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El senador Emilio Álvarez Icaza presentó una ampliación de la quinta denuncia contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa Aleatica, antes OHL, que involucra al extitular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

El senador acudió hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para anexar al expediente de la denuncia la respuesta a una solicitud de información en la que la SCT niega que haya otorgado concesión alguna.

La denuncia fue interpuesta en agosto de este año, pues al tratarse de una vía de comunicación del dominio público de la Federación no puede ser explotada, utilizada o aprovechado sin que exista autorización, licencia o concesión entregada por el gobierno federal.

De acuerdo con integrantes de la iniciativa Ahora, la última denuncia se interpuso por la compra a sobreprecio de 20 millones de dólares de maquinaria que se adquiriría con cargo al Viaducto Bicentenario, pero finalmente se compraron con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en 2009.

Este sobreprecio, indicaron, podría significar el pago de un soborno a través de una empresa vinculada al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En la ampliación del expediente, se pide que la FGE siga con las investigaciones, pero que a la luz de la declaración de la SCT acerca de la negación de entrega de concesión, el caso se judicialice.

Álvarez Icaza sostuvo que se pondrá al tanto a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que den seguimiento al caso.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de OHL aprobó la compraventa del 100% de las acciones de OHL Concesiones a IFM Investor, fondo de referencia a nivel internacional que tiene bajo gestión 71 mil millones de dólares.
Desde España, se detalló que la transacción incluye 20 concesiones operativas en España, México, Chile, Colombia y Perú. «OHL Concesiones posee el 56% de OHL México, empresa que gestiona los siguientes activos los cuales están incluidos en esta operación».
  • Circuito Exterior Mexiquense
  • Viaducto Bicentenario
  • Autopista Amozoc-Perote
  • Autopista Urbana Norte
  • Libramiento Elevado de Puebla
  • Supervía Poniente (Poetas)
  • Autopista Atizapán-Atlacomulco
  • Aeropuerto Internacional de Toluca

 

A través de un comunicado, la empresa informó que la venta de OHL Concesiones a IFM permite cancelar los 1 mil 500 millones de euros de Deuda Bruta con Recurso Total de la compañía dejando una posición positiva de tesorería. «Desde esta sólida posición financiera la compañía inicia una nueva etapa que estará basada en potenciar sus capacidades de construcción en las geografías en las que actualmente está presente».

 

Añadió que la ejecución de la operación, cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2018, está condicionada al visto bueno por parte de las autoridades mexicanas correspondientes, a la obtención de otros consentimientos de entidades financieras y administraciones públicas y a la aprobación y lanzamiento por parte de IFM Investor o una filial de una OPA sobre el capital social de OHL México que no sea propiedad de IFM.

 

Luego de haber lanzado tres adelantos, este fin de semana Andrés Manuel López Obrador (AMLO), precandidato presidencial de la alianza «Juntos haremos historia» que encabeza Morena, presentó el documental completo «Esto soy».

 

 

 

En el trabajo audiovisual dirigido por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra, el morenista narra quién es, datos de su vida, su preparación y trayectoria política, así como explicar el proyecto de nación que espera concretar e 2018, y que lo ha llevado a competir por la presidencia por tercera vez.

 

En el documental, López Obrador reveló que la empresa OHL buscó a Miguel Ángel Mancera para comprarle el tramo del segundo piso del Periférico, el cual se mantiene gratuito. «Ya estando Miguel Mancera de jefe de Gobierno y cuando todavía no teníamos mala relación, me buscó para decirme que los de OHL querían comprar la parte que habíamos construido nosotros para que todo el segundo piso fuera de paga», narra el ex jefe de gobierno capitalino.

 

AMLO nara que la española habría ofrecído 6 mil 500 millones de pesos a Mancera para hacerse del tramo del segundo piso, mismo que ofrecieron para se utilizarían en obra pública. «Le dije que no, que eso no se podía permitir”.

 

 

 

Integrantes de la asociación Ahora se dieron cita esta mañana en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar un recurso de apelación sobre una denuncia que presentaron ante el INE por el presunto desvío de recursos de la empresa OHL a la campaña del priísta Alfredo del Mazo en el Estado de México.

El representante de Ahora, Emilio Álvarez Icaza, indicó que el responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, Eduardo Gurza, es quien ha «dinamitado» el órgano, y gracias a las indicaciones que giró a los representantes de los partidos sobre dejar de reportar gastos una semana antes de la jornada electoral, no se ha podido conocer el gasto real de los candidatos y si alguno rebasó los topes de gastos de campaña.

«Sé muy buen que el proceso de fiscalización del INE se encuentra interrumpido merced a un oficio girado desde la propia UTF, contrario al Reglamento (de Fiscalización), que ha supuesto el inicio de un procedimiento oficioso para poder establecer con claridad cuál es el gasto que se ha hecho en Coahuila y el Estado de México», señaló el ex consejero electoral.

Ahora indicó que luego de ser recibido su recurso de apelación, «vamos a ver de qué lado se sientan los Magistrados del TEPJF.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Con votación dividida (6-5) el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó  que las tarjetas “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción”, utilizadas en la campaña a la gubernatura de Coahuila por el candidato de la Coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme, es un gasto sin objeto partidista.

 

Es decir, contraviene los dispuesto en el Artículo 25 apartado 1 inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece que los partidos políticos tienen la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.

 

 

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, refirió que el hecho de que un partido o candidato ofrezcan un beneficio concreto, personalizado y específico, “desde mi punto de vista, es un gasto de propaganda que se convierte en una promesa de dádiva, y consecuentemente en un gasto indebido”.

 

Córdova explicó que corresponderá al Instituto Electoral de Coahuila resolver si existió compra o coacción del voto. “El uso de una dádiva a cambio del voto o el compromiso por el voto, es una competencia que, tratándose de una elección local, le corresponde al Organismo Público Local Electoral de la entidad de que se trate”.

 

El acuerdo tomado por el Consejo General menciona que si bien corresponde al INE pronunciarse sobre el tipo de gasto en materia de fiscalización, el arbitraje de la elección corresponde al OPLE del estado, por lo que será dicha instancia quien resuelva sobre la posible coacción del voto y, dado el caso, actúe en el ámbito de sus facultades.

 

Durante la misma sesión, el Consejo General del INE declaró improcedente la queja que fue presentada por la asociación Ahora con relación a un presunto financiamiento de parte de la empresa OHL hacia la campaña de Alfredo del Mazo en l Estado de México.

 

Por mayoría de votos se determinó que no existieron las pruebas suficientes para acreditar el beneficio a la campaña priista por un monto de un millón 600 mil pesos.

 

 

 

Se ha dado a conocer que desde el pasado 4 de mayo, a través de un oficio dirigido a la empresa OHL México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó un informe que acredite que no existen acciones que puedan afectar activos públicos.

Esta petición se deriva luego de que el pasado 30 de abril, la empresa emitió declaraciones en las que informó la puesta en marcha de un proceso de auditoría interna para confirmar que no existe transferencia alguna de recursos para fines electorales.

Al saberse de movimientos financieros irregulares, la empresa indicó que las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas no corresponden a OHL México, ni a ninguna de sus subsidiarias, lo cual, afirma la empresa, es coincidente con las auditorías internas practicadas.

Se espera que en los próximos días OHL México envíe el informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa.

 

 

Con información de SCT / Foto: Twitter

Luego de un seguimiento que se ha dado desde el año 2002 sobre la relación del PRI y la empresa OHL, el representante de la iniciativo Ahora, Emilio Álvarez Icaza, anunció que presentará denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de la República (PGR) y ante el Sistema Nacional Anticorrupción para «exigir que las autoridades actúen de inmediato para evitar el fraude en la elección del Estado de México y en la elección de 2018″.

La acusación llegaría tras evidenciar que el PRI ha orquestado por años una red de corrupción que sirve para financiar las campañas políticas de los candidatos de ese partido en todo el país, siendo Alfredo del Mazo quien se está viendo beneficiado de dicha red en el Estado de México.

Respecto a la queja que presentarán ante el INE, Álvarez Icaza sostuvo que será por el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña de del Mazo, pues según la iniciativa ciudadana, se debe investigar dónde están los 1,600 millones de pesos que se asignaron al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM) y que hoy en día se desconoce el paradero de dicho dinero.

“Esos 1,600 millones permitirían comprar hasta 1 millón de votos o credenciales a 1 mil 600 pesos cada uno. Los 1,600 millones asignados y desaparecidos misteriosamente del SASCAEM son sólo una de las fuentes de recursos ilegales aplicados en esta campaña”.

Con información de Animal Político / Foto: Archivo APO

La Guardia Civil registró  la sede central de la constructora OHL en Madrid y de la empresa tecnológica Indra en el marco de una operación anticorrupción relacionada con personas ligadas al Partido Popular, que encabeza el gobierno español.

 

Una portavoz de la empresa OHL dijo que la compañía estaba ofreciendo su máxima colaboración a los agentes de la policía, pero negó que la constructora hubiera efectuado algún tipo de pago a políticos.

 

Las autoridades detuvieron al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el marco de una investigación que ha llevado al arresto de 12 personas vinculadas con el gobierno de la región entre 2012 y 2015 por el presunto desvío de dinero público en beneficio propio.

 

El presidente español Mariano Rajoy no está acusado, pero la investigación es un problema para su Gobierno, que ha buscado distanciarse de una serie de escándalos de corrupción.

 

Con información de El Financiero /Foto: Especial 

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