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Dos días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero.

El expediente del panista indica que no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revela el periódico Reforma.

Durante la campaña presidencial, la PGR informó que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió desde el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro por la empresa Manhattan Master Plan.

De acuerdo con el documento obtenido por Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que durante la investigación se acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.

La PGR concluyó que los recursos operados para la compra se obtuvieron de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, afirmó hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a aceptar su sentencia de nueve años de prisión.

“Tenía una pistola en la cabeza, de que si no aceptaba me ponían una condena de 25 años de prisión, la PGR directamente. O aceptas el juicio abreviado y te vas con esta (condena) o te ponemos delincuencia organizada y te hacemos toda una campaña para poderte condenar y te quedes el resto de tu vida en la cárcel”, dijo Duarte en entrevista con Grupo Fórmula.

El exmandatario estatal dijo que a algunas de las personas que testificaron en su contra nunca las conoció.

“Al que dicen que es mi contador lo vine a conocer aquí adentro, (…) así como otros que declararon en contra mía que hicieron y deshicieron por orden mía, yo nunca los conocí y realmente no tuve que ver en las acciones que dicen. No existe una cuenta, no existe un cliente, no existe una operación, no existe una empresa en donde yo o alguien de mi familia aparezca, solo están los dichos de estas personas que confiesan haber cometido estos ilícitos y por el simple hecho de que lo hicieron por órdenes mías les quitan los delitos y les dan lo que la ley señala como criterios de oportunidad, que son testigos protegidos y andan como si nada en la calle”, acusó Duarte.

Asimismo, indicó que ahora se está concentrando en tres pilares importantes: su familia, recuperar la libertad y reconstruirse. Sobre este último dijo que será una vez que se den los dos primeros: “el ver que hacer de mí”.

Al ser cuestionado sobre el posible lavado de dinero en contra de una universidad pública de Veracruz por un monto de 150 millones de dólares que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Duarte afirmó: “ese muertito no me lo pueden cargar a mí”.

“La universidad es autónoma, aunque fuera durante mi periodo, la universidad veracruzana es un organismo autónomo, no tiene que ver con la administración pública del estado, lo único que el Gobierno de Veracruz hace es apoyar a la universidad con parte de su presupuesto”, dijo y agregó que “no sería ninguna novedad que de eso me quisieran acusar, pero no tengo nada que ver con el manejo de recursos de la universidad”.

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación el manual que regula las remuneraciones salariales de los trabajadores de dicha dependencia.

De acuerdo con el escrito oficial, si las tareas que desempeñen los funcionarios de la Fiscalía son especializadas y con técnicas calificadas, el personal podrá ganar más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es decir, un sueldo superior a los 108 mil pesos mensuales.

El manual clasifica once niveles salariales para el personal operativo, un tabulador especial para el grupo que ocupa plazas de especialidad técnica o profesional, así como para los puestos jerárquicos, considerados servidores públicos de mando superior, mando medio y de enlace de la FGR.

Además, contempla, en su artículo 25, un seguro de gastos médicos mayores para los servidores contratados en puestos especializados y técnicos calificados.

El documento señala que la FGR es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de perseguir los delitos del orden federal.

 

Puedes leer el documento completo Aquí

La Fiscalía General de la República entregó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) dos contratos que confirman que la dependencia anterior, la Procuraduría General de la República, pagó por el uso de licencias de Pegasus en 2016 y 2017.

Pegasus es el software con el que fueron espiados al menos 15 defensores de derechos humanos, legisladores y periodistas.

Esto quiere decir que la PGR lo utilizó, por lo que el INAI pidió a la Fiscalía y a la Auditoria Superior de la Federación que investiguen quiénes usaron este programa que permite obtener información detallada, así como audio y video en tiempo real, de los celulares de las víctimas.

Y también que garanticen que ya fue desinstalado de las áreas de espionaje.

“Nos hizo llegar de último momento, de última hora, que había evidencias, que había encontrado dos contratos, por un monto, uno en 2016 y otro en 2017, por un monto de 200 millones de pesos, que se suman a los 600 y tantos millones de pesos que el Estado mexicano, a través de la PGR invirtió en el 2014. Durante toda la fase de investigación, hubo una negación de la PGR a que hubiera vestigios de algo más”, señaló Javier Acuña, presidente del INAI.

El INAI encontró indicios de que funcionarios de la otrora Procuraduría General de la República (PGR) hicieron mal uso de dicho programa e incumplieron la protección de datos personales.

Al presentarse la resolución sobre el proceso de verificación de oficio que inició el 23 de noviembre pasado a la Procuraduría, dijo que dará vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue y sancione a los funcionarios involucrados en la operación del software.

Este lunes iniciaron las comparecencias de los 27 candidatos a la Fiscalía General ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

La Comisión recibirá a quienes cuentan con los requisitos señalados y que aparecen en el “dictamen de elegibilidad”, que fue aprobado la semana pasada.

La Cámara Alta deberá integrar una lista con diez aspirantes que se remitirá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que elija una terna, misma que regresará al Senado para que en votación nombren a quien ocupará el cargo de fiscal.

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales versiones sobre la supuesta detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam, por parte de la Interpol, el exvocero de la Procuraduría General de la República, Eduardo Zerón, desmintió la información.

A través de su cuenta de Twitter, Zerón García aseguró que se trata de un hecho “absolutamente falso” y agregó que el exprocurador se encuentra realizando sus actividades cotidianas.

“Derivado de un mensaje en redes sociales respecto a que el Lic. Jesús #MurilloKaram habría sido detenido por elementos de @INTERPOL_HQ, me permito informarles que es absolutamente #FALSO, él se encuentra realizando normalmente sus actividades particulares”, publicó el exvocero.

Murillo Karam es un abogado, integrante del PRI, que ha fungido como diputado, senador, fue gobernador de Hidalgo y procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, particularmente recordado por la frase: ¡Ya me canse! tras dar a conocer la denominada verdad histórica sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció que inició a un procedimiento administrativo en contra del regidor del municipio de Áporo, Michoacán, David Bautista Reséndiz, quien apareció en una imagen difundida a través de las redes sociales, sosteniendo los cuerpos sin vida de dos animales que podrían ser lobos o coyotes.

La dependencia señaló que en atención a la denuncia hecha por la comunidad cibernética, personal de la Delegación de la PROFEPA en el estado de Michoacán sostuvo una reunión con el presidente municipal de Áporo, en la que también participó el regidor, a quien se le notificó del inicio del procedimiento administrativo.

Según lo informado, Bautista Reséndiz formuló las manifestaciones que estimó pertinentes, aunque no se especificó cuáles fueron estas, ya que quedaron reservadas para el proceso que se le seguirá.

La dependencia sostuvo que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del regidor, así como de quien o quienes resulten responsables.

Adelantó que buscará iniciar procedimientos paralelos en contra de las otras personas que aparecen en la imagen publicada.

Por su parte el municipio informó que Bautista Reséndiz solicitó licencia a su cargo, para poder atender el proceso que se abrió en su contra.

 

Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, informó que ya se iniciaron procedimientos penales contra tres trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el delito de huachicoleo.

El funcionario dijo que para este delito hay una complicidad desde adentro, ya que un delincuente no puede sólo acercarse a un ducto y extraer el combustible.

“Era un asunto que se manejaba desde adentro y desde afuera. Entonces se empezó a trabajar de inmediato en Pemex logística, que es el área que maneja el control de los ductos… precisamente quienes manejaban el control de esos ductos desde Pemex eran los que estaban permitiendo que este robo se llevara a cabo”, explicó.

En conferencia de prensa, Gertz Manero mencionó que en el Gobierno hay un grupo de individuos a cargo del sistema administrativo y penal que se encargará de defender los bienes de la nación.

“Están entrando también (la Secretaría de la) Función Pública, el SAT, inteligencia financiera, es todo un grupo de defensa de los bienes de la nación y del petróleo para que este sistema primero se descubra y se haga público; segundo, se sancione y luego se remedie”, afirmó.

Sobre los tres funcionarios implicados en el robo de hidrocarburos, el encargado de la PGR comentó que no puede dar sus nombres para respetar el debido proceso.

Este martes, autoridades federales ofrecieron una conferencia de prensa en la que se habló sobre las investigaciones que se siguen en torno al accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que el gobierno mexicano presentó las solicitudes de ayuda a expertos internacionales para la investigación que permita esclarecer las cusas del accidente.

Como parte de la ayuda que se solicitó, se contactó con las agencias de investigación estadounidenses entre las que se encuentra el FBI; además señaló que se contactó con el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, para que coadyuve con las investigaciones.

Por su parte el subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Ochoa, indicó que tienen “la indicación, pero sobre todo la obligación constitucional y legal de agotar, a través de todos los medios nacionales e internacionales, todas y cada una de aquellas pruebas que permitan llegar a las causas de este penoso acontecimiento”.

Se informó que paralelamente a la investigación que se sigue por parte de la Procuraduría en el estado de Puebla, la Fiscalía local conduce una investigación para la cual habrá estrecha colaboración.

Durazo invitó a la población  a no creer todo lo que se comparte en redes sociales, pues dijo que hasta ahora no hay evidencia alguna que permita conocer lo que sucedió; para conocerlo es que se siguen las investigaciones correspondientes.

A través de su cuenta de Twitter, pidió que “hagamos un esfuerzo de madurez y un compromiso con la verdad, un llamado o una convocatoria a no difundir noticias falsas que lastiman a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida, no habrá necesidad de especulación puesto que toda la información que se vaya generando a lo largo de la investigación será difundida oportunamente”.

 

La actriz Kate del Castillo ofreció la noche de ayer, una conferencia de prensa luego de que regresara al país tras más de tres años de no pisar suelo mexicano debido a una “persecución” política en relación a su encuentro con “El Chapo” Guzmán.

Del Castillo indicó que estaba “nerviosa y emocionada” de regresar al país, y explicó que arribó de Los Ángeles, Estados Unidos, a donde uno de sus abogados fue por ella para acompañarla en su ingreso a territorio nacional.

La también productora indicó que eran totalmente falsos los señalamientos que se le hacían de estar vinculada con el crimen organizado, tal y como lo sugiriera la administración federal anterior. Al respecto señaló directamente al presidente Enrique Peña Nieto de haberla “perseguido” y vulnerado sus derechos humanos.

Dijo que tanto la Presidencia de la República como la Procuraduría General de la República (PGR) emprendieron una “venganza” por haber hablado de temas como la Casa Blanca o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron casos que mancharon a su gobierno; además dijo que se le ocupó como un “distractor” para desviar la atención de los verdaderos problemas que tenía el país como la corrupción o la baja popularidad del ex mandatario.

Afirmó que la PGR filtró información a los medios de comunicación lo cual propició que se pusiera en duda su honra, dignidad, y se violentara su libertad de expresión y pensamiento, al presentarla como una “delincuente”; también dijo que se violó su presunción de inocencia.

“Fui ataca por el simple hecho de ser mujer, cuando a los tres hombres que me acompañaron nunca se les investigó, nunca”, dijo Del Castillo con voz entrecortada.

Enfatizo que no por ser una figura pública se justifica que las autoridades se entrometieran en su vida, pues dijo que lo que se ha ventilado e investigado, no pertenecen la esfera pública, incluso acusó que los señalamientos que se le hicieron afectaron su vida labora, desencadenando la cancelación de contratos.

“Fui seriamente daña en mi honor y mi reputación (…)  No tengo nada que ocultar, no cometí ningún delito y fui victima de una persecución olímpica”, sostuvo la actriz.

Finalizó deseando “que le vaya increíblemente bien” al nuevo gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en quien confió podrá resolver retos como la impunidad, seguridad, derechos humanos, desigualdad, migración, trata de personas, corrupción. “De antemano le agradezco al señor Presidente sus buenas intenciones realizadas a través de diferentes comentarios que ha realizado a la prensa acerca de mi persona”.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer los nombres de los funcionarios y ex funcionarios que son investigados en relación al caso Odebrecht.

El organismo indicó que además de los nombres de los investigados, se deberá informar el nombre de aquellos que hayan sido citados a declarar.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, que fue quien presentó el tema ante el Pleno, destacó que conocer los nombres de los servidores públicos y ex servidores investigados e involucrados en el caso Odebrecht es de interés de la sociedad porque se relacionan con una carpeta de investigación sobre conductas presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Dijo que la única forma que tiene la sociedad de constatar los avances de la investigación y de quiénes son las personas involucradas, es mediante el conocimiento de dicha información.

Por su parte el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, consideró indiscutible el interés público por saber los nombres de funcionarios y ex funcionarios involucrados en dicha investigación.

Sobre los señalamientos que se han hecho de que al revelar la información se violaría el debido proceso, el comisionado Oscar Guerra Ford planteó que la apertura de la información no representa afectación alguna.

“En el INAI somos conscientes de que no se quiere afectar ninguna de estas investigaciones; al contrario, nos gustaría que estas investigaciones pudieran concluir y se pudiera conocer lo que sucedió, y si hay funcionarios o diversas personas que cometieron actos ilícitos, si fuese el caso, no lo puedo presumir, pues obviamente se le sancione en términos de derecho”, explicó.

Recordemos que en octubre pasado, el INAI ordenó a la Procuraduría dar a conocer la averiguación previa del caso, pues consideró que existe un reclamo social por combatir la corrupción; sin embargo la dependencia se negó a proceder con la instrucción ya que dijo que las carpetas de investigación están en curso, y por tanto, su contenido era estrictamente reservado por la ley.

 

Tras ser investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la actriz Kate del Castillo regresará a México para pasar las fiestas de fin de año con su familia.

Del Castillo no ha visitado el país desde hace dos años después de haber sido vinculada con el narcotraficante, ahora enjuiciado en Estados Unidos, y tras la publicación de un artículo escrito por el actor Sean Penn para la Revista Rolling Stone sobre el encuentro que sostuvieron él y la actriz con “El Chapo” en octubre de 2015.

En entrevista con la agencia EFE, la protagonista de la narco serie “La Reina del Sur” aseguró que ya se solucionaron los problemas judiciales que enfrentaba, pero aún desconoce si tendrá problemas para entrar a México.

“El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno”, dijo.

La actriz afirmó que está a disposición de reunirse con el nuevo gobierno, siempre y cuando los funcionarios estén bien informados de su caso.

“No tengo nada que esconder, ni tengo que pedir ningún favor. Es cuestión de que se pongan a leer mi caso y que se enteren de qué se trata”, dijo Del Castillo.

Francisco Valencia, ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CEAV) acusado de desviar 435 millones de pesos, abandonó el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

En la audiencia realizada este martes, la juez del caso cambió la medida cautelar impuesta a Francisco Valencia de prisión preventiva, por lo que ahora seguirá su proceso en libertad y tendrá que acudir a firmar a los juzgados cada 15 días.

Apenas el lunes, Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas y Planeación, abandonó el mismo reclusorio.

El secretario de Gobierno estatal, Erick Patrocinio Cisneros, advirtió que podrían salir más ex funcionarios del ex gobernador Javier Duarte porque las carpetas de investigación en su contra estuvieron mal integradas.

“Quienes integraban las investigaciones las hicieron mal porque o había desconocimiento o había chanchullo. Las detenciones fueron un rollo mediático y luego los responsables se dedicaron a negociar con quienes saquearon el erario público”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno veracruzano, se hizo justicia “selectiva”, por lo que el fiscal Jorge Winckler debe ser destituido.

“Hubo justicia selectiva y debe haber justicia para todo y para ello debe ser relevado el fiscal Jorge Winckler, quien tiene al menos cinco denuncias en su contra y tres solicitudes de juicio político ante el Congreso del estado”, puntualizó.