les obliga a abrir una cuenta en OnlyFans puesto que las plataformas internacionales más famosas como TikTok, Facebook o Instagram no aceptan las pinturas.

Además, Kettner asume sin complejos la asociación de la ciudad con el sitio OnlyFans, que se ha consolidado durante varios años como un destino importante para los creadores de contenido erótico o pornográfico de pago.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ahora de parte de empresas ligadas a OHL, constructora que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el diario español El País, quienes accedieron diversos documentos de la carpeta de investigación de la Fiscalía, se hace mención a transferencias por cerca de 5 millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Se indica que dichas transferencias son diferentes de los 10.5 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3.4 millones de dólares que Lozoya Austin recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta de fertilizantes.

Los documentos refieren que en un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

La investigación incluye reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la FGR fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de AHMSA y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en la Ciudad de México, y en Ixtapa, en Guerrero.

La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas proporcionó los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008, con Lozoya como beneficiario final, mientras que el 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar (al que pertenece OHL), de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias. Fue hasta el 9 de noviembre de 2010 cuando se realizó una primera transferencia, proveniente de una empresa ligada a OHL.

En los documentos bancarios de Suiza, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios.

La mayor transferencia, por 1.9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los “Panamá Papers” y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.

El concepto de ese pago a Tochos fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”, de acuerdo con reportes bancarios. No ofrecen detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó.

Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato.

“El hecho es que el señor Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administración de una empresa de concesión de construcción de carreteras denominada OHL México. Sus actividades en la intermediación de construcción de carreteras están fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL”, dice el documento, el cual está integrado al expediente de la FGR. En 2013, con Lozoya como director, PEMEX asignó tres contratos a OHL por 2 mil 396 millones de pesos. 

Investigación completa en MCCI