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El Juzgado XIV de Distrito de Amparo en Materia Penal dejó sin efecto la suspensión definitiva que concedió el 23 de julio a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en contra de una orden de aprehensión presuntamente por el caso Odebrecht.

“Se tiene por desistido de este incidente al apoderado, en razón de que acreditó su personalidad con poder autorizado, queda sin materia la medida suspensional concedida en interlocutoria de veintitrés de julio en curso y las obligaciones impuestas al quejoso”, establece el acuerdo publicado.

Ello luego que el exfuncionario interpuso un recurso de desistimiento a la suspensión definitiva que logró la semana pasada en contra de orden de aprehensión.

Lozoya Austin enfrenta acusaciones por delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, presuntamente por recibir recursos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

En tanto, Gilda Austin y Solís, madre del exdirector de Pemex, interpuso un escrito ante el Juzgado X de Distrito de Amparo en Materia Penal en el que pide al juez federal sobreseer el juicio de amparo y negar la suspensión definitiva que la protegería contra una orden de captura en su contra.

Gilda Austin enfrenta acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El impartidor de justicia señaló en su acuerdo que las manifestaciones de la quejosa se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, renunció a la suspensión definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión en su contra, por lo que podrá ser detenido por los delitos que se le acusa: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

El exfuncionario presentó, a través de su apoderado legal, su renuncia por escrito ante el juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.

Y es que el mes pasado, a Lozoya le retiraron la suspensión definitiva que se le había otorgado por el delito de lavado de dinero.

Al respecto, este martes se dieron a conocer las primeras declaraciones de Lozoya, desde que se ordenó su detención.

Las declaraciones se desprenden de un cuestionario que contestó, a través de su abogado, Javier Coello, al diario alemán Süddeutsche Zeitung y al medio suizo Tamedia.

En ese cuestionario, el excolaborador de Peña Nieto calificó como “un ataque político cobarde y sin fundamentos”, las órdenes de aprehensión que hay en su contra y contra su familia.

Afirmó que ni él ni su familia recibieron dinero alguno de empresas o personas cuando se desempeñó como funcionario; así, negó “cualquier acusación de corrupción”.

Acusó que pese a que los delitos que se les imputan a él y a su familia no ameritan prisión preventiva, «el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión”.

Insistió en negar lo declarado por los exfuncionarios de Odebrecht respecto a haber recibido sobornos y reiteró que a cambio de sentencias reducidas, pudieron inventar lo que conviniera a sus intereses.

Lozoya indicó que «el problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después es absurdo».

Las campañas que llevaron a las gubernaturas de Veracruz, a Javier Duarte, y de Tamaulipas, a Rodolfo Torre Cantú, fueron financiadas por la empresa Odebrecht.

Así lo reveló Alberto «N», ex director Superintendente de la empresa brasileña en México, quien abundó que el objetivo del financiamiento, en 2010, fue de obtener un buen posicionamiento en el futuro Gobierno, según publica Reforma.

A la campaña de Duarte de Ochoa, la Constructora Norberto Odebrecht inyectó 500 mil dólares, en tanto que a la de Torre Cantú, la empresa metió 350 mil dólares.

Reforma indica en su nota que esa revelación consta en la orden de aprehensión que se giró contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya a inicios de julio por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en relación al dicho del testigo colaborador brasileño, la compañía Odebrecht pretendía obtener buenos contratos en los gobierno de Duarte y Torre Cantú.

Y lo logró: Gracias al apoyo, a mediados de 2013, el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa.

Para dicha obra, se subcontrató a la empresa Constructora Ruso, de Juan Felipe Ruiz Ortiz y su hijo Juan Felipe Ruiz Sosa, quienes fueron recomendados por Lozoya al entonces directivo de Odebrecht.

El ex directivo de Odebrecht comentó que lo mismo pasó en Tamaulipas, sucedió con Rodolfo Torre Cantú:

Conforme a los «lineamientos» que sugirió Lozoya Austin, conoció a Jorge Eduardo Rivera Schotte, quien es un empresario de esa entidad y accionista de Petrochem Mexicana.

El testigo colaborador detalló que Rivera Schotte, quien «pertenecía a un grupo de empresarios que apoyaban al candidato de la Coalición Todos con Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú», le dijo que si quería «posicionarse» en el estado debía contribuir con la campaña electoral.

Los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana fueron citados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para declarar en medio de una investigacion preliminar que indaga el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos.

El presidente de esa comisión del Congreso, Ricardo Ferro, dijo a The Associated Press que citó a ambos el 23 y 24 de julio “para escucharlos bajo la gravedad de juramento” sobre el tema.

“Los colombianos deben entender que en esta etapa de investigación debemos reunir todo el material probatorio que nos permita, en derecho, definir si se abre o no una investigación formal”, agregó el también congresista del partido Centro Democrático.

La comisión está integrada por 16 miembros de diferentes partidos y es la encargada de investigar causas constitucionales a presidentes, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, entre otros.

La comisión inició desde junio una investigación preliminar contra Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018, para establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de Odebrecht y de una supuesta financiación irregular de su campaña en 2014.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que en el sexenio de Felipe Calderón la Banca de Desarrollo autorizó recursos para la empresa brasileña Odebrecht.

En su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, AMLO declaró: “el crédito a Odebrecht se lo dio la Banca de Desarrollo en el gobierno de Calderón”.

Lo anterior, debido a que en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, reveló que había conflicto de interés por parte de algunos actores del gobierno.

En medios nacionales trascendió que Urzúa se refería al jefe de la Oficina, Alfonso Romo.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD cuestionó el hecho de que en México no se haya castigado a nadie por el caso internacional de sobornos de Odebrecht, cuando en otros países se ha procesado a servidores de alto nivel, incluso se destituyó y detuvo a un presidente.

El partido exigió congruencia, y que no solo se proceda en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sino también al propio Enrique Peña Nieto.

Recordó que desde la administración anterior, su partido presentó las pruebas que demostraban los actos ilegales y presentó la denuncia ante Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de  Lozoya, por supuestos sobornos de aproximadamente 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos, por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Sin embargo, dijo que se debe de investigar al ex presidente Peña Nieto, pues Lozoya recibía órdenes de su entonces jefe, el priísta.

Luego de que esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas contra Lozoya; su esposa, Marielle “E”; su mamá Gilda “A”; su hermana, Gilda “L” y Nelly “A”, por presuntos sobornos de la constructora brasileña, el PRD indicó que todos deben de ir a la cárcel por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal.

El PRD lamentó que se tardaran mucho para emitir las órdenes de aprehensión, pues ya existían todas las pruebas para su captura, y lo único que se permitió fue que Lozoya se amparara y ahora esté prófugo de la justicia.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó formalmente que no hay delito qué perseguir por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña Presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, ya que los ilícitos han prescrito.

De acuerdo con el periódico Reforma, la Fepade investigaba a Emilio Lozoya, por los supuestos hechos ocurridos en 2012. En ese entonces, Lozoya fungía como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña, y a la actual senadora Nuvia Mayorga, extitular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.

“Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012”, dice el acuerdo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a la juez federal Luz María Ortega.

Derivado de una denuncia presentada por el PRD, el 15 de agosto de 2017, la Fiscalía inició una investigación del caso Odebrecht, a raíz de la difusión de los testimonios de exdirectivos de la firma brasileña que aseguraron haber sobornado a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.

La primera parte se habría entregado precisamente para la campaña de Peña Nieto y el resto presumiblemente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.

El holding Odebrecht SA, núcleo del conglomerado que abarca industrias desde construcción, hasta el petróleo y gas, se declarará este lunes en quiebra en Brasil en medio de la creciente presión de los acreedores, según dos personas con conocimiento directo del asunto.

De acuerdo con Bloomberg, la empresa busca proteger 80 mil millones de reales (20 mil 500 millones de dólares) de deuda, garantías y préstamos entre compañías de un grupo de acreedores, que incluye a bancos brasileños y titulares de bonos extranjeros, dijeron las personas.

Esta sería la quiebra corporativa más grande de Brasil y América Latina, por encima de los 19 mil millones de dólares de deuda que la compañía de telecomunicaciones Oi SA tenía en 2016.

El holding privado, que pretendía reestructurar cerca de 5 mil millones de reales (mil 300 millones de dólares) de su propia deuda, se vio afectado por tensiones a principios de junio cuando la unidad de etanol del grupo solicitó protección por bancarrota y las conversaciones con LyondellBasell Industries sobre la unidad petroquímica Braskem colapsaron.

El periódico brasileño Valor Económico informó por primera vez sobre el posible momento de la declaración de quiebra este lunes.

El conglomerado ha estado luchando para recuperarse de las consecuencias de la investigación de corrupción Lava Jato en Brasil.

La investigación, que comenzó en 2014, detuvo la industria de la construcción, ya que se cortó el acceso a los proyectos gubernamentales y se encarceló a los ejecutivos. Odebrecht pagó millones en multas en otros países latinoamericanos y su cartera de nuevos proyectos ha disminuido, lo que se suma a la crisis de efectivo.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos, por supuestos vínculos con el caso Odebrecht.

El presidente de la Comisión, Ricardo Ferro, explicó que decidieron iniciar la pesquisa luego de que en una entrevista publicada por la revista local Semana, el exlegislador Bernardo Miguel Elías, conocido como ‘El Ñoño’ y quien fue condenado por el caso Odebrecht, vinculó al exmandatario.

En dicha entrevista, Elías aseguró que él tuvo contacto con una persona que «fungía como directivo de la campaña de Juan Manuel Santos, el cual sabía perfectamente que se estaban dando unos recursos que venían de (la empresa brasileña) Odebrecht».

Ferro explicó que tras las declaraciones de Elías, una persona presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación, por lo que decidieron darle trámite e iniciar una pesquisa preliminar contra Santos «para entrar a determinar si hay o no lugar a proceder en una investigación formal”, de acuerdo con la prensa local.

El legislador, quien participará en la investigación preliminar a Santos, precisó que Elías, quien se encuentra preso en la cárcel de La Picota, deberá comparecer el próximo 17 de junio para determinar si hay elementos para avanzar en la pesquisa.

En febrero de 2017, la Fiscalía General de Colombia reveló que investigaba si uno de los pagos que recibió el cabildero de Odebrecht y exsenador Otto Bula ingresó a la campaña de Santos por la reelección en 2014.

Las órdenes de aprehensión giradas en contra del empresario y dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, y del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se derivan de una denuncia que presentó la empresa petrolera en marzo pasado por la venta de una planta de fertilizantes.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que las órdenes giradas contra Lozoya Austin y Ancira Elizondo no se relacionan con el caso de la empresa brasileña Odebrecht.

El fiscal dejó en claro que «el tema de Odebrecht no tuvo nada que ver», y detalló que al ex colaborador del gobierno anterior se le señala por el presunto delito contenido en el artículo 401 del Código Penal, es decir, se trata de «uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros», e insistió en que fue Pemex la que presentó en marzo pasado la acusación que sustanció a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Se trata, dijo, de una parte de toda la investigación, pero no es de ninguna manera su fin. La pesquisa que se deriva de la denuncia de Pemex es sobre una adquisición absolutamente ilícita de una planta de fertilizantes.

Sobre la captura en España del empresario Ancira Elizondo, el fiscal dijo que el proceso de extradición puede durar alrededor de 45 días, por lo que se hará llegar al juez español de la causa toda la información con la que se cuenta, para obtenerla.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y del dueño de Altos Hornos de México, S. A., (AHMSA), Alonso Ancira, quien fue detenido este martes en la ciudad de Palma, en la isla de Mallorca, España.

Esto, luego de que la FGR solicitó el pasado viernes, ante un juez de control en el Reclusorio Norte, las detenciones por delitos entre los que se cuentan lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. El domingo el juzgador dio entrada a la petición y libró dichas órdenes, según fuentes federales.

Javier Coello, abogado de Lozoya, dijo al periódico El Universal que ya habló con su cliente y afirmó que éste se encuentra en el país, molesto porque desde hace dos años se le señala por posibles actos de corrupción.

Este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas de Lozoya Austin, sin embargo, de acuerdo con el abogado Coello Trejo, ni su cliente ni su familia han sido notificados de ello y aún pueden acceder a su dinero.

“Si afectaron las cuentas nos tendrán que notificar para podernos ir al amparo porque el señor de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ninguna facultad para congelar cuentas, pero él lo hace y está en su derecho, y yo estoy en mi derecho de defender a mi cliente”, afirmó.

La Fiscalía General de la República (FGR) cateó, ayer por la noche, la casa en la Ciudad de México de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, así como la casa de sus padres y de su hermana, para cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.

El domicilio de Lozoya se encuentra en el exclusivo Fraccionamiento La Retama, en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la CDMX.

Según reportaron medios nacionales, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron las tres órdenes de cateo con el objetivo de ubicar al exfuncionario. Una de ellas se ejecutó en el inmueble propiedad del ex Director de Pemex, que se ubica en el residencial La Retama, en el número 20 de la calle Landera.

Además, la FGR cateó las casas de su hermana, Susana Gilda Lozoya Austin, y de su padre, Emilio José Lozoya Thalmann. Sin embargo, Emilio Lozoya Austin no fue localizado.

En entrevista para Milenio, el abogado de Lozoya, Javier Coello reconoció que las personas que efectuaron la acción fueron respetuosas y no sustrajeron nada, pero recordó que los padres de Lozoya son gente mayor.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló el inmueble de Lozoya cateado como clave en el caso Odebrecht, pues en éste se habrían realizado negociaciones ilegales con la empresa brasileña y reuniones que tenían que ver con el pago de sobornos a cambio de contratos en la refinería de Tula, Hidalgo, de acuerdo con un artículo publicado por la asociación.

“La edificación, de mil 165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht”, señaló MCCI.

Tras estar una semana en la cárcel como parte de una investigación por corrupción, el expresidente brasileño Michel Temer fue puesto en libertad este miércoles.

Un juez en Río de Janeiro aprobó la excarcelación y Temer salió del cuartel policial donde llevaba detenido desde el 9 de mayo.

Cuatro jueces votaron el martes por unanimidad a favor de dejar en libertad al político de 78 años de edad, al considerar que las circunstancias no justificaban una detención preventiva. El veredicto definitivo será emitido por un tribunal superior más adelante.

Temer es investigado por acusaciones de haber aceptado sobornos de la empresa constructora Odebrecht a cambio de contratos para construir una planta nuclear en el estado de Río de Janeiro. El exmandatario niega haber cometido ilegalidad alguna.

Esta es la segunda vez desde que dejo la presidencia el 1 de enero en que Temer es arrestado y dejado en libertad.


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