Tag

PRD

Browsing

Tras la detención de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, la dirigencia nacional de PRI advirtió que las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución.

Sostuvo que quienes faltan a la ley son las personas que sirven a aquellas y «a quienes, una vez agotadas las investigaciones, se les debe aplicar todo el peso de la ley».

En un comunicado, el PRI exigió la estricta aplicación de la ley y agotar puntualmente el proceso judicial, en el marco del Estado de derecho. Reiteró que el partido está en favor de la legalidad y el respeto a las instituciones.

Por su parte, los diputados del tricolor indicaron que la detención de Lozoya Austin debe ser muestra de que este gobierno quiere aplicar la ley, y que no busca distractores a los graves problemas del país.

«Estamos frente a una conducta personal, al amparo de un cargo público, por lo que sería lamentable que se utilice como instrumento de propaganda política», indicaron los legisladores.

Recordemos que Lozoya era buscado por autoridades mexicanas para que enfrente cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que su partido fue el primero en denunciar los presuntos actos de corrupción de Lozoya. Señaló que en 2016, en Cámara de Diputados, presentamos una denuncia contra el ex Director General de PEMEX. «El tiempo nos da la razón», dijo Cortés Mendonza.

Quien también comentó sobre el tema, fue el miembro de la dirección extraordinaria del PRD, Fernando Belanunzarán. Dijo que los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya empiezaron, según acusaciones en Brasil, cuando era parte del equipo del entonces candidato Enrique Peña Nieto, por lo que indicó que si la FGR no investiga si ese dinero se usó en la campaña de EPN se confirmaría el pacto de impunidad entre el priísta y el presidente López Obrador.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso esta tarde una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública (SFP) contra varios funcionarios federales, entre ellos los titulares del IMSS y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por el supuesto desabasto de medicamento en el país.

Karen Quiroga Anguiano, de la Dirección Nacional General Extraordinaria del partido, expuso que solicitan la destitución de los funcionarios, así como su inhabilitación como servidores públicos por considerar que cometieron delitos como omisión y daño a la Hacienda Pública.

Lo anterior, dijo, causó un daño al erario público, ya que, al no realizar la compra consolidada y no haber abasto de medicamento en los diferentes hospitales, ha generado que se tengan que hacer gastos extra no solo a nivel de contribuyente, sino gastos que deberían estar destinados para otros rubros.

Los integrantes del PRD también denuncian la presunta falta de cuidado en el ejercicio de las funciones porque, afirman se ha afectado de manera importante el derecho a la salud.

“No pensamos que sea una falta del sector salud. Se ha tratado de culpar a distintos médicos, directores del sector salud. No es ahí donde radica la culpa, la responsabilidad se tiene con nombres precisos y quien fungía la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, hoy responsable del SAT», dijo Quiroga Anguiano.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha denunciado que existe “huachicoleo de medicamentos, y aunque el PRD no duda que esto exista, cuestionaron que “no se ha presentado absolutamente ninguna denuncia y no se tomaron las previsiones necesarias para comprar los medicamentos que eran necesarios, como el tratamiento de los niños con cáncer.

Se informó que mañana acudirán también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer otras denuncias.

“La Secretaría de la Función Pública tiene que realizar una exhaustiva investigación y que existan consecuencias, consideraron los perredistas.

El ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de dicho partido, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos «moches» que han cometido funcionarios de primer nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla.

Martínez Veloz explicó que en el estado se han repetido actos de corrupción, mismos que se han denunciado oportunamente y existen evidencias sobre el uso de 28 millones de pesos que fueron utilizados para favorecer contratos a distintos empresarios, “es por eso que acudimos a la FGR para que intervenga y dé certidumbre a la ciudadanía y a los empresarios del estado”.

Acompañado de los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Camerino Márquez y la dirigente estatal Brenda Villena, agregó que “los moches empezaron a producirse a partir de la detención del chofer de la ex Secretaria del Bienestar Social, que portaba la cantidad de cuatro millones 700 mil pesos y, a partir de ahí, empiezan a aparecer una serie de declaraciones por parte de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que señalan que hubo al menos 28 millones de pesos que le fueron solicitados a distintos empresarios a cambio de favorecerlos con contratos cuando llegara a ocupar su cargo”, acusó.

El ex candidato del PRD detalló que dichos recursos fueron utilizados en una asociación llamada “voluntariado de Jaime Bonilla” y de acuerdo con declaraciones de la Secretaria del Bienestar, parte de esos recursos fueron destinados para distribuir mochilas y promover la figura y la imagen del ya gobernador electo.

En ese sentido, Ángel Ávila señaló que Jaime Bonilla es un personaje nocivo para la vida pública del país, pues a menos de un mes de tomar protesta como gobernador se destapan ese desvío de recursos por parte de funcionarios de primer nivel, “ya renunció la Secretaria del Bienestar y el Oficial Mayor, por tanto esas acciones deben ser investigadas de manera inmediata”, subrayó.

Precisó que la decisión de acudir a la FGR es porque las autoridades locales no van a resolver conforme a derecho, pues hace unos días nombraron al nuevo Fiscal de Baja California que es nada menos que el compadre de Jaime Bonilla, por tanto, no hay confianza en las autoridades del estado resuelvan a favor de la legalidad.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 11 proyectos de resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), iniciados en contra de diversos partidos por violar la libre afiliación, uso indebido de datos personales y nombramientos irregulares como representantes de Mesas Directivas de Casilla, durante los procesos electorales federal y locales de 2015 y 2017.

Se determinó imponer sanciones y multas al PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, las cuales ascienden a más de un millón 300 mil pesos, derivado de diversas infracciones a la legislación electoral en cuanto al derecho de nombrar representantes ante Mesas Directivas de Casilla y la protección de datos personales.

Por violaciones consistentes en el indebido registro de nombramientos como representantes de casilla durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y el proceso local 2014-2015 en el Estado de México, así como por afiliaciones indebidas, los integrantes del Consejo General determinaron imponer multas al PRD por 138 mil 471 pesos, así como una amonestación pública, ya que del análisis preliminar de los asuntos, las cédulas de afiliación otorgadas por este partido tienen inconsistencias en las fechas de registro proporcionadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DPPP) del INE.

En cuanto a los nombramientos de representantes de casilla, no se desprenden firmas en el apartado nombre y firma del representante acreditado, aunado a que en las Actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo de los procesos electorales mencionados, no se localizó constancia de la presencia de los ciudadanos, mientras que los argumentos de defensa del PRD carecieron de sustento probatorio.

Por otro lado, el Consejo General impuso al PAN 12 multas que ascienden a más de 550 mil pesos, en razón de la indebida acreditación de ciudadanos durante los procesos electorales locales 2016-2017 en el Estado de México, Ordinario Local 2015-2016 en Oaxaca y 2015-2016 en Chihuahua.

En el mismo sentido, el PVEM y el PT se hicieron acreedores a una multa de poco más de 45 mil pesos, respectivamente. Finalmente, al PRI se le adjudicaron dos multas que en total ascienden a más de 90 mil pesos.

En cuanto a las violaciones a la normativa electoral, consistentes en el derecho de libre afiliación y uso no autorizado de datos personales, se impusieron amonestaciones públicas en tres proyectos, dos de ellos en contra del PRD y uno en contra del PT.

Durante la misma sesión, se resolvió imponer una multa a Morena equivalente a 80 mil 600 pesos, por incumplir con la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del 5 de septiembre de 2018.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD y el excandidato del PRD a la gubernatura por el estado de Baja California, Jaime Martínez Veloz reconocieron la opinión técnica que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la violación constitucional que se cometió en Baja California al ampliar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior luego de que Magistrados del TEPJF emitieron una opinión técnica y concluyeron que el Decreto 351 con el que se amplió el periodo gubernamental en el estado, trasgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados.

Martínez Veloz sostuvo que la conclusión del Tribunal es importante, porque establecen los criterios y la jurisprudencia que existe en la entidad y con ello se convalidan los argumentos de quienes han demandado persistentemente el «atropello» a la legalidad.

El excandidato perredista dijo que la SCJN debe emitir una resolución tomando en cuenta la opinión de las instancias correspondientes en materia electoral, debido a que aporta elementos necesarios para que los ministros de la Corte puedan fundamentar la resolución legal.

Cabe señalar que la sala superior y el pleno de la SCJN han sostenido que “el principio de no reelección implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante una ampliación con esos efectos”.

Por su parte el presidente del PAN, Marko Cortés, también reconoció la resolución de la sala superior del TEPJF,  peus dijo, dejaron en claro lo que el partido dijo desde un principio.

“Lo que falta es que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional para que entonces todo mundo en Baja California tenga certidumbre y se deje de estar especulando en un gobierno que claramente es de 2 años”, declaró.

El Cortés Mendonza indicó que el PAN ya se entrevistó con el Ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, para presentar los argumentos legales del caso y también se harán visitas a los demás ministros para el mismo fin.

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido un fracaso, pues ha llevado la economía a la recesión, incrementó las cifras de inseguridad, decepcionó a muchos que votaron por él y ha alentado fobias que hoy tienen dividido al país.

«Los resultados demuestran que le quedó grande el puesto», aseveró en un comunicado al hacer un balance del primer año de gobierno.

Sostuvo que existe una persistente obsesión por desmantelar a las instituciones, fundamentalmente a los órganos autónomos, cuya construcción costó años de esfuerzo, no a la clase política, sino a la sociedad. Reprochó el manejo de la economía en el país.

Enfatizó que el tema de la seguridad es una de las fallas más graves de AMLO en el pode. «Las muertes en Tlahualilpan, Hidalgo; Coatzacoalcos, Veracruz; la familia Lebarón, entre muchas otras, pasando por la liberación del hijo del Chapo Guzmán y el desplome de los decomisos de droga, son las graves faltas que este gobierno no reconoce y trata de minimizar sin éxito».

Por su parte el grupo parlamentario del PRI sostuvo que a un año de gobierno del presidente López Obrador, no hay nada que celebrar, pues la falta de planeación, la cerrazón y la improvisación han afectado a los ciudadanos.

En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo federal a rectificar antes de que sea demasiado tarde. Enfatizó que ningún país puede reinventarse cada seis años y acabar con lo que se ha construido, pues se corre el riesgo de vivir un retroceso nunca antes visto en el sistema económico y político.

Quien también comentó al respecto fue la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, quien a nombre de si bancada desaprobó el primero año de gobierno del presidente López Obrador porque no respondió a las exigencias nacionales y ni siquiera cumplió sus promesas.

“Sus resultados a la población son nulos y el país está peor respecto a cómo lo recibió en materia de seguridad, empleo, economía y, en general, en calidad de vida de la población”, aseveró en un comunicado.

La líder parlamentaria responsabilizó además al Presidente de la República de ahondar la división nacional al segmentar a la población entre “buenos” y “malos”, siendo los primeros quienes incondicionalmente acatan sus caprichos y los segundos quienes osan cuestionarlos o contrariarlos.

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados consideró que es un “exceso” pretender llevar a rango constitucional el Estado de bienestar, ya que esta política es el sello del actual gobierno federal.

A nombre de su fracción, Verónica Juárez Piña, señaló que la iniciativa del Ejecutivo, que fue recibida ayer por la Cámara propone reformar el artículo 4º de la Constitución Política, en materia de bienestar.

Afirmó que su bancada estaría de acuerdo en que exista un sistema nacional de salud, “pero prácticamente lo están bautizando en la propia Constitución”, al señalar que será un “Sistema Nacional de Salud del Bienestar, que esto es prácticamente el sello de este sexenio. Si ustedes revisan cualquier programa, todo tiene que ver con el bienestar”.

Explicó que entregar recursos a las personas con independencia de cuál sea su condición, no garantiza que se pueda abatir la pobreza y la desigualdad.

Y es que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone que los apoyos sociales implementados durante su gobierno sean una obligación del Estado, además de que busca que tengan una partida presupuestal cada año.

“Nuestra propuesta consiste en establecer un Estado de Bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante la incertidumbre económica, desigualdades, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias, ni temores. El Estado de Bienestar igualitario, fraterno, que estamos aplicando y queremos llevar a rango constitucional”, se lee en la iniciativa enviada por AMLO.

Los programas que buscan garantizar son: apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas a jóvenes, el sistema nacional de salud.

La perredista aprovechó para opinar sobre el Plan de Infraestructura que presentó ayer el presidente López Obrador  y que contempla una inversión de 859 mil millones de pesos, Juárez Piña consideró que “es insuficiente”; sin embargo, reconoció que podría ser un buen inicio.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, afirmó que la reforma constitucional para reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos, busca «aniquilar” a los grupos minoritarios, particularmente a los de oposición.

La iniciativa que impulsa Morena pretende “terminar con las voces disidentes, porque, de aprobarse, lo único que estaría consiguiendo es que quedáramos en la inequidad, faltando a un principio sustancial en los procesos electorales”, sostuvo la perredista.

Denunció que por primera vez se estaría llegando a una reforma electoral sin un consenso de todos los grupos parlamentarios y sin haber salido de la oposición.

Expuso que los legisladores están a favor de reducir el financiamiento, siempre y cuando sea de manera integra” y que se busque una fórmula que permita que haya elecciones equitativas.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que en la reducción del financiamiento a partidos políticos tendría que ser paulatina, a fin de no afectar sus estructuras, operación y campañas electorales. Además dijo, se evitará que busquen recursos en “fuentes que no sean pertinentes”.

“El financiamiento de los partidos políticos tiene una fórmula que implica un crecimiento paulatino, porque hay dos elementos que siempre están destinados, por lo menos, en los tiempos actuales a crecer: el número de electores en el padrón electoral y el costo de Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, puntualizó.

Córdova Vianello mencionó que existen diversos planteamientos sobre el porcentaje que debe reducirse, consideró que la propuesta de “un 20 por ciento estaría bien, es mucho más racional. Aunque por supuesto el INE no opina en este sentido”.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD, afirmó que la renuncia de Carlos Romero Deschamps como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros, es una buena noticia para el sindicalismo mexicano, pues acusó que durante años se enriqueció a costa de los trabajadores, ayudado de la enorme corrupción que ha habido en Pemex.

Por ello, hicieron un llamado a que sea investigado a fondo y procesado conforme a derecho, ya que acumuló innumerables denuncias en su contra, pero siempre contó con la protección del Gobierno Federal.

“Hoy el PRD exige que haya justicia para todos aquellos que se han visto afectados por este personaje”, subrayaron. Indicaron que quieren justicia y no una cacería de brujas.

Además alertaron que el gobierno de la 4T tiene planeada la sucesión del sindicato petrolero, con el fin de quedarse con el control del mismo. En ese sentido dijeron que se requiere de elecciones democráticas

Finalmente cuestionaron si será Romero Deschamps será investigado por los actos de corrupción que han marcado su carrera o el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se hará de la «vista gorda”, pese a que uno de sus principales compromisos es no permitir corrupción e impunidad.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que el próximo 27 de octubre clausurarán de manera simbólica la sede del Congreso de Baja California para exigir que publiquen la llamada #LeyBonilla, y dejen de responder a los «intereses mezquinos» de Jaime Bonilla y de Morena.

Indicó que dicha decisión se toma con el fin de defender la democracia, mediante resistencia civil y legal.

Explicaron que junto con organizaciones ciudadanas se manifestarán de manera pacífica para acusar “que el Congreso de Baja California está capturado políticamente por intereses económicos y trasnacionales. El PRD va a encabezar la lucha ciudadana, el llamado es a una resistencia civil y pacífica”.

Asimismo, rechazó los resultados de la consulta “patito” y sin representatividad que se realizó el pasado domingo en la entidad para justificar “a modo” la ampliación del período de gobierno de dos a cinco años.

Indicó que se llevó a cabo con escasa participación y con supuestas mesas de votación encabezadas por militantes de Morena y pagados por ese partido, para tratar de generar un supuesto consenso de ampliación de mandato. Acusó que todo es una estrategia de Morena, de su presidenta Yeidckol Polevnsky y tolerada incluso por el propio presidente de la República.

Reiteró que ya tienen tiene lista una acción de inconstitucionalidad, misma que una vez que sea publicada la reforma, acudirán a las instancias legales necesarias para «echarla abajo”.

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que el Congreso de la Unión está obligado a revisar a fondo la Iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que realmente ayude a resolver problemas reales y no termine convirtiéndose en un acto propagandístico más de AMLO.

“Se debe generar un gran debate sobre este tema porque en una primera revisión de la iniciativa realizada por mi grupo parlamentario, hay algunas dudas que se deben disipar”, señaló la coordinadora del PRD, Verónica Juárez.

Advirtió que prevé supuestos inaplicables, como los de aborto y sedición, debido a que no existen, en la jurisdicción federal, procedimientos iniciados por estos delitos.

Juárez Piña, dijo que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no existe desde 2012, en el fuero federal, ninguna carpeta de investigación o averiguación previa iniciada por abortar, por lo cual no beneficia a ninguna mujer.

En el caso de las personas indígenas, su aplicación resulta “inconstitucional, debido a que se aboca a violaciones al debido proceso cometidos en contra de un grupo particular de personas y no a delitos como tales”.

Los únicos casos que podrían resultar de interés son los de los delitos contra la salud y el robo simple; sin embargo, debe proporcionarse información relativa al número de personas a los cuales aplicará, agregó la legisladora.

La iniciativa señala que se beneficiará a aquellas personas procesadas y/o sentenciadas por “el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años”.

No obstante, precisó que, al igual que en el caso del aborto, el robo es un delito que se sigue, en su mayor parte, en los sistemas estatales y no en los Tribunales federales, razón por la cual no se tiene una previsión respecto al número de personas que podrían ser objeto de la amnistía por esta hipótesis, en el fuero federal, recordando que a la mayor parte de estos procedimientos no les aplica esta amnistía.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD interpuso ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el ocultamiento de bienes patrimoniales, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés.

Fernando Belauzarán, integrante de la DNE, aseguró que la denuncia es “en contra del mapache más famoso del país» que no puede explicar 750 millones de pesos de propiedades que están a nombre de su pareja sentimental con la que vive desde hace dos décadas y de sus hijos.

Explicó que el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades es muy clara al establecer como una falta muy grave el ocultamiento de bienes que estén a nombre de la pareja o concubina; detalló que la falta implicaría la inhabilitación del cargo por 10 o 20 años.

En ese sentido, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se haya adelantado a las investigaciones oficiales y lo haya absuelto diciendo que es un complot político.

El perredista exigió a la titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, llevar a cabo una investigación profunda y transparente.

Adicional señalaron que están solicitando medidas cautelares como la separación del cargo de Manuel Bartlett en tanto no se esclarezca el origen de los recursos que se utilizaron para adquirir las propiedades y se pueda generar toda una línea de investigación alrededor de los familiares del funcionario federal.

La DNE sostuvo que es totalmente inadmisible que un servidor público que llegó acompañado de un Presidente, que a todas luces puso el dedo en la llaga con el tema de la corrupción, hoy sea acompañado por corruptos, “quien con lobos anda aullar se enseña”, indicaron.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, confirmó lo declarado por su homólogo de Morena, sobre que no hay acuerdo en torno a la discusión y aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, proceso que tiene como plazo mañana jueves 12 de septiembre.

“No hay acuerdo hasta donde tenemos noticias. No vamos en ruta de cumplir el plazo del 12 de septiembre, que mandata la Constitución Política”, indicó el panista.

El líder parlamentario recordó que el Presidente de la República se reunió con la comisión negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como parte de las mesas de diálogo para dar respuesta a las demandas del gremio.

Dijo que si el presidente Andrés Manuel López Obrador pacta con la CNTE y se permite la herencia y venta de plazas, “se convertiría en parte del problema, de la mafia del poder y de la corrupción”.

Romero Hicks reprochó que su bancada no haya sido convocada a las mesas de diálogo con la CNTE para formular la legislación reglamentaria de la reforma educativa.

Por su parte la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que el Congreso estará en falta al no tener las leyes secundarias de la Reforma Educativa el 12 de septiembre, y dijo que lo mejor sería que estuvieran lo antes posible para considerarlas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

“Nos dimos de tiempo al próximo 12 de septiembre para poderlas presentar (las leyes secundarias) y ya estaremos en falta porque, al menos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), comentamos cuál sería el orden del día de hoy y del próximo jueves en donde no está previsto el que podamos discutirlas”, indicó la legisladora.

Juárez Piña señaló que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados no ha convocado a los integrantes de esa estancia legislativa para poder tener y discutir un dictamen en la materia y a partir de eso poder debatir en el Pleno.

La legisladora perredista consideró que lo que se asignó en el PEF 2020 en materia educativa, “no va a ser suficiente para todo lo que nos planteamos en la reforma del artículo 3 Constitucional”.

WordPress Lightbox Plugin