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Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

 

“Me entregué en Guatemala a cambio de que dejaran en paz a mi familia; a mi no me detuvieron, yo decidí entregarme”, me sostuvo el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, vía telefónica desde el sitio donde ahora pasa sus días y noches: el Reclusorio Norte.

“Una vez privado de mi libertad, negocié y me ofrecieron quitarme el delito de Delincuencia Organizada, a cambio de que les diera dinero y aceptara los cargos que fabricaron en mi contra”.

¿Dinero?, ¿y a quién le diste ese dinero? -pregunté al oriundo de la ciudad de Córdoba-

“Ese dinero me lo dio el ex Presidente Peña Nieto por el cargo de conciencia que tenía, por lo que me había hecho, y se lo entregamos al entonces encargado de despacho de la PGR (Alberto Elías Beltrán), como bien se dice ahora en las noticias”.

¿Y qué ocurrió a cambio de ese dinero que entregaste, Javier? -cuestioné-

“Me quitaron el delito de delincuencia organizada, y me ofrecieron los 9 años de condena, que realmente son 4 y medio, por ser primo delincuente. Yo había pactado 7 años, pero intervino el (entonces) subprocurador Felipe Muñoz para perjudicarme, es muy amigo de Miguel Ángel Yunes, y por fortuna ya lo corrieron. Por eso mi condena quedó en 9 años”.

¿Y por qué aceptaste 9 años en vez de los 7 que ya tenías acordados? -me adelanté a cuestionarle-

“Si no los aceptaba, amenazaban con volverme a poner el delito de delincuencia organizada, y por ese son mínimo 20 años inconmutables. De hecho, acepté el procedimiento abreviado, aún así, me quedaban la apelación y amparo en contra de esa sentencia, pero cuando apelamos, Felipe Muñoz se puso furioso,  y amenazó en ir por Karime con una orden de detención con fines de extradición, por un delito ridículo que le inventaron a través del testimonio de Antonio Nemi, el cual ya denunció que lo hizo bajo tortura”.

Pero aunque inicialmente no apelaste, de todas formas fueron por ella, ¿cierto?

“Tuve que desistirme de mi apelación, ya que tenía que proteger a mi familia a toda costa. Sin embargo, una vez que presenté mi escrito de desistimiento, Felipe Muñoz envío la orden de detención con fines de extradición contra Karime, y yo en consecuencia retiré mi desistimiento”.

¿Y tu esposa?

“Karime está protegida por el Gobierno británico, producto de la persecución de la que ha sido víctima, la cual tenemos ampliamente documentada”.

Entonces, ¿crees salir en poco tiempo de prisión?

“Hace unos días, un juez de amparo acaba de determinar que tengo mis derechos para pelear en amparo directo mi procedimiento abreviado. Y a principios de este año, otro juez federal determinó que las pruebas con las que fijaron mi sentencia son ilegales, ya que la PGR las obtuvo sin autorización judicial, por lo tanto, no existen pruebas en mi contra, así que, en efecto, ya voy para afuera”.

alejandroaguirre77@gmail.com

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx

Carlos Gómez Arrieta, quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad en Michoacán, renunció a su cargo después de ser señalado de haber torturado a un detenido por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó este sábado la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

«Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de Subsecretario de esta dependencia, a fin de facilitar y atender las investigaciones que se deriven», dijo la dependencia en Twitter.

La secretaría enfatizó su disposición a ayudar a las autoridades correspondientes con la indagatoria, relacionada con la desaparición de los estudiantes ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero.

La dependencia puntualizó que su compromiso es «seguir trabajando con plena transparencia, institucionalidad, responsabilidad y congruencia».

Y es que un video publicado en YouTube, el cual se ha viralizado en las últimas horas reveló actos de tortura contra uno de los detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Este sábado, el diario El País informó que la comisión presidencial que investiga el caso de Ayotzinapa realizó un peritaje de la voz que aparece en el video. El análisis concluyó que esa pertenece a Gómez Arrieta.

Un video que recientemente se ha viralizado expone la posible tortura a la que sometieron elementos de la PGR a los detenidos por el caso Ayotzinapa.

La grabación muestra cómo un hombre que está sentado, vendado de los ojos y maniatado, es interrogado con violencia por presuntos miembros de la entonces Procuraduría General de la República.

A base de insultos, le preguntan a dónde trasladaron a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Ya en marzo de 2018, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que al menos 34 de los más de 100 detenidos por el caso Ayotzinapa sufrieron tortura con violencia.

El video, originalmente compartido el 7 de junio pasado a través de YouTube pretende mostrar “la verdad” detrás de “Carlos Gómez Arrieta” (extitular de la Policía Federal Ministerial de la PGR y ahora subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán).

El hombre interrogado presuntamente se llama Carlos Canto Salgado. Fue detenido el 22 de octubre de 2014 por su supuesta responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

«¿A dónde crees que se los llevaron, cuántos dices que se llevaron ahí?», le preguntan. ‘Fácil se llevaron a 12 o 13. Iban sentados en camionetas’, responde Canto Salgado.

Durante la tortura de presuntos elementos de la PGR a Carlos, a quien acusan de haber participado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, le ponen una bolsa en la cabeza para asfixiarlo.

Tras la difusión del video, la FGR reabrió la investigación.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien encontró elementos sobre el uso de recursos de la PGR, hoy Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN.

AMLO pidió que la FGR indague y abra expedientes.

“Que la Fiscalía investigue, que se abran los expedientes”, dijo AMLO en su conferencia mañanera de este jueves.

López Obrador agregó que “si el Tribunal Electoral ya presentó esta denuncia a la Fiscalía tienen que agotar toda la investigación, darle curso, castigar a los responsables, si se cometió algún delito”.

Asimismo, el tabasqueño aseguró que en el pasado él sufrió de persecución política.

“Nosotros padecimos mucho la persecución, hasta nos desaforaron… cuando llegamos aquí, dijimos por convicción que no ibamos a hacer lo mismo… y dijimos que no ibamos a fabricar delitos a opositores… que no se persiga a nadie por consigna”, señaló López Obrador.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la existencia de uso parcial de recursos públicos por parte de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), y concluyeron sancionar a los funcionarios que durante el pasado proceso electoral afectaron la equidad de la contienda en perjuicio del entonces candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya.

La resolución del Tribunal llega luego de que seis meses después de la elección presidencial de julio de 2018, Ricardo Anaya fue exonerado por la propia PGR de las acusaciones que durante la campaña se hicieron en su contra.

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que “por ningún motivo» se podía dejar impune el desvío del poder, ya que el Estado no puede acusar a las personas sin pruebas y por razones políticas. Sostuvo que la intervención de los funcionarios de la PGR “desbalanceó el proceso de formación de preferencias”.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora señaló que “en este caso, funcionarios de la PGR dejaron de atender el principio de neutralidad para intervenir como actores en la comunicación política dentro de un proceso electoral. Y esta es justamente una conducta perniciosa que debe ser siempre advertida por la autoridad y sancionada para blindar a nuestra democracia de la influencia del poder público”.

Por unanimidad de votos, las y los magistrados confirmaron la sentencia y resolución de la Sala Especializada del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se establece el “uso indebido de recursos públicos para afectar la contienda electoral”.

De acuerdo con la resolución, “se declara la existencia de la infracción consistente en el uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral, atribuida a Alonso Israel Lira Salas, en su calidad de Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y Rafael Lugo Sánchez, Director General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República”.

Al respecto, Ricardo Anaya reapareció en sus redes sociales para celebrar que se haya resuelto «en definitiva y por unanimidad de votos», que durante la pasada elección presidencial, la PGR sí afectó la equidad en la contienda en su perjuicio.

«Quiero agradecer, de todo corazón, a las casi 13 millones de personas que, a pesar de tantos infundios, decidieron votar por mí el pasado 1 de julio. También agradezco a quienes habiendo votado por otro candidato, han reprobado este tipo de atropellos», señaló el panista.

Confió en que «maniobras, tramposas y arteras» como la sufrida por él no se repitan jamás en contra de ningún candidato o candidata.

Quien también emitió un comunicado fue Acción Nacional, quien dijo que la resolución confirma que las acusaciones en contra de Ricardo Anaya, hechas en pleno proceso electoral, fueron una «artera y vulgar maniobra, que afectó severamente la equidad en la pasada elección presidencial.  Celebramos el sentido de la resolución y condenamos enérgicamente el uso faccioso de la PGR en contra de Ricardo Anaya, el cual causó un gravísimo daño a su candidatura».

Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la antigua PGR, debe comparecer en la investigación por espionaje a periodistas con el malware Pegasus.

Esa investigación, radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, se inició por denuncia de algunas de las víctimas quienes señalaron como presunto responsable a Jesús Murillo Karam, quien fue procurador de la República con Enrique Peña Nieto.

La comparecencia de Tomás Zerón se concretará luego de que una juez le negó un amparo que interpuso para evitar la comparecencia, prevista para el 20 de marzo y la cual deberá reagendarse.

En una resolución dictada el pasado viernes 22 de marzo, Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, dijo que la comparecencia no viola los derechos de Zerón de Lucio.

“El 4 de marzo de 2019, la autoridad ministerial ordenó citar al quejoso en las oficinas a su cargo para que a las 12:00 del 20 de marzo comparezca a una entrevista en su calidad de testigo”, recordó la Juez Ortega Tlapa.

Explicó que, de acuerdo con el citatorio, la comparecencia es para que declare la verdad de lo que conozca y le pregunten respecto a la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus, adquirido en octubre de 2014, a través de la AIC, a un precio de 32 millones de dólares.

“Actuaciones que, por sí mismas, no causan un daño o perjuicio al justiciable, pues éstas son de orden público”, señaló la juez.

Recordó que en el citatorio no se advierte de ningún tipo de apercibimiento hacia Zerón de Lucio para que asista a esa diligencia a realizarse en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Dos días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero.

El expediente del panista indica que no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revela el periódico Reforma.

Durante la campaña presidencial, la PGR informó que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió desde el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro por la empresa Manhattan Master Plan.

De acuerdo con el documento obtenido por Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que durante la investigación se acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.

La PGR concluyó que los recursos operados para la compra se obtuvieron de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, afirmó hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a aceptar su sentencia de nueve años de prisión.

“Tenía una pistola en la cabeza, de que si no aceptaba me ponían una condena de 25 años de prisión, la PGR directamente. O aceptas el juicio abreviado y te vas con esta (condena) o te ponemos delincuencia organizada y te hacemos toda una campaña para poderte condenar y te quedes el resto de tu vida en la cárcel”, dijo Duarte en entrevista con Grupo Fórmula.

El exmandatario estatal dijo que a algunas de las personas que testificaron en su contra nunca las conoció.

«Al que dicen que es mi contador lo vine a conocer aquí adentro, (…) así como otros que declararon en contra mía que hicieron y deshicieron por orden mía, yo nunca los conocí y realmente no tuve que ver en las acciones que dicen. No existe una cuenta, no existe un cliente, no existe una operación, no existe una empresa en donde yo o alguien de mi familia aparezca, solo están los dichos de estas personas que confiesan haber cometido estos ilícitos y por el simple hecho de que lo hicieron por órdenes mías les quitan los delitos y les dan lo que la ley señala como criterios de oportunidad, que son testigos protegidos y andan como si nada en la calle», acusó Duarte.

Asimismo, indicó que ahora se está concentrando en tres pilares importantes: su familia, recuperar la libertad y reconstruirse. Sobre este último dijo que será una vez que se den los dos primeros: “el ver que hacer de mí”.

Al ser cuestionado sobre el posible lavado de dinero en contra de una universidad pública de Veracruz por un monto de 150 millones de dólares que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Duarte afirmó: «ese muertito no me lo pueden cargar a mí».

«La universidad es autónoma, aunque fuera durante mi periodo, la universidad veracruzana es un organismo autónomo, no tiene que ver con la administración pública del estado, lo único que el Gobierno de Veracruz hace es apoyar a la universidad con parte de su presupuesto», dijo y agregó que «no sería ninguna novedad que de eso me quisieran acusar, pero no tengo nada que ver con el manejo de recursos de la universidad».

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación el manual que regula las remuneraciones salariales de los trabajadores de dicha dependencia.

De acuerdo con el escrito oficial, si las tareas que desempeñen los funcionarios de la Fiscalía son especializadas y con técnicas calificadas, el personal podrá ganar más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es decir, un sueldo superior a los 108 mil pesos mensuales.

El manual clasifica once niveles salariales para el personal operativo, un tabulador especial para el grupo que ocupa plazas de especialidad técnica o profesional, así como para los puestos jerárquicos, considerados servidores públicos de mando superior, mando medio y de enlace de la FGR.

Además, contempla, en su artículo 25, un seguro de gastos médicos mayores para los servidores contratados en puestos especializados y técnicos calificados.

El documento señala que la FGR es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de perseguir los delitos del orden federal.

 

Puedes leer el documento completo Aquí

La Fiscalía General de la República entregó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) dos contratos que confirman que la dependencia anterior, la Procuraduría General de la República, pagó por el uso de licencias de Pegasus en 2016 y 2017.

Pegasus es el software con el que fueron espiados al menos 15 defensores de derechos humanos, legisladores y periodistas.

Esto quiere decir que la PGR lo utilizó, por lo que el INAI pidió a la Fiscalía y a la Auditoria Superior de la Federación que investiguen quiénes usaron este programa que permite obtener información detallada, así como audio y video en tiempo real, de los celulares de las víctimas.

Y también que garanticen que ya fue desinstalado de las áreas de espionaje.

“Nos hizo llegar de último momento, de última hora, que había evidencias, que había encontrado dos contratos, por un monto, uno en 2016 y otro en 2017, por un monto de 200 millones de pesos, que se suman a los 600 y tantos millones de pesos que el Estado mexicano, a través de la PGR invirtió en el 2014. Durante toda la fase de investigación, hubo una negación de la PGR a que hubiera vestigios de algo más”, señaló Javier Acuña, presidente del INAI.

El INAI encontró indicios de que funcionarios de la otrora Procuraduría General de la República (PGR) hicieron mal uso de dicho programa e incumplieron la protección de datos personales.

Al presentarse la resolución sobre el proceso de verificación de oficio que inició el 23 de noviembre pasado a la Procuraduría, dijo que dará vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue y sancione a los funcionarios involucrados en la operación del software.

Este lunes iniciaron las comparecencias de los 27 candidatos a la Fiscalía General ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

La Comisión recibirá a quienes cuentan con los requisitos señalados y que aparecen en el “dictamen de elegibilidad”, que fue aprobado la semana pasada.

La Cámara Alta deberá integrar una lista con diez aspirantes que se remitirá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que elija una terna, misma que regresará al Senado para que en votación nombren a quien ocupará el cargo de fiscal.

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales versiones sobre la supuesta detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam, por parte de la Interpol, el exvocero de la Procuraduría General de la República, Eduardo Zerón, desmintió la información.

A través de su cuenta de Twitter, Zerón García aseguró que se trata de un hecho “absolutamente falso” y agregó que el exprocurador se encuentra realizando sus actividades cotidianas.

“Derivado de un mensaje en redes sociales respecto a que el Lic. Jesús #MurilloKaram habría sido detenido por elementos de @INTERPOL_HQ, me permito informarles que es absolutamente #FALSO, él se encuentra realizando normalmente sus actividades particulares”, publicó el exvocero.

Murillo Karam es un abogado, integrante del PRI, que ha fungido como diputado, senador, fue gobernador de Hidalgo y procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, particularmente recordado por la frase: ¡Ya me canse! tras dar a conocer la denominada verdad histórica sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció que inició a un procedimiento administrativo en contra del regidor del municipio de Áporo, Michoacán, David Bautista Reséndiz, quien apareció en una imagen difundida a través de las redes sociales, sosteniendo los cuerpos sin vida de dos animales que podrían ser lobos o coyotes.

La dependencia señaló que en atención a la denuncia hecha por la comunidad cibernética, personal de la Delegación de la PROFEPA en el estado de Michoacán sostuvo una reunión con el presidente municipal de Áporo, en la que también participó el regidor, a quien se le notificó del inicio del procedimiento administrativo.

Según lo informado, Bautista Reséndiz formuló las manifestaciones que estimó pertinentes, aunque no se especificó cuáles fueron estas, ya que quedaron reservadas para el proceso que se le seguirá.

La dependencia sostuvo que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del regidor, así como de quien o quienes resulten responsables.

Adelantó que buscará iniciar procedimientos paralelos en contra de las otras personas que aparecen en la imagen publicada.

Por su parte el municipio informó que Bautista Reséndiz solicitó licencia a su cargo, para poder atender el proceso que se abrió en su contra.