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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá informar el número de ataques a medios de información registrados en su base de datos, entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2022, según el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

El órgano autónomo resolvió que la CNDH debe revelar el cargo de las personas que integran la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en específico, el número de cada persona visitadora adjunta.

El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, expuso ante el pleno que los ataques a medios de comunicación tienen la “intención de cegar y de ponerle una mordaza al medio de comunicación social que está cumpliendo con su deber”.

“El ataque a medios informativos es una de las manifestaciones intimidatorias más graves, que no solo ha sido tristemente en muchísimos de los casos, una amenaza cumplida, una advertencia cobarde, pusilánime”, consideró.

Esta resolución ocurre después de que la CNDH se declarara “incompetente” y negara la información a un ciudadano al que sugirió dirigir su petición a la Fiscalía General de la República (FGR).

En el análisis del caso, el comisionado Acuña advirtió que la CNDH sí es competente para conocer el número de ataques a la prensa, como se puede constatar en su portal institucional en el que, de 2005 a 2017, tiene registrados 52 atentados a instalaciones de medios de información.

“La CNDH, que es el ombudsman a nivel nacional, no puede dejar de atender una contabilidad lastimosa y triste de cuántos ataques se están llevando a cabo porque un ataque aislado, así sea en el punto más desconocido o menos frecuentado de la geografía, es una amenaza a todo el país”, advirtió el comisionado.

También dio la razón al ciudadano en cuanto a que la información de los directivos del programa de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos está incompleta.

“Es importante aprovechar la oportunidad para manifestar solidaridad con todos los periodistas que han sido victimados, con sus familiares, con sus deudos, con sus cercanos y con todos los integrantes de la familia periodística de México”, manifestó Acuña.

La orden del INAI llega en momentos en que México se consolida como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20% de los asesinatos de periodistas del mundo en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.

Sin embargo, otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), contabilizan cerca de 20 asesinatos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este lunes que su homólogo estadounidense, Joe Biden, no ha respondido a su petición de invitar a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas, por lo que aún no define su asistencia al encuentro.

“Estamos esperando una respuesta. Entendemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por lo sucedido en Texas con el asesinato de los niños, de los jóvenes, y eso lo tiene atareado”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa diaria.

Así, el mandatario prolonga la expectativa que comenzó la semana pasada, cuando había prometido una postura definitiva sobre su asistencia al encuentro del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, al que no acudirá si Estados Unidos excluía a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Aunque funcionarios de La Casa Blanca confirmaron la semana pasada que Nicaragua y Venezuela no están invitados, López Obrador manifestó este lunes que aún espera una definición de Biden.

“Yo creo que se va a tomar en cuenta nuestro planteamiento, repito, el presidente Biden es una persona de buenos sentimientos, de avanzada. Sé también que está sometido a fuertes presiones”, añadió AMLO.

López Obrador adjudicó la tardanza en su respuesta al luto que creó la semana pasada la masacre de 19 niños y dos maestras en una escuela en Uvalde, Texas.

El presidente también citó el tiroteo y la discusión política sobre las armas como un ejemplo de la “polarización” que afecta a Estados Unidos, asegurando que hay más que lo que se acusa en México.

“Yo creo que por esta circunstancia el presidente Biden no ha podido darnos una respuesta, pero hay tiempo y le tenemos a él confianza”, reiteró.

López Obrador ha generado una polémica regional al condicionar su asistencia a que La Casa Blanca invite a todos los países de la región. Su postura la han secundado Bolivia, Guatemala y naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), mientras que países como Argentina, Honduras y Chile han replicado las críticas aunque sin retirar su asistencia.

López Obrador reafirmó que “está muy claro” que “si se invita a todos los países”, él asistirá de forma personal a la Cumbre, o de lo contrario, irá en representación del gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Argumentó que él debe cumplir con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos que establece la Constitución.

Cuestionado sobre cuándo definiría su postura, indicó que está dispuesto a esperar toda la semana. “No hay prisa, afortunadamente es aquí con nuestros paisanos, amigos, vecinos de Los Ángeles, es llegar a Tijuana y dos horas de carretera”, mencionó.

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibiera la carta con la que solicitó formalmente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que investigue y de a conocer las percepciones y bienes, así como su origen, del periodista Carlos Loret de Mola, la presidenta del Consejo Consultivo del órgano autónomo indicó que no es posible atender la solicitud del mandatario.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, Nuhad Ponce Kuri explicó que la obligación que rige al INAI es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, así como transparentar la información que sea del orden público.

“Hablando de un privado no es el INAI la autoridad para obtener esta información o para solicitar, el INAI no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular, no importa quien la solicite porque no está dentro del marco regulatorio”, dijo Ponce Kuri al ser cuestionada sobre la solicitud del presidente.

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Señaló que existen dos normativas de protección de datos, la que es para particulares y la que es para sujetos obligados; el INAI tiene la obligación de transparentar cuando se está hablando de un ente público, pero cuando se trata de un privado no se debe publicar la información.

No es la primera vez que el INAI se pronuncia sobre el caso. El pasado viernes, luego de que el presidente diera a conocer los supuestos ingresos del periodista, el INAI dijo que se mantendría atento a la denuncia que se pudiera presentar, en caso de advertir una presunta transgresión al marco jurídico aplicable, en perjuicio de su derecho a la protección de datos personales.

“Como organismo constitucional autónomo garante de este derecho fundamental en el sector público federal, el INAI se encarga de vigilar que cualquier institución pública de la Federación cumpla con los principios y deberes que establece la LGPDPPSO para el tratamiento de datos personales”, indicó en su momento el Instituto.

Ponce Kuri recordó que el consejo consultivo a su cargo, emitió una opinión técnica jurídica, por la que recomendó al INAI investigar si los datos personales del comunicador fueron vulnerados.

“Lo hicimos al ver que existía una posible vulneración a la protección de los datos personales de una persona, por eso se decidió hacer el análisis técnico jurídico y solicitarle al INAI que se inicien las investigaciones correspondientes, se trata de una recomendación no vinculantes, es decir, que el Instituto puede o no tomar”, añadió.

En su carta, López Obrador pidió que en caso de que el INAI no tuviera competencia para atender su solicitud, le informaran si, como ciudadano, ejerciendo su derecho a la libertad de información y expresión, puede dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos de Loret de Mola, que llegaron a Palacio Nacional.

Luego de que se diera a conocer el oficio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a petición del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, en el que solicitaba a sus pares enviar por adelantado el sentido de sus votos sobre los temas que se discutiría en las sesiones públicas, los magistrados integrantes de la Sala Superior emitieron un posicionamiento en el que rechazaron dicha petición.

Indicaron que se trata de una petición que carece de fundamento legal y que atenta contra su independencia y autonomía, que como juzgadores y juzgadores tienen en lo individual y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado, que la ley les otorga.

 

A través de un posicionamiento que se difundió en redes sociales, y que es firmado por los magistrados Felipe Fuentes Barrer, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante y Felipe de la Mata Pizaña, aseguran que la petición realizada pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado como lo es la Sala Superior del TEPJF.

Además, señalan que enviar el sentido de sus votos antes de la sesión pública de resolución supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional o bien que la deliberación judicial resulte irrelevante o  innecesaria en un Tribunal Constitucional.

La petición del magistrado presidente delimita “la oportunidad de que mediante la exposición y debate de los asuntos, se pueda reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones públicas de resolución de asuntos”.

Finalmente indicaron que la advertencia sobre suspender las sesiones públicas de no contar con la información solicitada que se señala en el oficio con fecha 18 de mayo, puede entorpecer el buen desarrollo de las mismas.

Remataron indicando que la solicitud no es atendible ya que, además de no contar con sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la de liberación de los asuntos que se presentan y con ello llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que rigen a las jugadoras y juzgadores.

“Es por ello que la votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuesta y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló esta mañana que pidió a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, un nuevo préstamo de vacunas contra el COVID-19 correspondientes a AstraZeneca, esto durante la reunión virtual que sostuvieron el pasado viernes.

“La respuesta fue, diría, favorable y muy responsable”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina; detalló que hizo la petición y “ellos (Estados Unidos) están en la mejor disposición de entregar (vacunas) a países que no tienen”.

Aseguró que le gustó la respuesta de la vicepresidenta, por lo que no descarta que lleguen esas vacunas en las próximas semanas, probablemente a finales de mayo; señaló que de acuerdo a lo expresado por Harris, “solamente están en proceso de revisión de eficacia”.

Precisó que las autoridades estadounidenses están practicando pruebas a la vacuna “porque no quieren enviar algo que no esté en buen estado. Que no sean vacunas caducas, sino efectivas”.

Afirmó que de llegar el envío adicional de vacunas por parte de Estados Unidos, desde finales de este mes, podrían tener prácticamente vacunados a todos los adultos mayores de 50 años “sería muy favorable”.

De concretarse el “préstamo de vacunas” sería la segunda vez que el gobierno de Joe Biden apoya a México con el fármaco; a principios de abril se envió a México un total de 2.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, como parte de un acuerdo que alcanzó López Obrador con Biden.

La semana pasada Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había adelantado que México recibiría 4.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, de su planta en Estados Unidos, a finales de este mes.

Desde el inicio de recepción de lotes de vacunas, en diciembre pasado, nuestro país ha recibido 27 millones de dosis de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V y Sinovac.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, informó que se abrió un periodo de siete días para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haga una declaración por escrito respecto a la solicitud de desafuero que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

El legislador de Morena explicó que en caso de que el gobernador no realice declaración alguna se entenderá que niega los señalamientos que hace el organismo de procuración de justicia.

Explicó que el pasado lunes se notificó al mandatario panista sobre el proceso de juicio de procedencia que le atañe directamente, por lo que el periodo de siete días comenzó el día siguiente, y una vez que termine, la Sección Instructora determinará abrir un periodo de 30 días para el desahogo de pruebas.

Sobre si la Sección Instructora dará a conocer públicamente el expediente, como lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina, Gómez Álvarez respondió que no es posible, porque la ley no lo permite; sólo pueden acceder a él las partes involucradas.

“Si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su solicitud (de desafuero) es cosa de él, en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, puntualizó, dejando así la petición de AMLO en manos de la FGR.

Indicó que en caso de que se declare la procedencia del juicio de desafuero se notificará al Congreso de Tamaulipas.

En su encuentro con la prensa, Pablo Gómez aprovechó para actualizar sobre la solicitud de desafuero contra el diputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, presentada por la Fiscalía de la Ciudad de México; indicó que ya se han entregado los alegatos a la Sección Instructora, por la que ésta ya deberá resolver sobre dicha solicitud. De igual manera comentó sobre la solicitud de desafuero contra el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, promovida por la Fiscalía de Chihuahua; dijo que el caso está en el periodo de desahogo de pruebas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó la petición que la familia LeBarón hiciera al presidente Trump para catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, pues con ello se pondría en riesgo la soberanía del país y los esquemas de colaboración entre ambas naciones.

La familia LeBarón, que el 4 de noviembre pasado vivió un ataque en el que asesinaron a nueve de sus integrantes en los límites de Chihuahua y Sonora, solicitó al gobierno de Estados Unidos catalogar al narcotráfico como terrorismo, lo cual posibilitaría a ese país tomar acciones directas para frenar su avance.

“El narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita cuando se declara, se denomina a un grupo terrorista; entonces, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa”, explicó Ebrard en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.

El titular de la SRE sostuvo que “México jamás los aceptaría”, y además “pienso que Estados Unidos no iría por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos”.

Ebrard Casaubón explicó que la investigación del caso avanza, en colaboración con autoridades estadounidenses, y se están obteniendo resultados que pronto serán informados.

Por su parte el presidente López Obrador afirmó que el gobierno de Donald Trump es respetuoso de la soberanía de México y en temas de seguridad, aclaró, sólo ha ofrecido colaborar, desde su país, si lo solicita el gobierno mexicano, en la solución de investigaciones criminales.

“Nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad y violencia y quiero que de claro, porque se mantiene el carácter autoritario o el propósito de querer resolver los problemas sólo con el uso de la fuerza, la violencia, nosotros estamos aplicando un nuevo paradigma en temas de seguridad”, enfatizó.

AMLO lamentó que en el país existan voces que pidan la intervención de gobiernos extranjeros para resolver la crisis de violencia en el país.

La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega, rechazó hoy la solicitud del equipo legal de Emilio Lozoya para citar a comparecer al menos a 15 personas, entre ellas al ex presidente Enrique Peña y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Ortega desechó la petición al rechazar la prueba testimonial ofrecida por la defensa de Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de la investigación que se sigue por la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados.

La solicitud incluía también al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa; el ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher; y el ex director de PMI Internacional, filial de Pemex, José Manuel Carrera Panizzo.

Tras dar por recibido el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y rendido el informe sobre la ampliación de la demanda del 1 julio de 2019, la magistrada dispuso en su resolución: “indíquesele al promovente que no ha lugar a acordar favorablemente su petición”.

Los abogados de Lozoya confiaban que, con esa comparecencia, su defendido pudiera quedar libre de las acusaciones que hay en su contra.

Por su parte el abogado Javier Coello indicó que impugnará la decisión de la juez, pues insistió en que “ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio”.

Pidió que sea un tribunal colegiado quien determine si la resolución de la juzgadora estuvo fundada.

La defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán solicitó al juez de su caso que se le permita dos horas adicionales fuera de la celda; tapones para que duerma mejor, así como poder comprar seis botellas de agua semanales.

El juez defensor, Brian Cogan, solicitó a través de una carta que se le permitan dichas “comodidades”  a su cliente debido a las dificultades encontradas con el centro correccional de Manhattan donde aguarda su sentencia definitiva.

De acuerdo al documento judicial, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York aconsejó a la defensa que acudiera al juez si no era capaz de seguir el proceso administrativo con la prisión.

La carta enviada al juez destaca que el mexicano lleva 27 meses en una prisión de Manhattan, aislado del resto de presos, y “en condiciones que violan la prohibición de la Octava Enmienda de castigos crueles e inusuales”.

Según lo expuesto, “El Chapo” está recluido en una celda pequeña y solo se le permite una hora de ejercicio en otra celda del interior de la prisión de lunes a viernes con una bicicleta estática, lo que limita su acceso al aire libre o a la luz natural.  Además, la luz de su celda permanece constantemente encendida, lo que dificulta su sueño.

Guzmán se queja también de fuertes dolores de cabeza diarios, así como de oído, hasta el punto de que durante los tres meses de juicio no fue capaz de utilizar unos auriculares para escuchar la traducción simultánea al español, sino que un traductor debía hablarle directamente al oído.

Por otro lado, “El Chapo” solicita acceso a la tienda de la prisión para comprar botellas de agua, seis semanales, puesto que el sistema de tuberías de la prisión es antiguo y supone exponerse al moho.

El equipo defensor concluye que “la Corte debería ordenar al Centro Correccional Metropolitano que dé acceso al señor Guzmán a al menos dos horas de ejercicio al aire libre semanales, de manera que pueda absorber luz natural así como aire fresco. Además, (…) al señor Guzmán se le debería permitir comprar seis botellas de agua semanales y tapones para los oídos”.

En entrevista con Carmen Aristegui en su programa de Grupo Radio Centro, el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, José Luis González Meza, reveló que el ex presidente Enrique Peña Nieto habría pedido a su cliente matar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El abogado dijo que, en exclusiva, revelaría que al interior del grupo defensor del capo, existe información de que el ex presidente Peña Nieto habría pedido a “El Chapo” matar a López Obrador, cuando este aún aspiraba llegar a la presidencia de la República.

“Hay una verión de que el ex presidente Peña le pidió al Chapo Guzman que matara a López Obrador”, dijo el abogado. Añadió que el narcotraficante le habría contestado a EPN que él era un agricultor más no sicario.

Además dijo que el cártel de Sinaloa y “El Chapo” entregó a Peña Nieto en total mil 800 millones de dólares, en diversas entregas parciales hechas desde el inicio de campaña del priísta en 2012.

La agrupación política México Libre creada por la excandidata a la presidencia Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ya ha reunido hasta el momento 102,758 firmas pero en una petición en la plataforma Change.org para que sea cancelado su proceso de registro como partido oficial.

El lunes 21 de enero, la excandidata presidencial registró su asociación Libertad y Responsabilidad Democrática (Libre) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con la intención de que se convierta en partido político.

La petición en Change.org pide detener la creación de ese instituto político por tener presuntos vínculos con el narcotráfico, así como por el caso de la Guardería ABC y los resultados de la estrategia aplicada en el sexenio de Calderón contra el crimen organizado.

El expresidente de México, Felipe Calderón, ha pedido a la ciudadanía registrarse en la página de su nuevo partido político, con el objetivo de recolectar firmas para que se avale su creación.

Luego de que la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán pidiera al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anular la autorización que concedió la administración de Enrique Peña Nieto para que fuera juzgado en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un posicionamiento.

“La cancillería en pleno respeto de los derechos humanos del señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quien fue extraditado en el mes de enero del año 2017 a los Estados Unidos de América, manifiesta que no abordará su caso, o algún otro, en los medios de comunicación”, dijo la dependencia.

Reiteró que el asunto sobre dónde debía de ser juzgado, ya fue analizado y resuelto por el Poder Judicial Federal, instancia que determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que fue extraditado al país vecino.

La SRE adelantó que en breve emitirá una respuesta al escrito presentado por los abogados de “El Chapo”, y añadió que siempre estarán en disposición de atenderlos por medio de la oficialía de partes, “siempre que se observen las disposiciones de seguridad para ingresar a las instalaciones y se ciñan a los procedimientos establecidos para tal efecto”.

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló esta mañana lo que le pedirá a los Reyes Magos, que están a dos días de llegar.

Al ser cuestionado por una reportera al respecto de lo que pediría, el mandatario dijo que aunque en su casa se cree en los Reyes Magos hasta la primaria, sí tiene algunos deseos para pedirle a los magos de Oriente.

“¿Que si le voy a pedir algo a los Reyes Magos? ¡Sí! Allá en la casa se dice que hasta la primaria se cree en los Reyes Magos y en Santa, pero en la secundaria ya no; pero le pido a los Reyes Magos que traigan paz y tranquilidad para el país, que haya felicidad, que nadie se enferme, que haya salud”, dijo en su conferencia matutina de hoy.

Esta mañana, López Obrador presentó su declaración patrimonial, en la que no reportó ningún bien inmueble a su nombre; dijo que sólo tiene una quinta en Palenque, Chiapas, la cual está escriturada a nombre de sus cuatro hijos.

 

Este martes el colectivo #SeguridadSinGuerra hizo una solicitud de audiencias públicas ciudadanas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para abordar la resolución de la Ley de Seguridad Interior con la finalidad de reafirmar la defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos.

A través de un carta firmada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, se solicitó una serie de audiencias previas a la resolución de las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior, pues indicaron que “la resolución de estos asuntos tendrá un impacto profundo en la vida constitucional del país”.

La carta fue entregada por algunos de los miembros del colectivo, tales como el actor Diego Luna, la académica y analista Denise Dresser, entre otros.

Recordaron que el pasado mes de diciembre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República aprobaron y promulgaron la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las advertencias de varios organismos nacionales como la CNDH y organismos internacionales como la ONU y la CIDH, sobre los riesgos que conllevaba la normalización de presencia militar en tareas de seguridad pública.

Señalaron que una gran cantidad de académicos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros que para la ciudadanía tiene la presencia militar en la calle, y pidieron que en lugar de promulgar una Ley de Seguridad Interior, se optara por el retiro paulatino de las fuerzas armadas.

El colectivo dijo que en el histórico día enque se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, era importante reafirmar la defensa de las libertades y derechos.

“La resolución de los casos referentes a la Ley de Seguridad Interior, sea cual sea su sentido, sólo puede beneficiarse
y fortalecerse con un ejercicio de transparencia y deliberación pública como lo serían audiencias públicas”, enfatizó el colectivo.

Finalizó indicando que el momento por el que atraviesa el país es histórico, y confió en que nunca más exista represión a las libertades ciudadanas.

 

Foto: Twitter @cataperezcorrea

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución en la que pide al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que acepte la propuesta que le hizo la Iglesia Católica de adelantar a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021.

La iniciativa, impulsada por siete países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y EUA) y respaldada por México y Brasil, “exhorta” al Ejecutivo nicaragüense a que “apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional”, según el texto.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo de este diálogo nacional, pidió el 7 de junio a Ortega que adelantara los comicios al 31 de marzo de 2019; pero, el pasado 7 de julio, el mandatario rechazó esa solicitud, al considerar que ya habría “tiempo para las elecciones tal y como lo manda la ley”.

La resolución llega luego de que la tarde de ayer, 13 países entre los que se encuentra México, firmaran una declaración especial en la que condenaron los graves hechos de violencia en Nicaragua.

Ahí manifestaron su pesar por la pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

La ex modelo Carmen Campuzano utilizó sus redes sociales para solicitarle al virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sea considerada como titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC).

La ahora cantante indicó que le gustaría dirigir el organismo, pues aseguró que la lucha contra las adicciones “debe tener la visión de quien las ha vencido en lo personal, familiar y social”.

Rápidamente su tuit comenzó a ser compartido en las redes, y aprovechó para añadir el hashtag #PidoFormalmenteAlPresidenteElecto, con lo que espera que el tabasqueño revise su petición. Se desconoce si Campuzano ha sostenido pláticas con el equipo de AMLO.

Recordemos que la también DJ batalló en el pasado con adicción a las drogas, lo que la alejó de los escenarios por varios meses.

Su petición también desató las burlas de los internautas.