Tag

poderes

Browsing

JOSÉ WOLDENBERG

EL UNIVERSAL

 

 

¿Vamos hacia un sistema político que girará en torno a un solo hombre, el Presidente de la República?, ¿una especie de sol que ordenará, subordinando, a los demás actores en el escenario? No es solo la pretensión de que en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados los ejes se reconstruyan para plantear de manera rotunda “con o contra el Presidente” (es decir, unos comicios federales diseñados para que en el centro del litigio esté el Poder Legislativo colocarán en el foco del debate público la adhesión o no al Presidente), sino una serie de elementos que develan la ambición de disminuir o anular el rol y la influencia de otros poderes y órganos constitucionales y agrupaciones de la sociedad civil.

Enumero sin ningún concierto: superdelegados en los estados para, por lo menos, hacer sombra a los gobernadores; reducción de recursos a los órganos públicos autónomos que, según la Constitución, deben estar fuera de la órbita del Ejecutivo; descalificación de las agrupaciones de la sociedad civil a las que se presenta como encarnaciones oligárquicas; acoso retórico a los medios no alineados con el gobierno; disminución del financiamiento público a los partidos; desprecio por el funcionariado profesional de las instituciones estatales genéricamente descalificado por corrupto; colonización de instituciones centrales del arreglo republicano con “eles” no necesariamente capacitados para la función (el último nombramiento en la Corte). No es un listado exhaustivo, pero (creo) sí expresivo.

Hay por lo menos una idea fuerza que ofrece sentido al abanico de acciones y dichos antes enunciados. Y recordemos, como si hiciera falta, que las ideas nunca resultan anodinas, menos cuando encarnan en posiciones de poder. Las ideas dan pie a discursos y conductas, ofrecen sentido al pasado, a los acontecimientos en curso e incluso pretenden diseñar el futuro. No son triviales y acaban por modular el tipo de poder al que se aspira. Tienen fuerza propia y acaban cincelando a las personas.

Todo parece indicar que el Presidente cree sinceramente que a través de él se expresa el pueblo. Y por supuesto quienes se le oponen, critican o dieren no pueden más que encarnar al antipueblo. La idea es sencilla, útil y contundente, ordena los campos y ofrece una épica, inyecta sentido a sus actos y logra cohesionar a sus seguidores que se ven a sí mismos no como agentes de una o unas políticas, sino como militantes de una causa trascendente. El “pequeño” problema es que la idea es una construcción falaz que ha llevado en el pasado y en el presente a la edificación de regímenes autoritarios (de izquierda y derecha). Porque si el pueblo es uno y está unificado, si ya encontró a “sus auténticos representantes” y puede expresarse con una sola voz, ¿para que es necesaria toda la parafernalia democrática que parte de una premisa que se encuentra en las antípodas de la anterior?, es decir, que en la sociedad existen intereses, ideologías, aspiraciones y sensibilidades distintas y que ellas reclaman fórmulas para su expresión, recreación, convivencia y por supuesto competencia. Ese pluralismo es lo que justifica y genera a los regímenes democráticos y cuando se le niega, bajo el argumento de que el pueblo es una entidad monolítica y que además ya encontró a su pastor, toda la normatividad e institucionalidad que pone en pie la democracia resulta prescindible.

Así, la división de poderes, las facultades acotadas de las distintas autoridades, los tortuosos procedimientos, los contrapesos constitucionales y hasta las libertades y los derechos individuales, pueden aparecer como un obstáculo para el despliegue de la “voluntad popular” que encarna en un solo hombre. De suceder eso —y la esperanza es que la complejidad y diversidad del país sean suficientes para fortalecer los diques a esa pulsión—, la aspiración de unos poderes estatales acotados por el derecho podría deslizarse hacia un poder que ve en el derecho una molestia, un corsé, un antagonista.

 

Profesor de la UNAM

Durante el mensaje que ofreció esta tarde desde Palacio Nacional con motivo de los 100 primeros días de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció el apoyo recibido por las legisladoras y legisladores de los todos los partidos para sacar adelante las reformas que el país necesita.

Del mismo modo, AMLO enfatizó que en los poco más de tres meses que lleva en el poder, he mantenido una relación de respeto a las autonomías de los otros Poderes (legislativo y judicial), y con las autoridades estatales y municipales.

Afirmó que esa conducta se mantendrá a lo largo de todo el sexenio por parte de su gobierno.

“Estamos empeñados en establecer un auténtico Estado de Derecho. Seguiremos apegándonos al principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, sostuvo el mandatario.

Insistió en que la Presidencia de la República no tiene partido ni privilegia a dirigentes o representantes de sindicatos, organizaciones sociales o grupos de intereses creados, y por el contrario dijo, el gobierno es de todas y de todos los mexicanos.

Añadió que la función principal de su gobierno es hacer valer la justicia y buscar el bienestar y la felicidad del pueblo.

Indicó también que su gobierno ha sido respetuoso de las libertades. “Nadie ha sido afectado por su manera de pensar, por su ideología, por su creencia religiosa, por su cultura o por su preferencia sexual”.

Finalmente dijo, se ha promovido el derecho a la información y al diálogo abierto; señaló que, así como los periodistas critican al gobierno y ejercen sus derechos a disentir, el gobierno recurre a la réplica y argumenta “sin odios o rencores”.

 

En la mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Y nadie como él ha sabido leer este cansancio, hartazgo incluso, con tanta pinche transa.

Por eso, en gran medida ganó Andrés Manuel López Obrador. Ayudado por un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, marcado no solo por escándalos de corrupción, también por desdén hacia quienes señalaban sus dimensiones y por una enorme frivolidad e impunidad.

Pero en verdad y, usando palabras del propio presidente, con todo respeto, no entiendo en qué consiste la lucha contra la corrupción que dice encabezar Andrés Manuel López Obrador. Empezando porque es el más opaco de los presidentes desde que se dio la alternancia en el ejecutivo en el 2000.

No sabemos de qué ha vivido todos estos años, aun si fuese cierto que solo tiene 200 pesos en la cartera. Su declaración 3 de 3, lo hemos mencionado antes, es de pobreza inexplicable. Y ésta es igual de indignante que la riqueza inexplicable. AMLO se niega a ser claro respecto a los recursos que le han permitido ser un político que ha recorrido el país de arriba abajo y el proveedor de una familia de cuatro hijos y una esposa.

Mañana tras mañana se lanza en contra de un nuevo sector, sin dar nombres ni apellidos, al que señala por la corrupción del pasado. Ya hemos escuchado sobre los huachicoleros de cuello blanco; sobre los funcionarios corruptos de Pemex; los de la SCT y contratistas del Nuevo Aeropuerto que querían enriquecerse a costa del pueblo; sobre las calificadoras como Fitch Ratings que solaparon la corrupción en Pemex; y ahora se ha ido en contra de los cabilderos de las grandes empresas que logran excensiones millonarias en el pago de impuestos para sus clientes.

“Seré respetuoso de los poderes de la Unión, pero juez, magistrado o ministro que solape la corrupción será exhibido, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, fue la oración completa del presidente. Y sin embargo, él es el primero que ha hablado de amnistía y de un borrón y cuenta nueva. A veces lo matiza diciendo que el devenir jurídico de los ex presidentes se resolverá mediante una consulta popular.

¿No se dan cuenta quienes esto aplauden lo grave de la propuesta? Implica amnistía por una parte y hoguera por otra. Una hoguera que brinca por encima a todas las instituciones que conforman el aparato de justicia del Estado Mexicano, con todo y sus enormes deficiencias.

 

Columna completa en El Universal

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera la aplicación de la Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el PRI indicó que la acción de inconstitucionalidad que presentaron sus legisladores no está motivada por un tema salarial.

Y es que el tricolor junto al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, argumentando que violaba la división de poderes. Dicho recurso fue admitido por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El PRI reiteró que sus legisladores están a favor de las medidas de austeridad y de acabar con los privilegios, pero señalaron que ello no se debe usar como pretexto para que el Presidente de la República pretenda violar la división  de poderes y situarse por encima del Judicial.

«La acción de inconstitucionalidad no está motivada por el tema salarial, sino por la necesidad de preservar la autonomía de cada poder, lo cual es indispensable para la democracia», dijo el Revolucionario Institucional, rechazando así los señalamientos de Morena quien ha acusado a los legisladores que presentaron el recurso de no querer perder sus privilegios.

El PRI recordó que no solo los legisladores se han intentado defenderse del golpe que pretende dar el gobierno en turno, sino que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también promovió una acción de inconstitucionalidad al considerar  que viola la Constitución.

«Con esta decisión, el máximo tribunal del país confirma que los argumentos, cuando son apegados a derecho, son más fuertes que cualquier mayoría legislativa», enfatizó el tricolor.

 

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio aseguró que los gobernadores que se oponen a la incorporación de los ‘superdelegados’ en sus administraciones, es porque se «les acabarán sus negocios» de influyentismo.

«El asunto de los ‘superdelegados’ que tanto traen es que se les va acabar el negocio a muchos que ponen a sus amigos y familiares en dependencias federales”, señaló el legislador.

Al respecto, dijo que ningún gobernador podrá oponerse a lo que mandata la Ley, pues dijo que es en el Senado donde se discute y analiza la viabilidad de las leyes, esto en referencia al aval que se dio la tarde de ayer a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin embargo las declaraciones de Salgado Macedonio han causado polémica, ya que amagó con desaparecer los poderes en los estados donde los mandatarios estatales no acaten la Ley.

«Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes (…) vamos a estar muy atentos», remató.

 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que la división de poderes es crucial para que los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente en un sano sistema de pesos y contrapesos.

“Entre ellos (los poderes) debe existir un equilibrio fundamental sin que pueda afirmarse la preeminencia de ninguno de ellos, ni rivalidad entre los mismos, sino ejercicio de funciones y atribuciones que se complementan y permiten la realización de los valores supremos del Estado democrático”, aseguró al participar en la IX Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales.

La magistrada presidenta del TEPJF subrayó que, bajo este esquema de equilibrios, la atribución principal del Poder Judicial de la Federación ha sido la de ser garante del derecho y del respeto a la Constitución. Indicó que las cortes y los tribunales están llamados a proteger la legalidad y los derechos, imponiendo límites al ejercicio del poder y eliminando la posibilidad de alguna actuación arbitraria.

Remató al recordar que desde 1996 la justicia electoral fue vinculada enteramente al Poder Judicial Federal, surgiendo así el Tribunal Electoral, y desde entonces le corresponde plenamente contribuir a construir y a consolidar la democracia en nuestro país y pacificar la lucha por el poder entre partidos, grupos y actores políticos.

“Para el Tribunal Electoral no hay vuelta de hoja, es un principio que el Derecho debe estar por encima de la política», remató Otálora Malassis.

 

Durante el discurso que ofreció al recibir la constancia que lo acredita como Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se acabó el tiempo en el que el Ejecutivo era el poder de los poderes.

“En el nuevo gobierno, el Presidente de la república no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes; ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos”, dijo AMLO.

Aseguró que el Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Adelantó que con él en el gobierno, cada quien actuará en el ámbito de su competencia y subrayó que la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y al Estado Democrático de Derecho para transitar de una idea a la realidad.

El tabasqueño insistió en que la mayoría de los mexicanos están hartos de la prepotencia, el influyentismo, la deshonestidad y la ineficiencia en el gobierno, además de que desean “con toda el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad”.

“Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y los fraudes electorales. Quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco”, remató el ahora Presidente electo.