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Dos reos murieron por sobredosis y cuatro más resultaron intoxicados por consumir drogas al interior de un penal en Ciudad Obregón en Cajeme, Sonora, informó este jueves la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Pese a que la Fiscalía General de Justicia en Sonora informó que será una autopsia a las víctimas lo que determine qué narcótico generó la tragedia, fuentes de Seguridad Pública y ministeriales confirmaron a la agencia Efe que la intoxicación ocurrió por el consumo de una droga mezclada con fentanilo.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón. Al conocerse la noticia, cientos de familiares y amigos de los prisioneros, rodearon el penal e intentaron derribar las vallas para ingresar por la fuerza, para exigir a las autoridades penitenciarias que identificaran a las víctimas e informaran lo que estaba ocurriendo.

A través de la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuya titular es María Dolores del Río Sánchez, informó que seis personas presentaban intoxicación por el posible uso de narcóticos. También identificó a los dos prisioneros fallecidos como Óscar M.S. quien estaba preso por homicidio y Jorge Iván A. C., sentenciado por robo con violencia.

En tanto, medios de comunicación en Cajeme identificaron a los sobrevivientes como Jesús Eduardo S. R. 34; Carlos Alonso M. R. 21; Ezequiel Guadalupe L. H.; y René Javier A, cuyo estado de salud es reportado como delicado pero estable.

Para recibir atención médica y mantenerlos en observación, los reos fueron trasladados a un Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encuentran bajo custodia.

Desde la noche del miércoles, un operativo de fuerzas estatales y federales ingresó al centro penitenciario para revisar todas las celdas y decomisar drogas y objetos prohibidos que hayan sido ingresados de manera ilegal.

De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, Cajeme es uno de los municipios más violentos del País, cada mes ocurren entre 40 y 60 homicidios dolosos y desapariciones, debido a la pugna entre grupos de la delincuencia organizada para el trasiego de droga, como el fentanilo, cocaína, metanfetamina y mariguana hacia Estados Unidos.

Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, presunto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, recibió ayer la detención provisional de por lo menos 60 días, además de que fue trasladado a un penal de máxima seguridad en el Estado de México.

La medida concedido es el tiempo que tendrán las autoridades de Estados Unidos para presentar la solicitud formal de extradición por el mexicano que operaba en el cártel liderado por los hijos de Joaquín  ‘El Chapo’ Guzmán.

La medida se dio de forma paralela a que una jueza girara un amparo para frenar cualquier intento por extraditar de inmediato a Estados Unidos a ‘El Nini’.

El presunto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’ fue detenido el miércoles por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Culiacán y fue trasladado a un penal en la Ciudad de México.

Sin embargo, tras una audiencia de casi dos horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, decidió mantener en prisión a ‘El Nini’, pero decidió trasladarlo al Penal del Altiplano por su alto perfil.

Pérez Salas era uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos, por el que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares.

A ‘El Nini’ se le atribuye la estrategia del polémico ‘culiacanazo’, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, pero lo liberaron horas después por los actos violentos que el cártel de Sinaloa desató.

De acuerdo con los registros judiciales, la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez, concedió una “suspensión de oficio y de plano” a fin de que ninguna autoridad ministerial ejecute cualquier orden de extradición o deportación de forma inmediata.

“Se concede a (‘El Nini’) la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute la extradición del directo quejoso”, se lee en la determinación de la jueza.

Precisó que “esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de la orden de extradición por las autoridades responsables señalados en la demanda”.

En este sentido, Sánchez indicó que el procedimiento por su libertad personal queda a disposición del juzgado que dirige y a disposición de las autoridades correspondientes que dan seguimiento a su procedimiento de extradición.

Finalmente, el mandatario estadounidense, Joe Biden, felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la detención de “El Nini”, lo que dijo ayudaba a que ambos países estén más seguros.

La madrugada de este jueves, en un operativo para recapturar a los reos que se fugaron el fin de semana pasado del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, murió Ernesto Alberto Piñón de La Cruz, alias ‘El Neto’, uno de los 30 reos que escaparon del penal.

La fiscalía del estado indicó que luego de que el equipo multidisciplinario y de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación obtuviera la ubicación de diversos lugares donde se encontraban algunos de los fugados, se montó el operativo que tuvo la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El operativo tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Toltecas y Tzetzales de la colonia Aztecas, de Ciudad Juárez, donde se registró una balacera con sicarios a las órdenes de “El Neto”. De dicho domicilio, donde fue el enfrentamiento, el líder criminal logró huir en un vehículo para después impactarse en una gasolinera.

“En ese lugar disparó en contra de las fuerzas del orden, resultando herido de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte”, detalló la fiscalía estatal.

Recordemos que el pasado 1 de enero, 30 reos se dieron a la fuga tras un motín que dejó 10 custodios y 7 reclusos muertos, y lo que provocó la destitución del director del penal, el traslado de presos a otros centros penitenciarios en el país y la llegada de 300 elementos del Ejército a dicha ciudad.

Desde entonces, la incertidumbre y el temor invadieron a los habitantes de Ciudad Juárez, pues como parte de las tareas de recaptura, se llevaron a diversos diversos operativos, desencadenando enfrentamientos con grupos criminales.

Además, se registraron quema de vehículos y comercios en la entidad, en represalia por las tareas de captura. Al respecto, la Fiscalía del estado dio a conocer la lista oficial de los reos que se fugaron, por quienes ofreció una recompensa de hasta los cinco millones de pesos a quien brinde información certera y que ayude a dar con su paradero.

“El Neto”, líder del grupo criminal “Los Mexicles”, ejercía el control del penal, contando con celdas VIP que contaban con televisores, internet, alimentos gourmet, e incluso, con una caja fuerte con cerca de 2 millones de pesos. Las autoridades confirmaron que incluso se detectaron túneles en el interior del penal.

Tras el motín que se vivió el pasado fin de semana en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, que según autoridades locales tenía como fin liberar a Ernesto Alfredo Piñón, alias ‘El Neto’, líder del cártel de los Mexicles, el director del penal fue cesado.

La fiscalía de Chihuahua confirmó que Alejandro Alvarado, director del Cereso, fue separado de su cargo, además de que es investigado, al igual que otros funcionarios, por sus posibles vínculos con los hechos violentos que se registraron.

Se detalló que específicamente se busca deslindar responsabilidades sobre el ingreso de objetos prohibidos al penal, omisiones en los protocolos internos y por la autorización de actos fuera de la ley.

El saldo del motín fue de 17 muertos, cerca de 20 heridos y al menos 30 reos fugados. Sin embargo, el número de fallecidos relacionados con el episodio ha aumentado a 26 derivado de las operaciones que se han llevado a cabo para recapturar a los presos.

Y es que el domingo, un grupo armado a bordo de vehículos blindados llegó al penal en Ciudad Juárez y abrió fuego contra custodios del centro penitenciario, lo que derivó en la fuga de los reos, entre ellos ‘El Neto’.

Ernesto Alfredo Piñón estaba preso desde 2009, y en 2010 fue condenando a más de 200 años de prisión por secuestro y homicidio, según datos de la fiscalía de Chihuahua.

Autoridades federales confirmaron que ‘El Neto’ controlaba el penal, al grado de tener una serie de celdas VIP, donde había televisores, vinos, internet, y donde incluso se encontró una caja fuerte con cerca de 2 millones de pesos, así como túneles en el interior de la prisión.

Para reforzar la seguridad, ayer, 300 elementos del Ejército llegaron a Ciudad Juárez, y autoridades federales y locales confirmaron el traslado de 191 internos del Cereso a diferentes penales del país.

El cadáver del bebé Tadeo, que apareció en el penal de San Miguel en Puebla, tras ser extraído de un panteón de Ciudad de México, fue utilizado para “desestabilizar” el reclusorio, dijo este viernes Miguel Barbosa, gobernador de la entidad.

“¿Cuáles fueron las motivaciones de estos delincuentes, presuntos delincuentes, para haber introducido el cadáver del niño Tadeo? Y no hay de otra más que esta disputa por el control del reclusorio y la desestabilización del mismo”, dijo el morenista en su conferencia de prensa diaria.

Las declaraciones del gobernador se dan un día después de que la Fiscalía de Puebla aseguró que “esclareció totalmente el caso del bebé hallado sin vida” el pasado 10 de enero en la basura del Centro Penitenciario.

La Fiscalía informó del arresto e imputación de cinco personas que presuntamente participaron en la introducción del cuerpo, entre ellas Nadia Carolina “N”, quien lo habría llevado al centro y es “visitante frecuente” de Antonio “N”, un reo.

Los custodios Jessica “N” y Gerardo “N” habrían colaborado con Nadia Carolina, y otro recluso, Sergio “N”, lo habría depositado en el contenedor de basura en el que después lo hallaron.

El caso de Tadeo, nacido el 4 de octubre de 2021, estremeció a todo el país cuando un reo encontró el cuerpo del bebé cubierto con cal y dentro de una bolsa en los contenedores de plástico reciclable del penal.

El bebé, que había sido enterrado el 6 de enero en un cementerio de Iztapalapa, en la Ciudad de México, murió por complicaciones intestinales en un hospital de la capital. Posteriormente fue enterrado en un panteón capitalino y exhumado días después para ser trasladado al penal de Puebla, donde apareció entre la basura.

Las autoridades de Hidalgo confirmaron la detención de tres de los nueve reos que se fugaron ayer del penal de Tula, en un operativo por parte de grupos criminales que incluyó la detonación de coches bomba en diversos puntos de la ciudad.

Asimismo, las autoridades han detenido a nueve de los implicados en el asalto a la cárcel, aunque únicamente se ha puesto a dos, que presuntamente pertenecen al grupo que participó directamente en la operación, a disposición de la Fiscalía.

Por otra parte, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, entidad vecina de Hidalgo, han detenido a un hombre que circulaba en un vehículo que participó en la fuga. El detenido, de 47 años, ofreció 9,000 pesos a los
agentes para que no lo pusieran a disposición de la Justicia.

Finalmente, fue trasladado a la Fiscalía de Texcoco, acusado de los delitos de encubrimiento y cohecho.

Recordemos que la madrugada de ayer, un grupo armado detonó dos coches bomba e incendió uno más para rescatar a los presos. Tras asaltar la prisión, tuvo lugar un intercambio de disparos con las autoridades carcelarias. Dos agentes resultaron heridos.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad de Hidalgo, junto con otras instituciones como la Guardia Nacional y la fiscalía estatal, desplegaron un operativo para encontrar a los presos. Los reos fugados formarían parte de un grupo criminal llamado Pueblos Unidos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la detención de tres de los reos que se fugaron. Indicó que el tema fue abordado en la reunión del gabinete de seguridad, donde se expuso que ya se tiene completamente identificados a todos los que participaron en el ataque.

Indicó que todos tienen antecedentes penales; no solo de robo de hidrocarburos, es decir, huachicoleo, sino de otros delitos como secuestro y asesinatos.

Un grupo armado irrumpió este miércoles en un penal de Tula, Hidalgo, y liberó a nueve reos que se encontraban detenidos, según informaron autoridades locales.

“La madrugada de este miércoles, un grupo de personas armadas irrumpió en el recinto a bordo de vehículos, amagando a personal de seguridad penitenciaria”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Hidalgo en un comunicado.

Señaló que durante los hechos se registró la “evasión de nueve personas que se encontraban en reclusión”.

En respuesta, la Secretaria de Seguridad Pública del estado, junto con otras instituciones como la Guardia Nacional y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, desplegaron un operativo para encontrar a los reos fugados.

“En las acciones se han registrado enfrentamientos, resultando lesionados, hasta el momento, dos agentes que ya reciben atención médica”, puntualizó la comunicación de la dependencia. Según medios locales, los presos fueron liberados tras la detonación de varios coches bomba.

Los reos fugados formarían parte de una banda dedicada al robo ilegal de hidrocarburos, huachicol, así como al secuestro y la extorsión.

Uno de los reos liberados es identificado como un importante líder delictivo de la zona; uno de ellos es José Artemio Maldonado Mejía, alias ‘El Michoacano’.

El narcotraficante Héctor “el Güero” Palma reingresó este martes al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su reingreso al penal se derivó luego de que el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario de Jalisco, con sede en Zapopan, dictara una sentencia de apelación en la que consideró que sí hay elementos para continuar el juicio contra el capo por el que había sido absuelto, es decir, revocó la absolución dictada a favor de “El Güero” Palma.

El narcotraficante, fundador del Cártel de Sinaloa, fue llevado a este penal ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez por agentes de seguridad.

Y es que el pasado 4 de mayo, el narcotraficante fue liberado por orden de un juez, aunque las autoridades lo detuvieron tan pronto se disponía a abandonar el penal.

Tras divulgarse la liberación del capo del penal del Altiplano, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que la Fiscalía solicitó el arraigo del narcotraficante.

La liberación del  antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán causó polémica entonces, cuando en pleno día festivo (Día del Trabajo) el Juzgado Segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco absolvió a Palma del crimen de delincuencia organizada.

López Obrador fue muy crítico con ese juez: “No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada”.

Tras lograr una primera orden de arraigo, para evitar que fuera liberado, el 5 de mayo, la Fiscalía consiguió a mediados de junio que un juez ampliara 40 días más el arraigo contra el narcotraficante. Esto sucedió horas antes de que se cumpliera el primer plazo legal para retener al delincuente.

Recordemos que Palma primero estuvo preso en México en 1995, después en Estados Unidos de 2007 a 2016 y luego regresó al penal del Altiplano.

Al menos seis personas perdieron la vida y nueve resultaron heridas en un motín en el Centro de Readaptación Social de Tabasco, en el municipio de Villahermosa, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

El motín ocurrió ayer cerca de las 17:00 horas , cuando dos grupos se han enfrentado en el interior de la prisión, a donde llegaron elementos de la Guardia Nacional y personal antimotines de la Secretaría de Seguridad de Tabasco.

Las fuerzas de seguridad procedieron a acordonar la zona, mientras ambulancias de Cruz Roja, Protección Civil, el Instituto Nacional del Bienestar Social y del Servicio Médico Forense ingresaron a la prisión.

Los nueve heridos fueron trasladados al Hospital Gustavo Rovirosa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que en el enfrentamiento fueron utilizadas armas punzocortantes hechizas.

Las autoridades estatales han asegurado que el suceso se mantiene “bajo control”, mientras familiares de presos han llegado al lugar para obtener noticias sobre los fallecidos y heridos.

La SSPC también señaló que se llevó a cabo el pase de lista de las personas privadas de la libertad y además fueron revisados los edificios del centro penitenciario, con el objetivo de localizar y decomisar otros artefactos punzocortantes.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con la SSPC.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió esta mañana a investigar las torturas denunciadas desde la cárcel por Israel Vallarta, quien lleva quince años en prisión por su supuesta participación en el polémico caso de Florence Cassez.

“Vamos a atender este asunto en especial, se va a investigar lo del director del penal. Ese es mi compromiso, vamos a tener información”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador instruyó al subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, a que esta misma semana “atienda este asunto”, esto luego de ser cuestionado por las torturas que Vallarta dice haber recibido por parte del director del Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Michoacán.

Una reportera reprodujo durante la rueda de prensa un supuesto audio de Vallarta dirigido al presidente en el que denuncia que sufre un “régimen de detención degradante”, que en ocasiones lo han dejado sin comer porque hay “funcionarios que todavía creen que las personas privadas de libertad no tenemos derechos”.

Además, Vallarta exhortó a López Obrador a modificar la “reglamentación a modo que permite abusar y actuar impunemente a los corruptos” que dirigen las cárceles del país, instaurada por las administraciones anteriores.

Recordemos que Florence Cassez y su entonces pareja, Israel Vallarta, fueron arrestados el 8 de diciembre de 2005 en la capital acusados de liderar una red de secuestros. Ambos fueron detenidos en un macrooperativo policial que fue televisado, y que semanas más tarde se confirmó que fue un montaje.

El caso terminó desencadenando un conflicto diplomático entre Francia y México, y aunque la joven francesa fue liberada y absuelta por vicios en el proceso en 2013, Vallarta sigue detenido y a la espera de sentencia.

La actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien siendo magistrada de la Suprema Corte, votó a favor de liberar a Cassez por las irregularidades en el arresto, aseguró el año pasado que el caso de Vallarta es “una violación flagrante a sus derechos humanos” y pidió su liberación.

“Estamos procurando que se haga realidad la justicia en el país, no hay impunidad para nadie”, aseveró este lunes López Obrador, quien dijo tener confianza tanto en el Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte de que van a limpiar el Poder Judicial.

El gobierno federal anunció este lunes el cierre definitivo del penal de Puente Grande, ubicado en Jalisco, famoso por ser el escenario de la primera fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) notificó la clausura del Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” del Sistema Penitenciario Federal en el Diario Oficial de la Federación.

La dependencia indicó que las personas que se encuentran recluidas en el penal, “serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.

Puente Grande es una de las cárceles más conocidas en México por ser la prisión de la que “El Chapo”, ahora condenado y preso en Estados Unidos, se fugó en enero de 2001 al sobornar a los custodios tras estar detenido ahí desde 1995, después de su primera captura en 1993.

Años después, en 2015, “El Chapo” se fugó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel, en su segunda huida de un penal mexicano.

Puente Grande también es conocido por los motines de sus reclusos de alta peligrosidad, como reflejó una riña reciente que en mayo pasado dejó siete muertos y nueve heridos.

En julio, las autoridades federales trasladaron a más de 300 detenidos a otras prisiones con el argumento que eran medidas por la pandemia de COVID-19.

Asimismo, la prisión era famosa por las “narcofiestas” que realizaban los reclusos, como mostraron imágenes difundidas en abril pasado en las que presuntos reos y guardias bebían alcohol y se bañaban en una piscina dentro del lugar.

“Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales”, señala el acuerdo publicado este lunes.

El anuncio ocurre justo un año después de la clausura de la vieja prisión de Topo Chico, inaugurada en 1943 y representativa de la violencia en las cárceles del país, y que se ubica en Monterrey.

En el acuerdo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no precisó el plazo para cerrar el penal al señalar que los pasos pendientes “continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente”.

También estableció que la Secretaría “determinará en su momento el destino final del bien inmueble”.

Foto: Twitter @porkestendencia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la tarde ayer su acusación contra Rosario Robles, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en la que solicita 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Y es que el juez informó que la última prórroga que se solicitó para el término de investigación complementaria había concluido; sin embargo, Robles Berlanga descartó requerir una nueva ampliación e incluso solicitó al juez requerir a la Fiscalía para que formulara su acusación, y así de diera inicio a la etapa intermedia del proceso.

La FGR consideró que Robles Berlanga fue omisa al no impedir que funcionarios a su cargo efectuaran el desvío de recursos, mediante la llamada Estafa Maestra.

En el escrito presentado, la Fiscalía señala a Robles de permitir un daño al erario por 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, por lo que se solicitó como reparación de daño, que Robles pague el total del desvío.

Además de solicitar los 21 años de cárcel, la FGR también pidió que se imponga multa de 3 millones 561 mil 300 pesos.

Ahora, se informará a la defensa de la exsecretaria federal para que conozca los detalles y se pueda citar a audiencia intermedia.

La Fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y exservidores públicos para que declaren en contra de la extitular de la Sedesol y la Sedatu.

Adicional, se informó que el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a las autoridades del penal practicar estudios médicos a Rosario Robles, para descartar que tiene Covid-19.

“Emplear los recursos que tenga a su alcance para garantizar la sanitización/desinfección del dormitorio de María del Rosario Robles Berlanga y practicar los estudios médicos necesarios a fin de descartar que se encuentra enferma de Covid-19”, señaló el juez en un oficio que emitió.

Recordemos que la exfuncionaria pública obtuvo un amparo para que sea revisada la medida cautelar soliitada de prisión preventiva justificada, con la que busca se le conceda la posibilidad de llevar su proceso en prisión domiciliaria o en libertad condicional.

Delgadillo Padierna ordenó que Rosario Robles sea considerada persona vulnerable al Covid-19, por lo que las autoridades del penal deberán garantizar que permanezca separada de personas contagiadas.

José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue trasladado este viernes a la prisión federal de máxima seguridad del Altiplano.

“Esta madrugada, José Antonio, alias ‘el Marro’, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue ingresado al CEFERESO número 1, Altiplano, procedente del penal de Puentecillas, Guanajuato”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, a través de Twitter.

Yépez Ortiz fue capturado el domingo 2 de agosto en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, en Guanajuato.

En el operativo, encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de Guanajuato, también fueron detenidos otros cinco presuntos integrantes de la organización criminal, además de que una mujer empresaria que estaba secuestrada fue liberada.

La noche del lunes los seis detenidos fueron trasladados al penal de Puentecillas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.  Desde ahí tuvieron, de manera virtual, su audiencia inicial donde un juez local calificó como legal su detención.

En la audiencia, la Fiscalía General del Estado les imputó los delitos de secuestro agravado y tentativa de homicidio en contra de 20 servidores públicos que participaron en el operativo de detención.

Será el próximo domingo cuando dé inicio la audiencia en la que un juez habrá de resolver si hay elementos suficientes para que los detenidos sean vinculados a proceso y queden en prisión preventiva, o queden libres.

Sin embargo, “El Marro” seguirá la audiencia ahora desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, conocido también como el penal de Almoloya, ubicado en Estado de México.

En este penal de máxima seguridad han estado recluidos narcotraficantes de la talla de Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo o Servando Gómez “la Tuta”.  Joaquín “el Chapo” Guzmán se fugó de este penal en julio de 2015
a través de un túnel.

“El Marro” también enfrenta cargos por los delitos federales de robo de combustibles y delincuencia organizada, explicó Alfonso Durazo.

Este viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Rubén “N” fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social 15, ubicado en Chiapas, al ala de máxima seguridad del Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora.

A través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social detalló que dicho traslado se efectuó garantizando los derechos humanos del imputado, con fundamento en el Artículo 52, fracciones I y III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que cuente con medidas especiales de seguridad.

La dependencia señaló que el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Rubén Oseguera, alias “Menchito“, quien está acusado de diversos delitos.

Asimismo, la dependencia ratificó su compromiso con el respeto de los derechos humanos de todos los internos recluidos en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) de todo el país.

Rosario Robles Berlanga, exsecretaria federal, llegó esta mañana al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde cumplirá la prisión preventiva que se dictó de dos meses para concluir la investigación complementaria.

La exfuncionaria federal durante la administración federal pasada, fue trasladada a Santa Martha Acatitla e ingresó al área de aduanas en donde será recibida por los médicos para verificar su estado de salud.

Luego de más de 12 horas de audiencia en el Reclusorio Sur, Robles Berlanga fue vinculada a proceso por un juez federal, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Luego que Rosario Robles fuera trasladada al penal, su hija Mariana Moguel aseguró que su madre es una mujer “maravillosa y extraordinaria”.

Moguel, ex dirigente del PRI capitalino estuvo presente en la audiencia de más de 12 horas en la que Robles Berlanga fue vinculada a proceso por omisión en el presunto daño al erario por cinco mil 073 millones de pesos.

Foto: Twitter @Notimex

Este sábado seis reclusos del penal de Tenancingo realizaron un intento de fuga utilizando armas de fuego que fueron aventadas desde el exterior de la prisión.

Autoridades estatales confirmaron que el intento de escape sucedió alrededor del mediodía y que fue frustrado gracias a “la aplicación de los protocolos de seguridad implementados por la Subsecretaría de Control Penitenciario”.

Los primeros reportes señalan que el incidente dejó un custodio penitenciario herido por disparo de arma de fuego, luego de que este repeliera la agresión por parte de los internos. Se reporta que está fuera de peligro.

Las autoridades destacaron: “A pesar de que en este centro la sobrepoblación es de más del 100 por ciento ya que hay una capacidad instalada para 227 y actualmente se ubican 569, en este momento la situación se encuentra totalmente pacificada”.

Explicaron que como parte de los protocolos de ley de ejecución penal , se activó el código correspondiente y se dio aviso a la Policía Estatal y a la Fiscalía del Estado de México para que inicien sus investigaciones y determinen las causas y a los presuntos responsables del intento de fuga.