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Los dos elementos de la Policía Estatal de Guerrero fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso en contra del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, y por tentativa de homicidio, contra sus dos compañeros, en el ataque del 7 de marzo.

La segunda audiencia de vinculación se llevó a cabo ayer en la sede del Poder Judicial de la Federación, en el puerto de Acapulco, con una duración aproximada de 8 horas, en las que se definió la situación jurídica de los elementos que permanecerán en prisión.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó en declaraciones al salir de la audiencia la noche de ayer, que se presentaron 34 medios de prueba, videos y pruebas periciales.

Uno de los cuatro abogados del Centro que llevan la defensa legal de la madre del normalista, que prefirió ocultar su nombre por seguridad, detalló que el abogado de los imputados intentó la desvinculación del caso por parte de los agentes, pero el video de la cámara del ‘C4’ de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el sitio de los hechos, demostró que los normalistas no atacaron a los policías.

“Una prueba contundente es el video del mismo C4, es una prueba fundamental con el que se demuestra que los policías no completaron su protocolo de actuación, y hubo uso excesivo de letalidad en cuestión de armas de fuego”, detalló.

Explicó que tienen cinco meses para las investigaciones complementarias, y estimó que de ser declarados culpables, podrían dictarles hasta 30 años de prisión a los policías identificados como Sigifredo “N” y Francisco “N”.

También se les informó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la búsqueda del policía señalado de disparar, quien ha sido identificado como David “N”, y quien se dio a la fuga la semana pasada, según dijo el Presidente López Obrador, con ayuda de otras autoridades.

El ataque contra los tres estudiantes, que derivó en la muerte de Yanqui Konthan, desató una serie de protestas de normalistas de Ayotzinapa, y también tuvo como consecuencia la renuncia de los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y el inicio del proceso de remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Dos presuntos policías estatales involucrados en el asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez, la semana pasada se entregaron ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior fue confirmado por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista.

El religioso informó que se efectuó la orden de aprehensión se cumplimentó a las 19:25 horas de ayer.

Los agentes Sigifredo ‘N’ y Francisco ‘N’, forman parte del Grupo de Reacción Inmediata Centauro y, de acuerdo con el secretario General de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, permanecían resguardados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de manera voluntaria.

La SSP confirmó el hecho y dijo estar comprometida y dispuesta a colaborar con los elementos de prueba que contribuyan a esclarecer los hechos.

Pese a la entrega de estos dos elementos, un tercer policía sigue prófugo.

“Por lo que respecta al tercer elemento, se continúa la búsqueda y será la autoridad ministerial federal la encargada de cumplimentar la orden de aprehensión sobre los hechos donde perdió la vida el normalista de Ayotzinapa Yanqui Khotan N”, expresó en un comunicado la SSP.

El policía prófugo, señalado como autor material del asesinato del normalista, ha sido identificado como David “N”, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a entregarse.

El agente se fugó el pasado lunes, lo que desató protestas en Chilpancingo, capital de Guerrero, contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional y ministeriales de Guerrero lesionados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este lunes que hubo un “abuso de autoridad” por parte de los policías del estado de Guerrero que la semana pasada mataron a un estudiante de la normal de Ayotzinapa, en medio de las protestas por los 43 normalistas desaparecidos.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes. Ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General, y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, sostuvo el mandatario.

López Obrador se refirió a la muerte de un estudiante el pasado jueves en un retén de la Policía de Guerrero.

Aunque los oficiales habían afirmado que la víctima, de nombre Yanqui Kothan Gómez, y otro estudiante iban armados en un automóvil robado y dispararon a los agentes, el presidente ahora negó esa versión.

López Obrador aseguró que los tres policías que participaron “están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General de la República”, a la que pidió atraer el caso.

“Aprovecho para decir que lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos”, comentó.

El incidente amenaza con incrementar la tensión entre López Obrador y los estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

En ese sentido, estudiantes y familiares de los desaparecidos derribaron la semana pasada una puerta de Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados, mientras él estaba adentro en su conferencia matutina.

“No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho, y vamos a actuar”, prometió ahora el mandatario respecto a la muerte del estudiante.

Al menos un estudiante murió como resultado de un nuevo enfrentamiento entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa y autoridades estatales la noche de ayer en Chilpancingo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a las 20:45 horas un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó una camioneta blanca con reporte de robo.

Detalló que al pedir que se detuviera el vehículo, el conductor se negó, por lo que la policía disparó.

La camioneta era conducida por estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa: uno de ellos, el conductor, perdió la vida y uno más resultó herido.

Según el comunicado de la SSP de Guerrero, en la camioneta se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, tres bolsas de una sustancia cristalina y cervezas; sin embargo, los normalistas denunciaron que les “fue sembrado”.

La corporación policíaca informó que el otro joven fue detenido.

En respuesta al ataque, normalistas a bordo de tres autobuses y dos camionetas, retuvieron a la patrulla de la Policía Estatal marcada con el número 732, que estaba frente al cuartel de la Policía Preventiva Municipal y la incendiaron en la transitada avenida Insurgentes.

En tanto, efectivos de la Guardia Nacional resguardan las instalaciones de las oficinas del Poder Ejecutivo ante posibles movilizaciones de los normalistas.

El nuevo ataque a los normalistas se da en el contexto de su reciente protesta en la Ciudad de México, en donde el miércoles derribaron una puerta de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que reciba a los familiares de los 43 compañeros desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

López Obrador acusó a los abogados y organismos defensores de derechos humanos de querer provocar y retrasar las investigaciones, manipulados por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Al respecto, los padres y madres respondieron en conferencia de prensa este jueves, en la escuela normal de Ayotzinapa, que no aceptarán un diálogo con López Obrador si no es con sus abogados, a quienes defendieron.

¿Qué hay detrás de las nuevas protestas? Ana Paula Ordorica platica con Emilio Álvarez Icaza sobre el caso Ayotzinapa, y cómo el presidente no ha cumplido su promesa de verdad y justicia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, fijó en 13 el número de policías municipales que fueron asesinados en el municipio de Coyuca de Benítez, entre estos dos mandos, por presuntos sicarios, además de reportar a otros dos agentes heridos.

Previamente, el vicefiscal de Investigaciones de Guerrero, Gabriel Alejandro Arturo Mendoza, había confirmado a medios el asesinato de 11 policías, y dijo que aún no tenía mayor información.

Sin embargo, por la noche, la FGE informó que se abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el delito de homicidio calificado por arma de fuego en agravio de 13 personas.

Asimismo informó de la carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa en agravio de dos personas lesionadas “por los hechos ocurridos hoy, en el municipio de Coyuca de Benítez”.

Los hechos se reportaron después de las 14:00 horas de este lunes (20:00 GMT) cerca la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo, en el municipio de Coyuca de Benítez, perteneciente a la región Costa Grande.

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo de la agentes de policía preventiva municipal llegaba a un módulo ubicado en el poblado El Papayo cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados.

De acuerdo con fotografías que circularon en redes sociales los policías municipales fueron bajados de sus patrullas para ser asesinados.

Según versiones no oficiales, en esa emboscada fue asesinado el secretario de Seguridad Pública, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva Municipal, Honorio Salinas Garay, así como a cinco agentes.

Mientras que otro grupo de seis agentes fue llevado metros más adelante para asesinarlos; algunos tenían las manos esposadas por la espalda, todos con su arma de cargo.

Mediante un comunicado, el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco Salas, reprobó el ataque y solicitó a la Fiscalía estatal llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar hasta las instancias judiciales a los responsables del crimen “el cual reprobamos y condenamos enérgicamente “.

En tanto, el vicefiscal de Investigaciones de Guerrero también informó que existe un par de líneas de investigación, que no dio a conocer, e informó que se analizan carpetas de investigación de hechos delictivos registrados en este municipio recientemente para ver si alguna se relaciona con este hecho.

El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en el Estado de Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, recordó que de manera reciente de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estuvo en esa región para evaluar los daños que dejó la tormenta tropical Max y que se reunió con el presidente municipal Pacheco Salas, quien no informó de alguna amenaza o reporte.

Los hechos reflejan la creciente violencia que se vive en el estado de Guerrero donde grupo del crimen organizado se disputan territorios. El estado ocupa el séptimo lugar nacional en número de homicidios, con 800 asesinatos en la primera mitad de 2023.

Sin embargo, la violencia no es exclusiva de Guerrero. Ayer, la fiscalía de Michoacán reportó la muerte de cinco personas cuando un grupo de sicarios atentó contra un hermano del alcalde de Tacámbaro, quien resultó herido.

“El saldo preliminar es de cinco personas sin vida, entre ellas una trabajadora de un restaurante y un elemento de la Policía Municipal”, reportó la fiscalía. “Dos personas más resultaron lesionadas”, añadió.

Michoacán es otra de las entidades más violentas del país debido a la presencia de grupos criminales dedicados a la extorsión y el narcotráfico. Autoridades de municipios donde opera el crimen organizado son blanco habitual de ataques.

El Ejército de Guatemala movilizó este lunes a 2,000 soldados para blindar su frontera con México debido a la violencia provocada por el narcotráfico.

La medida se tomó para “garantizar la seguridad y gobernabilidad en el territorio guatemalteco”, confirmó el coronel Rubén Téllez, vocero del Ejército guatemalteco.

Se ordenaron operativos, principalmente en el departamento de San Marcos, en el límite noroeste de Guatemala con México.

La decisión de las autoridades guatemaltecas responden a la disputa territorial entre bandas del crímen organizado en Chiapas, que colinda con el país centroamericano.

De acuerdo con el Ejército guatemalteco, los soldados fueron desplegados en 14 puntos fronterizos y se realizan patrullajes terrestres y aéreos en las áreas boscosas de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango.

Y es que como se viralizó el fin de semana, el enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región, ha provocó temor entre los habitantes de municipios como Tacaná, San Marcos, donde incluso los negocios han cerrado como medida de prevención.

Según Téllez, la violencia que se ha desatado en Motozintla, Chiapas, también ha provocado que algunos mexicanos crucen la frontera hacia Guatemala para refugiarse.

El Ejército de Guatemala coordina los operativos con los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron desplazados al área de incidencia.

Siete policías estatales y dos agentes municipales, fueron detenidos este miércoles por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, reportaron autoridades federales y estatales.

La detención ocurrió alrededor del mediodía de ayer, pero se confirmó por la noche por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPG), que mediante un comunicado anunció su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se cumplió una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, confirmó la SSPG.

La dependencia precisó que la detención estuvo a cargo la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cuyo operativo también participó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con versiones periodísticas, los agentes de la Policía Estatal habrían sido detenidos mientras participaban en un curso en las instalaciones de la Universidad Policial (Unipol) en Chilpancingo, capital del estado.

Tras su detención, los agentes fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR, en donde la vigilancia se mantuvo a cargo de agentes de la Marina y de la AIC, quienes ocuparon vehículos de la misma Policía Estatal. Sobre la detención de los policías de Iguala no se dieron detalles.

Trascendió que hay otras órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de miembros de las mismas corporaciones y que se podrían cumplimentar en las próximas horas.

Recordemos que hace un año, en marzo de 2022, fue detenido en Nayarit el militar retirado Leonardo Vázquez Pérez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes.

La FGR lo acusa de su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalada de participar en el ataque.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos. Tiempo después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias.

El encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según una nota de The New York Times.

Miles de mujeres salieron a las calles en diversas partes del país a protestaron contra la violencia que sufren en diversos ámbitos de su vida, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La principal movilización ha sido en la Ciudad de México, en distritos puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Las mujeres protestaron por todos los tipos de violencias que les toca enfrentar.

Aunque la convocatoria señala como las 16 horas para iniciar el recorrido, distintos contingentes comenzaron a avanzar desde las 13:00 hrs. con rumbo al Zócalo capitalino.

Glorieta de las Mujeres que Luchan, las mujeres salieron desde otros puntos como el Ángel de la Independencia, el monumento a la Revolución y la Glorieta de Insurgentes.

Las mujeres marcharon con carteles y porras. A lo largo de los recorridos, se registraron algunos enfrentamientos con las policías mujeres, del cuerpo Ateneas, que fue desplegado por el gobierno capitalino para acompañar a los contingentes.

En esta ocasión llamó la atención la participación de mujeres pacientes oncológicas.

“Recordarles (a las feministas) que somos parte del movimiento, que somos mujeres al igual que ellas, pacientes oncológicas los 365 días del año, creo que es importante salir del mes de octubre donde hay una constante revictimización”, dijo Sandra Monroy, sobreviviente de cáncer y fundadora del movimiento “Jódete cáncer” en México.

Otro de los grupos que se unieron a las marchas fue el de mujeres que a sí mismas se nombran “gordas”, nombre con el que buscan combatir el significado peyorativo de la palabra.

“Estamos súper emocionadas porque les comentaba que el año pasado que salí a marchar con denuncias gordofóbicas me sentía avergonzada, como muy vulnerable de estar haciendo esta denuncia por estas violencias y había una sensación de poca comprensión”, dijo Fernanda Hernández, quien encabezó el contingente.

En el Zócalo capitalino, se reportó que elementos de la policía que se encontraban detrás de las vallas que se instalaron, rociaron con gas a las manifestantes, luego de que lograran doblar algunas de ellas.

Seis policías murieron este miércoles en un ataque armado en el municipio de Calera, en Zacatecas, uno de los estados con más violencia del país.

Los elementos de la policía municipal estaban ejercitándose en una unidad deportiva cuando sujetos aún no identificados los agredieron con armas de fuego; se reportó que en un primer momento murieron cinco de los agentes, según reportó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas.

“Minutos después, el director y el subdirector de esta misma corporación, a su arribo al lugar de la agresión, también fueron lesionados; lamentablemente cuando eran trasladados a recibir atención médica, el director también murió, contabilizándose a este momento seis policías sin vida”, detallaron las autoridades.

El organismo, parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, indicó que aún continúan las acciones operativas y la investigación está en curso, por lo que “por el momento es la información que puede ser brindada”.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, expresó en redes sociales su pésame por el “cobarde ataque” y aseveró que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz “que actúe con oportunidad y eficiencia para dar con los culpables”.

“Quienes se encuentran al frente de la estrategia para brindar paz a las y los zacatecanos cuentan con todo el respaldo del Gobierno que encabezo. En este, como en todos los casos de violencia que atentan contra su integridad, haremos lo necesario para que la justicia prevalezca”, sostuvo el gobernador.

Zacatecas es el estado con la mayor tasa de homicidios, 109 por cada 100,000 habitantes en 2021, y es también una de las seis entidades territoriales del país en alerta de viaje por el gobierno de Estados Unidos por su incremento de la violencia.

De enero a agosto han sido asesinadas en México 20,722 personas, un promedio de 85 por día, de las cuales 861 fueron ultimadas en Zacatecas. En el mismo período han sido asesinados 37 policías en Zacatecas, según la ONG Causa en Común.

Desde 2000 se disputan Zacatecas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por cuyo jefe, Nemesio Oseguera “El Mencho”, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares, y el de Sinaloa, que sobrevivió a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Zacatecas es una ruta estratégica hacia el mercado de drogas estadounidense y los puertos del Pacífico y el Golfo de México.

Un juez determinó que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no cumplió con la disculpa pública a la que se comprometió con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que la acusaban de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

El representante de la Fiscalía local solicitó al Juez que se revoque el acuerdo reparatorio y se reinicie el procedimiento penal contra Sandra Cuevas.

Sin embargo, el juez determino que la audiencia donde se definirá el futuro del proceso de la alcaldesa se aplazaría para el próximo jueves, a las 9:00 horas, en el reclusorio norte.

Los representantes del Ministerio Público explicó que la disculpa debe entender como un reconocimiento formal y público de los hechos de los que se le acusan, por lo que las declaraciones de Cuevas no correspondían a esto. Además, indicaron que la supuesta disculpa no se realizó en presencia de las víctimas, ni se mencionaron sus nombres o datos que los identificaran.

Incluso acusaron que Sandra Cuevas cuestionó y revictimizó a los policías, quienes dijeron sentirse burlados, menospreciados y humillados.

Recordemos que incluso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había denunciado que la disculpa que ofreció Cuevas era digna de una justicia “chapucera”.

Durante la audiencia, que duró poco más de dos horas, la Fiscalía capitalina argumentó que Sandra Cuevas incumplió, además de los términos de la disculpa pública, en no realizar manifestaciones relacionadas con el hecho, pues se reportó que aceptó entrevistas radiofónicas.

En la audiencia del próximo jueves 31 de marzo, ambas partes buscarán llegar a un consenso respecto a la suspensión condicional del proceso.

El periodista Víctor Hugo Michel de Milenio informó en redes sociales que Cuevas habría estallado en contra de si equipo legal, quien durante la audiencia no rechazó las acusaciones del Ministerio Público, y se limitó a decir que no se había especificado los alcances de la disculpa.

Michel asegura que pese a que ya se había alcanzado el acuerdo, tiene planes de rechazarlo e irse a juicio.

A su salida de los juzgados, la alcaldesa se limitó a decir que no podía hablar del tema, aunque señaló que sigue confiando en las instituciones, además de que confirmó que seguía siendo titular de la demarcación, donde tiene “mucho trabajo”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este fin de semana que los mandos de la Policía Auxiliar que resultaron agraviados por parte de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, interpusieron un recurso de revocación del auto con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la condición que le fue impuesta a la titular de la demarcación, consistente en ofrecer una disculpa pública.

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, indicó que que para los policiales afectados, “las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del Reclusorio Norte, no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre, ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas”.

El funcionario explicó que una disculpa pública constituye una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales, violaciones a sus derechos humanos, con lo que les causó un daño grave e irreparable.

Así, se indicó que una disculpa pública refleja un reconocimiento común y compartido de los hechos ilícitos ocurridos en el pasado, pues describen lo aprendido y lo que debe hacerse para evitar tales acontecimientos y así garantizar el derecho a la no repetición.

Además, el representante de la Fiscalía indicó que la disculpa pública debe ser eficaz, y para ello, debe de ser inequívoca, es decir: que no queden dudas de la disculpa ni que con las palabras o lenguaje que se utilice se diluya el alcance de la misma o se desvíe la culpabilidad.

“Toda disculpa pública, para ser inequívoca, requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente”, añadió.

Así, los agraviados consideraron que la servidora pública deberá ofrecer una disculpa con los lineamientos antes citados; de no ser así, se podría revocar la suspensión condicional del proceso, y con ello que medidas cautelares como la suspensión temporal de su cargo, subsistan.

Será mañana martes 29 de marzo cuando se realice una nueva audiencia de control, en donde se indicara que la disculpa pública no se dio en los términos establecidos en los protocolos que al respecto señalan la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo hemos dicho y lo reiteramos, no actuamos con criterios que sean contrarios a procurar justicia y esta institución, como representante social, procura justicia para las víctimas. En ese tenor, haremos los señalamientos pertinentes por parte de los agraviados”, finalizó.

Y es que recordemos que el pasado jueves, Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, que estaba separada del cargo de manera temporal, logró un acuerdo reparatorio con los policías que la acusaban de robo, abuso de autoridad y discriminación, informó este jueves la Fiscalía capitalina.

“La mañana de este jueves 24 de marzo se autoriza un acuerdo reparatorio en el proceso que se sigue en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc, lo anterior en estricto apego a lo establecido en el código Nacional de Procedimientos Penales y a los principios de justicia restaurativa”, informó en un mensaje el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara.

Lara precisó que tras una audiencia que se llevó a cabo en el Reclusorio Norte, a petición de la defensa de la alcaldesa, Cuevas reconoció que los hechos “ocurrieron tal y como el ministerio público lo acreditó”.

Debido a ello, la funcionaria se comprometió a pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular; ofrecer una disculpa pública por su conducta y someterse a seis meses de tratamiento psicológico, orientado al manejo de la ira y de sus emociones. Del mismo modo, la funcionaria accedió a pagar, este lunes 28, 30,000 pesos a cada una de las víctimas.

 

Sin embargo, minutos más tarde, Cuevas, ofreció la disculpa que se pactó como parte del acuerdo reparatorio, aunque dijo que no reconocía los hechos, contradiciendo así a la Fiscalía de la CDMX.

Tres heridos fue el saldo preliminar este miércoles luego de un enfrentamiento entre policías antimotines que lanzaron gases contra empleados que mantienen una huelga en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, según denunciaron los propios  trabajadores.

El desalojo ocurrió a las 6:00 hora local cuando los empleados que reclaman aumento salarial y otras prestaciones intentaron ingresar a las instalaciones por uno de los accesos principales. Los tres empleados heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Cárdenas.

“La Policía empezó a repartir toletazos a todos lados y una granada de gas lacrimógeno me rozó, incluso, estaba transmitiendo en vivo y me volvió a rozar otra en la cabeza. A varios compañeros los golpearon y se los llevaron. También dispararon balazos y nos tuvimos que alejar”, narró uno de los obreros que registró en cámara la agresión.

Hasta el momento las autoridades de Tabasco no han informado sobre si hubo detenciones durante la protesta, ni el número oficial de heridos.

“La Guardia Nacional informa que al momento no participa en ninguna diligencia relacionada con la refinería de Dos Bocas en Tabasco”, informó a su vez la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Twitter.

Los más de 1,500 trabajadores inconformes, pertenecientes a la empresa ICA Fluor, se mostraron preocupados tras la agresión y la falta de respuesta de las autoridades. “No sabemos si vamos a trabajar o qué acuerdos se vayan a tomar. Mañana sigue esto y viene toda la gente”, expresó otro trabajador.

La huelga inició la tarde-noche de ayer, por lo que cumple su segundo día.

A través de las redes sociales, los obreros dieron cuenta de su manifestación y denunciaron que son objeto de explotación laboral. Aseguran que no retomarán sus labores en tanto no cumplan sus demandas.

En un boletín, la empresa ICA Fluor aseguró que cumple con las “obligaciones patronales, salariales, seguridad social, física e integral” de los trabajadores y conforme a lo acordado con el sindicato. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, se encargo de compartir la postura de empresa, asegurando que los trabajadores “son lo más importante” en la megaobra.

La SSPC emitió un comunicado en el que indicó que elementos de seguridad de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina resguardaban las instalaciones federales para “proteger a los trabajadores” ante las protestas y provocaciones que se han presentado, organizadas por personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que todo se trata de un conflicto entre sindicatos que se disputan la titularidad de contratos. Además, afirmó que el paro de labores era “momentáneo”.

“Es un paro momentáneo, transitorio, espero; porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre los sindicatos”, explicó en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

El mandatario añadió que no es que se esté pagando mal a los trabajadores, y por el contrario, aseguró que se tienen todas las prestaciones, y que el problema es que se pelean los sindicatos para tener el control. Explicó que las manifestaciones se están dando por parte de un grupo reducido de trabajadores, pues dijo, en la construcción de la refinería participan cerca de 25,000 obreros.

Foto: Twitter 

El grupo de alcaldes electos de la oposición en la Ciudad de México, fueron agredidos este lunes, cuando se presentaron en el Congreso capitalino. Ante las agresiones, la alcaldesa electa de la delegación Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó herida.

“Dijimos que íbamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía instruido para eso. Esta fue la agresión de un policía que me dio con el escudo”, expresó Limón en un video publicado en sus redes sociales, donde se dejó ver con una herida abierta en la nariz.

La alcaldesa electa responsabilizó directamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,  y al secretario de Gobierno, Martí Batres, al afirmar que “estas no son formas” de tener acercamientos entre el gobierno capitalino y los alcaldes electos.

La también integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA CDMX), exigió que la dejen “gobernar porque es el derecho de los ciudadanos” a pesar de las agresiones y los golpes.

Y es que los nueve alcaldes electos de la Ciudad de México de la coalición ‘Va por México’ se habían concentrado frente al Congreso capitalino, fuertemente protegido por un dispositivo policial, para protestar pedir que fueran recibidos por los diputados locales.

En su protesta, acusaron a Morena de querer aprobar en un período de leyes extraordinario una legislación que resta atribuciones a los diferentes alcaldes de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Martí Batres aseguró que la administración capitalina “respeta a los manifestantes de todo tipo y que jamás agrediría a ningún manifestante de ninguna fuerza política”.

“No hemos sido nosotros los que hemos buscado la confrontación esta mañana”, expresó Batres, quien recordó que su “mesa de diálogo” está abierta para todos los alcaldes, sean de la corriente que sean (afines u opositores).

Explicó que el periodo extraordinario que se realiza en el Congreso fue convocado con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, desmintiendo que la convocatoria haya sido unilateral, o convocado por un solo partido (Morena); aclaró que tenía el aval del PRI, del PAN, del PRD, así como del PT y del PES.

Señaló que fue la Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Báez Guerrero del PAN, quien solicitó que la fuerza pública resguardara las afueras del recinto legislativo.

Dijo que en el momento en que ocurrieron las agresiones denunciadas, él se encontraba reunido con los coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición. “No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local”.

Recordemos que en la pasada elección, del 6 de junio, la coalición opositora se impuso en 9 demarcaciones, más de la mitad de la ciudad, lo que significó un resultado histórico para los partidos de oposición que hasta entonces solo gobernaban dos alcaldías, y un fuerte descalabro para Morena.

Martí Batres aprovechó para informar que los alcaldes electos están citados con la Jefa de Gobierno los próximos días, 2 y 3 de septiembre, por lo que dijo “nos extraña mucho esta situación; yo los he recibido, a todos los que han querido, he recibido a alcaldes del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, en reuniones preliminares previas”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este lunes que habrá justicia para José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

“Que se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, si se demuestra, si se comprueba, que hubo estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

Policías de Yucatán detuvieron a Ravelo el pasado 21 de julio, y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en su ano, según ha denunciado la madre de la víctima.

Pese a las denuncias, el viernes pasado los cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha justificado la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque “estaba intoxicado” y por “alteración del orden pública”; incluso aseguró que no había evidencia de abuso policial.

Sin embargo, el caso ha tomado fuerza, luego de que el  fin de semana se difundiera un video de la detención en el que seis policías someten a Ravelo e, incluso, uno coloca su rodilla sobre su pecho mientras está en el suelo.

Ante los crecientes reclamos, agrupados en el movimiento #JusticiaParaJoséEduardo, que se ha hecho viral en las redes sociales, López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atender el asunto.

“Que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo”, sostuvo.

María Ravelo ha denunciado que el alcalde de Mérida le ofreció 2.5 millones de pesos para desistirse de sus denuncias. Ante esa situación, la madre ha pedido una audiencia con López Obrador, quien este lunes afirmó que no hace falta. “Es lo que puedo mandarle decir a la señora, que voy a intervenir”, declaró.

El mandatario también ha criticado al Poder Judicial por la liberación de los policías acusados. “Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es solo una legalidad ficticia, la legalidad sirve para legitimar la injusticia”, sentenció.

Las fuerzas de seguridad de Haití se enfrentaron la tarde noche de ayer con el grupo armado que asesinó al presidente Jovenel Moïse.

La policía mató a cuatro de los “mercenarios” y capturó a otros dos, dijo el director general de la fuerza, Leon Charles, en comentarios televisados la noche de ayer, en los que añadió que las fuerzas de seguridad no descansarían hasta que se atrape a todos.

“Los bloqueamos en el camino cuando salían de la escena del crimen”, señaló. “Desde ese momento hemos estado luchando con ellos”. “Los mataremos o los detendremos”, agregó.

Recordemos que Moïse fue asesinado a tiros por hombres que irrumpieron en su residencia con armas de gran calibre durante la madrugada de este miércoles, en un “acto inhumano y barbárico” que provocó una condena internacional.

El asesinato, repudiado por Washington y países de América Latina, coincidió con una ola de violencia de pandillas en Puerto Príncipe, avivada por una grave crisis humanitaria y por el caos que ha llevado a muchos distritos de la capital a convertirse en zonas prohibidas.

El primer ministro interino, Claude Joseph, dijo que el gobierno había declarado el estado de emergencia en medio de la confusión sobre quién tomaría las riendas del país y que se inició una operación para capturar a los responsables.

Las autoridades del país, donde la mayoría habla francés o creole, dijeron que los pistoleros hablaban inglés y español, y parecían ser extranjeros.

“Mis compatriotas, mantengan la calma porque la situación está bajo control”, dijo Joseph. “Este golpe ha herido a nuestro país, pero no quedará impune”.

La esposa de Moïse, Martine Moïse, quien recibió un disparo durante el ataque, y que fue encontraba gravemente herida, se mantiene estable y recibe tratamiento médico en un hospital de Miami, a donde fue trasladada la tarde de ayer; así lo confirmó el embajador de Haití en Washington.

El embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, dijo que los asesinos se habían identificado falsamente como agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Mucha gente en Haití quería que Moïse dejara el cargo. Desde que asumió en 2017, enfrentó pedidos de dimisión y protestas masivas, primero por acusaciones de corrupción y su gestión de la economía, y después por su creciente control del poder.

Joseph dijo que la Policía y el Ejército tenían la situación bajo control, aunque en general se considera que las fuerzas de seguridad de Haití carecen de personal y equipamiento suficiente en comparación con las poderosas bandas. Varios policías han muerto en las últimas semanas en intentos de recuperar el territorio de los bandidos fuertemente armados.

El Consejo de Seguridad de la ONU expresó su profunda conmoción por la muerte de Moïse antes de una reunión a puerta cerrada que se celebra este jueves, solicitada por Estados Unidos y México, para evaluar la situación.

 

Nueve personas, entre ellas dos policías, fueron asesinadas en dos hechos distintos este miércoles en Zacatecas, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad.

En un comunicado, la SSP reportó el asesinato de dos policías estatales, provenientes de San Luis Potosí, en la capital del estado, y la ejecución de siete personas más en Fresnillo, ambos hechos ocurridos este miércoles.

En el reporte se incluye la muerte de dos agentes, cuyos cuerpos fueron localizados colgados en un puente vehicular de la capital del estado.

Luego de establecer comunicación con autoridades del estado de San Luis Potosí, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) confirmó que se trataba de dos policías estatales reportados como no localizados en la dicha entidad.

Las autoridades dijeron que desde que se conoció la desaparición de los agentes, autoridades de ambos estados trabajaron de manera conjunta para dar con su ubicación, pero lamentablemente aparecieron sin vida este día.

La SSP de Zacatecas refirió que el segundo hecho se registró en el municipio de Fresnillo, en donde una agresión con armas de fuego cobró la vida de siete personas: cuatro mujeres y tres hombres, cuya edad y datos quedaron reservados hasta que sean identificados.

Tras el ataque se localizó a una mujer y a un hombre lesionados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

En el sitio, las autoridades también encontraron a cinco menores de edad, que resultaron ilesas y quienes fueron resguardadas de inmediato, con la atención que por su edad requieren.