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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles que su Gobierno ha encontrado a “miles” de personas al elaborar un nuevo censo de desaparecidos, pese a ser cuestionado por las familias de las víctimas y organizaciones civiles por considerar que se ha hecho todo por reducir la cifra oficial.

“La buena noticia es que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas porque se está haciendo una visita en todo el país casa por casa y se está avanzando, y ya se puede hablar de que son miles los que hemos encontrado con vida”, sostuvo el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO defendió la modificación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que él había tachado de “manipulado”.

Recordemos que a mediados de diciembre, el Gobierno federal notificó que había 12,377 personas desaparecidas de manera oficial según su nuevo censo y no 111,000, aunque ese mismo mes, tras la controversia, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) rectificó que aún están buscando a 92,000 personas.

El presidente reiteró que el nuevo censo consiste en enviar a ‘Servidores de la Nación’ a que pregunten “casa por casa” si sigue vigente el reporte de desaparición de una persona que vivía ahí. “Ya casi estamos terminando” el nuevo censo, agregó López Obrador.

“Que tengan confianza (las familias), que estamos trabajando para que no haya impunidad”, dijo.

El mandatario justificó la estrategia de seguridad de su Gobierno al citar una reducción en la incidencia mensual de 20% en los homicidios, 50% en los robos y 80% en los secuestros en su sexenio frente al anterior.

“No (han aumentado las desapariciones), afortunadamente, porque nosotros no mandamos a desaparecer a nadie, el Estado ya no es, como era antes, el principal violador de los derechos humanos”, comentó.

“Todos los días trabajamos, no hay un presidente en el mundo y nunca ha habido un presidente en México que atienda el tema de inseguridad, todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana”, insistió.

Las declaraciones del presidente se producen mientras la organización Data Cívica publicó este día su investigación #VolverADesaparecer con 10,000 nombres de personas desaparecidas que “el Estado borró” de los registros.

Decenas de miles de ciudadanos se concentraron ayer en distintas ciudades del país y el extranjero en lo que llamaron una “Marcha por nuestra democracia”, la cual tenía como principal demanda elecciones libres y exigir el cese de políticas que atenten contra la democracia.

Las protestas fueron convocadas por organizaciones ciudadanas, y fueron respaldadas por partidos de oposición. Según el Gobierno de la Ciudad de México, aproximadamente 90,000 personas acudieron a la protesta en el Zócalo capitalino.

Sin embargo, los organizadores de la protesta señalaron, según la agencia Reuters que la asistencia fue de aproximadamente 700,000 mil personas.

Las miles de personas que salieron a las calles en distintas ciudades, respondieron al llamado de acudir vestidas de rosa y con banderas de México. La principal consigna fue “fuera López”. Otras llevaban carteles que decían “el poder de la gente es más grande que la gente con poder”.

Entre las organizaciones ciudadanos que marcharon estuvieron el Frente Cívico Nacional, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, entre otros.

 

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), fue el único orador de la concentración. En su mensaje, acusó al presidente de querer destruir la democracia, además de encabezar un “proyecto de regresión autoritaria”.

Sin mencionar el nombre del mandatario, aseguró que “hoy todo esto está bajo amenaza”.

“Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla”, sostuvo.

Luego de la manifestación masiva, López Obrador siguió arremetiendo contra sus críticos. Dijo que no habría fraude en las elecciones del próximo 2 de junio, y que él no había intervenido en los procesos democráticos.

“Es la democracia de ellos… la democracia de los corruptos. Y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo. No queremos poder sin pueblo. Ellos son los que establecieron la antidemocracia con los fraudes electorales”, sostuvo el mandatario.

En Jalisco, la principal concentración reportó una asistencia de 10 mil personas, mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, alrededor de 1,500 personas participaron en la “Marcha por nuestra Democracia”. En Monterrey, la movilización reunió a poco más de 12,000 personas. Otras ciudades que tuvieron una participación nutrida fue Mérida, Querétaro, Cuernavaca, Culiacán, entre otras.

Las asistentes coincidían en algo: que el Gobierno federal quiere robarse las elecciones de junio próximo, con lo que aseguran, la democracia está en riesgo pues México caería en un régimen dictatorial.

Foto: X @redesunidosmx

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), encargado de la protección de datos personales en México, exigió al Gobierno federal aclarar una filtración de datos personales de más de 300 periodistas acreditados ante la Presidencia.

La oficina de la Presidencia “tendrá que avisar en un plazo de no más de 72 horas sobre lo que pasó para que ellos (los periodistas) conozcan y puedan poner una denuncia”, dijo este fin de semana Julieta del Río, comisionada del INAI.  De no hacerlo, se analizará iniciar una investigación de oficio.

El viernes, Víctor Ruiz, fundador de la firma de seguridad cibernéitca Silikn, denunció la filtración de los nombres y datos personales de periodistas.

Se trata de comunicadores que acuden a la mañanera ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien de manera frecuente utiliza dicho espacio para señalar y acusar a periodistas y medios que son críticos hacia su gobierno.

Según lo expuesto por Ruiz, en algunos de los archivos aparece la dirección, fotografía y nombre completo de los periodistas. En algunos casos los registros se acompañan con la identificación oficial de los comunicadores.

La organización Alianza de Medios MX, conformada por una decena de medios condenó la filtración de datos y exigió una investigación y consignar a los culpables.

La organización manifestó su preocupación por la filtración de datos de periodistas tanto nacionales como extranjeros.

“Desde Alianza de Medios Mx vemos con preocupación la exhibición ilegal de los datos personales de 323 periodistas que han asistido a cubrir la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador”, apuntó la Alianza.

Recordó que la vulneración de la información de la Presidencia de México hizo que acabaran en bases de datos públicas fotografías, identificaciones, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones y Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de los reporteros.

“Lo que los pone en riesgo de sufrir ataques físicos y afecta su dignidad”, puntualizaron.

Asimismo, exigieron a las autoridades competentes investigar los hechos para saber si se trató de un hackeo informático o de “una filtración dolosa” de la información personal de los comunicadores “así como la consignación de los culpables”.

Las conferencias matutinas del presidente han recibido críticas de organizaciones que defienden la libertad de prensa por los ataques que realiza López Obrador contra periodistas críticos de su Gobierno, mientras que la oposición lo acusa de usar las ruedas de prensa para esparcir propaganda y desinformación.

Desde junio de 2021, durante la conferencia se presenta la sección ‘¿Quién es quién en las mentiras de la semana?’ donde la encargada Ana Elizabeth García Vilchis arremete contra la prensa nacional, al “desmentir”  noticias que el Gobierno califica como falsas.

La filtración de datos de lo más de 300 reporteros que se han acreditado para cubrir las conferencias matutinas del presidente fue confirmado por la organización Artículo 19.

“Artículo 19 corroboró con diversas fuentes la difusión de datos personales de periodistas en un foro en línea. Esta base de datos recaba presuntamente las acreditaciones de quienes atienden a las conferencias matutinas del @GobiernoMX.”, señaló la organización en su cuenta de X.

De acuerdo con Artículo 19, la difusión de los datos “vulnera no sólo su dignidad e intimidad, sino su seguridad física” de los periodistas. Recordó que México es uno de los países más letales contra la prensa con 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos.

Informó que, hasta el momento, se desconoce el tiempo que esos datos estuvieron disponibles en línea. Artículo 19 urgió a los periodistas que hayan asistido a las conferencias en los últimos años a activar protocolos de seguridad y tomar las debidas precauciones.

Asimismo, instó al Gobierno a aclarar cuáles fueron las medidas que tomó para evitar la vulneración de los datos personales que recolectó “específicamente las medidas contempladas en el sistema de gestión”. También pidió que informara sobre las acciones preventivas para evitar que se cometan daños con la información filtrada y cuáles serán las medidas compensatorias y resarcitorias del hecho.

México tiene una independencia judicial “precaria” y su presupuesto es “un talón de Aquiles” para su correcto funcionamiento, concluyeron dos informes de las organizaciones México Evalúa, Impunidad Cero, Fundación Konrad Adenauer y la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), entre otras.

“Todos estamos conscientes del momento muy delicado para la independencia judicial que estamos viviendo, no solamente en México, sino en también en otras muchas partes del mundo”, advirtió en una conferencia la coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, Laurence Pantin.

“Desde hace unos años observamos una tendencia adversa y, en lugar de que se consolide la independencia judicial, detectamos estrategias para debilitarla”, consideró.

El estudio ‘Independencia judicial, ¿dónde estamos? Un análisis subnacional’ destacó que ninguno de los 32 estados del país alcanza un 50% de independencia judicial, con base en 51 indicadores internacionales retomados para este análisis.

Alejandra Quezada, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, detalló que solo seis entidades mexicanas cumplen con el 40% de los indicadores de independencia judicial: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Puebla.

En contraste, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala fueron los estados cuya normatividad cumple con menos indicadores.

En este sentido, animó a los organismos judiciales de los estados y a legisladores a proponer e incluir los más altos estándares que garanticen la independencia de las instituciones impartidoras de justicia.

Entre los 51 indicadores de referencia internacional, 16 se enfocan en garantías de la independencia institucional, 30 en independencia profesional y cinco en independencia funcional.

Entre estos, destacaron áreas de oportunidad en los mecanismos para nombramientos y destituciones de jueces y magistrados, en el combate a la corrupción, en la protección a la integridad física de los impartidores de justicia y diferencias entre remuneraciones por el mismo trabajo, entre otras.

Pantin también aclaró que, aunque la existencia de una norma no garantiza su cumplimiento, es preferible que las garantías se incorporen en la normatividad al ser un piso mínimo.

Por otro lado, José Antonio Caballero y Juan José Garza, autores del estudio, afirmaron que estos recursos son la principal herramienta para el correcto funcionamiento de la gobernanza la interior del sistema judicial.

Sostuvieron que la independencia judicial también debe garantizar el flujo estable de los recursos para financiar todas las actividades del Poder Judicial, lo que contrasta con lo sucedido en el Congreso recientemente, que aprobó una reducción de más de 360 millones de dólares a lo solicitado por el Poder Judicial para el año entrante.

Todo esto sucede también cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) critica constantemente supuestos privilegios del Poder Judicial, como salarios altos y deficiencias en la impartición de justicia.

Organizaciones de la sociedad civil cerraron filas en torno a Xóchitl Gálvez, quien se convirtió de manera oficial en la responsable del Frente Amplio por México, que llegado el momento será la candidata del bloque opositor en la elección presidencial del 2024.

Integrantes de Unid@s, plataforma que reúne a seis organizaciones civiles, se dijeron satisfechos por la integración de la ciudadanía en los procesos partidistas para elegir a la próxima candidata opositora, que buscará sacar a Morena del poder.

“Hoy tenemos un resultado satisfactorio: organización, equipo y liderazgo. Nos dirigimos hacia el triunfo en 2024”, afirmó Cesar Damián Retes, secretario ejecutivo de Unid@s, quien reiteró su llamado a unir esfuerzos entre sociedad y partidos políticos para alcanzar la transición el próximo año.

Beatriz Pagés, periodista e integrante de Sí por México, afirmó que el involucramiento de las organizaciones civiles “llegó para quedarse”, e indicó que nunca más los partidos políticos impondrán a un candidato que no cuente con el respaldo de la ciudadanía.

“La sociedad civil no va a permitir en el futuro que se le impongan candidatos y que se le margine de su participación”, explicó Pagés.

Asimismo, Francisco Torres, integrante de UNE México, señaló que también se buscará garantizar perfiles que contengan el apoyo unánime de la oposición y la sociedad civil para los más de 20,000 puestos que estarán en disputa en la elección del 2024.

En cuanto a la elección de los más de 600 legisladores de ambas cámaras del Congreso, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, indicó que perseguirán dejar sin la mayoría simple a Morena para que el partido de López Obrador no pueda aprobar ninguna ley sin consenso.

Ana Lucia Medina, de Sociedad Civil México, defendió el proceso de selección para la candidatura presidencial de la oposición ante las críticas de un proceso de simulación, como ha acusado el propio presidente López Obrador.

Recordó que el método fue presentado apenas el pasado 26 de junio por las organizaciones civiles a los partidos políticos, quienes abrieron sus puertas y aceptaron el mecanismo de elección.

Los integrantes de Unid@s, que ha liderado la llamada “marea rosa” para defender a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que si bien el llamado a las urnas de las elecciones internas del Frente opositor en México no se dará, aun así tomarán las calles el próximo domingo.

Invitaron a todos los interesados a manifestar su apoyo a Xóchitl Gálvez, a acudir el próximo domingo a las 10:30 en el Ángel de la Independencia en la capital del país.

De acuerdo a Alejandra Latapí, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, será el domingo 3 de septiembre cuando entregarán la constancia de ganadora del proceso interno a Xóchitl Gálvez.

Amnistía Internacional (AI) y organizaciones civiles pidieron este lunes a las candidatas a la gubernatura del Estado de México, debatir el próximo 25 de mayo sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, que vive una crisis de feminicidios.

“Nos dirigimos a ustedes para solicitarle la celebración de un foro debate presencial el día jueves 25 de mayo con familiares, representantes de nuestras organizaciones, academia, en vistas a dialogar y debatir la situación de alto riesgo que significa ser mujer en el Estado de México”, expuso la carta abierta.

El documento se dirige en particular a la candidata Alejandra del Moral y a Delfina Gómez, quienes se encuentran en campaña rumbo a la elección del próximo 4 de junio.

Las organizaciones exigieron a las candidatas incluir en sus compromisos de campaña “el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, en específico los temas relacionados con feminicidios y la violencia institucional que padecen las familias en su búsqueda por verdad, justicia y reparación”.

“Nos preocupa y convoca la situación de las mujeres y cuerpos feminizados en el Estado de México cuya efecto más drástico son los feminicidios, la cual forma parte de la grave crisis de derechos humanos que azota el país”, agregó la carta.

El texto recordó que la entidad cerró 2022 con el “lamentable” primer lugar a nivel federal en feminicidios, por presuntas víctimas de feminicidio y en investigaciones abiertas por feminicidio.

La cifra suma 409 asesinatos de mujeres, lo que representa que 1 mujer es asesinada cada 24 horas en la entidad. A nivel nacional, matan a 10 al día en promedio.

“Así mismo, en 2022 el Estado de México fue la segunda entidad federativa con más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. En lo que va del 2023, el Estado sigue manteniéndose en los primeros lugares federales en lo que respecta a violencia contra las mujeres”, apuntaron los firmantes.

Ante ello, las asociaciones pidieron que se les convoque y formen parte en la construcción de una agenda de género para el próximo gobierno, y resaltaron que es importante que en los compromiso para afrontar esta problemática se incluyan “las voces de quienes día a día vivimos la violencia y luchamos por un país más justo”.

Esta exigencia forma parte de la campaña #HastaSerEscuchadas que inició el pasado 20 de septiembre de 2021, con la presentación del informe Juicio a la Justicia, en el que AI presentó deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.

La elección de Estado de México destaca porque es el más poblado del país. El PRI nunca lo ha perdido y porque tiene un peso político rumbo a la elección presidencial de 2024 y Morena podría acabar con 100 años de dominio tricolor.

La semana pasada se llevó a cabo el primer debate entre Alejandra del Moral, de la coalición ‘Va por el Estado de México’, y Delfina Gómez, de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’. ¿Cómo le fue a cada una de las candidatas? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitofsky, sobre el encuentro.

Seis organizaciones de la sociedad civil presentaron la organización: UNID@S, a través de la cual buscan impulsar una plataforma electoral común de oposición, que tendrá como eje a la ciudadana, rumbo a la elección presidencial de 2024.

 “Conscientes de la necesidad de la unidad, hemos decidido sumar esfuerzos en torno a una alianza ciudadana que lleva por nombre “Unidos” (…) Somos solo convocantes e invitamos a todos ustedes a unirse a este esfuerzo para construir un país mejor”, expresó Ana Lucía Medina, de la organización Sociedad Civil Mx

Junto a Sociedad Civil Mx, las otras organizaciones que participan en UNID@S son: Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí Por México, Une México y Unidos Por México.

Los voceros de UNID@S precisaron que se realizarán consultas ciudadanas en los próximos meses para presentar la propuesta ciudadana de oposición, lo cual prevén hacer en marzo de 2023.

Se han planteado cinco objetivos

  • Una mayor organización y participación ciudadana.
  • La promoción y la defensa del voto.
  • La “defensa férrea” del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo que organiza las elecciones en México.
  • El diseño de una propuesta ciudadana en programa de gobierno
  • Nuevo acuerdo ciudadano-político.

UNID@S surge como contrapeso al gobierno de Morena que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque según los voceros, la organización se define como apartidista y en pro de las exigencias ciudadanas.

“No podemos esperar a que los políticos y los partidos se pongan de acuerdo para convertirse en los forjadores de un mejor México, del México que queremos y que es posible. Es tiempo de tomar la iniciativa para proponer una nueva visión de país”, comentó en su participación Carla Erika Ureña, de Une México.

Por su parte, el empresario Gustavo de Hoyos, a nombre de Sí por México, destacó que propuestas de las organizaciones que ahora se agrupan han logrado tener impacto en la ciudadanía y movimientos electorales de México anteriormente.

Recordó que, en 2021, durante las elecciones más grandes del país en los últimos años, se logró impulsar la coalición opositora “Va por México”, integrada por el PAN, PRI y PRD, misma que recientemente se fracturó por el apoyo del tricolor a lo que consideran, la militarización de la seguridad por parte del gobierno.

“Logramos animar una gran movilización que contó con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil. Con la alianza se lograron casi 2 millones más de votos que el partido oficial y sus aliados”, dijo el ex dirigente nacional de Coparmex.

También subrayó que la oposición ganó espacios en el Congreso por esta iniciativa al pasar de 164 a 223 escaños en la Cámara baja, arrebatando al bloque oficialista 53 curules.

“Llamamos a los partidos políticos de oposición a que atiendan el mandato ciudadano y que actúen en defensa de nuestra democracia y también llamamos a la sociedad a seguir actuando como contrapeso a los excesos del poder”, añadió.

Carlos Medina, de Unidos X México, señaló que era necesario entender y analizar la última elección presidencial desde “los errores y excesos de gobiernos que no supieron enfrentar con éxito los desafíos del presente”. Sin embargo, dijo que no todo estaba perdido en el pasado, pues México era la decimoquinta potencia económica mundial y se abrieron espacios para la pluralidad política que se han terminado con el actual gobierno.

“Somos también responsables de lo que no se hizo bien y enfrentamos el desafío de corregir el camino. Los últimos cuatro años han estado llenos de decepciones, claudicaciones e historias trágicas”, precisó.

Finalmente, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, presente en el evento, dijo que se busca crear una alianza no solo ciudadana, sino que también puede defender su postura en el Congreso, que represente una alianza electoral y de gobierno.

Apuntó que con una sola candidatura, se le podría ganar a Morena y aliados, siempre y cuando se construya bajouna amplia unidad opositora; que en efecto sea una candidatura única; que haya un método democrático de selección; que se espacio a candidaturas de unidad, en particular para obtener mayoría en el Congreso, y que se concreten los gobiernos de coalición.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó este lunes contra Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes dijo, son organismos que “cuestan mucho y no dan resultados”.

Durante su conferencia matutina, el mandatario lamentó que el trabajo de ambos organismos sea escaso y que, cuando actúan, lo hacen de manera “tendenciosa”.

“Actúan de manera tendenciosa y cuando digo que cuestan mucho es porque ganan en dólares y ni se despeinan. No trabajan y hay que estarles pagando”, recriminó López Obrador.

Las declaraciones de AMLO se dan después de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hiciera público su rechazo y preocupación por la decisión de las autoridades de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa (SEDENA).

López Obrador calificó a Naciones Unidas y la OEA de “alcahuetes” y ha criticado que durante sexenios pasados “no vieron nada”, pero que ahora, con él en la Presidencia, “se les nubla la vista por su conservadurismo”.

Puso como ejemplo dos casos: las acusaciones a Genaro García Luna, cuando la ONY y la OEA “guardaron silencio y no vieron nada” de lo que pasaba en el país. El otro caso, lo que sucede con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. “¿Qué no es un preso de conciencia?, ¿Qué no está preso por ejercer la libertad de expresión?”, reclamó.

Por el contrario, dijo que estos organismos, apoyados por los opositores, se han concentrado en los últimas semanas en acusar que se militarizará al país, cuando anteriormente se usó al Ejército para violar los derechos humanos y nunca se dijo nada.

“Los conservadores y sus militantes son muy hipócritas. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, todo eso se les olvidó. Además muy hipócritas porque antes o se callaban, cuando estaban utilizando al Ejército para reprimir al pueblo o estaban de acuerdo con la violación de los derechos humanos, ahora se les olvida de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”.

En ese sentido se aventuró a decir que ambos organismos se tienen que reformar, pues insistió en que “cuestan mucho y no dan resultados”.

Los asesinatos de periodistas en el país son “un problema de Estado”, reconoció este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

“En México, por sus características y magnitud, se trata de un verdadero problema de Estado”, advirtió el organismo en un posicionamiento.

La CNDH condenó los recientes homicidios del periodista Fredy López, asesinado a tiros la semana pasada a las puertas de su casa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y del fotorreportero Alfredo Cardoso, secuestrado en su domicilio de Acapulco, Guerrero, quien fue torturado y asesinado.

Desde París, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, también se sumó a la condena contra estos dos ataques y “pidió a las autoridades mexicanas que investiguen estos crímenes y lleven a los responsable ante la justicia.

Según Reporteros Sin Fronteras, México encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados, con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis, mientras que en lo que va de 2021, al menos siete periodistas mexicanos han muerto por ejercer su labor.

“De acuerdo con datos disponibles por esta Comisión Nacional, la mayor parte de los asesinatos contra periodistas son cometidos precisamente por el ejercicio de su profesión, e involucran al crimen organizado y a autoridades locales”, expuso la CNDH.

La organización Artículo 19 ha contabilizado en el primer semestre de este año 362 agresiones contra la prensa, en su mayoría intimidaciones y amenazas. Sin referirse a estas cifras, la CNDH reconoció que las agresiones contra la prensa no se limitan a homicidios.

“También tenemos los desplazamientos que la propia violencia o las amenazas generan, que no solo limitan el ejercicio periodístico, sino que afectan la estabilidad de sus familias”, expresó.

Asociaciones internacionales han catalogado a México como uno de los países más peligrosos del mundo que no están en guerra para ejercer el periodismo. El 98% de las agresiones quedan impunes, según Artículo 19.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido críticas de organizaciones internacionales por estigmatizar a la prensa, el gobierno prometió este martes “acabar con la impunidad” de los crímenes contra la prensa.

“En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Gobierno de México trabaja para defender la libertad de expresión y proteger a los comunicadores”, tuiteó Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Finalmente, la CNDH urgió al Estado mexicano, a organismos civiles y sociedad en general, a construir mecanismos eficaces para atacar el problema de fondo, prevenir las agresiones, así como avanzar en la investigación y castigo de los delitos.

Foto: Twitter @article19mex 

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aseguró que la embestida que el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han emprendido en contra de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) es debido a que quiere el monopolio de los apoyos para el Bienestar, con el que busca que todo beneficio social que se entregue en el país debe provenir directamente de él.

“Le gusta el monopolio del poder de los apoyos para el bienestar todo beneficio social debe provenir directamente de su muy personal generosidad aunque los programas se paguen con nuestros impuestos el quiere aparecer como el único y gran benefactor”, dijo a través de un video María Amparo Casar, presidenta de MCCI.}

Explicó que la sociedad civil trabaja fundamentalmente en dos campos: la asistencia a millones de personas en situación de vulnerabilidad que no reciben atención por parte del gobierno, y las que se constituyen como contrapesos social a través de la vigilancia de las acciones del gobierno, entre otras acciones.

Casar afirmó que en todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil necesitan donaciones para su funcionamiento, por lo que las democracias idearon mecanismos para fomentar que las personas físicas y morales pudieran destinar parte de sus ingresos a sostener a las OSC’s.

Sin embargo, denunció que el presidente López Obrador, en lugar de hacer sinergia con las OSC’s, las ha atacado sistemáticamente por todos los flancos posibles: el legal, el reputación y ahora el financiero, esto en referencia a la aprobación de la Miscelánea Fiscal que limita las deducciones al 15% de los ingresos anuales de las personas físicas o el equivalente a cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, que son 163 mil 467 pesos, incluidos gastos médicos, colegiaturas, transporte escolar y donativos a organizaciones civiles.

Rechazó los dichos del presidente, sobre que apoyar a las OSC’s significa no pagar impuestos, ya que el dinero que se dona a la sociedad civil es precisamente deducible de impuestos.

“Qué se oiga claro y fuerte lejos de perder el Estado gana con la labor de las organizaciones de la sociedad civil porque entonces nos preguntamos la embestida el trasfondo de esta ofensiva: es política”, pues explicó, al presidente no le gustan los contrapesos, por lo que ha preferido “estrangular financieramente” a las organizaciones que lo fiscalizan y exhiben los hierros de su política pública.

Y aunque los cambios para los donativos incluidos en la Miscelánea Fiscal 2022 no afectan a las personas morales, es decir a las empresas, la presidenta de MCCI recordó que al presidente tampoco le gusta que los empresarios hagan labor social y que destinen recursos a la sociedad civil. Recordó que AMLO ha dicho que los empresarios no deberían hacer filantropía porque esa es tarea única y exclusiva del gobierno.

La organización ambientalista Greenpeace señaló que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abre la posibilidad de regresar al monopolio estatal en el sector, lo que calificó como un “grave error y un retroceso”.

Tras un análisis de la iniciativa, llevado a cabo por el especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, Pablo Ramírez, la organización criticó el hecho de que corresponda “exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad”.

Esto implica, indica Greenpeace, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica, lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.

El grupo señaló que la modificación puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados, incluidas las personas en sus casas, puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo en el país.

“Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía”, apuntó la organización y afirmó que los proyectos de “generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética”.

Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Congreso frenar la reforma. Indicó que es muy importante que los legisladores lo tomen en cuenta con altura de miras, no solamente como un compromiso político, sino cuáles son las consecuencias importantes para nuestro país si la reforma del presidente avanza.

Por su parte la Asociación Mexicana de Energía (AME), que agrupa a 17 empresas globales de generación eléctrica, advirtió que las modificaciones pondrían en riesgo la posibilidad de que los mexicanos accedan a energía más limpia y a precios más accesibles e incidirán en las inversiones del sector productivo en general afectando la competitividad de la economía nacional.

“Es labor del Poder Ejecutivo y de los Legisladores buscar la mejora de un sistema eléctrico para beneficio de los mexicanos, pero estos procesos se deben realizar respetando los contratos ya establecidos, en los que las empresas generadoras han invertido miles de millones de dólares”, señaló la AME.

Quien también se manifestó al respecto fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que indicó que la iniciativa gubernamental cierra la puerta a la competencia y podría generar desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas.

“La cancelación de los permisos y los contratos existentes vulnerará el Estado de Derecho, impactará en la competitividad y perjudicará las inversiones”, agregando que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE eliminará la competencia y aumentará las ineficiencias del mercado.

La confederación recordó que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las autoridades mexicanas están obligadas a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos.

Recordemos que el presidente López Obrador envió la semana pasada al Congreso su iniciativa de reforma para establecer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54% del mercado de generación en el país, regular contratos con empresas privadas y suprimir los reguladores autónomos. El 46% restante se va a conservar para las empresas particulares para que haya “una auténtica y una verdadera competencia”.

Morena y aliados no cuentan con los votos necesarios para aprobar reformas, por lo que necesitará negociar con la oposición. En Diputados, la bancada de la 4T tiene únicamente 277 votos de los 333 que necesita.

La principal apuesta es obtener esos votos de la bancada priista, que cuenta con 71 votos. Hasta ahora el tricolor ha dicho que dada la importancia del tema se requiere de un profundo análisis y debate público, sin rechazar su apoyo a la propuesta de AMLO como sí lo ha hecho el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.

El PAN y el PRD han manifestado al tricolor su preocupación al no haber cerrado filas en contra de la iniciativa de reforma eléctrica. Recordemos que estos tres partidos se presentaron en las pasadas elecciones en una alianza opositora.

Los partidos pidieron al PRI homologar criterios para mantener la alianza, y no poner en riesgo la viabilidad del bloque opositor.

El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmaron este miércoles el interés de ambas naciones en fomentar el desarrollo de Centroamérica para lograr una “migración ordenada, segura y regular” en la región.

Durante una reunión en Costa Rica, donde ambos funcionarios sostuvieron encuentros con varios de sus homólogos centroamericanos, Ebrard y Blinken abordaron también la cooperación en materia de vacunación contra el COVID-19 y en seguridad, así como los preparativos para la visita de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a México la próxima semana.

Blinken aprovechó para pedir a los países centroamericanos un mayor compromiso democrático y por los derechos humanos, al tiempo que enfatizó en la necesidad de trabajar en conjunto para solucionar los problemas que causan la migración.

El funcionario estadounidense afirmó que al igual que en otras partes del mundo, en Centroamérica se han observado “retrocesos” en principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos. Sin señalar algún país en particular, aseveró que espera de Centroamérica una “renovación del compromiso” de la región hacia la Carta Democrática Interamericana, especialmente en lo referido al respeto a las instituciones, el estado de derecho, a la libertad de prensa, entre otros.

Tras la reunión de cancilleres, que se llevó a cabo a puerta cerrada y sin declaraciones posteriores a la prensa, la Cancillería costarricense emitió un comunicado en el que celebró la realización del encuentro y detalló que se discutieron otros temas como la lucha contra la corrupción, recuperación de la económica verde, entre otros.

“Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA, México y Estados Unidos coincidieron en la importancia de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la transparencia, para la alcanzar la reactivación económica de los países de la región”, señala el comunicado oficial.

Según la información, el secretario Blinken reiteró el ofrecimiento de Estados Unidos de poner a disposición 80 millones de vacunas contra la COVID-19 a nivel global, cuyo plan de distribución se está trabajando con criterios científicos y de equidad, y no políticos.

Adicional, Blinken reiteró que el gobierno de Estados Unidos seguirá destinado recursos a ONG’s de países del triángulo norte, esto debido a los niveles de corrupción gubernamental que se registran.

De acuerdo con el periodista Armando Guzmán, reportero de Washington Insider, durante la conversación, Blinken reafirmó que a Estados Unidos le preocupa la corrupción en los gobiernos y por ello destinará 4 mil millones de ayuda a organizaciones civiles.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que la embajada de Estados Unidos está repartiendo “maíz con gorgojo”.

Al ser consultado sobre si los aparatos de inteligencia deberían de seguir las actividades de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por sus esfuerzos por “desestabilizar” la situación política del país, el presidente dijo que aunque está mal que se siga financiando a estas organizaciones, no se utilizará a organismos de inteligencia del gobierno federal para espiar a sus adversarios.

López Obrador aseguró que en México no se limita la libertad de expresión, además de que no se censura a nadie.

“Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos, o sea que la Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo”, expreso el mandatario.

El lunes pasado, AMLO lamentó que el gobierno de EUA no haya respondido a la nota diplomática que envío sobre el asunto.

“Eso es indebido, el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales. Nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre, soberano, no tienen por qué hacerlo”, dijo en su momento el mandatario.

El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una “amenaza” para la independencia judicial en el país por su intento de “asalto al a justicia”, esto en relación a lo aprobado por Morena en Senado respecto a la reforma al Poder Judicial, y la ampliación del periodo del ministro presidente Arturo Zaldívar.

“AMLO amenaza la independencia judicial en México. El jueves senadores del partido oficialista Morena aprobaron un proyecto de ley para extender por dos años el mandato del presidente de la Corte Suprema. El proyecto, que aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, viola el Artículo 97 párrafo 4 de la Constitución”, señaló Vivanco en una serie de mensajes a través de Twitter.

El responsable de HRW para las Américas indicó que al extenderle el mandato del presidente de la Suprema Corte, López Obrador, quien tiene mayoría en el Senado, se asegura una mayoría de 4 de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura.

Explicó que la situación resulta preocupante pues con 4 votos se pueden tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el retiro forzoso de jueces. “Con un voto más, AMLO tendría una mayoría calificada de 5 jueces que le permitirá nombrar, sancionar y remover jueces”, advirtió.

Recordó que en recientes semanas, AMLO intentó sancionar a un juez por fallar en su contra, en referencia al caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la reforma eléctrica que el propio López Obrador impulsó.

Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo a la ampliación del periodo de Zaldívar al frente de la SCJN, que a su vez también implica permanecer al frente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Quien también se pronunció al respecto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); expresó su preocupación por el artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobaron los Senadores, pues dijo, al ampliar el mandato del actual presidente de la SCJN y de los Consejeros del CJF, se viola el plazo constitucional que se marca para dichos encargos.

“La CIDH llama a México a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la SCJN y la CJF se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos”.

El coordinador de proceso parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, también se posicionó al respecto; en un mensaje de Twitter aseguró que la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte “no podrá transitar” ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente López Obrador.

 

Esta noche, durante las Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se aprobó conceder el registro como partido político a la organización Encuentro Solidario. Se negó el registro a  México Libre.

En el anteproyecto que se aprobó ayer, se había indicado que las dos organizaciones habían cumplido con los requisitos y verificaciones necesarias para convertirse en partido.

Sin embargo, México Libre se quedó a un paso, debido a temas fiscalización, y financiamiento (donaciones), así como a que había irregularidades pendientes de resolver.

De las otras organización que presentaron su solicitud, (Grupo Social Promotor de México y Redes Sociales Progresistas) incurrieron en la participación sistemática de agremiados a un sindicato en funciones. Tres ( Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México, Súmate a Nosotros) dejaron de cumplir con el número mínimo de asambleas requeridas debido a que se acreditó la promesa u otorgamiento de dádivas al 50% o más de los asistentes válidos a una asamblea, además de que se acreditó la aportación de personas no identificadas para la celebración de asambleas. Finalmente, una (Fundación Alternativa), no cumplió con el número de asambleas requeridas.

Así, los consejeros del INE confirmaron esta noche que solo el Partido Encuentro Solidario (antes PES), podría obtener su registro como partido.

Con seis votos a favor y cinco en contra, Encuentro Solidario logró el registro como nuevo partido político.

En cuanto a México Libre, la votación quedó con siete votos en contra de conceder el registro, contra cuatro que lo respaldaron.

Tras haber obtenido su registro como partido político, Encuentro Solidario estaría recibiendo cerca de 168 millones de pesos de financiamiento público, correspondiente a sus actividades ordinarias y campañas electorales.

De acuerdo con un cálculo realizado por El Financiero, el nuevo partido recibiría para 2021 un financiamiento público ordinario equivalente a 105 millones 019 mil 042 pesos. De financiamiento para campaña, el partido obtendrá 63 millones 011 mil 425 pesos.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó los proyectos de resolución sobre las solicitudes de registro como partidos políticos nacionales presentadas por siete organizaciones.

De los siete registro, la Comisión determinó que eran procedentes dos: México Libre y Encuentro Solidario. Cinco solicitudes fueron marcadas como improcedentes.

El INE recordó que para obtener su registro como partido político, las organizaciones de ciudadanos debieron celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales, en las que participaran 3,000 afiliados por entidad o 300 por distrito electoral, además de contar con un número de afiliados igual o superior al 0.26% del Padrón Electoral Federal utilizado en la última elección federal ordinaria, equivalente 233,945 personas.

Durante la sesión, la Comisión de Prerrogativas determinó diversos criterios con base en los cuales se propone otorgar o negar el registro como partido político nacional a las organizaciones, entre los que destacan:

  • Dádivas. En los casos en que se acreditó la promesa u otorgamiento de dádivas al 50% o más de los asistentes válidos a una asamblea entrevistados por el INE, se invalidó tanto la asamblea como las afiliaciones realizadas en la misma.
  • Participación de ministros de culto. En los casos en que se acreditó que ministros de culto participaron en el proceso de formación de un partido político en funciones de organización, representación, afiliación o bien aportando recursos, se aprobó invalidar esas asambleas, así como a las personas que pudieron haber afiliado.
  • Fiscalización. En los casos en que se acreditó la aportación de personas no identificadas para la celebración de asambleas con recursos equivalentes al 20% o más del costo promedio se invalidó la asamblea en cuestión junto con las afiliaciones registradas en ese evento.
  • Intervención gremial. La participación sistemática de agremiados a un sindicato en funciones de organización, representación, afiliación o bien aportando recursos se consideró un elemento adicional para negar el registro.

Una vez aplicados dichos criterios, se indicó que únicamente procedía el registro de dos organizaciones como partido político: Partido Encuentro Solidario (PES),  y México Libre.

El Partido Encuentro Solidario (PES) está vinculado a lo que era el Partido Encuentro Social, que perdió su registro a nivel nacional en la pasada elección federal. México Libre es la organización fundada por la excandidata presidencial Margarita Zavala y por el expresidente Felipe Calderón

“Una vez recibidas las solicitudes de registro quedó en manos del Instituto garantizar la validez de la información proporcionada por cada organización, para asegurar que, si hay nuevos partidos políticos, es porque así lo decidió la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político-electorales de asociación”, afirmó el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados.

Se precisó que personal del INE certificó las más de 3 mil asambleas realizadas por las organizaciones participante, lo que implicó el registro de alrededor de 1.4 millones de asistentes.

Para la verificación de asambleas, explicó Ballados, la Dirección a su cargo realizó la revisión minuciosa de las 1,364 actas por medio de las que el personal de las 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales certificaron cada una de las asambleas celebradas por las siete organizaciones que presentaron solicitud de registro.

Añadieron que durante el proceso de construcción de nuevos partidos políticos, se recibieron más de 1.8 millones registros de afiliación a través de la APP desarrollada por el Instituto, mismos que fueron revisados y clasificados de manera exhaustiva por personal del INE.

Finalmente, para la verificación de intervención de organizaciones gremiales de otras con objeto social diferente a la formación de partidos políticos nacionales, se realizó el cruce de información entre las personas afiliadas a las organizaciones con padrones de organizaciones gremiales y ministros de culto y asociaciones religiosas.

Se detectó la intervención de padrones gremiales de: CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), y del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación); así como de ministros de culto y representantes de asociaciones religiosas.

Será este viernes cuando los proyectos sean aprobados por el Consejo General del INE, quien determinará finalmente si procede o no, el registro de nuevos partidos políticos.

Luego de que esta mañana se difundiera en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una tabla con supuestas aportaciones que hicieran fundaciones internacionales a diversas organizaciones mexicanas para “oponerse” al Tren Maya, algunas de éstas salieron a aclarar el tema.

La directora de México Evalúa, organización que fue señalada de recibir 85 mil dólares de de la Fundación por la Democracia, Edna Jaime, indicó a través de sus redes sociales que la información presentada por el presidente no es veraz..

Indicó que México Evalía recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, más no al Tren Maya.

“No ‘nos oponemos’ a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país”, enfatizó Jaime.

Añadió que la organización trabaja con datos, evidencia, estadística y hechos. En lugar de ‘oponerse’, proponen para que el dinero público se use con honestidad, remató.

Por su parte Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) quien fue señala por el gobierno federal de recibir fondos para oponerse al Tren Maya, 220 mil dólares de la Fundación Ford y de la Fundación del Departamento de Estado otros 90 mil dólares y 25 mil dólares de la Fundación Rockefeller, también dijo que la información es falsa.

Sin embargo, no dio más detalles o aclaración al respecto.

Daniel Moreno, director de Animal Político, utilizó sus redes sociales para aclarar el señalamiento. Dijo que por segunda ocasión, el gobierno federal difunde información falsa sobre el medio.

“En ninguna de las dos ocasiones, ni en la Presidencia ni su vocero @JesusRCuevas  nos han buscando para confirmar la información y conocer nuestra versión. Espero que ahora, a diferencia de la primera vez, ocupen la misma tribuna de la mañanera para aclarar la mentira de hoy”, dijo el periodista.
Relató que desde 2016, Editorial Animal ha recibido financiamiento para la realización de diversos proyectos  editoriales y de investigación por parte de diversas fundaciones, como Ford y Kellogg, cuyos recursos sirvieron, por ejemplo, para financiar proyectos como ‘Verificado2018’, la sección ‘México Desigual’ o reportajes como ‘Matar en México’, además de que se han invertido en pagar salarios de periodistas, fotógrafos y diseñadores.
Indicó que los proyectos en que se ha utilizado el dinero de dichas fundaciones, nada que ver con el Tren Maya, además de que según el documento presentado, reciben financiamiento desde 2016, cuando ni siquiera existía el proyecto de la 4T.
“Animal Político no recibe financiamiento condicionado a alabar o criticar ningún programa público. Incluso, ni siquiera hemos publicado algún reportaje amplio sobre el Tren Maya. Lamentamos profundamente que el Presidente insinúe que existe algo irregular, sin pruebas. Lamentamos también que el Presidente use las mañaneras para acusar, sin investigar antes”.
Moreno aclaró que la Fundación Kellogg no tiene relación con la compañía de cereales, tal como lo dijo Jesús Ramírez en la mañanera.
Kellogg es una fundación vinculada a la empresa trasnacional Kellogg (…) vende Corn Flakes y algunos tipos de alimentos de la mañana, Frutti Lupis y demás”.

Si bien e Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura (CCMS) no emitió un posicionamiento, ha retuiteado mensajes como el del periodista Alfredo Lecona, en el que asegura que lo exhibido esta mañana