Mucho se ha hablado en los últimos días, sobre la restricción que se incluyó en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que lo funcionarios públicos puedan trabajar en el sector privado luego de terminar su encargo.

Este tipo de propuestas, de que nadie trabaje en 10 años después de que salga del servicio público, sólo la puede hacer gente que nunca ha trabajado, no saben lo que es eso. https://t.co/taSsRRaxVM

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 4, 2019

Figuras como el ex presidente Felipe Calderón y el ex candidato presidencial Gabriel Quadri, han criticado fuertemente la nueva medida, asegurando que dejará sin oportunidades a quienes salgan del servicio público.

Calderón indicó que lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Austeridad, “sólo la puede hacer gente que nunca ha trabajado, no saben lo que es eso”.

A todos los funcionarios públicos federales les conviene renunciar ya antes de que entre en vigor la nueva Ley de Austeridad, de lo contrario morirán de hambre sin poder trabajar cuando acabe su empleo en el sector público. Diez años de veda…

— Gabriel Quadri (@g_quadri) July 4, 2019

Por su parte, Quadri indicó que a los funcionarios públicos federales les conviene renunciar antes de que entre en vigor la nueva Ley de Austeridad, de lo contrario “morirán de hambre sin poder trabajar cuando acabe su empleo en el sector público. Diez años de veda…”.

Pero, en realidad, ¿qué dice dicha medida?

El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana define dos aspectos. El primero, que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e Intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de Interés conforme a lo establecido en lo Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El segundo punto, y que es el que ha causado polémica, indica que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.

Esto implica que sí podrán contratarse en el sector privado, pero no con empresas con las que hayan tenido relación, trato o influencia en las responsabilidades que tuvieron en el servicio público.