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Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la élite de la División Antidrogas de la Policía Federal, anunciaron la captura de Arnulfo “G” y Ulises “G”, identificados como operadores financieros y parte del primer nivel dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además de operar en dicho estado, el cártel es identificado como generador de violencia en los estados de Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz, principalmente.

Según Manelich Castilla, Comisionado General de la Policía Federal, detalló que elementos federales dieron cumplimiento a dos órdenes de cateo otorgadas por un Juez de Distrito, en los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, donde se implementaron operativos simultáneos que dieron como resultado la detención de ambas personas.

Arnulfo “G”, fue asegurado en el municipio de Zapopan, sin que las fuerzas especiales que participaron en el operativo efectuaran un solo disparo.

Se señaló que Arnulfo “G” estableció su centro de operaciones en Bolivia en 2016, donde formó una estructura financiera enfocada al lavado de dinero a través de la compra, venta y renta de bienes inmuebles, la cual servía también como enlace con proveedores de cocaína en países de Sudamérica, droga que era enviada a México para su distribución y venta en algunos estados, así como para los Estados Unidos.

Por otra parte, Ulises “G” fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y de acuerdo a informes de inteligencia se ostentaba como empresario en el ramo inmobiliario y utilizaba nombres falsos e identificaciones apócrifas para pasar desapercibido ante las autoridades.

Además de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Ulises “G” también se dedicaba al trasiego y comercialización de drogas.

Ulises “G” y Arnulfo “G”, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.

 

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Díaz Santana, indicó que durante la Jornada electoral del próximo 1 de julio, habrá más de 14 mil 644 funcionarios de la PGR desplegados en la República Mexicana para inhibir las posibles conductas delictivas y atender todas las denuncias que se presenten en materia de delitos electorales.

Díaz Santana destacó que la responsabilidad de la Fiscalía es cumplir su labor de prevenir, perseguir y castigar delitos electorales y trabajar de manera coordinada con el INE y el TEPJF para asumir el compromiso que cada institución tiene para la elección del próximo domingo.

El  funcionario federal agradeció  la asistencia de los observadores internacionales a quienes deseo tener una buena jornada de observación electoral; pues según información del INE, la jornada del domingo será seguida por cerca de 30 mil observadores electorales nacionales, 907 visitantes extranjeros de 60 países y cerca de tres millones de representantes de partidos políticos que vigilarán el trabajo de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla.

Se indicó que en todo el país se instalarán cerca de 156 mil casillas operadas por 1.4 millones de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla.

 

Elementos de la Procuraduría General de la República destruyeron más de 11 toneladas de narcóticos relacionados con diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas, en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por medio de un comunicado, la dependencia señaló que la primera incineración se realizó en las instalaciones de la Secretaria de la Defensa Nacional de Ciudad Victoria, donde fueron destruidos 604 kilos 644 gramos de marihuana, 83 gramos de clorhidrato de cocaína y 652 gramos de metanfetamina.

En tanto que, en Nuevo Laredo, en una estación ubicada sobre la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, se incineraron 10 toneladas 595 kilos de marihuana.

La dependencia precisó que durante la diligencia estuvo presente el Ministerio Público de la Federación, encargado de coordinar el evento de identificación y de realizar las diligencias de conteo, pesaje e incineración de narcóticos.

De igual modo, autoridades militares, peritos y personal del Órgano Interno de Control de la PGR también estuvieron presentes para verificar que el procedimiento se llevara a cabo conforme a los términos de las normas aplicables.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó esta tarde que la Procuraduría General de la República (PGR) ya solicitó la detención provisión con fines de extradición a Reino Unido en contra de Karime Macías de Duarte.

 

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal aprovechó para comentar la situación que se vive en la frontera de México con Estados Unidos, en donde el gobierno del presidente Donald Trump ha endurecido sus políticas migratorias.

Informó que ha establecido comunicación con autoridades federales para corroborar que ninguna familia veracruzana haya sido víctima de estas políticas, a lo que indicó que hasta ahora no se tiene reporte de ninguna familia del estado involucrada.

Adelantó que su gobierno mantendrá vigilancia permanente y de ser necesario contratará a un despacho jurídico en Estados Unidos para que brinde los apoyos necesarios.

El segundo tema que comentó fue la extradición de la ex primera dama estatal. Afirmó que la PGR le notificó que solicitó la detención provisión con fines de extradición de Macías, procedimiento que se lleva a cabo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien a su vez lo solicita al gobierno de Reino Unido para que allá se inicie el trámite.

Indicó que la Fiscalía estatal solicitó a la PGR la detención de la ex primera dama estatal, para que llegue a Veracruz y enfrente a la justicia.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia en contra del candidato de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade.

Previo a la realización del Tercer Debate entre aspirantes presidenciales, el último organizado por el Instituto Nacional Electoral, y luego de que el senador panista Ernesto Cordero presentara una denuncia contra Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero, el abogado Jorge López Martín hizo lo propio pero en contra del abanderado priísta, José Antonio Meade, por su presunta participación en el encubrimiento de los casos Odebrecht y Estafa Maestra.

En dicha denuncia, López Martín acusa a Meade de encubrir el uso indebido de recursos públicos a través de contratos ilegales que ascienden a 7,670 millones de pesos.

“El encubrimiento es un delito que se castiga y se castiga con responsabilidad penal; por eso estamos pidiendo los diputados y diputadas panistas a la PGR, con absoluta firmeza, que investiguen con prontitud para que la sociedad mexicana tenga la confianza de que las instituciones funcionan sin sesgo y discrecionalidad”.

A pregunta expresa de la prensa reunida a las afueras de la PGR, negó que la acción sea una venganza tras la denuncia presentada por Ernesto Cordero contra Ricardo Anaya por lavado de dinero.

“De ninguna manera; nosotros lo que estamos haciendo es acudir a las instituciones tras conocer hechos públicos que representan ilícitos”, y porque “hay una falta de respuesta de Meade y el PRI ante hechos graves”, afirmó.

Esta tarde el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Ernesto Cordero, acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para presentar una denuncia en contra del candidato presidencial del Frente, por lavado de dinero.

Cordero, una de las figuras más cercanas al ex presidente Felipe Calderón, indicó que el motivo de su denuncia de hechos es porque existen pruebas contundentes que vinculan a Ricardo Anaya en una red de lavado de dinero y de tráfico de influencias.

Cordero declaró que con la denuncia busca que la PGR tome en consideración el video que apareció en recientes días en donde dijo, se vincula a Ricardo Anaya con una red de lavado de dinero; además solicitó a las autoridades que se cite a declarar a los hermanos Barreiro y al propio Ricardo Anaya; así como que se solicite a la autoridad financiera la información de la familia Anaya, pues sostuvo que hay una discrepancia entre los ingresos reportados por el candidato y el patrimonio que tiene.

La denuncia se deriva luego de la aparición del video titulado ‘Caso Anaya’ en donde se ofrecen más detalles de las operaciones financieras que habrían hecho llegar recursos a Anaya para financiar su campaña electoral. Cordero afirmó que con su denuncia espera se aclare si Anaya es un lavador de dinero o no.

Sobre el proceso de expulsión que se sigue en su contra, Cordero dijo que no se debería expulsar a panistas honestos del partido, y añadió que a quien se debería de expulsar es a Ricardo Anaya, pues “lamentablemente nuestro candidato no es una persona honesta”, además de que está rodeado de personas mentirosas.

 

La Procuraduría General de la República en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron más de 10 millones de dólares en la Ciudad de México.

Además, se logró la detención de 10 personas de una banda internacional del crimen organizado, de las cuales 6 son de origen chino y 4 de origen mexicano, en dos cateos efectuados en mayo.

De acuerdo con el reporte, se habría desmantelado a una célula delictiva dedicada al lavado de dinero que servía al Cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales.

En conferencia de prensa se detalló que se decomisaron 10 millones 510 mil 152 dólares, “que al tipo de cambio en la fecha de los peritajes, son 206 millones 068 mil 249 pesos mexicanos con sesenta y siete centavos”.

De igual forma, también se aseguraron 95 mil 800 pesos mexicanos, cinco inmuebles; un arma de fuego calibre 9 milímetros y 10 vehículos.

La PGR indicó que de acuerdo con las investigaciones, los detenidos forman parte de una red internacional de operadores financieros vinculada a distintas organizaciones delictivas generadoras de violencia en el territorio nacional.

Los detenidos fueron presentados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ante el Juez de Control en esta Ciudad, quien resolvió vincularlos a proceso por los delitos de Delincuencia Organizada, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los detenidos fueron internados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La Secretaría General de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia, emitió, a solicitud de la Fiscalía General del estado de Veracruz, una ficha roja para la búsqueda, localización y detención de Karime Macías, esposa del ex gobernador del estado, Javier Duarte.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), informó que a Macías se le considera prófuga en virtud de haber sido librada en su contra una orden de aprehensión por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.

A la ex primera dama se le señala por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, cometido en agravio del patrimonio del gobierno del estado de Veracruz, durante el periodo que estuvo al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Aclararon que la ficha roja emitida contra Macías Tubilla no es del dominio público, por lo que solo puede ser consultada por las Oficinas Centrales Nacionales de los más de 190 países miembros de INTERPOL, así como por autoridades migratorias.

 

Foto: Archivo APO

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró este lunes que la orden de aprehensión contra Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, no es por propaganda electoral para favorecer a su hijo, tal como lo mencionó el candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Carlos Loret, el gobernador veracruzano se negó a revelar el paradero de Karime Macías y dijo que primero dará esa información a la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía estatal y hará pública la información “en su momento”.

Miguel Ángel Yunes señaló que se sabe que Karime Macías está en Inglaterra, pero no precisó dónde.

Yunes consideró que su Gobierno ha hecho su trabajo, y a partir de eso “será muy fácil ubicarla, detenerla, y traerla a México”.

Cuestionado sobre cuánto tiempo tardará el arresto y la extradición, dijo que serán “tiempos cortos”. Ante una segunda pregunta sobre si la extradición se podría lograr antes de las elecciones en México, Yunes respondió que “todo dependerá de la Interpol y de la Procuraduría, pero si viene antes del primero o después del primero de julio es irrelevante, lo relevante es que venga y que enfrente a la justicia”.

Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México cumplimentaron una orden de cateo en tres domicilios de la colonia Morelos, en donde desmantelaron sitios que posiblemente eran ocupados para la venta de droga al menudeo al tiempo en que detuvieron a seis hombres y una mujer.

El agente del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), arribó a los lugares referidos donde fueron asegurados 66 vitroleros, 42 bolsas de plástico transparente y un frasco, todos con vegetal verde seco con las características propias de la marihuana, con un peso total aproximado de 34 kilos.

También fueron aseguradas 425 pastillas de clonazepam en 29 cajas con presentación de quince tabletas cada una; todos los estupefacientes se encontraban colocados en estantes y anaqueles con letreros, a manera de exhibición para su probable venta.

Las personas detenidas y la droga asegurada fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con las diligencias de ley para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, iniciada por la probable comisión de delitos de contra la salud.

 

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), aseguraron este miércoles en la Ciudad de México un taller donde se elaboraban billetes falsos.

En el operativo se detuvo a cuatro probables integrantes de una célula delictiva dedicada a la falsificación, reproducción y almacenamiento de papel moneda.

Se detalló que derivado de trabajos de investigación, los agentes de Investigación Criminal ubicaron en la delegación Iztapalapa diversos inmuebles, en los que se creía se llevaba a cabo la falsificación de billetes de denominaciones de 100, 200, 500 y mil pesos.

Durante el operativo fueron detenidos Noel “G”, Leonardo Alberto “P”, José Alberto “G” y Arón Andrei “C”, aclarando que la detención de las personas se realizó en estricto apego al debido proceso, y en todo momento les fueron respetados sus derechos.

La PGR indicó que para la intervención no fue innecesario el uso de la fuerza.

Se aseguraron aproximadamente cinco mil hojas impresas con imágenes de billetes de 500 pesos, armas de fuego, cartuchos útiles y dosis de una sustancia con las características propias del cristal, así como hierba seca, posiblemente marihuana.

 

La Procuraduría General de la República aseguró 25 mil artículos pirata en diferentes lugares de la Capital mexicana.

La PGR informó en un comunicado que elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con el apoyo de la Policía Federal, realizaron un operativo para asegurar los artículos pirata en los paraderos Indios Verdes, La Raza, Barranca del Muerto, Observatorio y la estación Politécnico, así como en los mercados San Felipe de Jesús y Plaza de Toros.

Entre los artículos pirata decomisados se encuentran videogramas, discos blue ray, gorras, ropa, mochilas, bolsas, lentes, maletas, tenis y aparatos eléctricos.

Los objetos confiscados fueron puestos a disposición de la autoridad federal para los fines legales que se determinen, por la probable violación a la Ley de Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Cabe recordar que el 1 de mayo autoridades federales realizaron un cateo en varios locales y bodegas en las calles Caridad y González Ortega, en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.

En Quintana Roo, la Procuraduría General de la República cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Tila Patricia Galera León y de Javier Ruiz Ortega, exservidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial de Quintana Roo, respectivamente, quienes abusando se sus facultades iniciaron, instruyeron y determinaron un proceso penal por el supuesto delito de sabotaje en perjuicio del periodista Pedro Canché Herrera.

Esto, tras una denuncia abierta en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, presentada luego de que el comunicador tomó fotografías, grabó video y recabó información de una manifestación pública en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto y publicó diversas notas con una línea editorial crítica a la atención hacia la población maya de dicha comunidad por parte de las autoridades.

Posteriormente, el periodista fue detenido por el delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general y encarcelado por un período de 9 meses.

La investigación señala que Galera León, en su calidad de agente del Ministerio Público, inició una indagatoria sin contar con evidencia que acreditara el delito, pese a ello consignó y solicitó una orden de aprehensión en contra de Canché, como represalia por su actividad periodística.

Por su parte Javier Ruiz dictó el auto de formal prisión en contra del periodista, sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación en el delito de sabotaje.

Los ex servidores públicos fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo.