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El Gobierno estimó en 61,313 millones de pesos el costo para las reparaciones y apoyos sociales en Guerrero tras el impacto del huracán Otis, que ha dejado hasta ahora 46 muertos.

Este es el primer cálculo oficial del Gobierno federal, que ofreció en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, en donde el presidente López Obrador anunció un plan de recuperación con 20 puntos, que incluyen 10,000 millones de pesos para restaurar la infraestructura pública en Acapulco.

“El costo de la inversión, que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades, es de 61,313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República, ese es el monto de inversión”, expuso el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

El costo de los daños, según estimaciones privadas, podría ascender a 15,000 millones de dólares.

El presidente detalló que el plan incluye apoyos directos a los afectados, como la entrega de 20,000 “créditos a la palabra” por 25,000 pesos para comercios devastados; 8,000 pesos para pintura y techos de viviendas; entrega de despensas semanales; y equipamiento con enseres básicos para hogares.

Adicionalmente, anunció la duplicación en el número de becas a 90,000 para estudiantes de niveles básicos; exenciones de algunos impuestos y pagos de intereses de 373 hoteles, y el no pago de servicio eléctrico hasta febrero del 2024.

Los puntos que integran el plan de reconstrucción son:

  • Apoyar a todos los damnificados e intensificar las labores de bísqueda.
  • Adelantar 2 meses la dispersión de todos los programas de Bienestar
  • Incorporar a 10 mil jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para labores de limpieza, construcción y pintura. Recibirán el equivalente al salario mínimo.
  • Se duplicará el número de becas a estudiantes hasta 90 mil en la zona.
  • 6 meses de prórroga en el pago de Infonavit, Fovissste e IMSS.
  • No se pagará servicio de luz de noviembre 2023 a febrero 2024.
  • Se entregará una canasta básica de 24 productos por semana a 250 mil familias durante 3 meses.
  • Se otorgarán a todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura y a hogares afectados desde 35 mil hasta 60 mil pesos para su reconstrucción.
  • A todas las familias se les entregará un kit de enseres domésticos: cama, estufa, refrigerador, vajilla.
  • Se otorgarán 20 mil créditos a la palabra por 25 mil pesos cada uno.
  • Se destinarán 10 mil mdp a la rehabilitación de líneas de agua, drenaje y avenidas.
  • No se cobrarán IVA ni ISR desde octubre 2023 hasta febrero 2024.
  • En cada colonia de más de mil viviendas habrá un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos.
  • Créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas.
  • Hacienda pagará la mitad de los intereses a créditos de Banca Comercial para 377 hoteles en el puerto.
  • La SICT destinará 218 mdp para rehabilitar las carreteras, puentes y obras viales

El mandatario señaló que todas la obras de reconstrucción estarán coordinada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. 

Los últimos puntos del plan más que apoyos financieros, se trataron de reconocimientos. AMLO agradeció a los trabajadores de la CFE que dijo, actuaron de manera excepcional para reestablecer el servicio de eléctrico, el cual señaló, se recuperará por completo en los próximos días.

Finalmente reconoció a los elementos de las Fuerzas Armadas que brindan apoyo a la población afectada en Guerrero, así como a los habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez, las dos ciudades más afectadas tras el paso de Otis.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prepara una propuesta regional para atender la crisis migratoria, por lo que se reunirá con cancilleres de los 10 países con mayor éxodo de migrantes, según reveló este lunes el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

La propuesta será presentada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre próximo cuando está previsto que López Obrador se reúna con su homólogo estadounidense.

De acuerdo con declaraciones de Jara a medios, a la salida del encuentro que gobernadores tuvieron con AMLO en Palacio Nacional, la reunión entre el presidente López Obrador tendría lugar dentro de dos semanas con los cancilleres de países como Guatemala, Honduras, Venezuela, Haití y Cuba, entre otros.

“Esto sería aproximadamente en unos 15 días para que, después, en una próxima visita que tenga el presidente a Estados Unidos, ya se dé a conocer la propuesta”, dijo.

Además de la canciller Alicia Bárcena, estarían presentes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; los gobernadores de entidades del sur-sureste del país y los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

El gobernador de Oaxaca dijo que la ruta que trazarán aún no está definida, aunque resaltó que lo ideal sería que Estados Unidos apoye con más recursos a las causas que generan la migración de dichos países.

Además, dijo que las autoridades y entidades de nuestro país colaboran con garantizar flujos ordenados, mientras que resaltó que se busca que centro de atención a migrantes se acerquen a estos extranjeros.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la inseguridad, la violencia y las condiciones socioeconómicas son los principales factores que inciden en que miles migrantes salgan de sus países para cruzar México e intentar llegar a Estados Unidos.

Netflix informó este jueves que introducirá un plan de streaming con publicidad por un costo de 99 pesos al mes (9 dólares) al mes a partir del próximo 1 de noviembre.

Esta es una medida para atraer a nuevos suscriptores después de que la compañía perdió clientes en la primera mitad del año.

El costo de 99 pesos al mes del plan “Básico con publicidad” es 40 pesos menos que el precio más bajo de Netflix sin anuncios, que actualmente tiene un costo de 139 pesos al mes.

La nueva opción estará disponible en 12 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y México.

Los suscriptores del plan verán aproximadamente entre cuatro y cinco minutos de publicidad por hora, aclaró la plataforma.

Un “número limitado” de películas y programas de televisión no estarán disponibles en el plan con publicidad debido a las restricciones de las licencias, “en las que estamos trabajando”, añadió Netflix.

Además tendrá dos restricciones más: no será posible descargar títulos y la calidad de vídeo será de hasta 720p/HD.

Se detalló que los anuncios durarán entre 15 ay30 segundos y se verán al principio de las series y/o películas, así como durante su reproducción.

Los ejecutivos de la compañía, que se habían opuesto rotundamente a añadir anuncios a su servicio durante años, anunciaron un cambio de ruta en abril pasado, cuando la empresa sorprendió a Wall Street con la pérdida de suscriptores en el primer trimestre, anticipando más bajas.

Otros servicios de streaming, como Hulu, Disney+ y HBO Max, tienen opciones más baratas con publicidad o las ofrecerán pronto, han señalado fuentes de la industria.

Netflix reportó 220.7 millones de suscriptores de pago hasta junio, lo que supone un descenso de casi 1.2 millones desde el inicio del año.

La empresa preveía añadir un millón de clientes en el tercer trimestre. Las últimas cifras se darán a conocer cuando Netflix presente sus resultados el próximo martes.

El gobierno federal y 15 empresas de producción y distribución de alimentos presentaron esta mañana nuevas medidas del plan antiinflación que buscan reducir en 8% el precio promedio de los productos que integran la canasta básica, cuando se registra el aumento de precios más alto en los últimos 22 años.

“No aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no va a aumentar el precio de la luz y no aumentan los precios de los alimentos básicos, esa es la esencia de todo, y vamos a seguir impulsando la producción de básicos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Como parte del plan antiinflación está el reducir el precio máximo promedio de los 24 productos de la canasta básica de 1,129 pesos a 1,039 pesos al menos hasta el 28 de febrero de 2023, dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien intervino en la conferencia de esta mañana.

Entre las compañías firmantes destacan las cadenas de supermercados Walmart, Soriana y Chedraui, además de los dos mayores productores de harina de maíz para elaborar las tortillas, Grupo Gruma-Maseca y Grupo Minsa.

También están las atuneras Tuny y Grupo Pinsa-Dolores; las productoras de pollo y huevo Bachoco, San Juan y Calvario; las compañías cárnicas Sukarne, Grupo Gusi, y Opormex, y fabricantes de alimentos varios como Sigma Alimentos y Valle Verde.

“No hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva, fue a partir de convencer y de persuadir, y por la voluntad de ustedes de ayudar, entonces esto va a tener un efecto muy positivo”, destacó López Obrador.

El plan se anuncia tras revelarse que la tasa de inflación general subió en la primera quincena de septiembre hasta el 8.76% anual, el índice más alto para un periodo igual desde el año 2000, según detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De esta tasa, casi la mitad, 4.2 puntos porcentuales, corresponde a los alimentos, advirtió el secretario de Hacienda.

“A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta, por esa razón la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores”, añadió Ramírez de la O.

En el “Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía”, el gobierno federal otorgará una licencia única universal para importación y distribución de alimentos que eximirá a las empresas de todo trámite y permiso, y el impuesto general de importación, señaló el secretario de Hacienda.

Además, el gobierno federal también suspenderá la revisión de toda regulación que entorpezca la distribución de alimentos básicos.

Asimismo, se mantendrá la política de contención de combustibles, lo que implica el subsidio fiscal a las gasolinas, que ha significado un costo de 293,000 millones de pesos en lo que va del 2022, según datos que ofreció el presidente el pasado 1 de septiembre en su informe de gobierno.

El plan antiinflación también implica que se mantendrán sin variación las tarifas de uso de autopistas, es decir, el peaje carretero, añadió Ramírez de la O.

El gobierno federal reforzará políticas para la producción nacional de alimentos para lo que se suspenderá la exportación de maíz blanco, frijol, sardiana, y chatarra de aluminio y acero que se usa para envasar alimentos.

En tanto, los empresarios de harina de maíz, Maseca y Minsa, no aumentarán los precios e, incluso, buscaran reducirlos en un 3% frente al promedio actual.

Será la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) quien se encargará de vigilar el cumplimiento del acuerdo, aunque el presidente López Obrador insistió en que todas las medidas son muestra de la voluntad de los empresarios para bajar la inflación.

“Tenemos ese desafío, ese reto, pero afortunadamente contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, de industriales, de comerciantes, que ante el llamado que se les hizo acuden y de manera ejemplar se comprometen a ayudar”, resaltó.

El presidente estadounidense, Joe Biden, promulgó su plan de inversión en salud y clima que representa una importante victoria política para los demócratas a menos de tres meses de las elecciones legislativas.

Luego de arduas negociaciones con la derecha del Partido Demócrata, la ley incluye la mayor inversión jamás realizada en Estados Unidos para el clima: 370,000 millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030.

El texto prevé incentivos financieros para orientar la economía estadounidense hacia las energías renovables, limita el precio de algunos medicamentos y crea un impuesto mínimo de 15% para las grandes empresas.

“Un país puede transformarse. Eso es lo que está sucediendo ahora”, declaró Biden en un discurso con tintes electorales, antes de firmar la reforma, bautizada “Ley de Reducción de la Inflación”, en La Casa Blanca. “Se trata del futuro. Se trata de aportar progreso y prosperidad a las familias estadounidenses”, dijo.

“Se trata de mostrar a Estados Unidos y al pueblo estadounidense que la democracia aún funciona”, añadió.

Aunque el Partido Republicano calificó de “estafa” una disposición que concede subsidios para la compra de vehículos eléctricos; el Sierra Club, un grupo ecologista, elogió lo que calificó de paso audaz en la lucha contra el sobrecalentamiento del planeta.

El segundo apartado de este gran plan de inversión tiene como objetivo corregir parcialmente las enormes desigualdades en el acceso a la atención médica en Estados Unidos, en particular bajando el precio de los medicamentos.

Medicare, un programa público de seguros médicos para personas mayores de 65 años, podrá por primera vez negociar los precios de determinados medicamentos directamente con las farmacéuticas, y así obtener tarifas más competitivas.

Para financiar estas inversiones, la reforma prevé la adopción de una tasa impositiva mínima del 15% para todas las empresas cuyos beneficios superen los mil millones de dólares, para evitar que se acojan a exenciones fiscales que les han permitido pagar mucho menos que lo que en teoría les corresponde.

Se estima que esta medida podría generar más de 258,000 millones de dólares en ingresos para el Estado federal en los próximos diez años.

Poco después de la firma, La Casa Blanca publicó un comunicado detallando las medidas de la ley que, según el gobierno, aventajan a las comunidades latinas.

A nivel sanitario, los latinos con Medicare mayores de 65 años tienen unas 1.5 veces más probabilidades de tener problemas para pagar medicamentos y la nueva ley les garantiza que no paguen más de 2,000 dólares por año por sus fármacos.

El abaratamiento de los medicamentos ayuda en particular a los insulinodependientes. Según el Departamento de Salud, en 2018 los hispanos tenían 1.3 veces más probabilidades que los blancos no hispanos de morir de diabetes. Esta ley limita a 35 dólares al mes lo que tienen que pagar por insulina.

También proporciona acceso a vacunas gratuitas y “ayudará a mantener disponible el seguro de salud gratuito o de bajo costo”. “Casi 700,000 latinos tendrán cobertura de seguro médico el año que viene” en comparación con lo que sucedería si no existiera esta normativa, añadió La Casa Blanca.

La lucha contra el cambio climático también les beneficia. Según el movimiento Climate Power, el 40% de los hogares con más dificultades para pagar las facturas energéticas en Estados Unidos son latinos y el 50% afroestadounidenses.

La Casa Blanca sostiene que las familias que aprovechen las ventajas fiscales incluidas en la ley para las energías limpias “pueden ahorrar más de 1,000 dólares por año”.

La política estrella de Biden también financia programas para reducir la contaminación del aire en instalaciones industriales y en comunidades desfavorecidas.

Y a nivel fiscal “ninguna familia que gane menos de 400,000 dólares por año tendrá una subida de impuestos, ni un solo centavo”, añade el comunicado.

Los demócratas impulsaron este fin de semana la aprobación en el Senado de un paquete económico, disputado acuerdo que resulta menos ambicioso que la visión original del presidente Joe Biden, pero que de igual forma cumple con los objetivos del partido de desacelerar el calentamiento global, moderar los costos farmacéuticos y gravar a las enormes compañías

Ahora el paquete por aproximadamente 740,000 millones de dólares se encamina a la Cámara de Representantes, donde los legisladores están listos para respaldar las prioridades de Biden. Lo que parecía una iniciativa perdida y destinada al fracaso, recuperó en los últimos días fuerza en la política.

Los demócratas se mantuvieron unidos en una votación que se resolvió 51-50 gracias al voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris.

“Hoy, los senadores demócratas se han puesto del lado de las familias estadounidenses en lugar de los intereses especiales”, dijo el presidente Joe Biden en una declaración desde Rehoboth Beach, Delaware. “Me postulé a la presidencia prometiendo que el gobierno volvería a funcionar para las familias trabajadoras, y eso es lo que hace este proyecto de ley, punto”.

Biden llamó por altavoz al guardarropa del Senado durante la votación para agradecer personalmente al personal por su duro trabajo.

El presidente instó a la Cámara de Representantes a aprobar el proyecto de ley lo antes posible. La presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi dijo que “se moverá rápidamente para enviar este proyecto de ley al escritorio del presidente”. Se tiene previsto que la Cámara de Representantes vote este mismo viernes.

“Ha sido un camino largo, difícil y tortuoso, pero al fin, al fin hemos llegado”, señaló el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, antes de la votación final. “El Senado está haciendo historia. Estoy seguro de que la Ley de Reducción de la Inflación perdurará como una de las medidas legislativas definitorias del siglo XXI”, añadió.

Los senadores participaron en una maratónica sesión de votaciones que comenzó el sábado y se prolongó hasta el domingo por la tarde. Los demócratas rechazaron unas tres docenas de enmiendas republicanas que pretendían hundir la ley. Frente a la oposición unánime de los republicanos, la unidad demócrata en la cámara, que está dividida al 50%, se mantuvo en la senda de una victoria que eleva la moral a tres meses de las elecciones, en las que está en juego el control del Congreso.

El proyecto de ley tuvo problemas a mediodía por las objeciones al nuevo impuesto mínimo de sociedades del 15%, que no gustó a las empresas de capital riesgo y a otros sectores, lo que obligó a introducir cambios de última hora.

A pesar del momentáneo contratiempo, la “Ley de Reducción de la Inflación” ofrece a los demócratas un escaparate de la temporada electoral para actuar sobre objetivos codiciados. Incluye el mayor esfuerzo federal de la historia en materia de cambio climático, con cerca de 400,000 millones de dólares: limita a 2,000 dólares anuales los gastos de bolsillo de los medicamentos para los los adultos mayores con Medicare y prorroga los subsidios por vencer y que ayudan a 13 millones de personas a costear un seguro médico, y lo que los demócratas dicen es la inversión más significativa de la historia para combatir el cambio climático, de unos 375,000 millones de dólares durante la próxima década.

Mediante el aumento del impuesto de sociedades, todo el paquete se paga, con unos 300,000 millones de dólares de ingresos adicionales para la reducción del déficit.

Con apenas poco más de la décima parte del arcoíris inicial de 10 años y 3,5 billones de dólares de su la iniciativa de Biden Build Back Better, el nuevo paquete abandona las propuestas anteriores de preescolar universal, licencia familiar pagada y ampliación de la ayuda al cuidado infantil.

Recordemos que ese plan se vino abajo después de la oposición del senador conservador Joe Manchin, demócrata por Virginia Occidental, quien argumentó que era demasiado costoso y avivaría la inflación.

Analistas no partidistas han dicho que la “Ley de Reducción de la Inflación” tendría un efecto menor en el aumento de los precios al consumidor.

Los republicanos afirmaron que la nueva medida socavaría una economía que los encargados de formular políticas se esfuerzan por evitar que caiga en la recesión. Dijeron que los impuestos a las empresas incluidos en el proyecto de ley perjudicarían la creación de empleos y harían que los precios se dispararan, lo que complicaría a la población hacer frente a la peor inflación del país desde la década de 1980.

“Los demócratas ya han robado a las familias estadounidenses una vez a través de la inflación, y ahora su solución es robar a las familias estadounidenses una segunda vez”, argumentó el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que se presentó hace cerca de dos meses, está dando buenos resultados.

En redes sociales la dependencia señaló que en la primera quincena de junio se registró una inflación anual de 10.14%, inferior al 12.47% correspondiente a la misma quincena de 2021.

Este dato corresponde a los 24 genéricos que corresponden a la canasta básica que Profeco estableció, y que forman parte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), así como con los energéticos: electricidad, gas, gasolina, y las cuotas de autopista.

Dentro de los genéricos incluidos en el PACIC, destacó Hacienda, por su deflación respecto a la quincena anterior, resaltan el  limón, azúcar, cebolla, huevo, jitomate y papel higiénico.

Añadió que otros productos del PACIC que sobresalen por su incidencia de cero en la inflación quincenal son el arroz en grano, atún en lata, bistec de res, frijol, manzana, pasta para sopa, sardina en lata, y zanahoria.

Recordemos que fue el 4 de mayo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la presentación del Paquete contra la Inflación, con el que dijo, se busca hacer frente a la elevada inflación, y el cual fue pactado con la Iniciativa Privada (IP).

El PACIC incluía un aumento en la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y descartaba la aplicación de controles de precios, según indicó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

El funcionario detalló que las medidas tendrían una duración inicial de seis meses, que pueden ser prorrogable, y tiene cuatro ejes: producción, distribución de los alimentos, comercio exterior y otras medidas.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que el plan antiinflacionario que presentó el gobierno federal es insuficiente, ya que no considera apoyos para los productores nacionales.

El líder parlamentario reiteró que para reducir los niveles de la inflación es fundamental otorgar apoyos a los productores de pollo, carne de cerdo, limón, entre otros víveres.

“Le deseamos suerte a ese programa, nosotros queremos que se detenga la inflación como fue el compromiso de campaña de Morena, pero se nos hace insuficiente porque no vemos apoyos a los productores nacionales”, sostuvo el priísta..

Asimismo, reconoció el compromiso de los empresarios para coadyuvar a reducir el alza en la inflación, “es prácticamente parecido a uno de aquellos pactos que el PRI tuvo en su momento y que tuvieron éxito”.

También deseo éxito al gobierno federal en su combate a la inseguridad, que, dijo, es tan fuerte el problema que se contempla como uno de los ejes de este programa, a fin de evitar el robo de alimentos en las carreteras.

En tanto, por parte de la bancada del PAN, el diputado Marco Humberto Aguilar, aseguró que el plan contra la inflación y la carestía anunciado el presidente es insuficiente y de corte neoliberal.

“Para nosotros es insuficiente este paquete económico porque creemos que no va a contener la inflación. Al día de hoy la inflación está en un 7.7 por ciento”, dijo. “Qué curioso. El presidente que crítica las medidas neoliberales asume medidas del mismo corte que el expresidente De la Madrid y el expresidente Salinas, en su tiempo, tomaron para controlar la inflación”, abundó.

El legislador panista cuestionó al Ejecutivo Federal por no haber apoyado a las micro y pequeñas empresas, y productores de alimentos durante la pandemia, “¿por qué se esperó hasta ahora?”

Lamentó que a casi 40 meses de su gestión, el presidente esté presentado un plan que sólo fija un precio de garantía de 24 productos de la canasta básica que representan apenas el 13% de los componen el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) con lo que se estima la inflación.

Señaló que el plan es insuficiente porque no detendrá la pobreza alimentaria, mantiene la actual política de los subsidios a la gasolina y diésel, y plantea un aumento de la producción de granos cuando la política agropecuaria del gobierno “ha sido un fracaso”.

Representantes de la Iniciativa Privada (IP) acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gabinete, en la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que busca garantizar precios justos en los productos de la canasta básica.

Participaron Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD); Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Mauricio García Muñoz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico); José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Gregorio Gómez Sanz, integrante de la Mesa Directiva de Concamin; José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco) y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Acompañados de productores y representantes de tiendas de autoservicio, la IP celebró que las acciones anunciadas para aliviar los efectos de la inflación se hayan dado a partir del diálogo con las empresas, para que estas participen de acuerdo con sus posibilidades y de manera voluntaria.

“Desde el sector privado reconocemos la atención prioritaria del gobierno federal a la grave situación de carestía; y su disciplina fiscal, la cual también juega un papel importante en la moderación de las presiones sobre los precios en general”, indicó el CCCE.

El Consejo Coordinador Empresarial aclaró que el PACIC no intenta establecer un control de precios, además de que es un instrumento temporal.

Coincidió con lo expuesto por el presidente y secretario de Hacienda, respecto a que es de vital importancia contener la inflación mediante acciones razonadas y eficaces. En ese sentido dijo que los objetivos del sector privado están alineados a su dimensión social y son claros, y mencionó: proteger el poder de compra de la población, en especial de los más vulnerables, y concentrarse en las cadenas de alimentos de la canasta básica y otros similares, de manera temporal.

Francisco Cervantes, presidente del CCE, dijo que el mejor antídoto frente a la presión inflacionaria es la inversión y el crecimiento, asegurando que se requiere una economía que no esté sujeta a costos injustificados que encarezcan las fases de la producción, distribución y comercialización de mercancías.

“Juntos, sociedad, gobierno y sector privado, podremos hacerle frente a esta crisis global”, remató.

En tanto, la Coparmex calificó como positivo que el PACIC, reconociendo las 15 medidas divididas en producción, distribución, comercio exterior y otras; dijo que se pensaron para cumplir tres propósitos: mayor oferta, menor costo y menor tiempo, con los que se busca apoyar de manera decidida a las familias mexicanas más vulnerables para que no pierdan su poder adquisitivo.

“Confiamos en que las acciones anunciadas serán efectivas, toda vez que están planeadas en un escenario de corto y mediano plazo que las hace viables para apoyar la economía familiar; mientras que el elemento de libre adhesión, permite a las empresas, sumarse sin imposiciones de acuerdo con su esquema de reestructuración y recuperación post pandemia”, añadió la Coparmex.

La Confederación destacó que la simplificación regulatoria y la reducción de costos de transacción, como la exención de Carta Porte por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a básicos e insumos en sus transportes y la reducción de costos y tiempo de despacho aduanal.

Reafirmó el propósito del PACIC, que es lograr que la canasta básica por familia de cuatro personas, tenga un costo promedio de mil 129 pesos con incentivos como el arancel cero a la importación de básicos e insumos.

De la misma forma aplaudió que el PACIC reafirma el compromiso y estrategia de seguridad en carreteras para que existan menos robos de mercancías, incluyendo apoyos a combustibles, el subsidio a la electricidad doméstica, congelar los costos de ferrocarril y no incrementar el peaje en las autopistas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

“Reconocemos la disposición del Gobierno de México para no implementar un control de precios como estrategia principal para combatir la inflación, impulsada principalmente por factores internacionales, como la pandemia, el rompimiento de las cadenas de suministros, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y el colapso del puerto de Shanghái, que es la terminal de mercancías más importante del mundo”, remató la Coparmex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la presentación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el que se busca hacer frente a la elevada inflación, y el cual fue pactado con la Iniciativa Privada (IP), específicamente con las principales empresas de alimentos del país.

El PACIC incluye un aumento en la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y descarta la aplicación de controles de precios, según indicó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

“Planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal. Y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz”, dijo el secretario al intervenir en la mañanera.

Ramírez de la O detalló que las medidas tendrán una duración inicial de seis meses, que pueden ser prorrogables.

El plan, dijo, tiene cuatro ejes que contemplan la producción, distribución de los alimentos, comercio exterior y otras medidas.

Detalló que la iniciativa busca aumentar unas 4.8 millones de toneladas en la producción de granos básicos, con medidas como reforzar el apoyo a programas gubernamentales, la entrega de fertilizantes para el campo y la eliminación de la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio.

Además, se fortalecerá la estrategia de seguridad en las carreteras para evitar el robo de alimentos, se mantendrán las tarifas en los peajes de carreteras y en rutas de tren, y se suprimirá la contraprestación por interconexión entre una línea ferroviaria y otra.

“Todas estas medidas, en gran medida, son oferta, reducción de costos, no estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni ninguna otra medida directa”, aclaró el funcionario, quien agregó que se creará una reserva estratégica de granos básicos y leche.

Y es que en medio de una espiral inflacionaria agudizada por la invasión de Rusia a Ucrania, el índice de precios en el país se aceleró más de lo previsto en la primera quincena de abril a un 7.72% a tasa interanual, superando el objetivo de Banxico que es de un 3% más menos un punto.

“Quiero agradecer la colaboración de los productores, empresarios, comerciantes porque han aceptado participar de manera voluntaria y esto nos ayuda a todos”, dijo por su parte el presidente López Obrador al señalar que el plan busca garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un “precio justo”.

Añadió que a estas medidas se unieron empresarios como Carlos Slim, quien se ofreció a no subir el precio de las tarifas telefónicas; además de que otras empresas como WalMart y Bimbo, dieron su apoyo al PACIC, comprometiéndose a mantener el precio de algunos de sus productos, que forman parte de la canasta básica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó esta mañana que el plan que su gobierno prepara para tratar de controlar la elevada inflación, y que será presentado la próxima semana, establezca controles de precios para una serie de productos.

“Donde tenemos más impacto inflacionario es en alimentos, por eso lo de estas acciones. Vamos a unir todo y se va a presentar el miércoles”, dijo el mandatario quien agregó que serán incluidos precios de garantía y que el plan incorporará 24 productos de la canasta básica.

Aunque prometió revelar el plan definitivo dentro de una semana, el mandatario adelantó que ha negociado con las empresas para que el precio de una canasta básica no varíe por región o por negocio.

“Que tengamos un precio parejo, de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México o en Tijuana, en Valladolid o en Tapachula, un precio justo, es una contribución de los productores, distribuidores y las grandes tiendas departamentales”, manifestó.

El presidente informó del plan tras reportarse una inflación general de 7.72 % anual en la primera quincena de abril, la tasa más alta en 21 años, en medio de la disrupción de cadenas de suministro que dejó la pandemia y la invasión de Rusia en Ucrania.

López Obrador descartó un “control de precios” y, en su lugar, habló de acuerdo con con grandes productores de alimentos, distribuidores y tiendas departamentales.

Aunque no ofreció más detalles, su propuesta hace eco de los “precios de garantía” que anunció al inicio de su mandato, en enero de 2019, para la compra de granos básicos a productores del campo.

“Vamos a garantizar precios justos, para no hablar con redundancia, en los básicos. Precio de garantía, que es otro instrumento importante, en maíz, en frijol, en arroz, en leche, es parte del plan, y sin establecer control de precios”, añadió.

El presidente exhortó a los campesinos para que siembre maíz, frijol, “lo básico”, porque así se enfrentará la carestía y la inflación, “con el autoconsumo”.

Cuestionado por el incremento de los combustibles, López Obrador argumentó que en energéticos la inflación de México ha sido solo de 0.6%, mientras que en Estados Unidos ha sido de 2.5%. Por ello, dijo, donde existe “más impacto inflacionario es en alimentos”, por lo que las acciones del gobierno se encaminarán a ese rubro.

Aun así, indicó que los precios de gasolinas, de gas, diésel y de la luz también son parte de dicho plan y prometió que no van a aumentar los impuestos, “y lo que es más importante, no va aumentar el precio de la luz”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los planes de Rusia para invadir Ucrania incluyen la toma de Kiev y anunció que propuso una reunión al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, para tratar de rebajar la tensión.

Blinken, que viajó de última hora a Nueva York para participar en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la crisis en Ucrania, reiteró la idea de que Rusia tiene previsto atacar a Ucrania en los próximos días y que, para ello, buscará un “pretexto” que justifique su intervención.

Según aseguró, ello podría incluir un falso atentando terrorista, un supuesto descubrimiento de fosas comunes o incluso un ataque real o ficticio con armas químicas.

“Rusia podría describir este acontecimiento como una limpieza étnica o un genocidio, mofándose de un concepto que en esta cámara no nos tomamos a la ligera”, dijo al Consejo de Seguridad.

Blinken aseguró que los medios rusos ya han empezado a difundir algunas de estas “falsas alarmas” para comenzar a justificar la invasión.

El secretario de Estado aseguró que el siguiente paso en el plan ruso será celebrar reuniones gubernamentales al más alto nivel para responder, a lo que seguirán bombardeos sobre Ucrania, un bloqueo de las comunicaciones del país y ciberataques contra instituciones clave.

“Después de eso, tanques y soldados rusos avanzarán sobre objetivos clave que ya han sido identificados y señalados en detallados planes. Creemos que estos objetivos incluyen la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2,8 millones de habitantes”, aseguró Blinken.

Según dijo, su gobierno confía en que dando a conocer esta información ante la comunidad internacional se pueda influir a Rusia para que “abandone la vía de la guerra”.

Blinken dijo que escribió a su homólogo ruso para proponerle una reunión en Europa la próxima semana, con el objetivo de preparar una posible cumbre entre los líderes de los dos países. Además, explicó que EUA ha propuesto también reuniones del Consejo OTAN-Rusia y del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, presentó este jueves un plan de austeridad con el que según sus cálculos, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría ahorrar 2,972 millones de pesos, y destinarlos a la consulta de la Revocación de Mandato.

“El resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado le daría al Instituto Nacional Electoral una disponibilidad de 2,972 millones y yo menciono que en el transcurso de hoy vamos a enviar toda esta información”, dijo Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

El llamado ejercicio de austeridad incluye recortes por 718.8 millones de pesos en salarios y prestaciones y de 554.5 millones de pesos en gastos de operación, según lo expuesto por Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. En este rubro se incluye la cancelación de gastos médicos, arrendamientos, viajes, congresos, telefonía, entre otros aspectos.

Las medidas propuestas no afectarían al personal operativo ni sindicalizado, “ni implica reducir plazas de ningún tipo”, enfatizó el subsecretario de Hacienda.

A ello se suman 830 millones de pesos que el INE tiene este año adicionales a su presupuesto usual y 868.7 millones de pesos de remanentes de dos fideicomisos públicos que tiene a su disposición el Instituto.

El plan de austeridad se presenta un día después de que el INE anunció que solicitará formalmente a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por 1,738 millones de pesos para garantizar la realización de la consulta que impulsó el Andrés Manuel López Obrador y que está contemplada se pueda realizar el 10 de abril.

El secretario de Gobernación, quien sustituye a López Obrador quien se encuentra en aislamiento por su infección de COVID-19, afirmó que aunque todavía no hay una respuesta formal a la petición del INE, pues no ha llegado de forma oficial, “el presupuesto público de la federación está muy comprometido” porque “hay que garantizar los programas sociales”.

“Se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo”, sostuvo Adán Augusto López.

Sin embargo, esta mañana, alrededor de las 11:00 horas, el INE entregó formalmente la petición a la Secretaría de Hacienda. No es la primera vez que el gobierno federal y el INE se enfrenta por el presupuesto y las políticas de austeridad de López Obrador.

“No hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos, de tal manera que esto es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral”, comentó el secretario de Gobernación.

Los Gobiernos de México y Estados Unidos presentaron un plan de trabajo derivado del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), relanzado el pasado 9 de septiembre, mediante el cual ambos países trabajarán de manera conjunta para fortalecer la relación bilateral.

Por ahora, el mecanismo incluye más de 10 proyectos concretos basados en cuatro pilares: reconstruir juntos, promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica, además de asegurar las herramientas para la prosperidad futura y la inversión.

En un comunicado conjunto, las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía y Hacienda, los gobiernos recordaron que el primer pilar del DEAN busca el fortalecer las cadenas de suministro y coordinar su gestión en situaciones de crisis y la cooperación entre México-Estados Unidos en tecnologías ambientales.

Además de mejorar las condiciones fronterizas para facilitar el comercio bilateral legal y el tránsito de personas y la asociación para la facilitación comercial para equipo médico. El segundo tiene como objetivo la asociación entre México y EUA para abordar las causas de la migración irregular en el sur de México y el norte de Centroamérica.

En tanto, el tercer pilar busca la cooperación México-Estados Unidos en redes de telecomunicaciones y TIC de vanguardia y fortalecer la cooperación en materia de ciberseguridad y la cooperación digital sobre normas de privacidad fronteriza.

Mientras que el cuarto pilar impulsará una campaña de apoyo al crecimiento económico mediante la innovación y la creatividad. Además de una recuperación inclusiva a través de iniciativas para invertir en emprendedores y Mipymes y programas de formación técnica en sectores prioritarios.

En tanto, se informó que este martes comenzaron los trabajos del nuevo marco de seguridad binacional con el que se pone fin definitivamente a la iniciativa Mérida. Con el nuevo marco, México y EUA aspiran a ofrecer respuestas más integrales y rápidas para proteger a los ciudadanos de ambos países y combatir el crimen organizado.

“El acta de defunción de la Iniciativa Mérida ya se había extendido, hoy extendemos el acta de nacimiento del Entendimiento Bicentenario”, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un acto encabezado también por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.

Ambos gobiernos se comprometieron a trabajar en un ambiente de respeto mutuo y con celeridad porque no quieren que se repita la tragedia de la semana pasada que mató a 55 migrantes e hirió a más de cien al volcar un camión en el sur de México, el ejemplo más reciente de cómo operan las redes de tráfico de migrantes.

“Como nos han dicho los dos presidentes, (Joe) Biden y (Andrés Manuel) López Obrador. lo tenemos que hacer ahora”, subrayó Salazar. “Son acciones, pero acciones inmediatas”.

El Entendimiento Bicentenario, cuyos ejes cerraron Ebrard y su homólogo estadounidense, Anthony Blinken en octubre, se centrará en combatir el trafico de armas, de migrantes, la trata, los crímenes cibernéticos y el lavado de dinero y en judicializar los casos de corrupción ligados al crimen organizado, dijo la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez.

El objetivo, añadió, será desarticular todas esas redes que operan a ambos lados de la frontera, cortar sus cadenas de suministro y lograr sentencias más largas para esos delitos.

Recordemos que la Iniciativa Mérida se impulsó desde 2008 durante las administraciones de los expresidentes George Bush y Felipe Calderón, pero López Obrador insistió en que no estaba interesado en el equipo militar que centró la cooperación del pasado y se utilizó en el combate a los grupos de narcotraficantes, sino que aspiraba a que se reforzaran los esfuerzos centrados en las causas del consumo de drogas y la migración.

La democracia se enfrenta a “desafíos continuos y alarmantes” en todo el mundo, afirmó este jueves el presidente Joe Biden al inaugurar la Cumbre virtual sobre la Democracia, que cuenta con participación de 110 representantes de todo el mundo.

Biden estimó que la tendencia “apunta en gran medida en la dirección equivocada”, y dijo que en Estados Unidos la ciudadanía sabe “mejor que nadie” que “renovar la democracia y fortalecer las instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante”.

Entre los retos que se enfrentan, Biden mencionó la insatisfacción ciudadana con los regímenes democráticos, que “no cumplen” con sus necesidades, e insistió en hacer una defensa de la democracia como el mejor sistema para garantizar la dignidad humana y resolver problemas, a pesar de que sea un sistema “duro” que necesita “cooperación”.

Pidió a los participantes “apoyar los valores” que les unen, como la libertad de expresión, de prensa, de religión o el
Estado de Derecho, además de reclamar “protección” para los Derechos Humanos de todas las personas.

Durante su intervención, Biden anunció la llamada Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática, un conjunto de medidas del gobierno estadounidense para “reforzar la democracia y defender los Derechos Humanos a nivel mundial”.

Con 424,4 millones de dólares, la iniciativa se enfoca en cinco pilares: el apoyo a los medios de comunicación libres e independientes, la lucha contra la corrupción, el apoyo a los sectores que pueden reformar la democracia (grupos marginados tradicionalmente, como las mujeres), el desarrollo de tecnologías que favorezcan la democracia y la defensa de los procesos políticos y las elecciones justas y libres.

En cuanto al apoyo a los medios de comunicación, la iniciativa prevé la protección física, legal y digital de los periodistas con 9 millones de dólares que se destinarán al Fondo de Defensa de la Difamación para Periodistas, que ofrecerá cobertura a los reporteros de investigación y sus organizaciones.

En referencia a la lucha contra la corrupción, el gobierno estadounidense prevé apoyar a los agentes del cambio a favor de la anticorrupción y, en este sentido, la Administración Biden proporcionará hasta 5 millones de dólares para poner en marcha un programa que promoverá medidas de protección para los denunciantes, los activistas de la sociedad civil, los periodistas y otras personas en riesgo debido a su trabajo contra la corrupción.

El punto tres del plan hace referencia a empoderar a los grupos históricamente marginados y asegurar que todas las personas manifestarse en favor de la democracia. Se destinarán 33.5 millones de dólares para poner en marcha una iniciativa enfocada en el liderazgo político y cívico de las mujeres.

El programa de Biden también prevé avances en la consecución de un internet abierto y seguro para todos y poner en marcha enfoques que fortalezcan la integridad electoral a nivel global.

Para La Casa Blanca, la cumbre, que se realiza de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus, encarna el liderazgo de Estados Unidos en una lucha existencial entre democracias y dictaduras o autocracias.

La Cumbre, que comenzó con las palabras de Biden y del secretario de Estado, Antony Blinken, cuenta con la participación de representantes de gobiernos, ONG’s, empresas y organizaciones filantrópicas.

China y Rusia, que Biden considera autocracias, quedaron deliberadamente fuera, lo cual según estos países aviva una “brecha ideológica”. “Ningún país tiene derecho a juzgar el vasto y variado panorama político del mundo con un único criterio”, escribieron el embajador ruso, Anatoly Antonov, y el chino Qin Gang.

Lo que acabó de exasperar a Pekín fue que el gobierno estadounidense invitara a Taiwán, al que China considera parte de su territorio, aunque no esté bajo su control. Esto se suma al anuncio que hiciera el lunes La Casa Blanca sobre que no enviaría a funcionarios gubernamentales a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, a celebrarse en febrero, en protesta por las violaciones de los derechos humanos.

En América Latina y el Caribe, quedaron sin invitación a la Cumbre ocho países: Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití y Venezuela, aunque se ha invitado a Juan Guaidó, líder opositor enfrentado al gobernante de Nicolás Maduro.

Una de las principales críticas al gobierno de Estados Unidos por la convocatoria a esta Cumbre, es que Biden tiene dificultades para restaurar la fe en la democracia en su propio país, toda vez que Trump se niega a reconocer los resultados de las elecciones de 2020.

El gobierno federal anunció el despliegue de más de 3,800 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, además de helicópteros, en el marco del plan para hacer frente a la ola de violencia e inseguridad que se vive en Zacatecas, donde en las últimas semanas decenas de cuerpos han aparecido asesinados, colgados de árboles y puentes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la noche de ayer el Plan de Apoyo a Zacatecas, que implica el envío de 210 soldados que se unirán a más de 1,740 que se encuentran ya en la entidad, mientras 250 miembros de la Guardia Nacional se trasladarán al estado para sumarse a más de 1,600 de sus compañeros, detalló el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

“Vamos a estar pendientes. Vamos a estar viniendo a Zacatecas, recorriendo como lo hemos hecho desde hace muchos años, apoyando al pueblo y también expresarle al gobernador, David Monreal, que no está solo. Tiene todo el apoyo del gobierno federal. Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino”, expresó.

A los más de 3,800 efectivos federales, se añade también el envío a la zona de tres helicópteros artillados, todo ello con el propósito de detener la creciente inseguridad, que ha supuesto un incremento en un 128% de los homicidios en los últimos tres años. Además, la estrategia es dividir el estado en tres partes, norte, centro y sur.

Autoridades señalan que la ola de violencia se debe a que Zacatecas conecta nueve estados del país, lo que lo sitúa como un “centro ideal” para las operaciones de las organizaciones criminales que trafican con droga y otras mercancías ilícitas.

Cresencio indicó que este plan de apoyo, que ya ha iniciado, será evaluado en 30 días, tras lo que se replanteará el despliegue y determinarán nuevas acciones.

López Obrador encabezó la presentación, en la que reiteró el apoyo de su gobierno ante la situación, que, a su juicio, se debe enfrentar “haciendo el bien”, y atendiendo las causas del problema. Se refirió a los jóvenes como el “ejército de reserva” que hay que quitar a los delincuentes.

“Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes, que eso es muy importante porque no se debe enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal”, dijo el mandatario.

Por su parte, el gobernador de Zacatecas agradeció la visita del mandatario y del gabinete, que aseguró, da esperanza ante la ola de violencia en el estado. “Es un momento complejo, difícil para nuestro estado, se les pasó la mano. Hoy lo he dicho, enfrentamos una emergencia social”.

La visita del gabinete federal se ha llevado a cabo horas después del hallazgo de otros ocho cuerpos colgados, esta vez de un puente y árboles en el municipio de Fresnillo, uno de los más afectados por la violencia en todo el país.

Su alcalde, Saúl Monreal Ávila, reclamó no haber sido invitado para reunirse con el presidente en la presentación del plan de rescate económico y de seguridad a pesar de los últimos acontecimientos en Fresnillo, que se ha convertido en “contador de muertos” por los cadáveres que acumula ante la crítica situación.