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Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mensaje a medios.

Desde el plantón que mantiene afuera del Campo Militar 1, reiteraron su exigencia al Gobierno federal para que sea entregada la información que, aseguran, tiene el Ejército y que ayudará a seguir con la investigación.

“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.

Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch.

Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, la polémica versión con la que el gobierno de Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.

Además, denunciaron que el exprocurador Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden directa de Peña Nieto.

“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.

Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.

Los padres anunciaron el levantamiento del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.

Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente en su aspiración presidencial en 2018, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana que el Ejército “ha entregado toda la información” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto luego de su reunión con los padres, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas.

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, afirmó el mandatario.

Ayer el mandatario se reunió con los familiares de los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en el que los padres le exigieron que deje de encubrir al Ejército porque, según ellos, faltan documentos sobre el caso.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó a la salida de la reunión que “el presidente ha protegido mucho al Ejército desde hace tiempo”. López Obrador defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, aunque prometió una revisión.

“Ellos sostienen eso, pero la Defensa sostiene que ya entregó toda la información, y lo que estoy planteando desde ayer es una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía. O, en efecto, faltaba entregar otra información, o ya no hay más”, explicó.

El encuentro llegó a días de que se cumpla el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla su promesa de aclarar el caso y conocer el paradero de los normalistas, antes de que termine su mandato, el 1 de octubre de 2024.

“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto, y por eso quería también la reunión ayer con ellos, para informarles, y quiero entregarles el lunes a cada uno, cada madre y cada padre, un expediente”, añadió.

Y es que explicó que luego del encuentro de ayer, se acordó volverse a reunir el próximo lunes donde darán respuesta a los planteamientos que hicieron ayer. Aclaró que no estará presente en la nueva reunión pues tiene “otras cosas” que atender.

El mandatario prometió que la Secretaría de Gobernación entregará “un acopio” de lo que se ha entregado “para no seguir ahondando diferencias” con los padres y “para que no haya desinformación”. Se comprometió a que los documentos no están “testados o con renglones tachados”.

Cuestionado sobre si se dará a conocer la información que se intercambie con los familiares, López Obrador dijo que una vez que lo tengan, los padres serán libres de hacerlo público.

AMLO argumentó que “esto no es nada más un asunto social, profundamente humanitario”, pues recordó que sus “adversarios” han usado el tema para “dañar” a su Gobierno.

“No queremos que estos falsarios, pseudodefensores de derechos humanos, estén utilizando este lamentable asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército”, defendió una vez el presidente.

López Obrador defendió los resultados al señalar que hay decenas de militares detenidos, incluyendo dos generales. En ese sentido, se revelaron dos cartas dirigidas al titular de Sedena, donde se le instruye procesar a elementos del Ejército involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.

Recordemos que la Comisión de la Verdad, creada por el actual gobierno, concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, desmintiendo así la llamada Verdad Histórica de la administración pasada.

El gobierno federal anunció este jueves que se realizará una tercera autopsia al cadáver Debanhi Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna de un motel de Nuevo León, debido a las diferencias que existen entre la necropsia oficial, que sugería la posibilidad de un accidente, y una que se realizó a petición de la familia que concluyó que fue agredida sexualmente y asesinada.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, indicó durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, que una comisión especial había decidido hacer un “tercer dictamen” para unificar criterios y esclarecer la muerte de la joven.

“En la reunión de ayer hubo una anuencia para buscar una tercera opinión, un tercer dictamen para robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente la causa de la muerte de Debanhi”, adelantó el funcionario.

Debanhi Escobar fue vista por última vez con vida la madrugada del 9 de abril cuando un taxista la dejó en una carretera cerca de Monterrey. Una foto tomada esa noche se hizo viral.

El hallazgo de su cuerpo en la cisterna dos semanas después de su desaparición, y las irregularidades en la búsqueda e investigación denunciadas por la familia hicieron que el caso acaparara gran atención y provocará la intervención del gobierno federal.

La autopsia de las autoridades del estado de Nuevo León no mencionaba agresión sexual alguna; decía que la causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza y dejaba abierta la posibilidad de un accidente al indicar que la joven se había puesto de pie dentro del depósito, además de que señalaba que no tenía agua en sus pulmones.

Mejía Berdeja confirmó que la segunda necropsia, pedida por la familia a peritos independientes, sí habla de una agresión sexual y agregó que indica otra causa de muerte que no detalló. Sin embargo, el padre de la joven, Mario Escobar, insistió en que su hija había sido asesinada.

Desde antes de conocerse la discrepancia entre las autopsias, la fiscalía de Nuevo León separó a dos funcionarios a los que investiga por errores y omisiones.

Se detalló que la nueva autopsia se realizará en la Ciudad de México y contará con la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Fiscalía de Feminicidios de Nuevo León.

Familiares de niños con cáncer preparan una gran manifestación el próximo sábado que, han anunciado, recorrerá el primer cuadro de la Ciudad de México, y con la que buscan exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantizar el abastecimiento de medicamentos oncológicos tras tres años de escasez.

“Lo único que hemos encontrado son descalificaciones de la actual Administración. No vamos a permitir que más niños sigan perdiendo la vida”, dijo la abogada Andrea Rocha, quien representa a 220 padres y madres de niños con cáncer.

Diversas organizaciones como el Movimiento Nacional por la Salud marcharán junto a familiares de niños con cáncer desde el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma, y que planea llegar hasta la plancha del Zócalo capitalino.

A la marcha acudirán padres y madres de diferentes estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Chiapas, dijo Rocha.

Los manifestantes llevarán al Palacio Nacional una petición para que el gobierno exhiba los contratos de compras de medicamentos oncológicos y el presupuesto para su adquisición. “Los papás y mamás están cansados de llegar a reuniones con el gobierno y que les muestren gráficas pero los medicamentos no lleguen a las clínicas”, dijo la abogada.

Y es que la crisis por el desabastecimiento de medicamentos oncológicos se agudizó en 2019 tras la llegada al poder de López Obrador, cuyo gobierno modificó los métodos de adquisición de medicamentos para combatir la corrupción y los monopolios farmacéuticos, y además hizo recortes presupuestarios.

López Obrador ha atribuido en varias ocasiones la falta de medicinas para niños con cáncer a un sabotaje de las farmacéuticas y ha culpado a los gestores de los hospitales de que las medicinas no lleguen a los pacientes.

El gobierno anunció el pasado 1 de julio que distribuyó 30,000 unidades de medicamentos oncológicos después de varias manifestaciones de familiares que bloquearon el acceso del aeropuerto capitalino.

Recordemos que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó a las familias de politizar el desbasto y dijo que la derecha usa el movimiento para promover un “golpe de Estado”.

Foto: Twitter @EsTendenciaHoy

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que ha identificado a más de 3,900 menores migrantes separados de sus padres en la frontera con nuestro país durante el tiempo que estuvo vigente la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump.

Las autoridades proporcionaron uno de los conteos más detallados en un capítulo de la historia migratoria estadounidense que fue condenado de manera generalizada.

El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del gobierno de Joe Biden, señala 3,913 menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump; esta cifra está muy por debajo de los más de 5,500 identificados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en documentos judiciales, basándose en información gubernamental.

El grupo de trabajo dijo que identificó a “casi todos” los menores que fueron separados con base en esa política, pero que revisará otros 1,723 casos desde julio de 2017, lo que podría elevar el número total de expedientes examinados a 5,636, cifra que podría coincidir con el conteo de la ACLU.

La discrepancia parece radicar principalmente en el fallo de una corte federal en San Diego, que excluyó a 1,723 niños que fueron apartados por otros motivos, como el riesgo de que estuvieran en peligro o de que hubiera dudas sobre paternidad.

Las autoridades también tratarán de determinar si hubo separaciones familiares durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, a partir de enero de 2017, algo que está fuera de la demanda de la ACLU. Esto podría elevar también la cifra final.

De los 3,913 menores, 1,786 han regresado con uno de sus padres, en su mayoría durante la presidencia de Trump; se ha contactado con los padres de otros 1,695, y se desconoce el paradero de 391 más. Muchos de los contactados fueron entregados a otros familiares.

Recordemos que el gobierno de Biden se ha comprometido a reunir a los padres e hijos que siguen separados, pero el ritmo de las reunificaciones ha sido lento y no está claro cuántas se realizarán. Los primeros cuatro progenitores regresaron a Estados Unidos el mes pasado, dentro de lo que el grupo de trabajo identificó como un grupo inicial de 62 personas: 28 de Guatemala, 20 de Honduras, 13 de El Salvador y uno de México. Los funcionarios del gobierno federal dicen que 29 de los 62 han recibido la autorización final para regresar a Estados Unidos, lo que debería ocurrir después de que se hagan los arreglos de viaje.

El reporte proporcionó datos inéditos: cerca del 60% de los menores separados con base en la política migratoria del anterior gobierno eran guatemaltecos (2,270), seguidos de hondureños (1,150), salvadoreños (281), mexicanos (75), brasileños (74) y rumanos (23).

La Patrulla Fronteriza del sector de Yuma, en Arizona, registró el mayor número de separaciones de entre los nueve sectores de la frontera con México, con 1,114 casos. El Rio Grande Valley, en Texas, que atrajo la atención de los medios al tratarse del corredor más empleado para cruces ilegales, fue el segundo punto con 1,025 casos. El Paso, Texas, donde se llevó a cabo un ensayo de la política en 2017 que no se hizo público en su día, fue el tercero con 982 casos.

Un grupo de papás de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su omisión e inactividad ante el desabastecimiento de medicamentos oncológicos.

Andrea Rocha, abogada de los familiares, explicó que la denuncia contra la presidenta de la CNDH se debe a que no ha dado ningún pronunciamiento sobre la falta de medicamentos para los niños. Acusó que “la señora no ha hecho su trabajo o emitido ningún lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer”, apuntó.

Explicó que en este año se han presentado 552 quejas ante el organismo por la falta de medicamentos.

Israel Rivas, vocero de los padres de familia, manifestó que Piedra Ibarra más allá de brindar apoyo para que los pequeños tengan sus medicamentos garantizados, destituyó al primer visitador quien, en su momento, prometió iniciar una queja de oficio ante la secretaria de salud para resolver esta problemática.

Aseguró que en el tema es evidente que no hay voluntad política, “hay abandono”. Añadió que en los últimos dos años, donde se ha vivido una fuerte escasez de medicamentos oncológicos, cerca de 1,600 niños con cáncer en el país han perdido la vida. “A dos años del desabasto, a esto yo lo llamo intencional”, indicó.

Esta es la quinta denuncia que presentan los padres de familia de pequeños con cáncer, una por homicidio, otra por el robo de medicamentos oncológicos, una más por el supuesto desvío de los 500 millones de pesos obtenidos por la rifa simbólica del avión presidencial y una cuarta por la pérdida de la vista de un pequeño debido al desabastecimiento.

Israel Rivas señaló que en próximos días pedirán al gobierno mexicano que los niños con cáncer sean grupo de prioridad para ser vacunados contra el Covid-19, pues considera están en riesgo de infección y muerte.  Señaló que en el plan de vacunación no están contemplados los pequeños con tratamientos oncológicos por lo que aseveró que, de no dar prioridad a sus hijos, tomarán acciones al respecto.

Recordemos que la crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante el incremento de quejas sobre los cobros de colegiaturas por parte de escuelas privadas, pese a que no estar impartiendo clases presenciales debido a la contingencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) invitó a los padres y a las instituciones a buscar acuerdos en beneficios de todos.

La dependencia indicó que tal como lo ha dicho la Profeco, la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera al consumidor (padres de familia o tutores) de sus obligaciones de pago, ya que puntualizó, no reciben clases debido a una causa de fuerza mayor.

La SEP invitó a escuelas particulares, con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), a entablar un diálogo con madres, padres y tutores con el objeto de conciliar el pago por la prestación de sus servicios.

Pidió a ambas partes tener un acercamiento para acordar los pagos de inscripciones, reinscripciones, colegiaturas y demás conceptos, considerando que la pandemia del Covid-19 afecta a todas las familias, pero también a las escuelas y al personal académico.

“Es imprescindible que todos sean solidarios”, indicó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, quien exhortó a conciliar, en favor de los alumnos, maestros y propietarios de tales instituciones educativas.

La Secretaría indicó que cuando hay alguna controversia, se puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, quien en días pasados expresó que es conveniente, que las escuelas y los padres de familia o alumnos, puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos.

Algunas de las opciones que ha mencionado la Profeco son: parcialización de pagos, meses sin intereses, cuota reducida, entre otras.

La Profeco ha señalado que se debe tratar el tema escuela por escuela, incluso atender situaciones de alumnos en lo particular.

Foto: Twitter  @mbuciom

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso de seguir trabajando para resolver el caso Ayotzinapa, esto al reunirse este viernes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En encuentro se da luego de la reciente identificación de los restos de uno de los jóvenes que se encontraron en la Barranca de la Carnicería en Cocula, Guerrero.

“El presidente se comprometió a continuar con la investigación, la cual debe estar hasta esclarecer (el paradero) de todos los estudiantes”, dijo a medios Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres al salir del encuentro en Palacio Nacional.

Ortega comentó que el presidente “ratificó su compromiso” con el caso, por lo que se dará seguimiento a las nuevas líneas de investigación. “El Gobierno está en disposición de avanzar en la investigación”, añadió.

“(El anuncio) nos da la esperanza de que haya un esclarecimiento del caso, este es el inicio de la nueva investigación, nos dijo el presidente y como padres vemos una ruta, y confiamos que hay que seguir”, expuso Ortega.

Durante su reunión, López Obrador reiteró a los padres de Christian Alfonso y al resto de los familiares de los estudiantes que el caso no quedará impune y habrá justicia.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado martes que logró la plena identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, con base en los restos óseos hallados en Cocula.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que lo que sigue en el caso de Christian, es que los culpables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia. Además de que “existen más detenciones que realizar, más búsquedas que llevar a cabo, hay muchos pendientes todavía”.

Recordemos que hace 10 días, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios por su presunta relación con la desaparición de los normalistas. Además, se detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.

El gobierno de México invirtió más de 91 millones de pesos en la compra de medicamentos oncológicos, informó esta mañana el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

En conferencia de prensa, señaló que hasta el momento se han adquirido más de 542 mil 677 piezas de medicamentos. La compra, realizada a través de la Secretaría de Marina, fue importada de España, Argentina, Francia, India y Estados Unidos.

Indicó que la compra de medicamentos representó un ahorro del 5%, en comparación con los precios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018.

Explicó que la escasez nacional se debió a que falló el abastecimiento de medicamentos por parte de un empresa privada, que por casi una década se encargó de proveerlos.

“Falló la provisión de estos medicamentos porque el proveedor privado de los últimos 10 años dejó de comprometerse con la entrega”, mencionó el subsecretario.

Agregó que el abastecimiento se dificultó aún más debido a que sólo dos empresas a nivel mundial, ubicadas en China e India, concentraban la producción de este tipo de medicamentos.

Finalmente, destacó que las medicinas adquiridas han sido sometidas a revisiones por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Ante lo informado por el subsecretario, el vocero de los padres de niños con cáncer, Israel Rivas, emitió un posicionamiento y preguntó si “valió la pena arriesgar la vida de nuestros hijos por un ahorro del 5 por ciento”.

Sobre la llegada de los medicamentos oncológicos, preguntó donde se encuentran, dónde están las cartas de recepción de los hospitales. Incluso dijo que por responsabilidad de la vida de los menores, “queremos hacerles pruebas de calidad y eficacia”.

En otro tema, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informo sobre el lanzamiento de un curso en línea para que la población en general, las empresas y el sector salud aprendan sobre el coronavirus.

El funcionario indicó que el objetivo es brindar los elementos que permitan comprender qué es el Covid-19 y cómo limitar su propagación y contagio, haciendo un énfasis en los cuidados de las empresas e industrias.

López-Gatell refirió que hasta el momento el coronavirus no está en circulación en el país y se mantienen confirmado los siete casos, por lo que pidió a la población mantenerse informada.

En más temas del sector, se informó que a través del programa IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para atender abastecimiento de vacunas y medicamentos en comunidades de menos de 500 habitantes en el país.

Gisela Lara Saldaña, titular del programa, dijo que con la firma del convenio también se podrá pagar a personal de brigadas y unidades móviles, conformadas por alrededor de 318 mil 747 personas.

Señaló que a través de este programa se atiende a 12.3 millones de mexicanos, de los cuales 4.5 viven en comunidades indígenas. Aproximadamente, poco más de 20 mil médicos son los responsables de atenderlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que existen los medicamentos necesarios para atender a niños y niñas que padecen cáncer, y denunció que lo que sucede es que en algunos hospitales se están negando a administrarlos,.

Ante dicha situación, adelantó que habrá un “plan de emergencia” para dar la atención y que los medicamentos se garanticen, esto luego de que padres y madres de niños con cáncer se manifestaran ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para denunciar el desabasto.

“Vamos a hacer un plan de emergencia, incluso haría un llamado a hospitales privados para que se atienda a niños y niñas. Lo importante es que se suministren los medicamentos porque se trata de la vida de los niños”, expresó.

Incluso dijo que habrá los medicamentos necesarios, así se tengan que comprar en otros países del mundo. “Se molestaron mucho estos ambiciosos, tocarles la bolsa fue un agravio, pero también la parte ideológica, ¿cómo que gratuidad?”, dijo el presidente.

A su vez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la incidencia de cáncer infantil en México es de 7 mil casos al año, la mitad de ellos son leucemias y la mitad de estos casos se atienden en dos hospitales.

Si bien dejó en claro que los pequeños pacientes no son considerados como números, por la experiencia de dolor que enfrentan, el funcionario de la Secretaría de Salud pidió dimensionar el problema. “Expresamos nuestra solidaridad, pero sí debemos tener claridad, en el total de casos”, indicó.

Dijo que el mercado para crear los medicamentos para niños con cáncer está muy concentrando, incluso a nivel internacional donde sólo dos empresas lo producen, pese a esto decidieron encontrar la medicina y desde la mitad de 2019 el Gobierno de México logró el abasto.

Afirmó que la decisión de buscar la medicina fuera del país fue porque una empresa ha mantenido chantaje para abastecer al gobierno, mientras que el presidente López Obrador aseguró que es la empresa farmacéutica PISA la que ha buscado presionar a la administración.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la cancelación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles y la publicación del Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), constituyen una medida regresiva con la que se violan diversos derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias de los centros de cuidado y atención integral infantil.

El organismo sostuvo que tales medidas no solo violan los derechos humanos de niñas, niños, sino también el de las madres, padres, responsables y trabajadoras, usuarios y beneficiarios del extinto Programa de Estancias Infantiles.

Por ello, emitió una “recomendación” a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), así como a autoridades que participaron en el proceso para la emisión del nuevo programa.

Aclaró que la recomendación emitida a las autoridades involucradas, no pretende inhibir la implementación de medidas de austeridad y control presupuestal, o la investigación de cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos, pero sí que se ejecuten sin vulnerar los derechos de niñas, niños, mujeres, y padres.

La CNDH recomendó a la Secretaría de Bienestar se establezca un mecanismo que restituya aquellos derechos violados de niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, y establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Ello implica actualizar el padrón de niñas y niños beneficiarios del entonces Programa de Estancias Infantiles hasta febrero de 2019, y pagar retroactivamente a las estancias infantiles los subsidios conforme ese registro.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le recomendó, entre otras cosas, generar acciones que permitan verificar que los anteproyectos de Reglas de Operación que presenten las dependencias de la Administración Pública Federal se encuentren expresamente establecidos en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda y cumplan los requisitos señalados en la normatividad aplicable.

En cuanto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, deberá garantizar la transparencia y la mejora regulatoria de los anteproyectos de reglas de operación de los programas de desarrollo social. En el marco de las facultades, el Sistema DIF Nacional deberá coordinar la supervisión y vigilancia de las estancias infantiles, los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil para garantizar la seguridad e integridad de las y los usuarios.

Las medidas que el gobierno ha implementado para entregar los apoyos de manera directa a los ciudadanos, alcanzaron a las escuelas públicas.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que además de los cambios con la nueva reforma constitucional en materia de educación, están proponiendo un programa para atender la necesidad de construir aulas, de reparar planteles educativos, de darle mantenimiento a las escuelas en todo el país.

“Queremos que en cada escuela se constituyan comités con la participación de padres de familia y de maestros, como las anteriores sociedades de alumnos, pero queremos que se vayan creando comités en cada escuela”, explicó el mandatario.

Indicó que se plantea que en los comités participen los padres, las madres de familia, los maestros, los estudiantes a partir del cuarto grado, y que se establezca un comité por escuela.

Con los comités, de acuerdo al número de estudiantes y a las necesidades, se transferirán los recursos directamente desde la Tesorería de la Federación, para mejorar las instalaciones y para el mantenimiento.

“Una orden de pago trimestral, semestral con un presupuesto. Que ya no pase el presupuesto por instancias gubernamentales, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales, ni de los gobiernos municipales”, detalló AMLO.

El mandatario señaló que ya se está analizando esa propuesta, pues se necesitan crear cerca de 300 mil comités por el número de escuelas que hay en el país.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, demanda que fue impulsada por diversos grupos de la sociedad civil, y que contendrá información de padres deudores y acreedores de pensiones alimenticias para sus hijos menores de edad.

El Pleno lo aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 425 votos, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El documento reforma y agrega diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se indica que el objeto del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias “es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

El Registro será operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y contará con un plazo de 300 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para su implementación.

Señala que los tribunales superiores estatales suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, en el ámbito de sus competencias.

Establece que la calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro, el cual será público con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Uno de los puntos que más llaman la atención, es que las autoridades federales tomarán las medidas de restricción migratoria necesarias, para que ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias pueda salir del país cuando: sea deudor alimentario moroso y cuando existan medios de prueba que permitan al juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como medio de evasión de pago.

 

Foto: Twitter @clubjuridico

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma a la Ley del Seguro Social para garantizar que no haya discriminación hacia los trabajadores, por condición de género o estado civil, en el acceso a los servicios de guardería.

El Pleno aprobó el dictamen en lo general, con 439 votos a favor, para posteriormente aprobarlo en lo particular con 372 votos en pro, 49 en contra y cero abstenciones.

El dictamen suprime los términos “mujer trabajadora”, “trabajador viudo o divorciado”, “madres aseguradas”, “los que conserven la custodia de sus hijos mientras no contraigan matrimonio o se unan en concubinato”, para sustituirlos por el concepto de “personas trabajadoras aseguradas”.

La Comisión de Seguridad Social, que elaboró el documento, apuntó que la redacción actual de la Ley restringe el derecho al servicio de guarderías por condición de género, con lo cual se violentan los derechos de la niñez, el interés superior de niñas y niños, así como la protección y bienestar de los trabajadores y sus familias.

“El servicio de guardería fue integrado a la Ley del Seguro Social para que la mujer pudiera acceder con facilidad a la vida económica y laboral, pero en la actualidad, los roles del cuidado y desarrollo del menor no son tarea exclusiva de ellas”, indicaron los legisladores en el dictamen.

El documento, que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tiene un diagnóstico y los resultados del censo sobre el programa de estancias infantiles en el país, espacios que, aclaró, no desaparecerán, aunque dejó claro que se pondrán en orden.

“Y así se quedó en el imaginario colectivo, de que se cancelaban las estancias infantiles, cosa que no es cierto, pero una mentira que se dice muchas veces, puede convertirse en verdad, eso decía Goebbels, el propagandista de Hitler”, dijo el mandatario.

Tras aseverar que este tema generó polémica pues “se llegó a mencionar de manera reiterada, como ‘campaña’, que estábamos cancelando las estancias infantiles”, el mandatario federal refrendó que eso no es cierto, pues solo se entregarán los recursos de manera directa a los padres de familia.

Reconoció que no todos los que manejaban el programa lo hacían mal, “no se puede generalizar”, pues había personas que actuaban de manera correcta, con integridad, sin embargo, se tiene que corregir “y no podemos hacer excepciones, nos llevaría más tiempo”.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador refirió que la información obtenida sobre el tema se enviará al Instituto Nacional de Transparencia con el objetivo de garantizar transparencia en este tema y que pueda ser consultada por quien lo desee, desde padres de familia hasta legisladores.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la administración encontró irregularidades en los informes de las estancias infantiles operadas por la que era la Secretaría de Desarrollo Social.

“Ya se hizo la revisión, el análisis y son 300 mil niños los inscritos en las estancias. Se encontró que hay informes adulterados, que no son en todos los casos, de los niños que se registran y otro tipo de irregularidades”, explicó.

El mandatario respondió a los comentarios hechos el miércoles por Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, sobre que el apoyo que será entregado de forma directa a los padres de familia podría ser entregado a las estancias infantiles o a los abuelos.

“La decisión es entregarle a los papás de los niños el apoyo. Se les van a entregar mil 600 pesos cada dos meses por cada niño. Si esa familia dice ‘con esto yo puedo encargarle mis hijos a una hermana, a una tía, a una abuelita’, pues es decisión de cada familia. Son los recursos para que se tengan estos apoyos de manera directa”, subrayó.

López Obrador dijo que la medida puede generar controversias en las estancias infantiles, pero que estas pueden resolver el tema con los padres de familia quienes “son los que van a tener los recursos”.

El tema ha despertado críticas por parte del PAN, que reclaman el recorte del 50 por ciento al presupuesto para este programa.

Al respecto, el presidente aseguró que los apoyos continuarían, pero que el mecanismo de entrega debía ser revisado pues se buscaba que ya no participaran intermediarios en la entrega de los mismos.

Sobre el tema, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un acuerdo en el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizar los recursos financieros para la operación de las estancias infantiles del país.