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El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue extraditado ayer desde Estados Unidos, para responder por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

En un comunicado conjunto, la cancillería y la Fiscalía General señalaron que el gobierno estadounidense “entregó en extradición” a Duarte para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos que se le imputan.

El político aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México a bordo del jet ‘Bombardier Challenger’, el mismo que sirvió para trasladar a otros delincuentes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán o los empresarios Alonso Ancira y Emilio Lozoya, entre otros.

A su llegada, fue sometido a exámenes médicos y diligencias, y luego de poco más de cuatro horas, fue entregado a la fiscalía de Chihuahua, que le cumplimentó la orden de aprehensión girada desde octubre de 2019 por dichos delitos.

El exmandatario local fue trasladado a Chihuahua, en donde fue ingresado al Centro de Rehabilitación Social Estatal Número 1 de Aquiles Serdán, donde quedó a disposición de un juez, y se prevé que sea este mismo viernes cuando se lleve a cabo la audiencia inicial.

La extradición del exfuncionario es el resultado de la “colaboración estrecha” entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, que han venido intercambiando información y documentación desde 2019, señaló la Fiscalía y la cancillería.

Entre las acusaciones a las que se enfrenta Duarte, se encuentra la transferencia ilícita de más de 96 millones de pesos entre 2011 y 2015 a empresas con sede en Chihuahua de las cuales era accionista. Sin embargo, hay acusaciones en su contra por haber desviado millones de pesos a campañas del PRI.

Duarte gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, y fue detenido en Miami en julio de 2020 por agentes del Servicio de Alguaciles Federales. Desde entonces, sus abogados han tramitado varios recursos en busca de impedir su extradición a México, el más reciente una solicitud de ‘habeas corpus’ que fue rechazada por la Justicia de Estados Unidos.

En contra del exgobernador pesan al menos ocho cargos, tanto estatales como federales. La fiscalía de Chihuahua anunció en 2021 que había logrado recuperar unos 1,200 millones de pesos desviados por el político.

A Duarte también se le señala de tener en su poder un cuadro de María Félix, la diva del cine de oro mexicano, pintado por Diego Rivera, uno de los mayores artistas del país, y que el popular cantante Juan Gabriel le habría entregado al político poco antes de su muerte, en 2016, para que se lo guardara.

Una docena de exgobernadores mexicanos han sido acusados judicialmente de corrupción o de nexos con el crimen organizado en las últimas dos décadas, la mayoría de ellos emanados de las filas del PRI.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo este lunes un amparo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual invalida la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.

Sin embargo, Duarte de Ochoa continuará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

El amparo obtenido por la defensa del exmandatario estatal también obliga al juez de control que dictó dichas medidas a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso por el delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del citado Tribunal Colegiado se deberán analizar nuevamente las pruebas y testimonios por el cual se determinó vincularlo a proceso y en su caso fundarlas y motivarlas.

La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en contra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia del juez de control.

Este jueves fue detenida la expresidenta municipal de León, Guanajuato, Bárbara Botello, quien es acusada de peculado.

Según medios locales, la detención se realizó alrededor de las 06:00 horas en su vivienda, en las inmediaciones del Club de Golf La Hacienda.

La política emanada de las filas del PRI es acusada de peculado, luego de una denuncia que se presentó en su contra por malversación de fondos públicos durante el tiempo que dirigió la administración local, que asciende a un millón 576 mil pesos.

Hasta ahora, personal cercano a la priísta se han limitado a informar que en la detención se violaron los derechos de Botello, pues se realizó una audiencia previa y no fue notificada.

Fuentes que conocen el tema, afirmaron a que la exalcaldesa no podrá alcanzar libertad bajo fianza, por lo que tendría que seguir el proceso en prisión.

Al respecto, la presidenta provisional del Comité Directivo Estatal del PRI, Celeste Gómez Fragoso declaró que la detención de Botello fue un caso de “revanchismo político”.

“Es una cacería de brujas como se están llevando a cabo en un momento en que se busca la espectacularidad del caso”, señaló la priísta.

El pasado viernes 15 de febrero, el ex aspirante a la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, presentó una denuncia penal ante la FGR en contra de diversos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Órgano Interno de Control (OIC) en la propia dependencia, por los delitos de cohecho, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, cometidos en el año de 2016, bajo la jefatura de Aristóteles Núñez.

La denuncia penal, explicó el abogado, se fundamenta en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

De acuerdo a lo informado por el abogado, los funcionarios a quienes la Auditoría Superior de la Federación señala como responsables son los titulares en el año de 2016 de la Administración General de Recursos y Servicios del SAT, de la Administración General de Tecnologías de la Información del SAT y del Órgano Interno de Control en dicha dependencia. Sin embargo, como la vigencia del contrato es por 42 meses, las responsabilidades se extienden a 2017.

Con la denuncia presentada, dijo, la Fiscalía tendrá que investigar el caso a partir de los datos objetivos y ciertos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación, y en función de ello determinar la responsabilidad penal de los funcionarios responsables.

“La relevancia del caso estriba en el monto del contrato por $1,176 millones de pesos, y en el hecho de que sea el SAT en donde se prohíjen este tipo de conductas”, enfatizó el abogado.

Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, actualmente preso en una prisión federal, ganó un amparo contra la vinculación a proceso que se le decretó el 5 de enero por el delito de lavado de dinero.

El efecto de dicho amparo es que se deja sin validez la vinculación a proceso y el juez de control debe emitir una nueva decisión en la que “funde y motive” correcta y suficientemente la participación del Borge en el delito que se le imputa .

La nueva decisión podría ser la de ratificar la vinculación a proceso dictada contra del exmandatario o bien se podría decretar la no vinculación por falta de pruebas, lo que implicaría su libertad sólo por este delito.

El amparo fue concedido por Manuel Camargo Serrano, juez Sexto de Distrito en el Estado de México, al resolver el juicio de amparo 105/2018.

Según el juez Camargo Serrano, el juez de control del Centro de Nezahualcóyotl, Estado de México, que vinculó a proceso a Borge Angulo por lavado de dinero, no valoró debidamente las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República.

El caso de lavado es el único proceso federal iniciado contra Borge, sin embargo, existen tres órdenes de aprehensión en su contra pendientes de ser ejecutadas por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos, fue vinculado a proceso.

Luego de una sesión de más de 14 horas de audiencia, el juez de control, Patricio Lugo Jaramillo, escuchó las aportaciones de la nueva defensa del exmandatario, y determinó que las pruebas de la fiscalía resultaron suficientes.

El juzgador estableció además un periodo de tres meses para la investigación complementaria por parte del Ministerio Público.

La fiscalía sostiene que Hernández Flores tuvo un incremento patrimonial injustificado y por tanto ilegítimo al no poder determinar el origen de 40 millones 967 mil 794.28 pesos, durante su gestión como diputado federal, alcalde y gobernador, de 2000 al 2010.

Un dictamen de contabilidad presentado por un perito especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, establece que sus ingresos como servidor público, sumado a su patrimonio como persona física y socio de empresas, no corresponde al reportado.

La nueva defensa del exmandatario estatal la conforman, José Javier López García, quien representó al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, recientemente liberado y al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

El próximo sábado, Hernández Flores cumple un año de estar recluido en el penal de Ciudad Victoria, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira.

Este jueves, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que con la pena de 9 años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa “nadie puede quedar satisfecho” pues no alcanza para compensar el daño que hizo al estado.

Y agregó: aunque “se declaró culpable, que es lo importante. Es un delincuente que usó recursos públicos. Todo lo que señalé y denuncié es cierto”.

Cabe señalar que Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para acceder a un proceso abreviado que le permitiera obtener una condena mínima que en este caso fue de 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

En este sentido, Yunes Linares dijo en entrevista con Radio Centro que entiende que la Procuraduría General de la República haya aceptado el proceso abreviado pues “no tenía suficientes elementos para sustentar la acusación de delincuencia organizada”.

Por ahora, agregó, queda esperar los montos que fijará el juez para reparar el daño que causó a Veracruz.

También, recordó que su administración espera que Guatemala, país en donde fue detenido en abril y extraditado en julio del 2017, permita que se le juzgue por el delito de desaparición forzada, por el que ya tiene una orden de aprehensión.

Respecto a las denuncias que Duarte debe enfrentar en Veracruz, que son peculado y uso indebido de funciones, Yunes aseguró que los expedientes están bien sustentados con lo que espera que le sumen más años de condena.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, rechazó ser propietario de 90 casas como reveló el periódico Reforma.

Este miércoles, Grupo Fórmula difundió una carta escrita por el exmandatario en la que calificó lo publicado como “fake news”, y señaló que se trata de “un trabajo que ya había sido presentado por Univisión hace un año”.

Según lo publicado por Reforma, Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías son dueños de 90 casas distribuidas en México, donde habría alrededor de 40; en Estados Unidos, en los estados de Florida, Texas, Arizona y Nueva York; y en España.

Duarte de Ochoa está preso en el Reclusorio Norte donde enfrenta los delitos de asociación delictuosa, delito reclasificado por la Procuraduría General de la República que primero lo acusó de delincuencia organizada, y lavado de dinero.

El Gobierno de Veracruz tiene pendientes dos órdenes de aprehensión, por delitos como abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias, además de que busca imputarle el delito de desaparición forzada.

Duarte fue detenido en abril del 2017 en Guatemala y extraditado a México en julio de ese año.

Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como ‘Layín’, el exalcalde de San Blas quien en un evento admitió que “robó poquito” durante su gestión, fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y fraude, reportó la Fiscalía de Nayarit.

La decisión del juez incluyó también a la exsíndico, Armida Silvestre Juárez, y al exsecretario general del ayuntamiento, Mario Vázquez Flores, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

La autoridad fijó el pago como garantía de un millón 200 mil pesos para el exedil y 120 mil pesos para los otros dos imputados. Con el pago de las multas, los imputados enfrentarían el proceso en libertad.

Hilario Ramírez acudió la semana pasada a comparecer ante la autoridad por la acusación del desvío de 12 millones de pesos tras la venta de un terreno para el aeropuerto municipal.

El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier,  y quien fuera su secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Sainz Pineda, permanecerán en prisión pese a que Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado ratificaron “auto de libertad” al no encontrar pruebas suficientes en el delito de peculado que se les sigue

Así lo informó la Fiscalía General del Estado, ya que Granier cuenta con una sentencia condenatoria dictada por peculado, en tanto que su ex colaborador mantiene expedientes abiertos los cuales no sufren modificación alguna con la confirmación del Poder Judicial del Estado respecto de una resolución anterior.

La Fiscalía precisó que si bien fue notificada de la determinación de los Magistrados del Tribunal por la que se dictó el auto de libertad, “esto no implica que los procesos en mención no sigan su curso y que en el caso particular del ex mandatario se invalide la sentencia en su contra del 28 de febrero de este año por la que se le impuso una pena de 10 años y 10 meses de prisión”.

Asimismo, se detalló que Sainz Pineda sigue bajo proceso por los expedientes penales 138/2013 y 183/2017, ambos por el delito de peculado, en espera de una resolución de la instancia jurisdiccional, quedando intocada su situación de reclusión en el penal de la capital del Estado

 

El dirigente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR una denuncia en contra de la Senadora con licencia Layda Sansores, por el delito de peculado.

La denuncia se origina por las evidencias periodísticas que de acuerdo al perredista, demuestran gastos de la servidora pública por al menos 700 mil pesos con cargo al Senado de la República.

El dirigente del partido del Sol Azteca calificó la conducta de Sansores como indignante, pues enfatizó que los servidores públicos como ella, que disfrutan de fuero, no están autorizados para que los recursos etiquetados como apoyo legislativo sean utilizados de manera discrecional para gastos personales.

Flores García adelantó que en los próximos días ampliará la denuncia con la información que hoy revela otro medio de comunicación en la que detallan que, solo entre febrero y diciembre de 2016, Sansores gastó y facturó 31 millones 295 mil 098 pesos con los datos fiscales de la Cámara de Senadores, bajo el R.F.C. CSE750917BG3.

El perredista señaló que a pesar de que a la fecha todas las denuncias presentadas en diferentes instancias en contra de varios candidatos y dirigentes no han surtido efecto, continuarán luchando para que éste y muchos otros casos no se queden impunes.

Hizo un llamado a la PGR a que sin distingo de partidos o de trayectorias e historias políticas aplique sus oficios y facultades para investigar los excesos de esta servidora pública que ahora aspira a ser Delegada de Álvaro Obregón en la CDMX.

 

Al hallarlo culpable del delito de peculado durante su gestión como gobernador de la entidad, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia condenó al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como la reparación del daño al erario público del Estado de Tabasco por poco más de 196 millones de pesos.

 

La condena llega en relación a la acusación que hiciera la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE), por desvíos de recursos en el Seguro Popular durante el ejercicio 2010.

 

Adicional, el Juzgado Tercero Penal también ordenó una multa de 525 días para el ex mandatario, así como la suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.

 

A Grannier se le abrieron distintos expedientes por irregularidades durante su gestión en el Gobierno del Estado de 2007 a 2012, siendo algunos los que se encuentran en proceso y otros en integración. De las cinco acusaciones penales, tres son del orden federal y dos del fuero común.

 

Eduardo Luengo Creel, abogado del exmandatario dijo que “esta sentencia es una verdadera infamia, por decir lo menos, aquí no existe un peculado, en el 2011 hubo un subejercicio de recursos en Tabasco y ese dinero se regresó a una cuenta concentradora, pero al año siguiente ese dinero se aplicó en el mismo sector salud”.

 

El defensor anticipó que presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco por esta sentencia.

 

Recordemos que Granier fue ingresado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México desde 2013, pero sólo estuvo unos par de días, pues el 11 de julio lo internaron en la Torre Médica del Penal de Tepepan, debido a diversos padecimientos de salud.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Esta mañana el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue detenido en Ciudad Victoria, al ser acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, además de ser requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

 

Medios locales reportan que la captura estuvo a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y se indica que los hechos tuvieron lugar en la carretera Rumbo Nuevo.

 

Se espera que en breve autoridades estatales ofrezcan una conferencia de prensa para ofrecer mayores detalles sobre la detención.

 

 

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

La Fiscalía de Chihuahua informó que el ex colaborador de César Duarte, Antonio Tarin, fue vinculado a proceso por segunda acusación por el delito de peculado, ya que se le acusa de desviar 246 millones de pesos del erario público.

 

El también ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del estado, Tarín será juzgado jutno a otros dos ex funcionarios de la adminsitración de Duarte quienes simularon licitaciones, pagos y facturación de servicios por el monto señalado.

 

Los otros implicados son Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte; y Gerardo Villegas, ex director general de Administración de la Secretaría de Hacienda, quienes simularon gastos relacionados con la impartición de talleres para padres, capacitación y actualización de docentes, cursos sobre medio ambiente y la planeación, así como el supuesto diseño e implementación de un software, que nunca se realizaron.

 

De acuerdo a la investigación, Tarín García era el encargado de definir la ruta del dinero y de articular la adjudicación directa de los recursos públicos. 

 

Con información de Milenio / Foto: Archivo APO