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México ofreció a Estados Unidos extender hasta el 2025 el plazo para iniciar con la prohibición en el país del maíz genéticamente modificado, dijo este miércoles la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

La funcionaria añadió que México elabora una propuesta para modificar el decreto presidencial que apunta a eliminar gradualmente el maíz transgénico para 2024 y que ha despertado molestias en Estados Unidos, la principal fuente del cultivo para nuestro país.

“Estamos trabajando aquí, al interior del gobierno en hacer ese nuevo decreto y presentarlo”, afirmó Buenrostro, en una conferencia de prensa. “Falta tener una reunión (…) a Estados Unidos para explicar y ponerle en la mesa las modificaciones de esta propuesta”, agregó.

Y es que la prohibición ha sacudido al sector agrícola y provocó amenazas de acciones legales por parte de Estados Unidos, que ha dicho que podría considerar medidas en el marco del tratado comercial de América del Norte, T-MEC.

Buenrostro dijo además que la anunciada supresión gradual no incluía el maíz amarillo transgénico para la alimentación animal.

A finales del mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su administración esperaba llegar a un acuerdo sobre el tema con Estados Unidos, que envía anualmente al país alrededor de 17 millones de toneladas de maíz.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Bosco De la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, sobre la decisión del presidente de prohibir las importaciones del maíz amarillo genéticamente modificado y las consecuencias que representaría para México.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que será el próximo martes cuando se intentará votar el proyecto por el que se extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Precisó que la próxima semana se habrán cumplido los 10 días hábiles que se establecen para que el Senado retome la discusión del dictamen, luego de que este regresara a comisiones.

En una reunión con integrantes del Colegio Nacional de Profesionistas con Postgrado en Derecho, Monreal Ávila dijo que, de ser necesario, se ha decidido modificar la minuta que proviene de la colegisladora, es decir, de la Cámara de Diputados, donde el dictamen se aprobó el pasado 14 de septiembre.

Indicó que, junto con la ampliación del plazo, se busca establecer mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de las Fuerzas Armadas, así como de la Guardia Nacional, aspectos que fueron exigidos por los senadores de oposición.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) manifestó que espera que para este fin de semana ya se pueda compaginar la redacción de esta importante decisión, que permita arribar a un acuerdo amplio en La materia.

“Estamos mostrando flexibilidad, plenitud y apertura para poder generar condiciones de acuerdo, aquí en el Senado, y se está trabajando con un grupo de redacción en el seno de las comisiones dictaminadoras”, agregó el morenista.

Ricardo Monreal señaló que estados y municipios piden el auxilio de las Fuerzas Armadas para enfrentar los retos de la inseguridad pública, por lo que es fundamental actualizar el sistema normativo del país, “ante el déficit de procuración de justicia que hay en la nación”.

“Todos los Grupos Parlamentarios intentamos acercarnos a una redacción que satisfaga a la mayor parte de las y los legisladores, y desde el Senado tratamos de actuar con la mayor verticalidad en la construcción y actualización del sistema normativo mexicano”, remató.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, parece haber cambiado de discurso y ahora indicó que la reforma constitucional en materia eléctrica podría votarse este semestre, cuando antes su bancada hablaba que se votaría entre abril.

El morenista además señaló que la votación en este semestre ocurrirá siempre y cuando se den las condiciones y consensos necesarios para su dictaminación en Comisiones.

Indicó que luego de que concluyera el Parlamento Abierto, la secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) prepara los “libros blancos” para que sean avalados y enviados a las Comisiones que dictaminarán la iniciativa.

“La propuesta de Morena es que se aprueban los ‘libros blancos’ en el seno de la Jucopo, se remiten a las Comisiones Unidas, se instalan las comisiones, se declaran en sesión permanente para empezar la dictaminación, proceso que iniciará hasta que tengamos las condiciones necesarias para garantizar que el dictamen sea votado a favor”, dijo Mier Velazco.

El diputado comentó que hasta el momento su bancada analiza cuatro propuestas concretas que se presentaron en el Parlamento; no obstante, cada grupo parlamentario presentará la suya en los próximos días.

Expuso que una es la modificación al artículo cuarto de la Constitución para que el acceso a la electricidad sea considerado un derecho humano, una condición necesaria para garantizar los otros derechos consagrados en la Carta Magna. Otro planteamiento se refiere a la modificación de las leyes sobre el Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta, a fin de generar estímulos para la compra de vehículos eléctricos y la fabricación de motores eléctricos.

Asimismo, otra propuesta se refiere a la participación del sector social en la cogeneración de la electricidad, y una más se refiere a la revisión de las tarifas para garantizar el precio asequible, como un derecho humano a la energía eléctrica.

Aclaró que estas modificaciones no romperían con el espíritu de la iniciativa del Ejecutivo, donde deberá prevalecer la transición energética, la garantía de la soberanía eléctrica y la seguridad nacional, teniendo como regulador a la Comisión Federal de Electricidad y un esquema de participación público-privado, donde sea el 56% lo genere la CFE.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa de reforma, en los términos que está presentada, no tiene viabilidad, por lo que la bancada de Morena “le toca hacer una nueva propuesta”.

“La propuesta del Gobierno Federal sobre esta materia no va acompañada por leyes secundarias, es una lista de buenos deseos que muestra imprecisión en temas como el de la nacionalización de la industria, la minería del litio y otros minerales estratégicos”, destacó el priísta durante la inauguración del Foro nacional de transición energética. Futuro energético de México, organizado por las y los diputados federales del ´PRI en el Estado de México.

Indicó que los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD determinaron hacer algunas puntualizaciones y presentarlas pronto ante los ciudadanos. Subrayó que en la Constitución tiene que quedar la transición energética, pero no sometida a una compañía, que es como viene ahora, en referencia a la CFE.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ampliar el plazo dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que reúna pruebas a su favor en el caso que se le sigue relacionado al entramado de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

La respuesta de los fiscales llega después de que el propio Lozoya solicitara más tiempo antes de que se procediera al cierre de la investigación complementaria sobre el caso. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia judicial al respecto.

Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones a El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está “pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva”.

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

La semana pasada, la FGR defendió que las acusaciones de soborno en el marco del caso Odebrecht presentadas por
el antiguo director de la petrolera estatal contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son “libres” y “voluntarias”.

Lozoya tiene hasta mañana 3 de noviembre para presentar pruebas válidas en este y otros casos de corrupción, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él.

El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado a México cinco meses después.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en la que se incluye el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Los diputados aprobaron la reforma en lo general por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, apoyada por el bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM). En lo particular fue aprobada con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen aprobado señala que la finalidad de los cambios es que en el Poder Judicial de la Federación se comiencen a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos los mexicanos.

El Artículo Décimo Tercero Transitorio, que es el que ha causado toda la polémica y rechazo, indica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay “vicios y nepotismo” en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre “íntegro”. “Pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”, dijo entonces el mandatario.

Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.

Consideremos que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

“El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia”, dijo en Twitter Porfirio Muñoz Ledo. “Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes”, agregó.

Zaldívar no se ha pronunciado al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo en un comunicado que el artículo que amplía el mandato del ministro no fue solicitado por el Poder Judicial. El CJF dijo que esperaría a que concluyera el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto.

El ministro presidente llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de riesgos para la independencia del poder judicial en México. Lo mismo han hecho cámaras empresariales y asociaciones de jueces.

Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, dieron a conocer este jueves la ampliación del plazo para acceder al subsidio en el pago de la tenencia del ejercicio 2021.

En el caso del gobierno capitalino, indicó que la decisión de extender el plazo se debe a un esfuerzo por apoyar el bienestar y la economía familiar de quienes pudieron verse afectados por la pandemia provocada por el virus del COVID-19.

Así, se señaló que la extensión del plazo será hasta el 30 de abril para que personas físicas y morales sin fines de lucro puedan acceder al subsidio fiscal para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de este año.

Precisaron que para obtener el beneficio de condonación de la tenencia, los interesados deben tener vigente la tarjeta de circulación y el valor del vehículo no debe exceder los $250 mil pesos (IVA incluido y una vez aplicado el valor de depreciación).

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) exhortó a los capitalinos a realizar los pagos en línea a través de las plataformas electrónicas como medida de prevención y protección de contagio del COVID-19.

En el caso del Estado de México, se informó que el subsidio a la tenencia y al reemplacamiento 2021se extenderá hasta el 30 de abril.

Recordaron que quien quiera acceder al beneficio, debe estar al corriente en el pago de tenencia y el valor factura del automóvil tendrá que ser de hasta 400 mil pesos sin IVA. En el caso de las motocicletas el costo no deberá rebasar los 115 mil pesos sin IVA.

El tiempo para lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) se le acaba al exdirector de Pemex; el plazo que el juez del Reclusorio Norte concedió a Lozoya para lograr un acuerdo en relación al juicio que enfrenta por el delito de lavado de dinero vence este domingo.

El juez otorgó un plazo de seis meses para que el excolaborador de Enrique Peña Nieto legara a un acuerdo con la Fiscalía que frenara el juicio por el caso Odebrecht.

Por ello, la defensa del exdirector Pemex solicitó al juez la ampliación del plazo original, ya que hasta ahora, la FGR no le ha concedido al exfuncionario el criterio de oportunidad por el que él y su defensa apostaron

De no lograrse el acuerdo, y de no ser otorgada la ampliación del plazo, la Fiscalía tendría que proceder con la acusación formal en contra el exdirector de Pemex, esto luego de que Lozoya fuera vinculado a proceso desde mediados del año pasado.

Y es que denuncia que el exfuncionario presentó ante la Fiscalía, y en la que menciona a expresidentes, exsecretarios y exlegisladores, no ha permitido proceder penalmente en contra de los involucrados.

El equipo legal de Lozoya busca con su solicitud de ampliación del termino, lograr un acuerdo con la Fiscalía, o bien definir y preparar su estrategia de defensa ante un eventual juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta por un máximo de seis meses.

De igual forma, se informó que Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, también solicitará una prórroga para la conclusión de la investigación complementaria del caso en el que se encuentra involucrada.

Margarita Austin está acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa por presunto ocultamiento de sobornos que al parecer recibió su hijo, por parte de Odebrecht; derivado de la acusación, se encuentra en arresto domiciliario desde noviembre de 2019.

Con información de Animal Político

La jueza estadounidense Lauren F. Louis concedió este miércoles dos semanas más a la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte para responder los argumentos que la Fiscalía que justifica su extradición por desvío de recursos y delitos electorales.

La jueza dio plazo hasta el próximo 30 de diciembre a los abogados de Duarte, quien se encuentra en prisión desde el pasado 8 julio en un penal federal de Miami, Florida, acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”.

La defensa del exgobernador había pedido dos semanas más para preparar el caso, argumentando entre otras razones un brote del coronavirus SARS-CoV-2 en el centro de reclusión donde se encuentra su cliente, y la falta de tiempo para reunir declaraciones juradas de testigos “que han tardado más de lo esperado”.

El abogado Henry Bell detalló que recibió una llamada del Centro de Detención Federal (FDC) de Miami cancelando una visita legal debido a “las restricciones en la unidad de Duarte” debido a la pandemia y que este le confirmó esta semana que esa situación persiste.

La defensa de Duarte “no ha podido revisar y discutir el borrador de respuesta” a la Fiscalía, señaló Bell en una moción presentada la noche de ayer a la corte del Distrito Sur de Florida que llevará a cabo el juicio de extradición a partir del 14 de enero.

La jueza señaló que, a partir del 30 de diciembre, la Fiscalía de EUA que representa al gobierno mexicano, tiene dos semanas para responder a los argumentos que presente la defensa.

La defensa además argumentó que también necesitan más tiempo debido a que la jueza Louis, que escuchó los argumentos de ambas partes en noviembre pasado, aún no ha decidido sobre las mociones que presentaron que buscan desestimar el proceso. “Dependiendo del fallo de la corte, podría eliminar o afectar el alcance de cualquier audiencia” de extradición, señaló Bell en el documento.

Y es que el 30 de septiembre pasado la defensa solicitó “desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses”.

En la audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral, está preso en una cárcel de Florida, pues la jueza le negó la libertad bajo fianza.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que aplazó la fecha prevista para dictar la resolución de las solicitudes de siete organizaciones que pretenden constituirse como Partidos Políticos Nacionales, el cual se tenía contemplado para el 31 de agosto.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del INE informó sobre su decisión, quedando la nueva fecha para el 4 de septiembre próximo.

El Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, afirmó que la pandemia motivó la imposibilidad de llevar a cabo las tareas de verificación de los requisitos de las organizaciones que notificaron su intención de ser partidos políticos y desahogar las labores en materia de fiscalización y sustanciación de quejas que se iniciaron en contra de esas organizaciones.

Precisó que hay 12 asuntos que está concluyendo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), mismos que se encuentran en el plazo de alegatos y que serán resueltos por la Comisión de Quejas y Denuncias.

Explicó que el Tribunal Electoral, cuando abordó el tema de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), tomó la determinación de que esos plazos no podían reducirse afectando los derechos de la parte denunciada o de la parte investigada.

Considerando que la autoridad jurisdiccional señaló en su resolución que se podrían acotar esos plazos con cargo a la autoridad electoral y que no debería extenderse el plazo para dar registros más allá del 31 de agosto, conforme el acuerdo que el INE tomó donde se consideraba que el 1 de septiembre iniciaba el proceso electoral, la propuesta, afirmó Murayama, es coherente considerando que la decisión de nuevos partidos se tome antes de que inicie el proceso electoral, es decir, el 7 de septiembre.

Dijo que las distintas instancias del INE involucradas, entre ellas, las Vocalías Ejecutivas de todo el país, hicieron el trabajo de verificación de asambleas, sin embargo, era necesario ir a buscar a los participantes en las asambleas, levantarles entrevistas y esos hallazgos es importante que los conozcan las comisiones de Quejas y la de Prerrogativas, para que el Consejo General tenga la mayor cantidad de elementos para tomar una determinación sobre si se da o no el registro.

En otros temas, el Consejo General del INE aprobó por seis votos a favor y cinco votos en contra, una adenda que precisa que, durante los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila y, a partir de que inicien campañas el 5 de septiembre y hasta que se realice la Jornada Electoral el 18 de octubre, no se podrán transmitir íntegramente las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es decir, “las mañaneras”.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que la conferencia de prensa como tal no está prohibida, porque se trata de un ejercicio de rendición de cuentas.

“Lo que sí no se puede es la transmisión completa, porque eso ya adquiere el carácter de propaganda electoral permanente gubernamental”.

Adicional, se indicó que las campañas gubernamentales en las que se difundan medidas preventivas, indicaciones o cualquier otra acción que tenga como fin la mitigación y control de riesgos para la salud por Covid-19 o cualquier tema relacionado con la contingencia sanitaria, quedará vinculada al concepto de salud, por lo que será lícita su transmisión durante las campañas electorales.

El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, compareció esta mañana ante la corte federal de distrito en Brooklin, en Nueva York, Estados Unidos, a donde acudirá de nueva cuenta a principios de abril próximo.

Fue una comparecencia de apenas 15 minutos en la que juez Brian Cogan, quien alcanzó notoriedad por presidir el proceso al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, dio a la fiscalía estadounidense 30 días para acreditar sus pruebas.

Se trató de la segunda comparecencia luego de la celebrada el pasado viernes tres de enero, en la cual García Luna se declaró no culpable de las acusaciones de haber aceptado sobornos de Guzmán Loera para permitirle operar en el envío de cocaína a EUA, así como de falso testimonio.

Gracias a esa protección, el Cartel de Sinaloa que encabezaba Guzmán pudo realizar sus envíos de cocaína y otras sustancias a Estados Unidos, se especifica en la acusación que enfrenta García Luna.

Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como “complejo”, lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días.

Sin embargo Cogan solo aprobó 30 días para que se presenten registro financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.

Los fiscales afirmaron que cuentan con “toneladas de evidencia” contra García Luna, incluyendo documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado; mientras que los abogados del mexicano aprovecharon parea denunciar “medidas de seguridad inusuales” que enfrenta su defendido en la cárcel federal de Brooklyn.

Al término de la audiencia, el abogado de oficio de García Luna, César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que se declare culplable.

El canciller Marcelo Ebrard fue cuestionado esta mañana sobre la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de permitir al gobierno de Donald Trump negar el asilo. Se le preguntó si dicha decisión llevaría a que México se convierta en Tercer País Seguro.

“No, la posición de México va a ser la misma. Nada más para aclarar sobre ese tema, el tercer país seguro significa que todas las solicitudes de asilo se tramiten en México, eso significa, y eso implica un tratado”, respondió Ebrard.

Reiteró que la posición del gobierno mexicano ha sido no aceptar dicho acuerdo, posición que comparte el Senado de la República, a quien la Secretaría de Relaciones Exteriores le consultó al respecto y manifestó su rechazo de aceptar algo así.

Indicó que dicha posición sobre no aceptar ser Tercer País Seguro ya se le ha hecho saber a Estados Unidos en las diferentes ocasiones en que se han reunido, además de que se les ha transmitido en el posicionamiento por escrito que se les entregó.

“México no lo va a aceptar (…) México no lo va a aceptar bajo ninguna circunstancia”, insistió Marcelo Ebrard.

Sobre si tras la reunión de esta semana, hay alguna posibilidad de alguna amenaza o presión hacia nuestro país, el canciller dijo que no se fijó un plazo o amenaza arancelaria, pues destacó, es otro escenario el que hay en otro momento.

La prensa aprovechó para preguntar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores si en la reunión de ayer se habló sobre un posible encuentro entre el presidente López Obrador y su homólogo Donald Trump.

“Sí, se menciona siempre que se está en la mejor disposición para en algún momento dado tener un encuentro, pero no, no se habló de alguna fecha específica, ni tenemos una intención de corto plazo de llevar a cabo ese encuentro”, respondió Ebrard.

Este miércoles, el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina, con el propósito de informar sobre la entrega de fertilizantes en el estado de Guerrero.

Tanto el presidente como el secretario indicaron que el compromiso era que para el 15 de julio se hubieran entregados los apoyos, sin embargo, reconocieron que al día de hoy, solo se han entregado los apoyos al 75% de los beneficiarios del programa, y se han entregado vales, canjeables por el apoyo, al 98.5%.

“Efectivamente, como lo ha señalado el presidente, se anunció que el día 15 de este mes se concluía el programa piloto de entrega de fertilizante al estado de Guerrero (…) debemos reconocer que haya habido algunas situaciones adversas, lo cual no nos ha permitido llegar a un porcentaje mayor, pero como ya se señaló, estamos en ese proceso y tenemos fechas para que esto finalmente concluya en un porcentaje que se acerca al 100 por ciento”, expuso el secretario federal.

Villalobos Arámbula indicó que el universo de productores al que se apoyaría inicialmente era de 178 mil productores de hasta tres hectáreas de tres cultivos fundamentales: maíz, frijol y arroz. Sin embargo, debido a gestiones con pequeños productores, comunidades indígenas, zonas de atención y el censo del Bienestar, se identificó un universo adicional de 55 mil 235 beneficiarios; con esto, el padrón final de beneficiarios en Guerrero es de 233 mil 235 productores.

El avance que la entrega de apoyos tiene es del 98.5%, o sea, 229 mil 650 productores que recibieron su vale de que son legítimos propietarios del insumo y que les permitirán canjearlos por el fertilizante específico. 75%, o sea, 175 mil 948 productores ya han canjeado sus vales por el fertilizante físicamente.

Recalcó que todo el fertilizante se encuentra físicamente en el estado en las diferentes bodegas y centros de acopio para poder garantizar los productores que no han acudido a recoger su apoyo puedan hacerlo.

Sobre la disponibilidad de apoyos, señaló que 90.3% se trata de sulfato de amonio; 93.2% de fosfato diamónico; 100% de los biofertilizantes, y finalmente el 100% de la semilla.

Sobre el nuevo plazo que se han fijado para acabar con la entrega de los apoyos, Víctor Manuel Villalobos indicó que los productores con vales podrán acudir a los centros de distribución hasta el 6 de agosto. “En este sentido, garantizamos la total entrega de fertilizantes a los productores hasta esta fecha del 5 de agosto”.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, llamó a todos los y las servidoras públicas del Gobierno Federal a presentar SU Declaración Patrimonial y de Intereses, antes de que concluya el plazo legal para hacerlo.

Sandoval Ballesteros indicó que estamos a cinco días de que concluya el plazo legal para presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, en su modalidad de modificación, pues el último día es el próximo 31 de mayo,.

Señaló que dicha acción es cumplir con el compromiso de transparencia, honestidad y rendición de cuentas que se impulsa desde la Presidencia de la República.

Recordó que pueden presentar su declaración en los módulos de orientación instalados y abiertos de lunes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas, en el edificio sede de la dependencia, ubicado en Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, donde se les brinda toda la asesoría y la infraestructura necesarias.

Destacó que las y los servidores públicos también pueden acudir con el personal designado en los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado, quienes les asesoran en el llenado de sus declaraciones.

Sandoval Ballesteros señaló que la declaración patrimonial y de intereses no sólo es una obligación legal, sino un instrumento para construir un Gobierno de México cien por ciento transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía, como se ha comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La funcionaria destacó que la plataforma DeclaraNet se modificó para eliminar las exclusiones en la publicidad de la información de datos patrimoniales y permitir únicamente las opciones reserva o publicidad total.

Luego de que ayer se presentara el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se señala un plazo de 20 años para lograr establecer las bases sólidas para asegurar un país con justicia, y que la ley se aplique a todos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado al respecto.

Se le preguntó al mandatario si dicho plazo de 20 años es algo que tiene contemplado su gobierno, pese a que él mismo había dicho que en seis meses se podía alcanzar la paz.

“No creo que 20 años, pero sí en eso estamos siendo conservadores” respondió AMLO, reconociendo el plazo que se estableció en el documento gubernamental; sin embargo, volvió a insistir en que en seis meses se van a demostrar dos cosas:

  • Más crecimiento económico en seis meses
  • Bajar la incidencia delictiva.

Remató diciendo que lo que él “vislumbra” para 2024, fecha en que dejará la presidencia, es entregar un país con empleo, con buenos salarios, con paz, con tranquilidad, sin corrupción, sin impunidad. “Ese es mi compromiso”.

Y es que al presentar el PND 2019-2024, se hizo la advertencia de que “será hasta en un plazo de 20 años que se podrán lograr las bases sólidas para asegurar un país con justicia y que la ley se aplique a todos”.

El Gobierno de Estados Unidos informó este jueves que ha reunido con padres, familiares y allegados a más de 1,800
menores indocumentados entre 5 y 18 años que habían sido separados en la frontera con México.

El anuncio surge a pocas horas de que venza el plazo dado por un juez para que se reunificara a la totalidad de los menores.

Los abogados del Gobierno dieron cuenta en un informe remitido en una corte de San Diego, California, que han devuelto a sus padres en centros de detención a 1,442 menores, mientras que otros 378 han sido liberados en “circunstancias apropiadas” y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia o algún otro familiar.

Recordemos que el juez Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a la Administración Trump entregar antes de que finalizara este jueves 26 de julio a 2,551 menores de edades entre 5 y 18 años que fueron separados de sus familias este año a consecuencia de la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal.

El Gobierno acortó esa lista a 1,634 menores, que son los que considera “elegibles” para la reagrupación familiar ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades de migración por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, abrió hoy la posibilidad de que Estados Unidos, Canadá y México tengan un margen de maniobra para completar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y buscar su votación en 2018.

Ryan había fijado este 17 de mayo como fecha límite para que el Congreso recibiera un acuerdo si los tres países deseaban su votación después de las elecciones en noviembre próximo y antes de la nueva legislatura en enero de 2019.

“No es mi plazo es el plazo de la ley”, dijo a los reporteros. Pero añadió que los tres países podrían tener un margen de maniobra si la Comisión Internacional de Comercio (ITC) puede procesar el acuerdo con más celeridad. “El margen de maniobra está en la ITC. La pregunta es ¿Puede la ITC compactar el tiempo que requieren para procesar? Ahí estaría el margen de maniobra, es una pregunta para la ITC”, indicó.

Dijo desconocer si los tres países estarían en posición de completar el pacto, por ejemplo, con un margen de una o dos semanas.

La Casa Blanca expresó ayer que mantiene la esperanza de que pronto se pueda alcanzar un acuerdo con México y Canadá para la modernización del acuerdo, y dijo que el presidente Donald Trump continúa comprometido en mejorar el TLCAN de tal forma que sea beneficioso para los tres países.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO