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El presidente Donald Trump presentó este lunes un presupuesto de 4.8 billones de dólares que vuelve a intentar cortar programas sociales, a pesar de que ello ha sido rechazado anteriormente por el Congreso.

El plan de gastos 2021 promete saldar las cuentas públicas en 15 años sin afectar programas como la Seguridad Social y el Medicare.

El documento presenta que el déficit superará el billón de dólares sólo en el año fiscal actual y que luego irá disminuyendo gradualmente hasta alcanzar proporciones manejables, pero para ello se basa en pronósticos económicos optimistas, bajas tasas de interés, una reducción de la presencia militar estadounidense en el extranjero y recortes a agencias de gobierno que serían contrarios a los dos presupuestos anteriores aprobados por Trump.

El presupuesto «fija el camino para la continuación del dominio y la prosperidad de Estados Unidos», afirmó Trump en un mensaje escrito anexo al documento.

El presupuesto no tiene probabilidades reales de ser aprobado por el Congreso y ni siquiera las tenía antes del amargo debate en Washington por el juicio político al mandatario, acusado de abuso de poder y obstruir la investigación Congreso.

La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, lamentó que «una vez más el presidente demuestra cuán poco le importan la salud, las finanzas y el bienestar de las familias trabajadoras de Estados Unidos».

El presupuesto repite ideas intentadas antes, de eximir a programas que benefician a los ancianos como Medicare y Seguridad Social pero corta programas de ayuda a los pobres, de energía limpia y de subsidios a estudiantes endeudados. Nuevamente, estipula enormes recortes a las misiones militares en el extranjero con el fin de ahorrar 567,000 millones de dólares en 10 años, pero agrega un desembolso de 1.5 billones de dólares en ese mismo lapso para hacer que sus reducciones de impuestos se conviertan en ley permanente.

Según el plan, se reducirían 465,000 millones de dólares a entidades vinculadas con el Medicare como hospitales, lo que inmediatamente despertó quejas y denuncias de la oposición demócrata.

El borrador de presupuesto fue rechazado el lunes por los demócratas en el Congreso estadounidense, que dijeron que el plan traiciona la promesa del mandatario de proteger los programas de salud y de seguridad social.

El presupuesto financiaría las principales prioridades del presidente republicano, entre ellas la construcción de un muro en la frontera con México, al tiempo que recortaría miles de millones de dólares de los programas de redes asistenciales.

El presupuesto es en gran parte un documento político que sirve como punto de partida en las negociaciones con el Congreso. Con el objetivo de reducir la deuda y el déficit, Trump propuso una vez más recortes abruptos a programas inmobiliarios, de medio ambiente y transporte, entre otros.

«Vamos a seguir proponiendo este tipo de presupuestos y esperamos que en algún momento el Congreso tenga cierta sensatez fiscal y se una a nosotros en los intentos por hacer frente a nuestra deuda y déficit», dijo a periodistas Russ Vought, director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto de La Casa Blanca.

Russell Vought, dijo el lunes que la propuesta incluye más de 740,000 millones para gastos de defensa, un aumento del 20%.

Nuevo estados son los que no se adhirieron al nuevo sistema de salud federal mediante el Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI), informó esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

De las nueve entidades, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León no cuentan con el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar); mientras que otras cuatro entidades, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, sí cuentan con el servicio de IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la Secretaría de Salud explicó que la adhesión consiste en el compromiso de trabajar juntos en un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad para personas no aseguradas.

“El resultado que tenemos ahorita, posiblemente sea el final, es que 23 estados, 23 gobiernos estatales se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de la Salud para el Bienestar y otros nueve estados no lo hicieron, decidieron no unirse a este nuevo esquema que busca la gratuidad en los servicios de salud», enfatizó López-Gatell.

Por lo tanto, los 23 estados que si se unieron a la nueva política de salud propuesta por el gobierno de López Obrador son: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El subsecretario de Salud proyectó que los cinco estados que no se unieron al INSABI y tampoco cuentan con el IMSS-Bienestar no podrían garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a su población.

Sobre la no adhesión de los estados al INSABI, el presidente López Obrador indicó que seguirán recibiendo los recursos y serán las propias autoridades estatales las responsables de la atención médica y medicamentos para la población.

“Van a recibir lo que por ley les corresponde, no se les va a quitar presupuesto, se les van a entregar sus recursos (…) el compromiso del gobierno federal es que no falte presupuesto. Nunca va a faltar dinero», indicó el mandatario federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que 300 hospitales están abandonados en el país, ya sea porque no los concluyeron o porque no les dotaron del personal necesario para operarlos.

“Hay 300 hospitales abandonados, a veces se terminaban, pero no había presupuesto para equiparlos, ni para operarlos con médicos, con medicamentos. Y un hospital en términos generales significa que en la obra se requieren 500 millones, otros 500 para operar por año”, explicó.

Al realizar un recuento de las instituciones hospitalarias que no fueron puestas a funcionar en sexenios anteriores por falta de equipamiento, personal o terminación de obras, el mandatario acusó que esas irregularidades se deben a la corrupción en la asignación de contratos.

Al anunciar que cada martes se dará a conocer el Quién es quién en salud, el presidente López Obrador dijo que la salud para todos “es un compromiso que se tiene que cumplir”.

“Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es la utopía, la utopía nos hace caminar hacia los ideales. Ya se inició este proceso”, aseguró esta mañana.

El mandatario federal apuntó que los 80 hospitales del sistema IMSS-Bienestar estarán bajo el escrutinio en su funcionamiento.

En ese sentido, AMLO confió en que a más tardar el 1 de diciembre de este año quedará consolidado el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

López Obrador reiteró que este año se tienen presupuestados 40 mil millones de pesos para echar a andar el nuevo sistema de salud.

“Van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho por eso se creó el Instituto Nacional para el Bienestar. Esperamos que se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. Tenemos presupuesto”, dijo.

Acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el jefe del Ejecutivo federal expuso que la meta de los sistemas de salud es ofrecer atención gratuita en todos los niveles.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ajustes a su presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2020, luego del recorte de 1,071.5 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados.

“A diferencia de lo ocurrido en 2019, no vamos a solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, porque esto mandaría un mal mensaje de que un órgano autónomo del Estado mexicano depende de instancias gubernamentales para cumplir adecuadamente sus funciones”, afirmó el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En sesión extraordinaria, explicó que los ajustes no afectan ninguno de los proyectos que contribuyen a dar certeza a las elecciones, pero serán insuficientes porque alcanzan 787 millones de pesos del gasto originalmente programado por el INE.

Lorenzo Córdova garantizó que el INE hará todo lo posible por no reducir la calidad de la organización de las elecciones y no afectar los derechos laborales de las y los trabajadores del Instituto.

El presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, Benito Nacif, detalló que el Instituto tomará medidas dirigidas a suspender proyectos de inversión y posponer, dentro de los plazos que permite la ley, actividades que son parte del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los 32 procesos locales coincidentes, a fin de poder absorber el recorte impuesto.

“Con esta propuesta de ajuste, el INE busca conservar la suficiencia de recursos para garantizar, como siempre lo ha hecho, la organización de las elecciones con los estándares establecidos en la ley y exigidos por la ciudadanía”.

El Consejero Nacif definió los ajustes que se tomarán en siete temas

  • Postergación de la renovación de equipo y software del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo.
  • Aplazamiento de la construcción de la sede de la Junta Local en Aguascalientes y, a fin de cumplir con las recomendaciones de protección civil, iniciar la construcción de la sede de la Junta Local en Nuevo León con recursos del fideicomiso inmobiliario y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
  • Aplazamiento de la modernización del equipo y mobiliario de los Módulos de Atención Ciudadana.
  • Cancelación de inversiones para renovar mobiliario y equipo de juntas distritales.
  • Aplazamiento en un mes de la instalación y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales.
  • Reducción de la provisión de alimentos para personal del Instituto que realiza actividades en horas extra y días inhábiles.
  • Cancelación de los talleres regionales para medios de comunicación.

Estos ajustes, explicó Nacif Hernández, suman en total de 787 millones de pesos y, con ello, el INE iniciará el 2020 con un déficit de 284.5 millones de pesos que se irán cubriendo con medidas adicionales que se implementarán a lo largo del año.

La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a la consideración del Consejo General el próximo 11 de diciembre ajustes al presupuesto para el ejercicio 2020, luego de que la Cámara de Diputados aprobara un recorte de 1,071.5 millones de pesos al presupuesto del Instituto para 2020.

Con la propuesta de ajuste, enfatizó el INE, se busca mantener la suficiencia de recursos para garantizar la organización de las elecciones con los estándares establecidos en la ley, mantener el servicio de expedición de credenciales para votar con fotografía y respetar las condiciones generales de trabajo de las y los empleados del Instituto.

La propuesta de ajuste al presupuesto del INE consiste en la suspensión de proyectos de inversión y la posposición, hasta el límite establecido por la ley, del inicio de actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los 32 procesos electorales locales coincidentes. Estas medidas incluyen:

  1. $300.8 mdp: Postergación de la renovación de equipo y software del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo. Los equipos cumplieron cinco años de antigüedad, por lo que es necesario renovarlos para evitar que se vuelvan obsoletos y garantizar la administración adecuada de los tiempos de radio y televisión en 2 mil 200 señales.
  2. $235 mdp: Aplazamiento de la construcción de la sede de la Junta Local en Aguascalientes; mientras que, para cumplir con las recomendaciones de protección civil, en el caso de la Junta Local en Nuevo León se iniciarán los trabajos de construcción con recursos del fideicomiso inmobiliario y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
  3. $97 mdp: Aplazamiento de la modernización del equipo y mobiliario de los Módulos de Atención Ciudadana. Los servicios seguirán prestándose, pero la renovación de su infraestructura se postergará para el próximo ejercicio presupuestal.
  4. $88.3 mdp: Cancelación de inversiones para renovar mobiliario y equipo de juntas distritales. Se aplazan inversiones en mejoras y adecuaciones de salas de Consejos Locales y Distritales, bodegas, así como la renovación de mobiliario y equipo de Juntas Distritales en preparación para las elecciones de 2021.
  5. $54.1 mdp: Aplazamiento un mes de la instalación y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales y reducción del gasto de órganos delegacionales y subdelegacionales. Con esta acción se reduce el periodo para dietas y apoyo financiero de los órganos temporales y permanentes del Instituto dentro del plazo previsto en la ley.
  6. $5 mdp: Reducción de la provisión de alimentos para personal del Instituto que realiza actividades en horas extra y días inhábiles.
  7. $3.4 mdp: Cancelación de los talleres regionales para medios de comunicación en las cinco circunscripciones del país para ampliar la explicación y entendimiento de los procesos electorales y tener un acercamiento directo con los medios más importantes de los estados.

Pese a la cancelación de los proyectos mencionados, enfatizaron que el INE iniciará el año con un déficit de 284.5 millones de pesos, mismo que tratará de cubrir con medidas adicionales que se implementarán a lo largo de 2020. Éstas incluyen el aplazamiento de contrataciones de plazas vacantes hasta el límite previsto por la ley, el aprovechamiento de ahorros por licitaciones, la implementación de medidas de austeridad adicionales que propongan la Junta General Ejecutiva y el Consejo General, y la transferencia del costo de servicios proporcionados a otras instituciones mediante convenios.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que había “manga ancha en los recursos de algunos órganos autónomos», por lo que justificó los recortes a éstos, como lo fue al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo opino que muchos órganos constitucionales autónomos sí tenían un poco más de lo que realmente necesitaban», expresó la titular de la Segob en un breve encuentro con los medios de comunicación.

La encargada de la política interior del país sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere endeudar más al país “y yo siento que en algunos órganos constitucionales autónomos sí había un poquito de manga ancha en los recursos, sobrados, no ajustados, no en austeridad».

Indicó que serán los consejeros quienes tendrán que decir si afectará o no el recorte al funcionamiento del Instituto.

“El hecho de que estén molestos porque les recortaron el presupuesto, pues a todos les han recortado presupuesto y todos nos tenemos que ajustar», indicó Sánchez Cordero.

Sobre una posible reforma electoral, refirió que así como lo señaló cuando estuvo en la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, ésta sería únicamente consensuada y con todos los interesados involucrados.

Recalcó que ese es el deseo también del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y negó que hubiera imposiciones de parte de él, de quien dijo que es una persona absolutamente demócrata.

La secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, presentó el paquete económico 2020 ante el Congreso local.

La presentación del documento generó diversas reacciones entre las fracciones parlamentarias. Entre los principales reclamos están el subejercicio y la reducción a acciones en movilidad y seguridad.

Mauricio Tabe Echartea, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el paquete económico registra una importante caída de ingresos, lo cual es una situación crítica para la capital si se considera que también hay recortes de la federación.

Criticó que existen reducciones en diversos rubros: más del 10% para el sistema de Desarrollo para la Familia; 5% para la Secretaría de las Mujeres; 20% para la Secretaría de Movilidad; 15% para Medio Ambiente: casi 10% al sistema de aguas y 40% al C5.

En su oportunidad, Valentina Batres Guadarrama, de la bancada de Morena, defendió el paquete económico y aseguró que el paquete económico es congruente con las acciones que hasta ahora realiza el gobierno capitalino, ya que prioriza programas sociales y de servicios.

La morenista rechazó que se pretendan aumentar impuestos e indicó que vigilarán que se implementen acciones para un sistema tributario más justo que vaya más allá de la actualización de tarifas.

El diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del PRI, sostuvo que se requieren medidas ante la “recesión técnica» por la que atraviesa el país. Recordó que en el primer semestre, la CDMX solo ejerció 37.2% para proyectos de infraestructura, por lo que, aseguró, este tema no ha sido atendido en la ciudad.

El priísta reconoció la intención de aumentar la inversión en movilidad, ya que el transporte público de la capital requiere de mayor calidad, pero señaló que la seguridad se requiere de mayor voluntad e inversión para garantizar una ciudad segura.

Por su parte, Víctor Hugo Lobo, del PRD, reconoció esfuerzos de finanzas sanas, pero aseguró que en el paquete “no observamos una distribución equitativa y señaló el tema de subejercicio como de urgente atención por la dependencia de finanzas y administración.

El perredista advirtió que no aceptarán un presupuesto en el que se redujo el presupuesto para el sistema de agua, para protección civil y para algunas alcaldías, a excepción de las gobernadas por Morena, pues algunas, dijo, tuvieron 50% de subejercicio.

El diputado de Morena, Pablo Gómez, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que la Cámara de Diputados no disminuyó el gasto de los organismos autónomos para 2020 como se le ha venido acusando, sino al contrario, se los aumentó respecto al de 2019.

En conferencia de prensa subrayó que de parte de los diputados no hay ninguna intención de perjudicar a los organismos autónomos, pues «no les recortamos el presupuesto. Eso fue lo que más nos dolió: que se dijera que fueron puros recortes”, agregó el legislador en referencia a las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien afirmó que hubo un recorte de mil 71 millones de pesos a su presupuesto de 2020.

El legislador destacó que los recursos del INE para el próximo año serán mayores en casi mil 300 millones de pesos respecto de 2019: “¿Entonces, dónde está el recorte?”, cuestionó; indicó que también se incrementaron los presupuestos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Consideró que la declaración del consejero presidente del INE se debe a que no quiere reducir su salario, que es superior al que percibe el presidente López Obrador, que es “el máximo representante del Estado mexicano”.

En ese sentido, anunció que la próxima semana la Cámara de Diputados discutirá y votará una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para que el Senado tenga tiempo de ratificarla en el actual periodo ordinario de sesiones. Dicha iniciativa es promovida por él mismo, misma que fue publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria.

Gómez Álvarez explicó que la nueva ley se expedirá en repuesta al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de modificar la actual legislación, para incluir parámetros para determinar el sueldo del presidente de la República.

Señaló que al expedir un nuevo ordenamiento, la SCJN tendrá que sobreseer los amparos, acciones de inconstitucionalidad y las controversias pendientes, “y empezar de nuevo el juego, porque las personas que quieren ganar por encima de la Carta Magna seguirán luchando, y espero que poco a poco irán desistiéndose de sus pretensiones”.

Hay un dicho que se le atribuye a Winston Churchill que los grandes empresarios de México tienen muy presente desde que López Obrador se vio con grandes posibilidades de ganar la presidencia de México: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar; pero pocos lo miran como el caballo que tira la carreta.”

Lo tienen presente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva años viendo a los empresarios como el lobo al que hay que abatir. Y ahora, con el Acuerdo de Infraestructura presentado en Palacio Nacional ayer, en el marco de la mañanera, parece que el presidente los quiere ver como una vaca a la que hay que ordeñar. Quiere que inviertan a pesar de que las señales que han recibido de parte de su gobierno no son alentadoras.

El peor enemigo de la inversión es la incertidumbre y el gobierno de la 4T le inyecta sus buenas dosis cada vez que denosta a los empresarios y cada vez que cambia las reglas del juego con la mano en la cintura. Lo hizo al cancelar el NAIM de Texcoco; lo quiso hacer modificando los contratos de gasoductos y lo llevó a cabo ahora, con la modificación que hizo la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, a las reglas para obtener Certificados de Energía Limpia, los famosos CELs.

Y aquí, en Rocío Nahle me detengo para mostrar, que si bien en Palacio Nacional se quiso mostrar que AMLO reconoce la importancia de la inversión privada y que los empresarios le van a meter su dinero a varios proyectos en México, las tensiones están tan a la vista que el documento que se presentó durante la conferencia en donde se enumeraron los 147 proyectos de infraestructura que equivalen a 859 mil 22 millones de pesos, venía con errores en donde los montos señalados no cuadraban con el total a invertir.

¿Por qué? Porque días antes de la presentación volvieron a aflorar los desencuentros entre, por un lado, los rudos y los técnicos del gabinete, y por el otro, entre los rudos del gabinete y los empresarios.

Del lado de los rudos, está Rocío Nahle; entre los técnicos están el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Herrera no tiene buena relación con Nahle por la necedad de construir la refinería de Dos Bocas. Basta recordar que Herrera fue quien declaró al Financial Times que en el 2020 no habría recursos para Dos Bocas, algo que al día siguiente le enmendó la plana el presidente López Obrador.

Alfonso Romo, por su parte, ha tenido que lidiar con el enojo de los empresarios por la modificación a las reglas de CELs que hizo Nahle, en beneficio de la CFE y en perjuicio de quienes invirtieron en el sector a partir de 2014 confiando en los incentivos que entonces les daban estos certificados.

Son varios los empresarios que le transmitieron a Romo que Nahle “ni picha; ni cacha; ni deja batear.” Con ella dentro del Acuerdo de Inversión en Infraestructura, los empresarios no estaban contentos. No le tienen confianza.

Así, al cuarto para las doce, el desencuentro con Nahle llevó a la decisión de sacarla del Acuerdo presentado ayer. Por eso, se modificaron las tablas con los montos a invertir en los distintos proyectos, dejando los sectores de energía en CEROS, pero omitieron hacer la corrección correspondiente en los totales.

 

Columna completa en El Universal

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (PEF), por un monto de por 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos (mdp).

La cifra corresponde al total de los recursos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación 2020.

El dictamen se aprobó en lo general con 321 votos a favor, 78 en contra y cero abstenciones, en el centro Expo Santa Fe, que fue habilitado como sede alterna de la Cámara de Diputados, y a la cual, la bancada del PAN no asistió.

Al fundamentar el documento en tribuna, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que el objetivo era construir un Estado de bienestar fuerte, tanto en el aspecto fiscal como financiero.

“Un Estado fuerte que vea por la gente más vulnerable y por la clase media; que atienda las demandas y las aspiraciones del empresariado; que genere riqueza; que sea mucho más regulador”, externó.

Más tarde, cerca de las 06:00 am de este viernes, con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención, se avaló en lo particular y en términos del dictamen, los artículos reservados 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35; los transitorios Séptimo, Décimo Tercero y Vigésimo Tercero; y, los anexos, 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 35, 36 y 37.

Además, los artículos 11 y 33 con las modificaciones aceptadas por la asamblea al dictamen.

El Pleno aceptó la modificación al artículo 11 del dictamen del PEF 2020, presentada por la diputada de MC, Pilar Lozano Mac Donald, con el propósito de abatir el subejercicio en el Fondo Metropolitano que duplica lo asignado en el gasto para el año próximo.

También destinar los recursos a programas de ordenamiento y obras de infraestructura que promuevan el transporte público, la movilidad motorizada eléctrica y activa como caminar, andar en bicicleta o cualquier otra forma impulsada por tracción humana.

También se aprobó la reserva presentada por el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT), la cual tiene como propósito modificar el último párrafo del artículo 33, a fin de establecer que el gobierno federal instituya como política pública para impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas, la regulación en la contratación previa de las cosechas.

Con esta medida se prevé generar un instrumento central que garantice un ingreso a los productores, por medio del impulso de la contratación de la cobertura de riesgo climático y de mercado de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emitan.

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

 

En caso de que las circunstancias obligaran a que Nicolás Maduro saliera de su país, (tal como ocurrió con Evo Morales en Bolivia), el Gobierno de AMLO ya cuenta con una partida presupuestal para cubrir sus gastos de estancia, seguridad y transporte, entre otros.

De acuerdo a fuentes en Presidencia de la República, México podría convertirse en refugio de mandatarios “estilo 4T” si las condiciones así lo exigen. “La instrucción consiste en mantenerse atentos para activar un esquema similar al de Evo Morales”, me dijeron.

Si bien es cierto, de acuerdo a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Politico, México no está obligado a pagar la manutención de Morales, la orden presidencial fue que se hiciera, y lo mismo ocurriría en caso de que Nicolás Maduro (o Daniel Ortega) lo necesitaran.

De hecho, aunque de antemano en Presidencia contemplan no asilar a otro jefe de izquierda mientras Evo Morales siga aquí, (pues hacerlo podría, ahora sí, generar una crisis con Estados Unidos), en caso de presentarse la lejana coyuntura, AMLO optaría por refugiarlos al mismo tiempo, sin importar lo que pasara.

“Nosotros no nos fijamos en si ocurre a corto o largo plazo, o si eventualmente no fuera necesario, de todas forma tenemos contemplada la partida presupuestal para cubrir los gastos de Maduro u Ortega, por ejemplo, como personalidades históricas que son”, me comentaron.

Tomando en cuenta lo que me dicen, tanto Evo Morales como Nicolás Maduro, o cualquier otro jefe de izquierda, no es considerado refugiado o asilado político, sino “amigo de la nación”, por ello su manutención corre a cargo del Gobierno Federal.

Sobre el primer informe

Cuitláhuac García dedicó buena parte de su mensaje a sostener que en su administración no hay corrupción, lo cual supongo, incluye a todos sus colaboradores, ¿está muy seguro, Gobernador?

 

alejandroaguirre77@gmail.com

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx

Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), afirmó que el presupuesto que solicitan para el próximo año es apretado, pero «suficiente”, por lo que pidió a los diputados mantener los 16 mil 573 millones de pesos propuestos.

Detalló que los recursos se distribuirán en dos grandes componentes: el programa regular con un monto de 7 mil 711 millones de pesos y, para la ronda censal, 8 mil 862.

El funcionario comentó que las medidas de austeridad ya vienen integradas al presupuesto siguiendo el principio de legalidad y vigencia de la norma. “Tuvimos las reducciones salariales a los mandos superiores, conforme lo mandata la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.

Informó que el primer bimestre del año, a partir del 2020, se va a comenzar a dar cifras preliminares del primer semestre del año anterior, en materia de homicidios registrados, debido a la demanda social que hay por tener información oportuna. Haremos un esfuerzo en esa materia, aseveró.

Por su parte el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, presentó ante Diputados el proyecto de gasto para el 2020, que asciende a 12 mil 493 millones de pesos, distribuido en 18 rubros, el primero y más grande será para la expedición de la credencial para votar con fotografía y la actualización del padrón electoral.

Durante la mesa de diálogo sobre el presupuesto 2020, destacó la preparación de la elección federal de 2021, a partir de septiembre del próximo año, proceso que será el más grande de la historia. “Esto impide cancelar proyectos, posponer el mantenimiento de nuestros sistemas o mantener plazas congeladas, indispensables para desplegar adecuadamente la organización del proceso”.

Aclaró que el monto que solicita representa solamente 20 centavos de cada 100 pesos que hay en el PEF 2020. Dijo que se tienen márgenes de ajuste al presupuesto, pero lo que se pide es fundamental porque cualquier reducción tendrá un impacto en la operación del instituto.

Se comprometió a mantener la política de contención, racionalidad y eficiencia de gasto desplegada este 2019. Por ello, la propuesta presupuestal es acorde a las circunstancias del país para mantener el óptimo funcionamiento de las 32 juntas locales y 300 distritales, y de los más de 900 módulos en el país.

Al plantear los proyectos para 2020, resaltó realizar una fiscalización más eficiente, validar oportunamente los informes de los partidos y eliminar gran parte de las sanciones por entrega extemporánea de documentación, modernizar el voto de mexicanos en el extranjero para la elección local de 2021, vía electrónica, y organizar la elección de 2021 en los 32 estados.

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió este miércoles que el organismo enfrenta la peor crisis de efectivo en casi una década y corre el riesgo de agotar las reservas de liquidez a finales de octubre, lo que le impediría cubrir su nómina.

Al presentar la propuesta para el presupuesto de 2020, Guterres señaló que a principios de este año sugirió medidas para resolver la crisis financiera que enfrenta la ONU.

Sin embargo, aseveró «sin efectivo, el presupuesto no puede implementarse adecuadamente».

Advirtió que este mes la ONU alcanzará el déficit más profundo de la década y se estará en el riesgo de agotar las reservas de efectivo cerradas para el mantenimiento de la paz e ingresar a noviembre sin suficiente efectivo para cubrir las nóminas.

De acuerdo con el dirigente de Naciones Unidas, los Estados miembros han pagado solo el 70% del monto total necesario para las operaciones de presupuesto ordinario en 2019.  Esto se traduce en una escasez de efectivo de 230 millones de dólares a fines de septiembre.

«La semana pasada, me vi obligado a introducir medidas extraordinarias para hacer frente a la escasez de efectivo a un nivel récord», indicó Guterres, de acuerdo con el portal de Naciones Unidas.

Entre otras medidas, Guterres anunció que la Secretaría General ya no podrá apoyar eventos no obligatorios después de las 18:00 horas locales. Estas acciones afectarán las operaciones de la ONU en Nueva York, Ginebra, Viena y Nairobi y en las comisiones regionales.

Advirtió que la situación hubiera sido peor si no hubiera trabajado desde enero para reducir los gastos, alinear la tasa de vacantes real con la tasa aprobada y administrar el efectivo mes a mes.

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