Pablo Hiriart

EL FINANCIERO

Por supuesto que los gobiernos anteriores no fueron eficaces en detener el robo de gasolinas, por la razón que hemos expuesto una y otra vez: no es delito grave y los involucrados –entre ellos, empleados y funcionarios de Pemex– salen libres de inmediato.

Pero de ahí a decir que “era una especie de tolerancia, algo pactado… lo sabían todos, desde Fox”, como afirmó el Presidente el pasado miércoles, es falso y temerario.

Si de veras lo cree López Obrador, que instruya a su Procurador General, Alejandro Gertz Manero, que cite de inmediato a Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, para que responda por el delito de encubrimiento.

No cuadra, ¿verdad?

En su cuenta de Twitter el presidente del Senado, Martí Batres, expresa como un logro de Morena (y realmente lo es) haber impulsado en esa Cámara que se eleve a delito grave el robo de gasolinas. El proceso está ahora en comisiones de Diputados.

Sin embargo hace menos de un año el PRI, el PAN y el PRD no pudieron hacerlo, ya que la iniciativa que elevó las penas al robo de gasolinas tuvo la férrea oposición de Morena y no había fuerzas para subirla a delito grave.

El 5 de abril del año pasado, el senador Manuel Bartlett (hoy director de CFE) subió a la tribuna para hablar en contra del dictamen que subió las penas por robo de combustibles.

Dijo que “viene empujada esta iniciativa de penalidades, viene empujada por los intereses extranjeros de las empresas trasnacionales petroleras, gaseras, y quieren que las penas, por cualquier acción que no les guste o reacción de algún grupo social, las penas son muy grandes. Ya metieron el terrorismo en el aspecto de hidrocarburos, cuando no hemos tenido nunca terrorismo. Es para favorecer intereses extranjeros… Las penas son para atacar a los campesinos que se rebelan contra los daños que les hacen Pemex y las trasnacionales”.

Lo dijo hace menos de un año. Y hoy quieren elevar (acertadamente) a delito grave el huachicol.

Señalan que los ladrones de gasolina “sabotearon” el ducto Tuxpan-Azcapotzalco para dejar sin gasolina a la Ciudad de México. Y antes denunciaban como alardes de las trasnacionales el terrorismo que “no hemos tenido nunca”.

Bartlett planteó en tribuna que el huachicol “no se resuelve porque el gobierno, las autoridades están coludidas… hay que ir por las altas autoridades: el robo de hidrocarburos está en el gobierno de la República y en los gobiernos de los estados”.

Ellos, que son muy honestos, ahora son gobierno. Ellos, que no roban, son ahora “las altas autoridades”. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay gasolinas?

Centenares de acciones contra funcionarios y empleados de Pemex se llevaron a cabo en los gobiernos anteriores, y los delincuentes salían libres porque no era (ni es) delito grave robar gasolina.

Hasta dos barcos cargados de combustibles se robaron frente a las costas de Dos Bocas (Tabasco) en noviembre de 2016. La Marina detuvo a los once piratas y un juez los dejó libres.

Es cosa de buscar en Google las detenciones y acciones en esos años y son racimos.

Al azar: 29 de octubre de 2013, Sin Embargo: “la Procuraduría General de la República en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, detuvieron este día a 39 empleados de Petróleos Mexicanos y a nueve operadores de autotanques particulares por estar presuntamente involucrados con robo de combustible”.

Cinco de marzo de 2018, Animal Político: “La secretaría de la Función Pública suspendió de sus cargos a ocho servidores públicos adscritos a Petróleos Mexicanos, quienes presuntamente participaron en el robo de hidrocarburos. Los servidores públicos forman parte de una red organizada que manipulaban y alteraban las válvulas de seccionamiento San Octavio, del Poliducto Minatitlán-México, en Acayucan, Veracruz, con el fin de apoderarse de manera ilegal de hidrocarburos”.

Dieciocho de octubre de 2017, El Economista: “El director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, informó que mientras en 2016 se recuperaron cuatro millones de litros de combustible robado, de enero a septiembre de este año se han recuperado once millones de litros”.

Ocho de febrero de 2018, Expansión: “Setenta gasolineras clausuradas por venta de combustible ilícito”.

Etcétera, etcétera, etcétera.

Decir que en el pasado se fue “omiso” ante el robo de gasolinas es una mentira.

Por nuestra corta memoria, sirve, eso sí, para vestir de “gesta histórica” lo que en realidad es un error descomunal del presente gobierno.