Luego de que un juez con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México rechazara por segunda ocasión la solicitud de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 académicos y científicos, al Fiscalía General de la República (FGR) criticó la negativa del juzgador, e indicó que insistirá para obtenerlas.

Y es que la Fiscalía tiene abierta una investigación en contra de 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y de exfuncionarios de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa de delitos patrimoniales en contra del erario público, entre los que se contempla al de delincuencia organizada.

“Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios (…) esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso”, señaló la FGR a través de un comunicado la noche de ayer.

El juez de distrito informó que la empresa privada que crearon (Foro Consultivo), autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

Ante ello, la FGR indicó que no comparte dicha justificación, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro Consultivo como un órgano interno de esa Institución.

Además dijo que dichas leyes no permiten, en modo alguno, que el Foro Consultivo pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

Por dichas razones, adelantó que se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando “con toda claridad” lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a los científicos y exfuncionarios de Conacyt, así como las pruebas que lo acreditan.

“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”, señaló la Fsicalía.

Entre los nombres que aparecen en la lista de científicos que la FGR busca encarcelar, aparecen: Enrique Cabrero Mendoza; Julia Tagueña Parga; Ariana Ramona uerra Gómez; David García Junco; Víctor Carreón Rodríguez; Jesus Borja Tamayo; Rafael Ortega Reyes; María Dolores Sánchez; Miguel Guajardo Mendoza; Luis Gabriel Torreblanca; José Roque Díaz; Luis Mier y Terán Casanueva; Elías Micha Zaga, En total, se trata de seis miembros del Foro Consultivo y 25 exfuncionarios del Conacyt.