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Los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana fueron citados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para declarar en medio de una investigacion preliminar que indaga el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos.

El presidente de esa comisión del Congreso, Ricardo Ferro, dijo a The Associated Press que citó a ambos el 23 y 24 de julio “para escucharlos bajo la gravedad de juramento” sobre el tema.

“Los colombianos deben entender que en esta etapa de investigación debemos reunir todo el material probatorio que nos permita, en derecho, definir si se abre o no una investigación formal”, agregó el también congresista del partido Centro Democrático.

La comisión está integrada por 16 miembros de diferentes partidos y es la encargada de investigar causas constitucionales a presidentes, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, entre otros.

La comisión inició desde junio una investigación preliminar contra Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018, para establecer su presunta vinculación con el caso de corrupción de Odebrecht y de una supuesta financiación irregular de su campaña en 2014.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que en el sexenio de Felipe Calderón la Banca de Desarrollo autorizó recursos para la empresa brasileña Odebrecht.

En su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, AMLO declaró: “el crédito a Odebrecht se lo dio la Banca de Desarrollo en el gobierno de Calderón”.

Lo anterior, debido a que en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, reveló que había conflicto de interés por parte de algunos actores del gobierno.

En medios nacionales trascendió que Urzúa se refería al jefe de la Oficina, Alfonso Romo.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD cuestionó el hecho de que en México no se haya castigado a nadie por el caso internacional de sobornos de Odebrecht, cuando en otros países se ha procesado a servidores de alto nivel, incluso se destituyó y detuvo a un presidente.

El partido exigió congruencia, y que no solo se proceda en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sino también al propio Enrique Peña Nieto.

Recordó que desde la administración anterior, su partido presentó las pruebas que demostraban los actos ilegales y presentó la denuncia ante Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de  Lozoya, por supuestos sobornos de aproximadamente 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos, por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Sin embargo, dijo que se debe de investigar al ex presidente Peña Nieto, pues Lozoya recibía órdenes de su entonces jefe, el priísta.

Luego de que esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas contra Lozoya; su esposa, Marielle “E”; su mamá Gilda “A”; su hermana, Gilda “L” y Nelly “A”, por presuntos sobornos de la constructora brasileña, el PRD indicó que todos deben de ir a la cárcel por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal.

El PRD lamentó que se tardaran mucho para emitir las órdenes de aprehensión, pues ya existían todas las pruebas para su captura, y lo único que se permitió fue que Lozoya se amparara y ahora esté prófugo de la justicia.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó formalmente que no hay delito qué perseguir por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña Presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, ya que los ilícitos han prescrito.

De acuerdo con el periódico Reforma, la Fepade investigaba a Emilio Lozoya, por los supuestos hechos ocurridos en 2012. En ese entonces, Lozoya fungía como coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña, y a la actual senadora Nuvia Mayorga, extitular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.

“Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012”, dice el acuerdo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a la juez federal Luz María Ortega.

Derivado de una denuncia presentada por el PRD, el 15 de agosto de 2017, la Fiscalía inició una investigación del caso Odebrecht, a raíz de la difusión de los testimonios de exdirectivos de la firma brasileña que aseguraron haber sobornado a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.

La primera parte se habría entregado precisamente para la campaña de Peña Nieto y el resto presumiblemente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.

El holding Odebrecht SA, núcleo del conglomerado que abarca industrias desde construcción, hasta el petróleo y gas, se declarará este lunes en quiebra en Brasil en medio de la creciente presión de los acreedores, según dos personas con conocimiento directo del asunto.

De acuerdo con Bloomberg, la empresa busca proteger 80 mil millones de reales (20 mil 500 millones de dólares) de deuda, garantías y préstamos entre compañías de un grupo de acreedores, que incluye a bancos brasileños y titulares de bonos extranjeros, dijeron las personas.

Esta sería la quiebra corporativa más grande de Brasil y América Latina, por encima de los 19 mil millones de dólares de deuda que la compañía de telecomunicaciones Oi SA tenía en 2016.

El holding privado, que pretendía reestructurar cerca de 5 mil millones de reales (mil 300 millones de dólares) de su propia deuda, se vio afectado por tensiones a principios de junio cuando la unidad de etanol del grupo solicitó protección por bancarrota y las conversaciones con LyondellBasell Industries sobre la unidad petroquímica Braskem colapsaron.

El periódico brasileño Valor Económico informó por primera vez sobre el posible momento de la declaración de quiebra este lunes.

El conglomerado ha estado luchando para recuperarse de las consecuencias de la investigación de corrupción Lava Jato en Brasil.

La investigación, que comenzó en 2014, detuvo la industria de la construcción, ya que se cortó el acceso a los proyectos gubernamentales y se encarceló a los ejecutivos. Odebrecht pagó millones en multas en otros países latinoamericanos y su cartera de nuevos proyectos ha disminuido, lo que se suma a la crisis de efectivo.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos, por supuestos vínculos con el caso Odebrecht.

El presidente de la Comisión, Ricardo Ferro, explicó que decidieron iniciar la pesquisa luego de que en una entrevista publicada por la revista local Semana, el exlegislador Bernardo Miguel Elías, conocido como ‘El Ñoño’ y quien fue condenado por el caso Odebrecht, vinculó al exmandatario.

En dicha entrevista, Elías aseguró que él tuvo contacto con una persona que «fungía como directivo de la campaña de Juan Manuel Santos, el cual sabía perfectamente que se estaban dando unos recursos que venían de (la empresa brasileña) Odebrecht».

Ferro explicó que tras las declaraciones de Elías, una persona presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación, por lo que decidieron darle trámite e iniciar una pesquisa preliminar contra Santos «para entrar a determinar si hay o no lugar a proceder en una investigación formal”, de acuerdo con la prensa local.

El legislador, quien participará en la investigación preliminar a Santos, precisó que Elías, quien se encuentra preso en la cárcel de La Picota, deberá comparecer el próximo 17 de junio para determinar si hay elementos para avanzar en la pesquisa.

En febrero de 2017, la Fiscalía General de Colombia reveló que investigaba si uno de los pagos que recibió el cabildero de Odebrecht y exsenador Otto Bula ingresó a la campaña de Santos por la reelección en 2014.

Las órdenes de aprehensión giradas en contra del empresario y dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, y del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se derivan de una denuncia que presentó la empresa petrolera en marzo pasado por la venta de una planta de fertilizantes.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que las órdenes giradas contra Lozoya Austin y Ancira Elizondo no se relacionan con el caso de la empresa brasileña Odebrecht.

El fiscal dejó en claro que «el tema de Odebrecht no tuvo nada que ver», y detalló que al ex colaborador del gobierno anterior se le señala por el presunto delito contenido en el artículo 401 del Código Penal, es decir, se trata de «uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros», e insistió en que fue Pemex la que presentó en marzo pasado la acusación que sustanció a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Se trata, dijo, de una parte de toda la investigación, pero no es de ninguna manera su fin. La pesquisa que se deriva de la denuncia de Pemex es sobre una adquisición absolutamente ilícita de una planta de fertilizantes.

Sobre la captura en España del empresario Ancira Elizondo, el fiscal dijo que el proceso de extradición puede durar alrededor de 45 días, por lo que se hará llegar al juez español de la causa toda la información con la que se cuenta, para obtenerla.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y del dueño de Altos Hornos de México, S. A., (AHMSA), Alonso Ancira, quien fue detenido este martes en la ciudad de Palma, en la isla de Mallorca, España.

Esto, luego de que la FGR solicitó el pasado viernes, ante un juez de control en el Reclusorio Norte, las detenciones por delitos entre los que se cuentan lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. El domingo el juzgador dio entrada a la petición y libró dichas órdenes, según fuentes federales.

Javier Coello, abogado de Lozoya, dijo al periódico El Universal que ya habló con su cliente y afirmó que éste se encuentra en el país, molesto porque desde hace dos años se le señala por posibles actos de corrupción.

Este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas de Lozoya Austin, sin embargo, de acuerdo con el abogado Coello Trejo, ni su cliente ni su familia han sido notificados de ello y aún pueden acceder a su dinero.

“Si afectaron las cuentas nos tendrán que notificar para podernos ir al amparo porque el señor de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ninguna facultad para congelar cuentas, pero él lo hace y está en su derecho, y yo estoy en mi derecho de defender a mi cliente”, afirmó.

La Fiscalía General de la República (FGR) cateó, ayer por la noche, la casa en la Ciudad de México de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, así como la casa de sus padres y de su hermana, para cumplimentar la orden de aprehensión girada en su contra.

El domicilio de Lozoya se encuentra en el exclusivo Fraccionamiento La Retama, en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la CDMX.

Según reportaron medios nacionales, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron las tres órdenes de cateo con el objetivo de ubicar al exfuncionario. Una de ellas se ejecutó en el inmueble propiedad del ex Director de Pemex, que se ubica en el residencial La Retama, en el número 20 de la calle Landera.

Además, la FGR cateó las casas de su hermana, Susana Gilda Lozoya Austin, y de su padre, Emilio José Lozoya Thalmann. Sin embargo, Emilio Lozoya Austin no fue localizado.

En entrevista para Milenio, el abogado de Lozoya, Javier Coello reconoció que las personas que efectuaron la acción fueron respetuosas y no sustrajeron nada, pero recordó que los padres de Lozoya son gente mayor.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló el inmueble de Lozoya cateado como clave en el caso Odebrecht, pues en éste se habrían realizado negociaciones ilegales con la empresa brasileña y reuniones que tenían que ver con el pago de sobornos a cambio de contratos en la refinería de Tula, Hidalgo, de acuerdo con un artículo publicado por la asociación.

“La edificación, de mil 165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht”, señaló MCCI.

Tras estar una semana en la cárcel como parte de una investigación por corrupción, el expresidente brasileño Michel Temer fue puesto en libertad este miércoles.

Un juez en Río de Janeiro aprobó la excarcelación y Temer salió del cuartel policial donde llevaba detenido desde el 9 de mayo.

Cuatro jueces votaron el martes por unanimidad a favor de dejar en libertad al político de 78 años de edad, al considerar que las circunstancias no justificaban una detención preventiva. El veredicto definitivo será emitido por un tribunal superior más adelante.

Temer es investigado por acusaciones de haber aceptado sobornos de la empresa constructora Odebrecht a cambio de contratos para construir una planta nuclear en el estado de Río de Janeiro. El exmandatario niega haber cometido ilegalidad alguna.

Esta es la segunda vez desde que dejo la presidencia el 1 de enero en que Temer es arrestado y dejado en libertad.

El expresidente de Perú Ollanta Humala, quien estuvo en el poder del 2011 al 2016, y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco del caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña Electoral.

La acusación llega tras la petición que presentó este martes el fiscal Germán Juárez.

El representante del Ministerio Público acudió a la Sala Penal Nacional en Lima para presentar la acusación contra Humala y Heredia, que consta de un voluminoso expediente de 1,500 folios, y que el juzgado pueda notificarlos para que ejerzan su defensa.

El fiscal reveló que solicitó 26 años y 6 meses de cárcel para Nadine Heredia y 20 años de prisión para Ollanta Humala.

En declaraciones a la prensa, Juárez manifestó que también está incluido en la acusación «el partido Nacionalista como imputado para que, en el caso de lograr una sentencia condenatoria, se está pidiendo la disolución de ese partido, toda vez que ha sido instrumentalizado para efectos de lavar dinero».

La investigación a cargo del Ministerio Público implicó cuatro años y cuatro meses.

En dicha investigación, se señala actividades como «el pitufeo» que implica hacer depósitos de dinero en varios “tramos y montos” que no puedan ser detectados por los fiscalizadores bancarios.

Otras formas habían sido vía cobros por informes o actividades profesionales «que nunca se realizaron».

El dinero, según la fiscalía, habría ingresado a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otras habrían ido hacia el patrimonio de los Humala-Heredia.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, a través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), comunicó a las instituciones de la Administración Pública Federal, empresas productivas del estado, entidades federativas y Fiscalía General de la República, el impedimento para participar en contrataciones públicas de carácter federal de las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y Construtora Norberto Odebrecht, S. A.

Con dicha instrucción, las instituciones deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dichas empresas. El plazo de la sanción fue de tres años.

Mediante dos circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se precisa que se resolvieron dos procedimientos administrativos sancionadores iniciados a las empresas. En el caso de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A de C. V. por haber presentado información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrarlo.

Por su parte, en el caso de Construtora Norberto Odebrecht, S. A. fue sancionada por haber realizado cobros en exceso, en detrimento de su patrimonio, al entonces Pemex Refinación.

Un juez peruano ordenó tres años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora Odebrecht en ese país.

El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora y que el exmandatario no tiene arraigo personal en el país, ya que su esposa y su familia viven fuera de Perú.

Kuczynski, de 80 años, se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el miércoles. El exmandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por 10 días.

La orden de prisión preventiva se dio el mismo día en que se realizaron los funerales del expresidente Alan García, quien se suicidó para evitar ser arrestado por presuntos actos de corrupción también ligados a Odebrecht.

La fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos “actos de blanqueo de capital” mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien gobernará hasta 2021.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición. Alan García (2006-2011) se suicidó tras dispararse en la cabeza cuando la policía se aprestaba a detenerlo y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.