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Dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desaparecieron mientras se dirigían a Guerrero a investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

La última vez que fueron vistos los agentes fue el domingo en Cuernavaca, Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Aunque algunos medios reportaron que los oficiales investigarían el homicidio de Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa asesinado la semana pasada en un retén de la Policía de Guerrero, López Obrador comentó que indagaban el caso de los 43 jóvenes de esa escuela que desaparecieron en septiembre de 2014.

“Esto (ocurre), debe saberse, en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes”, manifestó el presidente.

“Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr”, enfatizó el mandatario.

La tensión entre el López Obrador y las familias y estudiantes de Ayotzinapa ha aumentado. Protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Los estudiantes de Ayotzinapa derribaron el miércoles pasado una puerta del Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados.

El jueves, se reportó el asesinato de otro normalista de Ayotzinapa, que participaba en estas protestas. En un primer momento, se informó que dos estudiantes viajaban en un auto robado, armados, cuando pasaron por un retén de la policía estatal de Guerrero.

Al marcarles el alto, y no acceder, comenzaron a agredir a los oficiales por lo que los policías habían abierto fuego contra ellos, dejando sin vida a uno de los estudiantes que viajaban en la camioneta. El otro resultó herido.

Sin embargo, ahora se sabe que los jóvenes no viajaban armados y no atacaron a los policías. Incluso el presidente llegó a reconocer que hubo un abuso de autoridad por parte de los elementos de la policía. El mandatario anunció que se llevarían a cabo las investigaciones y se castigaría a los responsables, quienes dijo, estaban detenidos.

López Obrador confirmó esta mañana que el agente de la policía que presuntamente mató al estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, se fugó ayer poco antes de que se concretara una orden de detención.

“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven normalista de Ayotzinapa se fugó”, dijo el presidente López Obrador.

Según lo relatado por el mandatario, el agente se encontraba en arresto administrativo a falta de que las autoridades del estado de Guerrero lo entregaran a la Fiscalía de México, quien atrajo la investigación a petición del Gobierno federal.

“Se había dado la instrucción de que se le arraigara. Se estaba a la espera de la orden de aprensión pero le avisaron o decidió fugarse”, añadió López Obrador que ha garantizado a los familiares del estudiante fallecido que “no va a haber impunidad” con este caso. Incluso dijo que todo indicaba a que hubo actos de complicidad.

AMLO prometió que el Estado hará todo lo que esté en sus manos para resolver la situación, y advirtió que este caso sirve para evidenciar que “hay muchos intereses” cruzados y “hay quienes no quieren que se haga justicia” aunque solo sea por perjudicar al Gobierno en un año electoral.

Detalló que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para dar con el paradero del agente fugado, y ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana tanto de Ayotzinapa como de todo Guerrero. “Necesitamos detenerlo”, recalcó.

El funeral y entierro del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, tendrá lugar este viernes en Moscú, anunció su portavoz, pese a que previamente esu equipo cercano acusaron al Kremlin de frustrar los intentos de organizar un evento más grande.

Kira Yarmysh, portavoz de Navalni, publicó en la red social X que el funeral se celebraría el viernes a las 14:00 hora local de Moscú en la Iglesia del Icono de la Madre de Dios, en el distrito moscovita de Maryino, donde vivía el líder opositor.

Luego, Navalni será enterrado en el cementerio de Borisovskoye, al otro lado del río Moscova.

Los servicios, presididos por un sacerdote y acompañados de cantos corales, suelen permitir que la gente pase junto al féretro abierto del difunto para despedirse. La iglesia ortodoxa rusa elegida es un imponente edificio blanco de cinco cúpulas que está en un barrio residencial del sureste de Moscú.

No estaba claro cómo las autoridades iban a garantizar el control de la multitud que se espera se dará cita en el lugar.

Sin embargo, a juzgar por anteriores concentraciones de partidarios de Navalni, a quienes las autoridades han calificado de extremistas apoyados por Estados Unidos, es probable que haya una fuerte presencia policial y que las autoridades disuelvan todo lo que consideren una manifestación política en virtud de las leyes de protesta.

“El funeral será pasado mañana y aún no estoy segura de si será pacífico o si la policía detendrá a quienes han venido a despedirse de mi marido”, dijo Yulia, la esposa de Navalni, en un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde recibió múltiples ovaciones.

Navalni murió en una colonia penal del Ártico el pasado 16 de febrero. Sus aliados han acusado al presidente Vladimir Putin de haberle mandado a asesinar porque el dirigente ruso supuestamente no podía tolerar la idea de que Navalni fuera liberado en un posible canje de prisioneros.

El Kremlin ha negado la implicación del Estado en su muerte y ha dicho que no tiene conocimiento de ningún acuerdo para liberar a Navalni antes de su muerte.

La Policía israelí detuvo este lunes al escritor y exdiplomático mexicano Andrés Roemer, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en Israel, contra quien hay varias solicitudes de extradición por parte del gobierno mexicano.

Tras su arresto llevado a cabo hoy, la Justicia israelí deberá tomar una decisión sobre si extradita o no a Roemer.

El escritor, que vivía desde hace varios años en Israel y tiene origen judío, fue arrestado después de que el departamento internacional de la Fiscalía estatal israelí presentara al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición, informó el Ministerio de Justicia israelí en un comunicado.

La Fiscalía israelí lo considera “extraditable a México por los delitos de violación que se le atribuyen en la solicitud de extradición”, y formalizó una petición “de detención en espera de una decisión final” sobre su posible retorno a México.

Recordemos que desde 2021, México presentó a Israel un total de cinco solicitudes de extradición formales contra Roemer, acusado de abuso sexual agravado y violación.

En febrero de 2021, más de una decena de mujeres rompieron su silencio al acusar al escritor de abusos sexuales y comportamientos inapropiados, mientras que la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) recopiló más de 60 denuncias.

En 2022, la Interpol emitió también una ficha roja para buscar y detener al diplomático, acusado de citar a sus presuntas víctimas en su casa con excusas laborales para después realizar tocamientos e insinuaciones y, finalmente, ofrecerles dinero.

México no había recibido respuesta de Israel a las peticiones de extradición. El año pasado se envió una nueva carta a las autoridades israelíes solicitando directamente su cooperación.

Roemer fue embajador de México ante la UNESCO y en 2016 fue destituido de su cargo tras no seguir la postura del país y abstenerse en una resolución presentada por países árabes sobre la Explanada de las Mezquitas (Monte del Templo para los judíos), situada en Jerusalén Este ocupado.

Israel criticó la resolución y alegó que negaba todo vínculo entre el recinto (el tercer lugar más sagrado del Islam y el primero para el judaísmo) y el judaísmo, al limitarse el texto a considerar la mezquita de Al Aqsa como un lugar de culto musulmán.

Ante ello, la posición tomada por Roemer fue celebrada por las autoridades israelíes e instituciones judías de todo el mundo. En su momento recibió el reconocimiento del actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador confirmó la detención e indicó que sería extraditado a México. Dijo que las autoridades del país confirmaron el traslado de Roemer a México.

Aprovechó para confiar en que también colaboren para la extradición de Tomás Zerón, quien también se encuentra prófugo en dicho país y quien reiteró, ha violado derechos humanos.

Sicarios mataron a balazos al reportero Jesús Gutiérrez Vergara, el sexto periodista asesinado en el país en lo que va del, y a un policía en un ataque en Sonora, en la frontera con Estados Unidos, según revelaron las autoridades locales este lunes.

Gutiérrez Vergara, periodista de nota policiaca, murió acribillado a balazos cuando un grupo de sicarios con rifles de asalto atacó de manera directa a cuatro policías en San Luis Río Colorado, en la frontera con Arizona.

Aunque los hechos ocurrieron ayer, la Fiscalía General de Justicia en Sonora conformó este lunes la muerte del periodista y del policía, además de otros tres agentes gravemente heridos.

La Mesa Estatal de Seguridad implementó un operativo con fuerzas del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para dar con los responsables, pero hasta la mañana de este lunes no se reportaba la detención de ningún sospechoso.

De acuerdo con testigos, el reportero salió de su casa y cruzó la calle para conversar con los cuatro agentes y minutos después llegaron hombres armados en una camioneta desde donde abrieron fuego en contra de ellos.

La Fiscalía de Justicia en Sonora aseguró que el reportero, de 47 años de edad, fue una víctima colateral y que los policías estaban fuera de servicio.

Gutiérrez Vergara era director del sitio web Notiface Prensa Digital de San Luis, dedicado principalmente a transmisiones en vivo de hechos policiacos.

El ataque ocurre después de que, la semana pasada, marinos intentaron detener a varios agentes de la policía municipal pero los sospechosos, acusados por presuntos delitos de secuestro y homicidio, huyeron y se escondieron en la comandancia y el Palacio del Ayuntamiento.

Hasta el momento no han identificado al policía asesinado y los tres heridos, pues la Fiscalía de Justicia solo confirmó la identidad del periodista asesinado.

Gutiérrez Vergara es el sexto periodista asesinado en el país en 2023. La organización Artículo 19 ha señalado que al menos dos de ellos murieron por violencia relacionada con su labor.

México es el país sin guerra más peligroso para la prensa, con un récord de al menos 11 periodistas asesinados en 2022, según la organización de Reporteros Sin Fronteras.

Un muerto, seis detenidos y autos incendiados dejó este martes un enfrentamiento armado en los límites de Chiapas y Tabasco, informó la policía local.

Los actos violentos iniciaron desde el lunes pasado en distintos caminos rurales de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, en Tabasco, donde hombres armados incendiaron seis automóviles en ambas municipalidades.

Videos y fotos de automovilistas subidos a redes sociales dieron cuenta de la violencia en la carretera con autos en llamas.

Horas después, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía del estado de Tabasco iniciaron una persecución que se extendió a los límites con el municipio de Reforma, en Chiapas, donde la célula delictiva intentó esconderse en una vivienda particular en Villahermosa.

“Son seis masculinos que habían sostenido un enfrentamiento en Reforma, Chiapas, y pretendían ingresar a un domicilio en tierra tabasqueña”, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.

El primer ataque ocurrió en el poblado Los Naranjos Huimanguillo, posteriormente en la localidad de Campechito y una última agresión en las inmediaciones de los poblados C31 y C40, del municipio de Cárdenas, en Tabasco.

Los seis hombres intentaron huir a bordo de una camioneta en dirección al estado colindante de Chiapas, donde intercambiaron fuego con la policía del municipio de Reforma.

Conductores y testigos que transitaban por el lugar también reportaron detonaciones de armas de fuego.

“Las fuerzas estatales y federales implementaron operativos para detener a los individuos de la camioneta, quienes habían sostenido un intercambio de balas con elementos de la Policía Municipal de Reforma”, agregaron las autoridades.

El comunicado detalló que los presuntos criminales vestían ropa táctica y se les encontraron armas de fuego de grueso calibre.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), señalaron las autoridades y se informó que se reforzaron los filtros de control que se encuentran entre los límites de Tabasco y Chiapas y que están a cargo de la policía local, la Sedena y la Guardia Nacional.

La Policía Federal de Brasil puso en libertad este martes a cerca de 600 personas acusadas de participar en los actos antidemocráticos el domingo pasado.

Todos los liberados, en su mayoría madres de menores, mayores de 65 años y otras con enfermedades, habían sido detenidos tras ser desalojados del campamento que por más de dos meses estuvo instalado a las puertas del cuartel
general del Ejército, en Brasilia, desde donde los seguidores de Jair Bolsonaro reclamaban la intervención militar  para un golpe de Estado.

Recordemos que los partidarios de Bolsonaro tomaron el pasado domingo los edificios de los Tres Poderes, donde perpetraron el asalto a la democracia que tanto habían estado reclamando.

Más de 1,200 personas fueron subidas a medio centenar de autobuses para que desalojaran el campamento después de la orden dada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien decretó la prisión provisional de todos ellos.

Así, la Policía Federal puso en libertad a cerca de la mitad de los detenidos que se ampararon en razones humanitarias tras haber sido interrogados. El resto fueron llevados primero a dependencias médicas para luego ser trasladados a prisión.

Además de las 1,200 personas detenidas tras ser desalojadas, otras 300 lo fueron cuando participaban en los actos del domingo.

La Policía informó de que se han identificado al menos una quincena de delitos relacionados con estos hechos, entre ellos los de golpe de Estado, lesiones, desórdenes públicos, destrozos de bienes públicos, posesión de armas y robo.

Lula, quien asumió la presidencia apenas el pasado 1 de enero, se reunió ayer por la noche con el jefe del Supremo Tribunal Federal, líderes del Congreso y gobernadores estatales en una muestra de unidad nacional para condenar los disturbios. Visitaron el edificio de la corte, que fue el sitio más dañado de entre los tomados.

En tanto, Jair Bolsonaro, ingresó se encuentra en un hospital de Florida, en Estados Unidos a donde voló 48 horas antes de que terminara su mandato con el fin de que entregar la banda presidencial a su sucesor.

Bolsonaro dijo a CNN Brasil que podría acortar su estadía en Estados Unidos, debido a sus problemas médicos y regresar a Brasil antes de fines de mes.

Las autoridades iraníes dijeron este viernes que la muerte de Mahsa Amini no fue causada por “golpes”, sino por las secuelas de una enfermedad, tres semanas después del inicio de las manifestaciones desencadenadas por la muerte de la joven durante su detención.

Mahsa Amini, una mujer kurda iraní de 22 años, detenida el 13 de septiembre por la policía de la moralidad en Teherán por no respetar el estricto código de vestimenta para las mujeres en Irán, murió tres días después en el hospital.

Activistas afirman que sufrió una herida en la cabeza durante su detención. Las autoridades iraníes niegan todo contacto físico entre la policía y la joven y esperaban los resultados de la investigación.

Su muerte desencadenó protestas en el país y movimientos solidarios en todo el mundo. En Irán, han sido las más importantes desde las de 2019 contra el aumento del precio de la gasolina, que también fueron reprimidas.

Al menos 92 personas murieron desde el 16 de septiembre, según un último balance de la ONG Iran Human Rights con sede en Oslo, mientras que un balance oficial da cuenta de unos 60 muertos, entre ellos 12 miembros de las fuerzas de seguridad.

“La muerte de Mahsa Amini no fue causada por golpes en la cabeza y órganos vitales” sino que está relacionada con “una intervención quirúrgica de un tumor cerebral a la edad de ocho años”, según un informe de la Organización MédicoLegal iraní.

El padre de la joven, Amjad Amini, había indicado que su hija estaba “en perfecta salud”.

“El 13 de septiembre, (Mahsa Amini) perdió repentinamente el conocimiento y se desplomó. Sufrió un trastorno del ritmo cardíaco y una caída de la tensión arterial”, añadió el informe publicado por la televisión estatal. “A pesar de su traslado al hospital y de los esfuerzos del personal médico, falleció el 16 de septiembre a causa de una insuficiencia de órganos múltiples causada por una hipoxia cerebral, según la misma fuente.

Y es que el estricto código de vestimenta de la República Islámica de Irán obliga a las mujeres a llevar el velo islámico, y son ellas las que están a la vanguardia de las protestas en Irán, según los videos difundidos en redes sociales.

El Fiscal General de Irán, Mohamad Jafar Montazeri, reconoció la participación de las jóvenes en las protestas y denunció la influencia de las redes sociales.

Desde el inicio de la protesta, el régimen ha detenido a conocidos partidarios del movimiento e impuesto severas restricciones al acceso a las redes sociales.

Irán acusa reiteradamente a fuerzas externas de avivar las protestas, en particular a Estados Unidos, su enemigo jurado.

Foto: Twitter @InformadorVeraz

Nueve civiles y tres mujeres policías lesionadas es el saldo preliminar de las marchas este martes por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México que, pese a algunos altercados, se desarrolla de manera mayoritariamente pacífica.

De las 12 lesionadas, tres fueron trasladas a un hospital, una mujer policía, debido a una herida con un picahielo en el pómulo derecho, y dos mujeres encapuchadas a las que les cayó encima parte de una estructura de cristal, según informaron las autoridades capitalinas.

Fue la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Marcela Figueroa, quien ofreció el primer informe. Sin embargo, más tarde el secretario general de gobierno, Martí Batres, actualizó el dato y dijo que las personas que han requirieron atención médica sumaba 25.

Miles de mujeres, en su mayoría vestidas con prendas de color morado, se movilizan esta tarde por las calles de la capital, así como en otros puntos del país, para manifestarse en contra de la violencia que viven día con día las mujeres.

A las 14:00 hora local se formó un primer contingente con cerca de 3,000 personas cerca al Monumento a la Revolución, previo al comienzo de la manifestación multitudinaria que comenzó a avanzar cerca de las 17:00 horas desde el Ángel de la Independencia.

Y aunque los contingentes se han manifestado de forma pacífica, se han registrado grupos de mujeres encapuchadas que han dañado el mobiliario público, y han realizado pintas en edificios y destruido fachadas, han lanzando bombas de humo lila e incluso exhibiendo sopletes, martillos y objetos punzocortantes.

La Ciudad de México amaneció con los principales edificios públicos, privados y monumentos del primer cuadro vallados para evitar daños. Palacio Nacional, que es la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está rodeado de vallas desde ayer.

El gobierno capitalino adelantaba desde ayer que se esperaba una jornada “muy violenta”, ya que se tenía información de que participarían, al menos, 15 grupos generadores de actos vandálicos, quienes convocaron a acudir con marros, sopletes y bombas molotov.

Autoridades informaron que para la jornada de hoy están desplegadas más de 3,000 mujeres policías.

La policía arrestó este martes al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien es solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

El arresto se produjo poco después de que un juez hondureño firmara una orden de arresto, y a menos de tres semanas de que Hernández dejara la presidencia.

Además, su detención se produce tras años de señalamientos por parte de fiscales estadounidenses sobre supuestos vínculos del exmandatario hondureño y narcotraficantes.

Hernández salió de su casa flanqueado por la policía, con grilletes en las muñecas y los tobillos, y con un chaleco blindado. Subió a un vehículo de la policía. Un helicóptero de la policía que había estado esperando en las inmediaciones levantó el vuelo, pero parecía que sólo estaba escoltando la caravana.

La Corte Suprema de Justicia designó a un juez esta ,añana para que se encargue del caso; horas después el juez firmó la orden de arresto de Hernández, dijo el portavoz del tribunal, Melvin Duarte.

La Secretaría de Seguridad, que tenía rodeado el domicilio de Hernández desde el lunes por la noche, actuó rápidamente para detenerlo.

El secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, quien fue despedido por Hernández como jefe de la Policía Nacional en 2014, dijo que Hernández se había asociado “con cárteles para el tráfico y corromper a muchas instituciones públicas, (lo) que generó deterioro social y anuló la aplicación de la justicia en Honduras”.

El funcionario dijo que los principales cargos a los que se enfrenta Hernández en Estados Unidos son tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas.

Los fiscales estadounidenses en Nueva York habían implicado reiteradamente a Hernández como cómplice durante el juicio por narcotráfico de su hermano en 2019, alegando que su ascenso político fue alimentado por ganancias del narcotráfico .

Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados a drogas y armas en marzo de 2021.

Hernández publicó una grabación de audio a través de Twitter a primera hora de este martes en la que agradecía a sus seguidores. “No es un momento fácil”, dijo. “A nadie se lo deseo”.

Aseguró que sus abogados ya habían informado a la Policía Nacional que “estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme”.

El diputado británico, David Amess, murió este viernes tras ser apuñalado múltiples veces durante un evento al sureste de Inglaterra, reviviendo el asesinato en 2016 de la diputada laborista, Jo Cox.

“Nuestros corazones están llenos de conmoción y tristeza hoy por la muerte del diputado Davis Amess, que fue asesinado (…) después de casi 40 años de servicio” a sus electores “y a todo el Reino Unido”, afirmó el primer ministro Boris Johnson en declaraciones a las televisiones británicas.

La policía del condado de Essex recibió una llamada poco después de las 12:05 hora local para informar de que el señor Amess, de 69 años, había sido apuñalado, explicó la corporación en un comunicado, precisando que pese a los esfuerzos de los paramédicos, lamentablemente, murió en el lugar.

“Un hombre de 25 años fue detenido como sospechoso de asesinato y se encuentra en prisión preventiva”, añadió. Hasta el momento se desconocía el móvil del atacante.

“Hemos recuperado un cuchillo en el lugar de los hechos y no buscamos a nadie más en relación con el ataque”, agregaron las autoridades, al tiempo que pedían la colaboración de testigos o personas que tuvieran imágenes de sus cámaras de seguridad.

Amess, miembro del partido de Johnson y férreo defensor del Brexit, descrito por sus compañeros como un católico ferviente, y defensor de los animales, solía recorrer su circunscripción para acercarse a sus electores y el viernes se encontraba en una iglesia metodista de Leigh-on-Sea.

La zona fue sobrevolada toda la tare por dos helicópteros y bloqueada con coches policiales y una ambulancia.

“Conmocionado y profundamente afligido por el asesinato”, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, subrayó que “en los próximos días tendremos que debatir y examinar la seguridad de los diputados y las medidas que deban adoptarse”.

También el expresidente del Partido Conservador, Iain Duncan Smith, expresó su preocupación por la seguridad de los parlamentarios y de la ciudadanía en general.

Este ataque recordó el asesinato en plena calle en 2016 de la diputada eurófila Jo Cox, una semana antes del referéndum del Brexit, a manos de un simpatizante neonazi. En 2010, el diputado laborista Stephen Timms fue apuñalado por una mujer tras haber votado a favor de la intervención británica en la guerra de Irak.

Agentes de la policía del Capitolio que sufrieron ataques y golpizas durante los disturbios del 6 de enero presentaron una demanda este jueves contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha, a quienes acusaron de incitar a una turba violenta para impedir la certificación del voto presidencial por el Congreso.

La demanda en una corte federal en Washington alega que Trump “trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de su campaña para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo interno en un intento ilegal por conservar el poder”.

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley presentó la demanda en representación de los siete agentes. Los acusados son el expresidente, la campaña de Trump, Roger Stone, aliado de Trump y miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers que estuvieron presentes en el Capitolio y en Washington el 6 de enero.

Legisladores demócratas han entablado dos demandas similares en los últimos meses. Alegan que las acciones de Trump y sus aliados provocaron el violento asalto al Capitolio en que docenas de agentes de policía resultaron heridos, se demoró la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden y forzó a los legisladores a salir del recinto “para salvar la vida” cuando irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense con garrotes, palos y otras armas.

Un comité de la Cámara baja que está investigando los sucesos de la jornada pidió ayer los documentos a las agencias de inteligencia, policía y otros organismos del gobierno. Han solicitado documentos sobre Trump y su equipo al Archivo Nacional.

El pedido de documentos es apenas el inicio de lo que se prevé será una investigación larga, partidista y rencorosa de cómo la turba pudo penetrar en el Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral, en el asalto más grave al Congreso en dos siglos.

En una declaración emitida ayer por la noche, Trump acusó al comité de violar “principios legales consagrados de inmunidad”.

“Se defenderá la inmunidad presidencial, no solo en nombre de mi Gobierno y los Patriotas que colaboraron conmigo, sino en nombre de la Presidencia de los Estados Unidos y el futuro de nuestra Nación””, afirmó Trump.

Derek Chauvin, el exagente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Mineápolis, Minesota, Estados Unidos, fue declarado culpable esta tarde, de los tres cargos que enfrentaba.

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que implica hasta 10 años de prisión.

Como no tiene antecedentes penales, el expolicía solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

La sentencia que deberá cumplir el exagente ya condenado por causar la muerte por asfixia de Floyd en mayo de 2020 se conocerá en unas semanas, entre seis y ocho, según adelantó el juez.

Los miembros del jurado invirtieron poco más de diez horas de deliberaciones para alcanzar el veredicto que leyó, pasadas las 16:00 hora Mineápolis, el juez del caso, Peter Cahill.

Al anunciarse la culpabilidad de Chauvin, los habitantes de Mineápolis reaccionaron con júbilo: sonidos de cláxon, gritos de “justicia” y aplausos.

Chauvin fue esposado y detenido en el tribunal, después de ser declarado culpable. Su rostro estaba cubierto con una mascarilla como medida de prevención contra el COVID-19, por lo que no se pudo observar su reacción, fuera de sus ojos que recorrían el juzgado. De inmediato se le revocó la fianza y fue retirado de la sala con las manos esposadas detrás de la espalda.

El jurado estuvo integrado por seis personas de raza blanca y seis de raza negra o mestizos. Las identidades de los jurados se mantuvieron en secreto y no se darán a conocer hasta que el juez decida que es seguro hacerlo.

Otros tres expolicías de Minneapolis que fueron acusados de complicidad en el homicidio de Floyd irán a juicio en agosto.

La Policía del Capitolio solicitó que los miembros de la Guardia Nacional continúen brindando seguridad al inmueble ubicado en Washington durante otros al menos dos meses, según reportó la agencia The Associated Press, a quien funcionarios de Defensa le confirmaron que el Pentágono está revisando la propuesta.

La solicitud subraya las continuas preocupaciones sobre la seguridad y el potencial de violencia en la sede del Congreso, dos meses después de que simpatizantes del expresidente Donald Trump asaltaran el recinto con violencia, causando la muerte de cinco personas.

La petición se conoce mientras las fuerzas del orden están en alerta máxima después de que los servicios de inteligencia descubrieran un “posible complot” de un grupo de milicias para asaltar nuevamente el edificio este 4 de marzo.

La amenaza parece estar relacionada con una teoría de extrema derecha, promovida principalmente por partidarios de QAnon, de que el expresidente Trump volverá al poder el 4 de marzo y que miles irán a Washington DC para tratar de destituir a los demócratas de su cargo.

Recordemos que el 4 de marzo fue el día de la inauguración presidencial original hasta 1933, cuando se trasladó al 20 de enero.

Por su parte, presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este jueves que la Guardia Nacional debe quedarse todo el tiempo que considere necesario.

Pelosi agregó que una evaluación sobre lo ocurrido el 6 de enero incluirá varias recomendaciones para reforzar la seguridad del Capitolio y se publicará probablemente la próxima semana. Por su parte, el congresista Hakeem Jeffries de Nueva York dijo que las amenazas no impedirán a los congresistas continuar con su labor. “El terrorismo doméstico no prevalecerá. La democracia prevalecerá”.

Los más de 5,000 miembros de la Guardia que se encuentran actualmente en Washington, D.C., están programados para abandonar la ciudad el 12 de marzo.

Sobre el presunto complot, las autoridades detectaron intercambios por internet entre miembros de Three Percenters, un grupo de milicias antigubernamentales, según dos personas al tanto del tema y que hablaron bajo condición de anonimato. Miembros de Three Percenters se encontraban entre los extremistas que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre la manifestación de un grupo de mujeres que la tarde de ayer protestaban por el asesinato de una mujer, y que fue dispersada con disparos por parte de la policía de Cancún, Quintana Roo.

Según reportes no oficiales, el resultado fue un número indeterminado de lesionados, entre ellos un periodista que resultó herido de bala.

Tanto el gobernador del estado, Carlos Joaquín, como la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, condenaron los actos violentos que calificaron de “lamentables” y de los que ambos responsabilizaron a la policía.

Joaquín González aseguró que la orden de dispersar a los manifestantes la dio el director de la policía local, mientras Lezama sostuvo que el Ayuntamiento “no tiene a su cargo elementos de policía”.

“Lo que procede es que el gobernador indague y aclare lo que sucedido”, declaró el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Indicó que se debe de actuar sin contemplaciones. “No se debe utilizar la fuerza, utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos”, precisó el mandatario.

Al respecto, el gobierno federal emitió un comunicado a medianoche en el que, además de pedir una investigación, informó que un periodista fue agredido físicamente por policías y que otro resultó herido “por impacto de arma de fuego y personas defensoras de derechos humanos habrían resultado lesionadas”.

La marcha fue convocada después de que la fiscalía anunció el hallazgo en Cancún del cadáver de una mujer de 20 años que había sido reportada como desaparecida unos días antes.

Un video publicado por la Red de Periodistas de Quintana Roo mostró a unos 100 manifestantes en el Ayuntamiento el lunes por la noche, algunos de los cuales estaban derribando una barrera en la entrada. En el video se escuchan los disparos mientras la gente corre.

La alcaldesa dijo en un video en su cuenta de Twitter que los agentes municipales están a cargo del gobierno estatal por lo que anunció que interpondrá denuncias penales “contra los elementos policiacos que actuaron de manera indebida, ilegal e inmoral”.

Según el gobernador, la alcaldesa es la única que tiene capacidad para destituir al director de la policía local, Eduardo Santamaria, a quien señaló como la persona que “dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes”. No obstante, dijo que había ordenado al secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella que “no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes”.

A través de su cuenta de Twitter, Capella dijo que “no hay policías estatales que hayan intervenido en ese vergonzoso hecho”.

El expolicía de Mineápolis, Minesota, en Estados Unidos, Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano George Floyd, a quien mantuvo varios minutos presionándole el cuello con la rodilla, salió este miércoles de prisión en libertad bajo fianza.

Según registros penitenciarios divulgados por los medios locales, Chauvin, que se encontraba detenido desde mayo y debe comparecer ante los tribunales en marzo próximo por la muerte de Floyd, fue liberado tras depositar una fianza de un millón de dólares.

El exagente fue trasladado este miércoles de la prisión estatal de la localidad de Oak Park Heights, en Minesota, a la cárcel del condado de Hennepin, en Mineápolis, de la que salió en libertad.

Chauvín es el último de los cuatro exagentes implicados en la muerte de Floyd que sale en libertad condicional a la espera de juicio, después de sus excompañeros Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane, presentes en la detención del afroamericano y acusados de complicidad en el asesinato por no haber hecho nada por evitarlo.

Recordemos que la muerte de Floyd desencadenó múltiples manifestaciones contra la violencia policial en al menos una veintena de ciudades de Estados Unidos, muchas de las cuales derivaron en enfrentamientos y saqueos.

El expolicía, de 44 años y que llevaba 19 en la policía de Mineápolis, será juzgado por homicidio y homicidio en segundo grado en un tribunal del condado de Hennepin, en un juicio programado para marzo que podría incluir a sus tres excompañeros.

Se teme que la liberación de Chauvin genere tensiones en Mineápolis, principal escenario de las protestas más violentas por la muerte de Floyd. Según medios locales, las autoridades de Mineápolis ya están alerta ante la posibilidad de nuevos disturbios.

Las dos autopsias practicadas al cadáver de Floyd, una oficial y otra independiente, mostraron que su muerte fue un homicidio; mientras que la que ordenó su familia apuntó a la “asfixia” como motivo, la del forense citó un “paro cardiorrespiratorio” ocurrido mientras le inmovilizaban.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que su compromiso de nunca utilizar a la policía para reprimir, sigue válido, esto luego de las críticas que ha recibido la administración local por la actuación de la policía en las manifestaciones del pasado lunes.

Durante la ceremonia de conmemoración por el 52 aniversario de la masacre del 2 de octubre, la mandataria local dijo que no se puede olvidar al gobierno autoritario que se tuvo, quien en lugar de abrir las puertas para el diálogo tomó la decisión de reprimir y masacrar estudiantes en 1968.

La morenista recordó que al llegar a la Jefatura de Gobierno, lo primero que hizo fue decretar la desaparición del cuerpo de granaderos, pues dijo que no se puede usar la fuerza de la Policía con el objeto de reprimir.

“Estamos construyendo una fuerza del orden distinta, que tiene la obligación, porque esa es una obligación del estado y de los gobiernos, de proteger a las personas, pero el compromiso que hicimos de nunca utilizar a la Policía para reprimir, es un compromiso que sigue válido y que seguiremos construyendo durante toda nuestra vida”, añadió.

Las declaraciones de la mandataria se oponen a lo que Amnistía Internacional dijo sobre la actuación de la policía el pasado lunes, cuando un grupo de mujeres se manifestaban a favor de la despenalización del aborto a nivel nacional.

“Detención arbitraria y violatoria de los derechos humanos”, fue como la organización se refirió al cerco policial que mantuvo encapsuladas a las manifestantes en Av. Juárez. En dicho cerco participó la división conocida como ‘Ateneas’.

De acuerdo a los reportes de la prensa, los elementos policiacos utilizaron gas lacrimógeno y petardos ante la resistencia de las mujeres de permanecer en el cerco.

“El fin de un encapsulamiento es contener las expresiones de violencia, más no se debe emplear como prevención, también deben durar poco tiempo, en este caso trascendió a más de cuatro horas. Esta táctica fue mal empleada por parte del personal policial”, dijo Edith Olivares Ferreto, jefa de la unidad de Derechos Humanos en Amnistía Internacional México.

Al igual que Amnistía Internacional, diversos grupos y activistas condenaron la actuación de los grupos policiales, incluso algunos consideraron que a pesar de que el grupo de granaderos desapareció, solo fue un tema de nombre, pues las prácticas se siguen manteniendo hasta hoy en día.