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El  Senado de la República aprobó esta tarde en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

El dictamen señala que la Fiscalía será un órgano público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación y que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

70 legisladores dieron su respaldo al dictamen, mientras que 47 se mostraron en contra.

El dictamen establece la reglamentación de la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) investigará a jueces y magistrados de Veracruz por los criterios legales aplicados contra los involucrados en el caso del exgobernador Javier Duarte.

En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Muñoz Vázquez, dijo que la dependencia cambiará de estrategia para evitar que los implicados puedan estar fuera de la cárcel.

Advirtió que esos criterios a modo ponen en riesgo los procesos contra quienes tienen imputaciones graves, lo que podría dejar en libertad a varios de los implicados en el robo y desvío de recursos públicos durante el mandato de Duarte de Ochoa, quien ha obtenido ya sentencias por lavado de dinero y otros cargos.

El funcionario dijo que la PGR no comparte las estrategias de los jueces y magistrados de Veracruz, por lo que realizará otras acciones legales para lograr condenas contra los implicados y que no queden libres.

De Muñoz Vázquez aseguró que, ante esta forma de actuar de los jueces y magistrados, la PGR ya los investiga, puesto que podrían tener nexos con el crimen organizado y por ello liberan a delincuentes.

Además, explicó que en el caso de Javier Duarte de Ochoa buscaron una sentencia rápida con un proceso abreviado ante esta amenaza legal debido a la actitud de los jueces.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha recabado testimonios sobre el presunto secuestro de un número indeterminado de integrantes de la Caravana que viajaban en camiones.

Se ha señalado que el hecho tuvo lugar el pasado sábado 3 de noviembre pasando Tierra Blanca, Veracruz, donde los autos fueron interceptados por hombres encapuchados y armados.

Los testimonios se presentarán este jueves ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR).

El diario La Jornada retomó los testimonios de tres personas, cuyos nombres se reserva por su seguridad, quienes detallan el momento en el que fueron levantados en el camino, de cómo fueron interceptados por un comando armado y después rescatados por dos patrullas, de modo que pudieron escapar.

Sin embargo, 65 niños y 7 mujeres, de los que escucharon “que ya estaban vendidos”, no llegaron a ningún albergue. Los han buscado en la Asunción, en Puebla y en el estadio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad de México, pero no los han encontrado aún.

“Adelante de Tierra Blanca veníamos caminando. Por lo general pedimos aventón y eso fue lo que hicimos. Se paró una camioneta, de esas cerradas, y se bajaron unos hombres. Iban armados y obligaron a muchos a subirse. Calculo que subieron a unos 50”, relata una de las mujeres.

“Queríamos llegar aquí rápido”, refiere otra mujer que acampa en el albergue de la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca. “Un muchacho vestido de negro, nos dijo que teníamos que pagar 150 pesos. Ya por Tierra Blanca nos dijo que teníamos que pagar 50 pesos más. Le dijimos que ya no teníamos. Pasando un puente había ocho hombres encapuchados. Al camión entró uno y dijo que ya todos estábamos vendidos. Todos, dijo. Y que eran 65 niños y siete mujeres”, relató la testigo y agregó que el camión se desvió de la carretera “por un camino piedroso cuando nos alcanzaron dos patrullas. Las patrullas nos rescataron”. Refiere que “al llegar a una gasolinera, cuando supuestamente nos iban a subir a un furgón, varios lograron salir del camión” y así se salvaron, de lo que se presume era un secuestro masivo.

 

Con información de La Jornada

Tres cuentas bancarias que pertenecen al sindicato minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, serán descongeladas por una orden de un tribunal federal a la Procuraduría General de la República (PGR).

Una juez federal ordenó a la PGR, el año pasado, dejar atrás el aseguramiento, pero el Ministerio Público Federal modificó su propio acuerdo para no descongelar las cuentas, cuyo monto asciende a casi 340 mil dólares.

Como parte de la investigación contra Napoleón Gómez Urrutia, las cuentas fueron congeladas, debido a que al líder minero se le acusó del delito de lavado de dinero por 55 millones de dólares, del cual fue absuelto por la justicia federal.

En el expediente 183/2018, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, mismo que concedió el amparo el 31 de octubre de este año, señaló que estaba fundada la resolución de la juez federal, en la que se acreditó que la titularidad de las cuentas era del sindicato minero.

Dicho dato era suficiente para demostrar la personalidad o interés jurídico respecto de las cuentas bancarias.

Luego de que este lunes el diario El Universal informara sobre una posible reunión entre el ex candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, y el presidente Enrique Peña Nieto, fue el panista quien desmintió dicha información.

El diario nacional informó que Anaya visitó a EPN con la idea de hacer “las paces”, y buscar que por su conducto la Procuraduría General de la República (PGR) le entregara su carta de no ejercicio de acción penal, esto tras la investigación que se abrió durante la campaña electoral, por el supuesto delito de lavado de dinero.

El Universal señaló que lo que el queretano buscaba es que el documento no “cayera en manos de la justicia de la nueva administración morenista”.

Al respecto, Anaya ocupó sus redes sociales para indica que la información publicada era “absolutamente falsa” y remató el mensaje mandando saludos cordiales.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer los 13 videos que integran la averiguación previa del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Los videos referidos datan del 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana.

“El asunto reviste una trascendencia social e histórica, ya que la difusión de esta información, por una parte, revela las acciones y los resultados obtenidos por parte de los órganos de procuración de justicia del Estado mexicano, respecto del homicidio de un candidato a la Presidencia de la República, ocurrido hace 24 años, y, por otra, fortalece el derecho a saber, que asiste a la sociedad en su conjunto, respecto de temas que son de interés público”, afirmó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, al presentar el asunto ante el Pleno.

La nueva resolución surge luego de que un particular se inconformara y presentara un recurso de revisión ante el INAI, porque la PGR clasificó los videos requeridos, argumentando que son parte de una averiguación previa y su divulgación expondría las líneas de investigación llevadas a cabo por los agentes del Ministerio Público de la Federación.

La comisionada del INAI informó que tras analizar los 13 videos, se da cuenta del arribo del entonces candidato a la Presidencia de la República Luis Donaldo Colosio; el recorrido efectuado hasta llegar a Lomas Taurinas; los discursos pronunciados por diversas personas y del propio ex candidato.

Además, se pueden observar las acciones llevadas a cabo posterior al disparo efectuado en contra de Luis Donaldo Colosio; la detención de Mario Aburto Martínez como responsable del hecho ilícito y el ingreso al hospital del entonces candidato presidencial.

 

El gobierno de México solicitó a las autoridades de Reino Unido la detención con fines de extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a quien se le señala de ser partícipe de los desvíos de su cónyuge durante su administración, así lo informó el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltran, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.

El funcionario explicó que hace unas semanas se hizo la petición a la Cancillería británica de iniciar el trámite para girar una “orden de detención provisional con fines de extradición” en contra de Karime Macías y ahora esperan solamente la respuesta de las autoridades judiciales de dicho país.

La esposa de Javier Duarte vive en Londres a todo lujo desde 2017, ciudad donde presentó una solicitud de asilo político. En México es acusada de un presunto fraude por 122 millones de pesos.

Arturo Elías Beltrán explicó que el caso está abierto y que hay más personas que están siendo investigadas por este tema en particular.

 

El Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), Alonso Israel Lira Salas, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que informó sobre el desmantelamiento de una red que lucraba con alimentos que eran enviados a Venezuela.

Explicó que el Gobierno de Venezuela emitió en 2016 un “Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica”, por el que se crearon los “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAPS), programa que tenía como finalidad distribuir, entre la población afiliada a éstos, despensas de alimentos a precios subsidiados.

Fue en ese programa que se detectó que un grupo de empresas y personas física, mexicanas y extranjeras, que han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, adquiriendo alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la crisis alimentaria que aqueja a Venezuela.

Explicó que el modo de actuar de dichas empresas y personas físicas se dio mediante tres mecanismos de operación: la adquisición de productos de baja calidad; exportarlos a Venezuela con sobre precio, y; revenderlos a la población venezolana en un valor 112% mayor al costo real.

A lo largo de la investigación se detectó a diversos operadores, como el señor Alex “N”, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes, con el propósito de obtener los productos alimenticios que deben suministrar al gobierno venezolano, acudieron a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas.

Al detectar la operación de los referidos, el agente del Ministerio Público de la Federación celebró un acuerdo reparatorio en los siguientes términos:

1.- Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “ACNUR”, de la cantidad de $3’000,000.00 de dólares, lo que equivale aproximadamente a 56 millones pesos; los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.

2. Los imputados se comprometen a no efectuar ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS de Venezuela.

El funcionario de la PGR informó que como parte de la investigación se localizaron 1300 contenedores marítimos en tierras mexicanas, que contenían aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era Venezuela.

Sin embargo precisó que al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales la población de Venezuela, se tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios.

 

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) presentó la acusación formal en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias ‘El Larry’, por su probable responsabilidad en el homicidio de la periodista Miroslava Breach en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Tras terminar la etapa de investigación complementaria autorizada por un juez de control federal competente en el estado, la FEADLE presentó la acusación por la probable comisión del delito de homicidio calificado.

La fiscalía informó que en la acusación se consideran las agravantes respectivas a premeditación, alevosía, ventaja y mensajes intimidatorios, por lo que se solicitó a las autoridades judiciales la imposición de una pena de 70 años de prisión.

Además, destaca que la acusación, en todo momento, considera la actividad periodística de la víctima como la causa que generó la agresión.

Breach era corresponsal de La Jornada y fue asesinada el 23 de marzo de 2017 cuando salía de su domicilio.

La Procuraduría General de la República inicio el peritaje en el kínder de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras las acusaciones de abuso sexual en contra de varios alumnos.

A lo largo de la noche del miércoles y la madrugada de este jueves se llevaron a cabo los peritajes en el kínder, en donde presuntamente fueron abusados sexualmente 37 niños pequeños, por un trabajador.

Desde las 18:00 horas del miércoles entraron a la escuela al menos seis personas de la PGR a iniciar la diligencia.

Varios padres de familia, que se encontraban afuera del recinto coincidieron en que el lugar ya había sido alterado.

“Hicieron mucha limpieza, de hecho, el día lunes que yo pasé en la noche estaban lavando tanto patios como salones, si no hay nada que esconder por qué lavaron”, enfatizó la madre de un menor afectado.

De acuerdo con las denuncias de los padres, los abusos habrían sido cometidos por un empleado del kínder quien llevaba a los niños a un cuarto oscuro con colchonetas y los dormía con pastillas que les daba en refresco.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) remitirá a la Procuraduría General de la República (PGR) la carpeta de investigación por el delio de abuso sexual cometido presuntamente por un profesor contra 37 alumnos de un kínder.

La decisión se desprendió luego de una reunión que los padres de los menores sostuvieron con el Procurador capitalino, Edmundo Garrido. Los hechos recordaron, fueron denunciados desde el pasado 12 de octubre.

Las autoridades explicaron que toda vez que la escuela donde presuntamente ocurrieron los hechos pertenece a la federación, el expediente se derivará a la PGR para que continúen las indagatorias y se esclarezcan los hechos.

´Por su parte el asesor de Coordinación de Vinculación Interinstitucional y el responsable del Área Jurídica de Preescolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se comprometieron a restablecer el funcionamiento del colegio y revisar el procedimiento que se implementó por parte de las autoridades educativas al tener conocimiento del hecho.

Finalmente la PGJ CDMX adelantó que coadyuvará en las indagatorias a través de “Bosty”, un personaje virtual, mediante el cual se busca obtener las declaraciones ministeriales de niños víctimas de delitos sexuales.

 

Foto: Twitter @ohernandezb

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) turnará a la Procuraduría General de la República (PGR) el caso de posesión de tres felinos en la colonia Viaducto Piedad, en la ciudad de México,  toda vez que el inspeccionado se negó a que los inspectores cumplimentaran la orden para trasladar temporalmente a los leones a una unidad de manejo especializada para su estancia y cuidados.

La medida del cambio de depositaria se ordenó mediante acuerdo que pretendió ser notificado al propietario del domicilio, quien se negó a atender la diligencia e impidió que los inspectores llevaran a cabo las labores de contención y manejo de los tres leones asegurados.

La PROFEPA inició el procedimiento administrativo por presuntas violaciones a la Ley General de Vida Silvestre en materia de posesión de ejemplares de fauna silvestre exótica, sin contar con la autorización y por faltas al trato digno y respetuoso a los organismos, pues a los felinos les fueron extraídas sus garras.

Ante la negativa del inspeccionado, ahora además de enfrentar el procedimiento administrativo de la PROFEPA, deberá responder a las sanciones que en materia penal se establecen por no cumplir las medidas de seguridad ordenadas por la autoridad.

Recordemos que el pasado 10 de octubre en atención a denuncias, los inspectores de la PROFEPA cumplimentaron una orden de inspección en el domicilio de Viaducto Piedad, donde observaron que se mantenía en la azotea de la casa-habitación a tres leones africanos de aproximadamente año y medio de edad.

Cobra relevancia en este caso el hecho de que el pasado mes de junio del 2018, la SEMARNAT notificó al inspeccionado la negativa para aprobar el plan de manejo presentado y para otorgar el registro en el padrón de predios e instalaciones que manejan vida silvestre.

 

Redacción APO / Foto: PROFEPA

La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la Procuraduría General de la República (PGR) no ha querido firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.

El ministerio público brasileño explicó en un escrito dirigido a la The Associated Press que firmar dicho documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.

Recordemos que directivos de la constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región.

La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados. México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.

En el caso mexicano Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014, mismos que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Pese a las declaraciones, la PGR no ha dado a conocer los avances de la investigación a pesar de que el INAI solicitó que se revelara la información. La Procuraduría insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.

La fiscalía brasileña recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.