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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora determinó que el móvil del homicidio del periodista Santiago Barroso Alfaro tiene origen en un asunto de tipo personal y no en el ejercicio del periodismo.

La titular de la FGJE, Claudia Indira Contreras Córdova, dijo que luego de los hechos ocurridos la noche del 15 de marzo pasado, la línea de investigación que se fortaleció fue la relacionada con el ámbito personal y sus relaciones afectivas.

En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que “no fue, como en un inicio también se investigó, la línea de que fuese por un ataque a la libertad de expresión”.

Señaló que el móvil del homicidio de Barroso Alfaro, ocurrido en la puerta de su domicilio de esa ciudad fronteriza, fue debido a sus relaciones afectivas y quien perpetró el delito podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión.

“Se llegó a la verdad de estos hechos, como era el reclamo de la sociedad y el país, por lo que existe una persona detenida que está directamente relacionada con estos hechos”, anotó.

Contreras Córdova subrayó que “en Sonora no habrá impunidad y el gremio periodístico debe tener la certeza de eso”.

La noche de ayer se registró un nuevo asesinato en contra de un periodista. Ahora fue en San Luis Río Colorado, Sonora, donde Santiago Barroso Alfaro fue baleado en su propio domicilio.

De acuerdo a relatos de los vecinos, un grupo de sujetos tocaron a la puerta de la vivienda del comunicador, y al abrir fue víctima del ataque.

De inmediato, el periodista fue trasladado a la Clínica 12 del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), donde horas más tarde perdió la vida.

Ha trascendido que Barroso Alfaro fue recibido en el hospital con tres heridas de proyectil de arma de fuego, una a la altura de la clavícula izquierda y dos en el abdomen.

El ahora fallecido era egresado de de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y había trabajado para los diarios La Crónica de Baja California, El Imparcial de Hermosillo y La Prensa de San Luis. También había colaborado en emisiones radiofónicas.

Testigos confirmaron que el ataque ocurrió cerca de las 21:10 horas y se habrían producido al menos 10 detonaciones.

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) reportó la desaparición del periodista y activista Luis Carlos Díaz, quien, según informa el sindicato, salió de la radio donde trabaja y nunca llegó a su casa.

“Desde hace cinco horas está desaparecido el periodista Luis Carlos Díaz. Salió de la radio a las 5:30 pm, rumbo a su casa y nunca llegó. En los últimos días había recibido amenazas por las redes sociales #11Mar”, publicó el SNTP a través de Twitter.

Posterior a esto, el Sindicato venezolano informó que horas después seguía desaparecido y que lo estaban buscando en centros de detención ‘que podrían tratarse de uno de los centros de los que habló Maduro’.

Hace unos días, el partido del presidente Nicolás Maduro, había acusado, sin pruebas, al periodista de promover el apagón que afecta a Venezuela.

El último tuit publicado por Díaz fue este:

Jorge Winckler Ortiz, el aún fiscal de Veracruz, confirmó lo que el fotógrafo estadounidense John Sevigny publicó acerca de haber sido secuestrado en la ciudad de Córdoba durante un viaje que realizó el pasado ocho de enero.

Winckler Ortiz señaló que trabajan de manera coordinada con el FBI y con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones del caso.

El fotoperiodista John Sevigny escribió un artículo en el cual narró que en enero viajó a Córdoba y una amiga le ofreció alojamiento gratuito. Durante el traslado, una docena de hombres armados los secuestraron y los llevaron a una casa de seguridad en las afueras de Córdoba donde había más personas secuestradas y heridas.
“Por casi dos días no dormimos; a mi amiga la violaron varios sujetos, no comimos”, dijo el periodista.

En el relato señaló que uno de sus captores admitió que eran policías vestidos de civil que delinquían durante su tiempo libre. El fotógrafo señaló que su secuestro se había dado por una confusión debido a que sus captores lo llamaban Carlos y a su amiga le adjudicaban el asesinato de una mujer de nombre Cristina, cometido en Ciudad Juárez.

“No fui secuestrado por mis fotografías, que yo sepa. Pero no estoy seguro. Mi trabajo se centra en las personas y su lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más cruel”, dijo.

Después de escapar, ambos llegaron a la embajada estadounidense en México para pedir ayuda. Al llegar a su país, John Sevigny decidió declarar ante agentes del FBI, por lo que dicha agencia ha continuado con el seguimiento del caso.

Al respecto, Jorge Winckler detalló que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales se usarán las declaraciones en Estados Unidos. También señaló que buscarán que aclare algunos detalles debido a que hay cosas en el artículo publicado por la página medium.com que no comentó a las autoridades.

Finalmente, el Fiscal de Veracruz comentó que durante las últimas semanas, varios ciudadanos estadounidenses se han visto involucrados en temas de violencia durante su paso por el Estado de Veracruz.

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, exigió al gobierno federal que se encuentre a los autores intelectuales y materiales del asesinato de su esposo, cometido el pasado 15 de mayo de 2017.

“A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí lo que me importa es que quede muy claro que la Fiscalía General de la República (FGR) haga su trabajo, que sea muy rigurosa, que sea muy exhaustiva y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier”, pidió Triana durante la conferencia matutina de AMLO.

Ante López Obrador y la secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, la esposa del periodista pidió que la Fiscalía no descarte ninguna línea de investigación y se le otorgue justicia.

Comentó que fue muy duro enterarse de las acusaciones del criminal Dámaso López “El Licenciado” en el juicio de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien aseguró que los hijos de éste mataron al periodista.

“Eso en mi familia, mis hijos, mi persona, es un golpe muy fuerte”.

Añadió que está muy claro que a su esposo lo mataron por su trabajo y reiteró su exigencia para que se le otorgue justicia, saber quién dio la orden y quién fue el autor material.

Por su parte, Sánchez Cordero se comprometió a agotar todas las líneas de investigación.

Luego de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitiera una resolución el pasado 31 de julio, respecto de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista por la detención arbitraria a la que fue sometida en 2005.

El acto fue encabezado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien afirmó que “nunca más, en Gobernación, la censura tendrá cabida”. Añadió que en esta nueva etapa en la vida del país, el poder político y el poder público no estarán subordinados al poder económico.

Sánchez Cordero ofreció la protección del gobierno federal a quienes con su pluma o con su voz, denuncien cuando la dignidad humana esté en peligro o cuándo el silencio sea cómplice de la injusticia.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López (AMLO) insistió en que desde lo que en algún momento fue un espacio de censura, ahora, desde la Secretaría de Gobernación “defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar y no la homogeneidad institucionalizada”.

Por su parte el subsecretario Alejandro Encinas fue el encargo de pronunciar el mensaje central, al decir que “asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de trece años. El país ha cambiado. El gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria y de los derechos humanos que encara el país, para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y defensores de derechos humanos de este país, el ejercicio libre de sus derechos”.

La periodista y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, aseguró que cada gobierno se convierte en garante de la legalidad, lo que significa que asume responsabilidad. Confió en que el nuevo gobierno logre dar paso a un verdadero Estado de Derecho.

 

La secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), a cargo de Alfonso Durazo, ordenó contactar a Nicolás Ríos, periodista chileno, quien denunció que fuerzas Federales en Quintana Roo le plantaron evidencia, además de exigirle dinero para dejarlo en libertad.

A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana declaró que ya están haciendo contacto con el chileno para iniciar la investigación correspondiente respecto a su caso.

“Estamos haciendo contacto inmediato con @Nicorios para proceder a la investigación correspondiente”, informó la dependencia.

El periodista relató lo ocurrido en su cuenta de Twitter, en donde señaló que ocho militares, policías y marinos con metralletas lo acorralaron y le plantaron evidencia, para después cobrarle 5,000 pesos por dejarlo ir, pero que al no tener el dinero, lo llevaron detenido.

Tras el informe de la SSP, el chileno agradeció a la dependencia por su apoyo.

Un periodista chileno acusó haber sido víctima de extorsión por parte del Ejército, la Marina e integrantes de la policía de Quintana Roo.

Nicolás Ríos, colaborador de CNN, ViceNews y Seeker, entre otros medios, denunció a través de su cuenta de Twitter que la noche del viernes ocho elementos de esas fuerzas de seguridad lo detuvieron en el destino turístico de Playa del Carmen, Quintana Roo, le exigieron dinero y tras negarse a entregarlo, le “plantaron evidencia” para trasladarlo a una estación de policía, de donde lo dejaron salir siete horas más tarde a cambio de entregar su teléfono celular.

Asimismo, el periodista acusó que las autoridades mexicanas no le habían leído sus derechos, ni tampoco le permitieron realizar llamada alguna.

La denuncia del chileno acumuló más de 1,400 retuits, con mensajes de cuestionamiento hacia la Guardia Nacional que pretende implementar el nuevo gobierno, la cual ha sido criticada por poner la seguridad pública en manos de militares.

De igual modo, el turista señaló que cuando estuvo en su celda fue testigo de violaciones a los derechos humanos y observó como elementos policiales golpearon a otros detenidos.

 

El periodista Alejandro Márquez Jiménez fue asesinado y su cuerpo abandonado en una brecha a un costado de la carretera Tepic-Pantanal, informó este domingo la organización Alertas Periodistas Desplazados México.

Márquez Jiménez es el noveno periodista asesinado en 2018 y el primero del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Márquez fue colaborador del Diario Crítica, actualmente imprimía un semanario llamado Orión Informativo y fue candidato a regidor por Morena en Tuxpan para el proceso electoral local 2017.

Sobre los hechos se sabe que el comunicador comía con su familia cuando recibió una llamada telefónica y salió del lugar a bordo de una motocicleta.

Luego de varias horas en las que no pudo ser localizado, sus familiares decidieron interponer la denuncia por su desaparición, pero cuando acudieron a la Fiscalía General del Estado y enunciarom sus generales, las autoridades presentaron el cadáver encontrado en los cañaverales de San Cayetano con un impacto de bala en la cabeza.

Se sabe que Márquez Jiménez tenía una relación de compadrazgo con el ex alcalde de San Blas y ex candidato a la gubernatura de Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, ‘Layín’.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “no hay razón” para que él escuche una grabación del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrida en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía.

Trump señaló que Estados Unidos tiene la grabación, que fue proporcionada por Turquía, pero en entrevista con “Fox News Sunday” dijo: “no quiero escuchar la cinta, no hay razón para que yo la escuche”.

Cuando se le preguntó por qué, Trump dijo que se trataba de “una cinta de sufrimiento” y afirmó que sabe “todo lo que pasó en la cinta sin tener que escucharlo”.

El presidente señaló que lo que le sucedió a Khashoggi en el consulado el 2 de octubre fue “muy violento, muy cruel y terrible”.

Y es que de acuerdo con funcionarios estadounidenses, las agencias de inteligencia de EUA han llegado a la conclusión de que el príncipe heredero de Arabia Saudita ordenó el asesinato, aunque el gobierno saudí lo niega.

El presidente turco, Recep Tayip Erdogan, aseguró hoy que su Gobierno tiene la certeza de que la orden de matar al periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en las dependencias del consulado saudí en Estambul, “vino de los más altos niveles” del Gobierno de Riad.

En una columna publicada hoy en el diario The Washington Post, Erdogan insiste en que el reino saudí debe responder aún muchas preguntas sobre lo ocurrido al periodista, quien había sido un duro crítico del príncipe heredero Mohamed bin Salman (MBS).

“Sabemos que los perpetradores se encuentran entre los 18 sospechosos detenidos en Arabia Saudí. También sabemos que esas personas vinieron a cumplir sus órdenes: matar a Khashoggi y partir”, se lee en el texto publicado por el diario estadounidense.

Finalmente indicó que no cree que el rey Salmán bin Abdulaziz haya sido quien emitió la orden. “No creo ni por un segundo que el rey Salman, custodio de las mazquitas sagradas, ordenara el ataque contra Khashoggi”.

 

Este miércoles, la fiscalía de Estambul dijo que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue estrangulado poco después de entrar al consulado de Arabia Saudita en esa ciudad el 2 de octubre en un asesinato planificado.

Asimismo, señaló que su cuerpo fue desmembrado y que los perpetradores se deshicieron de los restos.

La fiscalía afirmó en un comunicado que no se llegó a resultados concretos en las conversaciones de esta semana en Estambul entre el fiscal jefe, Irfan Fidan, y el fiscal público saudí, Saud al-Mojeb.

El asesinato de Khashoggi ha generado una crisis para el principal exportador de petróleo del mundo, que inicialmente negó tener algo que ver con su desaparición. Posteriormente, Mojeb contradijo eso y afirmó que el asesinato fue premeditado.

Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico del gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, fue asesinado al interior del consulado después de ir a recoger unos documentos para su matrimonio, a principios de octubre.

Arabia Saudita ha ofrecido diferentes versiones sobre la muerte de Khashoggi. Al principio negó su muerte, pero después afirmó que falleció en el interior del consulado tras una pelea.

Por ello, accedió a realizar una investigación conjunta con las autoridades turcas y su consulado en Estambul fue registrado tras la desaparición del periodista.

Salah Khashoggi, hijo del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, salió de Arabia Saudita junto con su familia dos días después de reunirse con el monarca saudí, Salman bin Abdelaziz, y con el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, reveló Human Rights Watch.

La directora de Medio Oriente de la ONG, Sarah Leah Whitson, confirmó a la agencia Efe la salida de Salah, y señaló que “está ahora en un avión” en dirección a Estados Unidos, después de que el reino le levantase el veto que tenía impuesto para abandonar el país.

El hijo de Khashoggi, que tiene nacionalidad saudita y estadounidense, fue recibido hace dos días en el palacio real de Al Yamama, en Riad, junto a uno de los hermanos del periodista asesinado, Sahl bin Ahmed Khashoggi.

Tanto el rey como el príncipe ofrecieron sus “condolencias” por la muerte de Khashoggi en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre, una acción que fue recogida por los familiares con “agradecimiento”, según la agencia estatal saudí SPA.