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Este lunes iniciaron las comparecencias de los 27 candidatos a la Fiscalía General ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

La Comisión recibirá a quienes cuentan con los requisitos señalados y que aparecen en el “dictamen de elegibilidad”, que fue aprobado la semana pasada.

La Cámara Alta deberá integrar una lista con diez aspirantes que se remitirá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que elija una terna, misma que regresará al Senado para que en votación nombren a quien ocupará el cargo de fiscal.

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales versiones sobre la supuesta detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam, por parte de la Interpol, el exvocero de la Procuraduría General de la República, Eduardo Zerón, desmintió la información.

A través de su cuenta de Twitter, Zerón García aseguró que se trata de un hecho “absolutamente falso” y agregó que el exprocurador se encuentra realizando sus actividades cotidianas.

“Derivado de un mensaje en redes sociales respecto a que el Lic. Jesús #MurilloKaram habría sido detenido por elementos de @INTERPOL_HQ, me permito informarles que es absolutamente #FALSO, él se encuentra realizando normalmente sus actividades particulares”, publicó el exvocero.

Murillo Karam es un abogado, integrante del PRI, que ha fungido como diputado, senador, fue gobernador de Hidalgo y procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, particularmente recordado por la frase: ¡Ya me canse! tras dar a conocer la denominada verdad histórica sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció que inició a un procedimiento administrativo en contra del regidor del municipio de Áporo, Michoacán, David Bautista Reséndiz, quien apareció en una imagen difundida a través de las redes sociales, sosteniendo los cuerpos sin vida de dos animales que podrían ser lobos o coyotes.

La dependencia señaló que en atención a la denuncia hecha por la comunidad cibernética, personal de la Delegación de la PROFEPA en el estado de Michoacán sostuvo una reunión con el presidente municipal de Áporo, en la que también participó el regidor, a quien se le notificó del inicio del procedimiento administrativo.

Según lo informado, Bautista Reséndiz formuló las manifestaciones que estimó pertinentes, aunque no se especificó cuáles fueron estas, ya que quedaron reservadas para el proceso que se le seguirá.

La dependencia sostuvo que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del regidor, así como de quien o quienes resulten responsables.

Adelantó que buscará iniciar procedimientos paralelos en contra de las otras personas que aparecen en la imagen publicada.

Por su parte el municipio informó que Bautista Reséndiz solicitó licencia a su cargo, para poder atender el proceso que se abrió en su contra.

 

Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, informó que ya se iniciaron procedimientos penales contra tres trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el delito de huachicoleo.

El funcionario dijo que para este delito hay una complicidad desde adentro, ya que un delincuente no puede sólo acercarse a un ducto y extraer el combustible.

“Era un asunto que se manejaba desde adentro y desde afuera. Entonces se empezó a trabajar de inmediato en Pemex logística, que es el área que maneja el control de los ductos… precisamente quienes manejaban el control de esos ductos desde Pemex eran los que estaban permitiendo que este robo se llevara a cabo”, explicó.

En conferencia de prensa, Gertz Manero mencionó que en el Gobierno hay un grupo de individuos a cargo del sistema administrativo y penal que se encargará de defender los bienes de la nación.

“Están entrando también (la Secretaría de la) Función Pública, el SAT, inteligencia financiera, es todo un grupo de defensa de los bienes de la nación y del petróleo para que este sistema primero se descubra y se haga público; segundo, se sancione y luego se remedie”, afirmó.

Sobre los tres funcionarios implicados en el robo de hidrocarburos, el encargado de la PGR comentó que no puede dar sus nombres para respetar el debido proceso.

Este martes, autoridades federales ofrecieron una conferencia de prensa en la que se habló sobre las investigaciones que se siguen en torno al accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que el gobierno mexicano presentó las solicitudes de ayuda a expertos internacionales para la investigación que permita esclarecer las cusas del accidente.

Como parte de la ayuda que se solicitó, se contactó con las agencias de investigación estadounidenses entre las que se encuentra el FBI; además señaló que se contactó con el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, para que coadyuve con las investigaciones.

Por su parte el subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Ochoa, indicó que tienen “la indicación, pero sobre todo la obligación constitucional y legal de agotar, a través de todos los medios nacionales e internacionales, todas y cada una de aquellas pruebas que permitan llegar a las causas de este penoso acontecimiento”.

Se informó que paralelamente a la investigación que se sigue por parte de la Procuraduría en el estado de Puebla, la Fiscalía local conduce una investigación para la cual habrá estrecha colaboración.

Durazo invitó a la población  a no creer todo lo que se comparte en redes sociales, pues dijo que hasta ahora no hay evidencia alguna que permita conocer lo que sucedió; para conocerlo es que se siguen las investigaciones correspondientes.

A través de su cuenta de Twitter, pidió que “hagamos un esfuerzo de madurez y un compromiso con la verdad, un llamado o una convocatoria a no difundir noticias falsas que lastiman a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida, no habrá necesidad de especulación puesto que toda la información que se vaya generando a lo largo de la investigación será difundida oportunamente”.

 

La actriz Kate del Castillo ofreció la noche de ayer, una conferencia de prensa luego de que regresara al país tras más de tres años de no pisar suelo mexicano debido a una “persecución” política en relación a su encuentro con “El Chapo” Guzmán.

Del Castillo indicó que estaba “nerviosa y emocionada” de regresar al país, y explicó que arribó de Los Ángeles, Estados Unidos, a donde uno de sus abogados fue por ella para acompañarla en su ingreso a territorio nacional.

La también productora indicó que eran totalmente falsos los señalamientos que se le hacían de estar vinculada con el crimen organizado, tal y como lo sugiriera la administración federal anterior. Al respecto señaló directamente al presidente Enrique Peña Nieto de haberla “perseguido” y vulnerado sus derechos humanos.

Dijo que tanto la Presidencia de la República como la Procuraduría General de la República (PGR) emprendieron una “venganza” por haber hablado de temas como la Casa Blanca o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron casos que mancharon a su gobierno; además dijo que se le ocupó como un “distractor” para desviar la atención de los verdaderos problemas que tenía el país como la corrupción o la baja popularidad del ex mandatario.

Afirmó que la PGR filtró información a los medios de comunicación lo cual propició que se pusiera en duda su honra, dignidad, y se violentara su libertad de expresión y pensamiento, al presentarla como una “delincuente”; también dijo que se violó su presunción de inocencia.

“Fui ataca por el simple hecho de ser mujer, cuando a los tres hombres que me acompañaron nunca se les investigó, nunca”, dijo Del Castillo con voz entrecortada.

Enfatizo que no por ser una figura pública se justifica que las autoridades se entrometieran en su vida, pues dijo que lo que se ha ventilado e investigado, no pertenecen la esfera pública, incluso acusó que los señalamientos que se le hicieron afectaron su vida labora, desencadenando la cancelación de contratos.

“Fui seriamente daña en mi honor y mi reputación (…)  No tengo nada que ocultar, no cometí ningún delito y fui victima de una persecución olímpica”, sostuvo la actriz.

Finalizó deseando “que le vaya increíblemente bien” al nuevo gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en quien confió podrá resolver retos como la impunidad, seguridad, derechos humanos, desigualdad, migración, trata de personas, corrupción. “De antemano le agradezco al señor Presidente sus buenas intenciones realizadas a través de diferentes comentarios que ha realizado a la prensa acerca de mi persona”.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer los nombres de los funcionarios y ex funcionarios que son investigados en relación al caso Odebrecht.

El organismo indicó que además de los nombres de los investigados, se deberá informar el nombre de aquellos que hayan sido citados a declarar.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, que fue quien presentó el tema ante el Pleno, destacó que conocer los nombres de los servidores públicos y ex servidores investigados e involucrados en el caso Odebrecht es de interés de la sociedad porque se relacionan con una carpeta de investigación sobre conductas presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Dijo que la única forma que tiene la sociedad de constatar los avances de la investigación y de quiénes son las personas involucradas, es mediante el conocimiento de dicha información.

Por su parte el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, consideró indiscutible el interés público por saber los nombres de funcionarios y ex funcionarios involucrados en dicha investigación.

Sobre los señalamientos que se han hecho de que al revelar la información se violaría el debido proceso, el comisionado Oscar Guerra Ford planteó que la apertura de la información no representa afectación alguna.

“En el INAI somos conscientes de que no se quiere afectar ninguna de estas investigaciones; al contrario, nos gustaría que estas investigaciones pudieran concluir y se pudiera conocer lo que sucedió, y si hay funcionarios o diversas personas que cometieron actos ilícitos, si fuese el caso, no lo puedo presumir, pues obviamente se le sancione en términos de derecho”, explicó.

Recordemos que en octubre pasado, el INAI ordenó a la Procuraduría dar a conocer la averiguación previa del caso, pues consideró que existe un reclamo social por combatir la corrupción; sin embargo la dependencia se negó a proceder con la instrucción ya que dijo que las carpetas de investigación están en curso, y por tanto, su contenido era estrictamente reservado por la ley.

 

Tras ser investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la actriz Kate del Castillo regresará a México para pasar las fiestas de fin de año con su familia.

Del Castillo no ha visitado el país desde hace dos años después de haber sido vinculada con el narcotraficante, ahora enjuiciado en Estados Unidos, y tras la publicación de un artículo escrito por el actor Sean Penn para la Revista Rolling Stone sobre el encuentro que sostuvieron él y la actriz con “El Chapo” en octubre de 2015.

En entrevista con la agencia EFE, la protagonista de la narco serie “La Reina del Sur” aseguró que ya se solucionaron los problemas judiciales que enfrentaba, pero aún desconoce si tendrá problemas para entrar a México.

“El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno”, dijo.

La actriz afirmó que está a disposición de reunirse con el nuevo gobierno, siempre y cuando los funcionarios estén bien informados de su caso.

“No tengo nada que esconder, ni tengo que pedir ningún favor. Es cuestión de que se pongan a leer mi caso y que se enteren de qué se trata”, dijo Del Castillo.

Francisco Valencia, ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CEAV) acusado de desviar 435 millones de pesos, abandonó el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

En la audiencia realizada este martes, la juez del caso cambió la medida cautelar impuesta a Francisco Valencia de prisión preventiva, por lo que ahora seguirá su proceso en libertad y tendrá que acudir a firmar a los juzgados cada 15 días.

Apenas el lunes, Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas y Planeación, abandonó el mismo reclusorio.

El secretario de Gobierno estatal, Erick Patrocinio Cisneros, advirtió que podrían salir más ex funcionarios del ex gobernador Javier Duarte porque las carpetas de investigación en su contra estuvieron mal integradas.

“Quienes integraban las investigaciones las hicieron mal porque o había desconocimiento o había chanchullo. Las detenciones fueron un rollo mediático y luego los responsables se dedicaron a negociar con quienes saquearon el erario público”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno veracruzano, se hizo justicia “selectiva”, por lo que el fiscal Jorge Winckler debe ser destituido.

“Hubo justicia selectiva y debe haber justicia para todo y para ello debe ser relevado el fiscal Jorge Winckler, quien tiene al menos cinco denuncias en su contra y tres solicitudes de juicio político ante el Congreso del estado”, puntualizó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, designó a Alejandro Gertz Manero como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), cargo que hasta el viernes ocupó Alberto Elías Beltrán.

En los días previos a la investidura de AMLO se especuló con la posibilidad de que Gertz Manero quedara como encargado de despacho de la PGR, mientras se consolida la transformación de la dependencia en la nueva Fiscalía General.

Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles se desempeñó como secretario de seguridad pública capitalina.

En la gestión presidencial de Vicente Fox Quesada, fue designado titular de lo que sería la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Además, Alejandro Gertz Manero participó como asesor de López Obrador en el diseño del plan nacional de seguridad.

Pese a la resolución del Instituto Nacional de Información Pública y Datos Personales (INAI), en la que ordenaba a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir a versión pública la investigación del caso Odebrecht, la dependencia negó el acceso a dicha carpeta.

Ante una petición del portal Animal Político, la PGR expuso siete motivos por los cuales indicó que era imposible transparentar el expediente, entre los que destacan que se debe a que las carpetas de investigación están en curso, y por tanto, su contenido es estrictamente reservado por la ley.

Adicional señaló que interpuso una demanda de amparo en contra de la resolución del INAI, que al seguir en litigio, impide se puede dar información de ningún tipo. La PGR también señaló que las solicitudes que se han planteado hasta el momento para conocer el caso Odebrecht obedecen a una “simple curiosidad” de una persona, o en el mejor de los casos de un “sector a la población”.

“La difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector de la población (…) el interés público en este asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos. El estimar que la publicidad de una carpeta de investigación abona a la transparencia (…) es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público” indicó la PGR.

Otras de las razones que dio la dependencia para no revelar la carpeta de investigación, es que se corre el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia de los involucrados y poner en riesgo su “buen nombre” y su “prestigio”. Además indicó que no hay “elementos suficientes” para que se señale que los delitos federales tipificados sean efectivamente considerados “actos de corrupción”.

Recordemos que la PGR reservó la información del caso Odebrecht por cinco años.

El  Senado de la República aprobó esta tarde en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

El dictamen señala que la Fiscalía será un órgano público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación y que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

70 legisladores dieron su respaldo al dictamen, mientras que 47 se mostraron en contra.

El dictamen establece la reglamentación de la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) investigará a jueces y magistrados de Veracruz por los criterios legales aplicados contra los involucrados en el caso del exgobernador Javier Duarte.

En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Muñoz Vázquez, dijo que la dependencia cambiará de estrategia para evitar que los implicados puedan estar fuera de la cárcel.

Advirtió que esos criterios a modo ponen en riesgo los procesos contra quienes tienen imputaciones graves, lo que podría dejar en libertad a varios de los implicados en el robo y desvío de recursos públicos durante el mandato de Duarte de Ochoa, quien ha obtenido ya sentencias por lavado de dinero y otros cargos.

El funcionario dijo que la PGR no comparte las estrategias de los jueces y magistrados de Veracruz, por lo que realizará otras acciones legales para lograr condenas contra los implicados y que no queden libres.

De Muñoz Vázquez aseguró que, ante esta forma de actuar de los jueces y magistrados, la PGR ya los investiga, puesto que podrían tener nexos con el crimen organizado y por ello liberan a delincuentes.

Además, explicó que en el caso de Javier Duarte de Ochoa buscaron una sentencia rápida con un proceso abreviado ante esta amenaza legal debido a la actitud de los jueces.