Tag

prisión

Browsing

Naason Joaquin García, líder de la Iglesia “La Luz del Mundo”, fue condenado la noche de ayer a 16 años y ocho meses de cárcel por abusos sexuales sobre tres mujeres entonces menores de edad en California, Estados Unidos.

El autollamado Apóstol de Jesucristo se declaró culpable de los tres casos la semana pasada, antes de que iniciara formalmente el juicio. Estaba preso desde junio de 2019, cuando fue arrestado en en aeropuerto de Los Ángeles, y aunque se le impuso una fianza para poder seguir su proceso en libertad, no se cubrió debido al monto en que fue fijada: 90 millones de dólares, la más alta en la historia de California,

El líder evangélico era señalado de haber forzado a diversos fieles de la Iglesia, entonces menores e edad, a realizar actos sexuales al decirles que “si iban en contra de la voluntad o los deseos del ‘Apóstol’ se oponían a Dios”.

Y aunque Naason Joaquin García negó durante mucho tiempo las acusaciones, determinó “declararse culpable” en un acuerdo con la justicia estadounidense por violación sobre dos menores y un acto de agresión sexual contra una niña de 15 años.

Antes de anunciar la sentencia, el juez Ronald Coen pidió disculpas a las víctimas, muchas de las cuáles querían entregar su testimonio en el juicio inicialmente previsto esta semana en Los Ángeles, y reclamaban la pena máxima para el violador.

“Tengo las manos atadas”, explicó el juez a las mujeres. Pero “el mundo las escuchó”, agregó Coen, quien calificó al condenado como un “depredador sexual”.

“Merece quedarse en la cárcel para siempre, pero eso seguiría sin ser suficiente”, dijo una de las víctimas en una declaración leída a la audiencia. “Me quitó la fe (…) Me usó y utilizó mi fe en Dios y mi inocencia”, agregó otra de las afectadas.

Pese a los testimonios y al hecho de que su jefe reconoció los hechos, “La Luz del Mundo” renovó públicamente su respaldo a quien considera como “Apóstol de Jesucristo”.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter tras el anuncio de la pena, la organización acusa a la justicia de haber “fabricado” pruebas contra García y de no haberle permitido tener un juicio justo. No tuvo, según la Iglesia, “otra opción que aceptar un acuerdo” y declararse culpable, como el “mejor medio para proteger a la Iglesia y a su familia”.

“Nuestra confianza en el sigue intacta en todo conocimiento de su integridad, de su conducta y su trabajo”, afirma la dirigencia de La Luz del Mundo.

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue trasladada a la prisión de mínima seguridad FMC Carswell, en el norte de Texas, en la que cumplirá el resto de su condena, informó este martes el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

Coronel, detenida en el estado de Virginia y sentenciada en noviembre pasado, fue enviada a este centro de Texas, donde permanecerá hasta el 13 de septiembre de 2023, cuando cumpla una condena de tres años por su implicación con las operaciones de narcotráfico de su marido y luego de que se le restara diez meses que pasó detenida sin derecho a fianza.

Recordemos que a inicios de mes, el gobierno de Estados Unidos redujo la condena de Coronel Aispuro de 36 a 31 meses de prisión. Sin embargo, podría dejar la cárcel antes, en caso de demostrar buena conducta o participando en programas y actividades de rehabilitación.

FMC Carswell, con una población de más de 1,237 detenidas, es un centro médico federal ubicado en Fort Worth que pertenece a la red de prisiones federales de Estados Unidos, y en el que actualmente las visitas están prohibidas a causa de la pandemia de COVID-19.

Coronel fue detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto Dulles de Virginia, y en junio de ese año se declaró culpable de cooperar con el negocio de narcotráfico de Guzmán para la importación de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a este país y para el blanqueo de dinero. También de otro delito relacionado con las operaciones financieras en las propiedades comerciales y residenciales de “El Chapo”, todo ello a lo largo de su matrimonio con el exjefe del Cartel de Sinaloa, con quien se casó en 2007, cuando ella cumplió 18 años.

El acuerdo de culpabilidad le permitió beneficiarse de una reducción de sentencia, que según la Fiscalía federal fue una condena menor porque su participación fue “mínima”. Durante el juicio a su marido, salió a relucir que ayudó en la fuga de Guzmán a través de un túnel de una prisión en México en 2015 y en otras actividades ilícitas.

Con 75 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Senado aprobó la noche de ayer el decreto por el que se sanciona a las personas que, con el fin de obtener un lucro, tomen las casetas e interrumpan el tránsito así como la operación de los servicios de peaje.

La reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que estas acciones serán castigadas de tres meses a siete años de prisión, así como con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Esta sanción también aplicará para quienes interrumpan la construcción de dichas vías o que total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación.

El objetivo del proyecto, que fue remitido al Ejecutivo Federal, es castigar la práctica reiterada de los actos de bloqueo que “ponen en riesgo la vida y los bienes” de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país y que, de forma recurrente, se han visto afectadas al ser tomadas por diversos grupos.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, su presidenta, la senadora Lucía Meza Guzmán dijo que es necesario frenar estas prácticas ilegales que le causan grandes daños al erario. Las vías de comunicación, agregó, son de gran importancia para el flujo comercial, traslado de mercancías y la movilidad de la población.

“Estos bloqueos ponen en riesgo latente la vida, la integridad física y los bienes de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país”, asentó. La legisladora aclaró que si bien los ciudadanos están en su derecho de manifestarse de forma pacífica, es necesario implementar acciones para evitar que se presenten conductas ilícitas.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, sostuvo que esta reforma no busca criminalizar la protesta social, sino evitar que se lucre con dichos bloqueos, los cuales le cuestan al gobierno alrededor de cuatro mil 121 millones de pesos. “No es un boteo, es una actividad criminal que han encontrado algunos personajes”, aseveró.

Jacob Chansley, el hombre que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos disfrazado de bisonte, fue condenado este miércoles a 41 meses de prisión, tres años y cinco meses de cárcel, en un tribunal federal del país.

“Lo que usted hizo fue terrible”, afirmó este miércoles el juez Royce Lamberth, de una corte federal del Distrito de Columbia, durante la vista para leer la sentencia.

Pese a opinar que el arrepentimiento expresado por Chansley es genuino, Lamberth subrayó que el delito cometido es tan “grave” que no justifica una sentencia menor.

En la audiencia, Chansley le dijo al juez que se equivocó al entrar al Capitolio. “No tengo excusas”, indicó este hombre, quien agregó que su comportamiento de ese día es “indefendible”.

Recordemos que en septiembre Chansley se declaró culpable por el cargo de haber obstruido un procedimiento oficial durante una sesión del Congreso el pasado 6 de enero, cuando tuvo lugar el asalto al Capitolio. Mediante dicha declaración de culpabilidad, que formó parte de un acuerdo con la Fiscalía, Chansley aceptó una pena recomendada de entre 41 y 51 meses de prisión, aunque se le descontará el tiempo que lleva en la cárcel desde el 9 de enero pasado.

Chansley, un adepto a las teorías conspirativas del movimiento QAnon, se convirtió en el asaltante más mediático del Capitolio ya que lo hizo disfrazado de bisonte y llegó a sentarse en la silla del presidente del Senado.

Fue detenido tres días después y desde entonces ha permanecido tras las rejas, aunque el interés mediático siguió activo por él después de exigir que le ofrecieran comida orgánica en la cárcel y negarse a comer durante nueve días hasta lograrlo.

Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal mostró un vídeo del acusado gritando dentro de la sede del Congreso e insultando a los legisladores. El Departamento de Justicia sostiene que Chansley fue una de las primeras 30 personas que entraron al Capitolio y que luego fueron seguidas por cientos.

Hasta ahora, más de 600 personas han sido imputadas en tribunales federales por el asalto al Capitolio. La sentencia contra Chansley sigue a la dictada la semana pasada por el mismo juez contra un hombre que golpeó a un policía durante el asalto al Capitolio y quien también fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión. Estas dos son las penas más altas ordenadas hasta el momento contra imputados por ese suceso

El presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO)  negó esta mañana estar detrás del encarcelamiento del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a quien un juez dictó ayer prisión preventiva justificada en relación al caso Odebrecht a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Imagínense yo recomendando algo al fiscal. Nunca lo haría y nunca lo he hecho”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que ayer, el juez de control, Artemio Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada contra el director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, después de que la Fiscalía diera por roto el acuerdo que lo había mantenido en libertad condicional hasta ahora.

López Obrador manifestó que hay que tener confianza a la Fiscalía y defendió que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, es “un hombre recto, íntegro”, al que tiene confianza. “No va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo”, apuntó el presidente sobre el fiscal.

Asimismo, el mandatario lamentó que en el caso Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México, y opinó que ahora se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos en esta trama.

Añadió que en este caso, no solo se ha notado el trabajo de la Fiscalía, sino el Poder Judicial.

“Veo bien lo que está haciendo la fiscalía y en este caso también es el poder judicial (…) son los que determinaron que se quedara ahí (en prisión) el señor Lozoya”, dijo el mandatario.

Recordemos que Lozoya Austin fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año. Había llevado su proceso en libertad condicional, con medidas cautelares como parte del acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario federal, Luis Videgaray.

Según una declaración de agosto de 2020, filtrada a la prensa por fuentes judiciales, Lozoya aseguró haber seguido instrucciones de Peña Nieto y de Videgaray, para gestionar sobornos que terminaron financiando la campaña a la presidencia.

Sin embargo, la fiscalía alegó ayer miércoles que Lozoya no había cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad y ratificó los cargos en su contra por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Un juez rechazó la tarde de ayer liberar a Rosario Robles, exsecretaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años por el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que, durante la audiencia celebrada ayer en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez Ganther Alejandro Villar consideró que “prevalece un elevado riesgo de fuga” por parte de la exfuncionaria.

Además, dijo que el resguardo domiciliario como una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, “le facilitaría los medios para abandonar el territorio”.

También precisó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que permanezca en prisión y aclaró, que, al margen de ello, cada que tenga alguna cuestión de salud, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar las medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.

Por eso no avaló el amparo obtenido por Robles el 7 de octubre por parte de un tribunal federal colegiado que consideró que la prisión preventiva impuesta en agosto de 2019 era excesiva y desproporcionada.

“Mi madre está acusada por un delito no grave, nunca debió haber pisado Santa Marta Acatitla porque no merece ningún tipo de medida cautelar”, dijo Mariana Moguel Robles, hija de Robles.

Recordemos que la extitular de la Sedatu y Sedesol, es la única figura del gabinete de Peña Nieto que ha pisado la cárcel, y mucho se ha comparado su caso con el trato dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien afronta en libertad sus dos causas de corrupción gracias a su colaboración con la Fiscalía.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, justificó el año pasado estas diferencias porque Robles no estaba siendo “solidaria” con la Justicia, a diferencia de Lozoya, quien implicó dentro de la trama de Odebrecht a altos cargos de la pasada Administración, incluido al expresidente Peña Nieto.

Rosario Robles se planteó en marzo pasado declararse culpable a cambio de reducir la pena de 21 años que exige la Fiscalía, pero no logró cerrar un acuerdo al respecto.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista “venganza” contra Rosario Robles. ESeñaló que correspondió al Poder Judicial la decisión de mantener en la cárcel a Robles.

“Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende, y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral”, manifestó.

Debido a los señalamientos que se han hecho AMLO reiteró que de parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, y que no se denuncia a nadie por consigna política y esos son asuntos que trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial.

Aun así, el presidente recomendó revisar la actuación de los jueces en el caso de Robles, y que su defensa pida incluso la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, opinó.

Será esta tarde cuando se realice la audiencia en la que un juez federal resolverá si mantiene o no en prisión preventiva a la exsecretaria federal, Rosario Robles, quien cumplió dos años de permanecer recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Y es que la semana pasada, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito resolvieron amparar de forma definitiva a Robles en contra de la prisión preventiva que le fue ratificada el año pasado.

Los tres magistrados del Noveno Tribunal indicaron que violando la Constitución e ignorando las pruebas aportadas por la defensa de la exfuncionaria, el juez de control que lleva el caso, Ganther Villalobos, decidió mantener en prisión a Rosario Robles, pese a que se reconoció que varias de las pruebas de la Fiscalía General de la República estaban desvirtuadas.

En la resolución se ordenó la realización de una nueva audiencia en la que se determinará la medida cautelar que se le impondrá a la exfuncionaria: confirmar la prisión preventiva o si podrá salir de prisión y seguir el proceso en libertad.

Recordemos que fue desde 2019 cuando Rosario Robles se presentó de forma voluntaria a una audiencia en la que fue acusada de haber incurrido en omisiones que facilitaron el desvío de más de 5 mil millones de pesos de las secretarias de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como parte de la llamada Estafa Maestra.

A pesar de que la defensa de Robles promovió un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, el cual se les concedió en marzo pasado, la FGR y la Auditoría Superior de la Federación promovieron una apelación, lo que llevó el caso al Noveno Tribunal.

La audiencia, que se realizará en el reclusorio Sur, a donde será trasladada Rosario Robles, se llevará a cabo a puerta cerrada debido a las medidas sanitarias a raíz de la pandemia.

Habrá que tomar en cuenta que a pesar de que el juez decida imponer otra medida cautelar a Robles, permitiendo que siga su proceso en libertad, la FGR cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra, por los delitos de por delincuencia organizada y lavado de dinero, la cual puede ser ejecutada en cualquier momento pues corresponde a un proceso distinto.

Un juez ordenó este lunes procesar por el delito de tortura a Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la ahora extinta Policía Federal, y cercano a Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), logró que se decretara auto de formal prisión en contra de Luis ‘C’, por su probable participación en la comisión del delito de tortura”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un boletín.

El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido el pasado 5 de julio, y es acusado de presuntamente estar implicado en el delito de tortura en agravio de cuatro presuntos integrantes de la banda de Los Zodiacos en 2012, relacionado con el caso de la francesa Florence Cassez.

De acuerdo con la Fiscalía, el ministerio público federal aportó los medios de prueba para que el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente determinara dicho auto de formal prisión.

Con este dictamen, Cárdenas Palomino se mantendrá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, a donde fue llevado desde el momento de su detención, debido a que el delito por el que se le señala está tipificado como grave.

Recordemos que en julio del año pasado, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, exfuncionarios en materia de seguridad, fueron acusados en una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Días después, el gobierno de la 4T congeló las cuentas de ambos, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Un juzgado de Texas condenó al ex gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, a tres años de cárcel, después de que se declarara culpable del delito de lavado de dinero, según ha informado la fiscal interina del estado estadounidense, Jennifer B.Lowery.

En un comunicado, Lowery recordó que Torres, de 67 años, quien fuera gobernador interino de Coahuila al sustituir a Humberto Moreira, e declaró culpable en junio de 2020.

Admitió que durante el tiempo que estuvo al frente del gobierno de Coahuila llevó a cabo transacciones financieras en Estados Unidos que tenían el objetivo de ocultar sobornos que recibió a cambio de contratos para construir carreteras en el estado.

En una audiencia posterior, el tribunal estadounidense escuchó los testimonios de otras dos personas que describieron su relación con Torres López y detallaron algunas de sus transacciones financieras y pagos ilegales.

El político mexicano fue arrestado el 5 de febrero de 2019 en nuestro país, y permaneció bajo la custodia de las autoridades hasta su extradición a Estados Unidos el pasado 29 de octubre de 2019.

Los fiscales señalaron que, dentro de su aceptación de culpabilidad, el exgobernador accedió a perder una propiedad en Estados Unidos que fue vinculada con los pagos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que se prevé que Torres López, que no es ciudadano estadounidense, se enfrente a procedimientos de deportación después de cumplir su sentencia, es decir, que sea extraditado a México una vez cumpla su condena en una cárcel estadounidense.

Derek Chauvin, el exagente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Mineápolis, Minesota, Estados Unidos, fue declarado culpable esta tarde, de los tres cargos que enfrentaba.

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que implica hasta 10 años de prisión.

Como no tiene antecedentes penales, el expolicía solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

La sentencia que deberá cumplir el exagente ya condenado por causar la muerte por asfixia de Floyd en mayo de 2020 se conocerá en unas semanas, entre seis y ocho, según adelantó el juez.

Los miembros del jurado invirtieron poco más de diez horas de deliberaciones para alcanzar el veredicto que leyó, pasadas las 16:00 hora Mineápolis, el juez del caso, Peter Cahill.

Al anunciarse la culpabilidad de Chauvin, los habitantes de Mineápolis reaccionaron con júbilo: sonidos de cláxon, gritos de “justicia” y aplausos.

Chauvin fue esposado y detenido en el tribunal, después de ser declarado culpable. Su rostro estaba cubierto con una mascarilla como medida de prevención contra el COVID-19, por lo que no se pudo observar su reacción, fuera de sus ojos que recorrían el juzgado. De inmediato se le revocó la fianza y fue retirado de la sala con las manos esposadas detrás de la espalda.

El jurado estuvo integrado por seis personas de raza blanca y seis de raza negra o mestizos. Las identidades de los jurados se mantuvieron en secreto y no se darán a conocer hasta que el juez decida que es seguro hacerlo.

Otros tres expolicías de Minneapolis que fueron acusados de complicidad en el homicidio de Floyd irán a juicio en agosto.

Un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos relacionados con el caso Odebrecht.

Tras la imposición de la medida, fuentes judiciales confirmaron que el senador fue ingresado esta madrugada al Reclusorio Norte, luego de que el juez del caso estimara riesgo de fuga por parte del acusado.

La audiencia donde ocurrió la vinculación a proceso inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes.

Lavalle se convirtió así en el primer político en pisar la cárcel, de una decena de personajes que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía acusa al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho; la audiencia se retomará el próximo lunes.

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió a la defensa y a la Fiscalía un periodo de tres meses para realizar su investigación complementaria, es decir, hasta el 13 de julio próximo, por lo que en dicho tiempo Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte.

“Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía”, declaró José Joaquín Zapata, abogado el exlegislador.

Recordemos que Lozoya, acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, denunció en agosto del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto, y a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber orquestado la trama de sobornos.

Señaló que en 2013 varios legisladores del PAN, entre los que figura Lavalle, recibieron dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, propuso una reforma para sancionar, de manera severa, conductas ilegales que se realizan en el contexto de la pandemia de COVID-19, como el ofrecimiento de vacunas no autorizadas, venta de falsos negativos para poder viajar o falsificación de medicamentos, entre otros.

El coordinador parlamentario planteó que en la Ley General de Salud se establezca una pena de hasta más de 22 años de prisión, a quien adultere o falsifique medicamentos destinados a la prevención o tratamiento de enfermedades trasmisibles con motivo de un brote o epidemia, y que no cumplan con los requisitos establecidos.

Precisa que esta sanción se impondrá a las personas que ofrezcan la aplicación de vacunas que no han sido debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente y que, por ende, no cuentan con el registro correspondiente para ser comercializadas y, mucho menos, suministradas a la población.

Sugirió incluir en el Código Penal Federal castigar, hasta con cinco años de prisión, a las personas que, a sabiendas de ser portadora de enfermedad declarada epidemia por la autoridad sanitaria, haga uso de certificados médicos falsos y pongan en riesgo a otros en transportes y otro medio de servicio público federal o local.

Monreal Ávila propuso que las penas aumenten, hasta en una mitad, para aquellos que se aprovechen de las condiciones ocasionadas por una emergencia sanitaria para cometer el delito de fraude.

De la misma manera, planteó que en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se agregue la obligación de los proveedores de informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades y calidad de los productos de alto consumo en una pandemia.

El líder de la bancada de Morena sugiere otorgar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de verificar que los proveedores implementen los protocolos de seguridad sanitaria ordenados por la autoridad de salud.

Y es que el morenista ha indicado que durante la pandemia este tipo de conductas han aumentado y afectan directamente la economía, salud e, incluso, la vida de la población mexicana. Subrayó que estos fraudes han dejado serias afectaciones, especialmente en grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

“En otras palabras, el contexto derivado de la pandemia actual se ha convertido en un nicho de oportunidades para lucrar con insumos de alta necesidad y demanda, mediante transacciones con sobreprecio o fraudulentas”.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este martes mantener detenida sin posibilidad de fianza a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien es acusada de narcotráfico.

Coronel, arrestada ayer en el estado de Virginia, en las afueras de Washington, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de 10 millones de dólares, si es declarada culpable del cargo criminal en su contra.

La jueza Robin Meriweather, del tribunal federal del Distrito de Columbia, explicó durante la primera audiencia sobre el caso, que Coronel siguió de forma remota desde una celda en el centro de detención donde se encuentra, que hay una denuncia penal en contra de Coronel por “conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas”.

Se le señala de conspirar para la “importación ilegal a Estados Unidos” de esas drogas, además de que las autoridades estadounidenses la acusan de “ayudar e incentivar” las actividades del cártel de Sinaloa, que lideraba “El Chapo”.

El fiscal estadounidense que lleva el caso, Anthony Nardozzi, pidió durante la audiencia que se mantuviera detenida a Coronel a la espera de su juicio y sin posibilidad de fianza, al considerar que existe un “riesgo grave de fuga”. “La acusada tiene acceso a socios criminales que son miembros del cártel de Sinaloa, así como medios financieros que implican que presenta un riesgo grave de fuga. Además, no tiene ningún vínculo directo con la zona de Washington DC”, donde se encuentra detenida, alegó Nardozzi.

Los abogados de Coronel accedieron a la petición de la Fiscalía, aunque se reservaron el derecho a presentar un paquete de fianza en el futuro; permanecerá en prisión hasta la próxima audiencia, la cual la jueza indicó que se programaría para dentro de dos semanas, aunque los abogados de Coronel respondieron que podrían necesitar más tiempo para prepararse, y sugirieron negociar con la Fiscalía para acordar una fecha aún por determinar.

La esposa del narcotraficante mexicana apenas habló durante la audiencia, más allá de responder con monosílabos a las preguntas de la jueza sobre su capacidad para seguir el proceso y conocer sus derechos, y únicamente confirmó al final: “Todo lo entendí muy bien, gracias”.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió este martes que la detención de Emma Coronel podría estar relacionada con el juicio contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.

“Agreguen que está detenido el que era secretario de Seguridad durante el Gobierno de (Felipe) Calderón a causa de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es la detención”, expresó López Obrador cuestionado en su conferencia de prensa matutina.

El presidente mexicano planteó que las autoridades estadounidenses “quieren tener más información” de cómo funcionaban los presuntos sobornos que recibía Genaro García Luna, arrestado en diciembre de 2019 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa cuando fue responsable de la seguridad de México entre 2006 y 2012.

“Puede ser por eso (la detención de Coronel). Ojalá informen más los del Gobierno de Estados Unidos porque es un asunto que corresponde a ellos”, dijo López Obrador. El mandatario aprovechó para asegurar que “un distintivo de los gobiernos neoliberales” fue “la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia”.

La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora Lydia Cacho, informó este miércoles que luego de 15 años de lucha, la noche de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, notificó el auto de formal prisión dictado en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalado como autor intelectual en el delito de tortura en contra de la periodista.

La decisión del juzgado significa, según Artículo 19, que existen elementos probatorios de la probable responsabilidad del exgobernador en la comisión del crimen. La orden de auto de formal prisión es por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista

Recordemos que Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, Guerrero.

La organización adelantó que continuarán con el robustecimiento de las pruebas que han sido recabadas y presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener la máxima pena en contra del exgobernador, que es de 12 años de prisión por el delito de tortura, conforme a la ley vigente en el momento de los hechos.

Destacaron que el auto de formal prisión contra Marín, es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel “en ser detenido y procesado por violaciones” derechos humanos y “en menoscabo de la libertad de expresión”.

Señalaron que la justicia no será plena hasta que sea condenado el exgobernador y junto con él, todos los responsables, además de que se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Cacho y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición.

“Esperamos un proceso feroz, pero estamos preparadas. Hicieron funcionar una maquinaria muy grande y nosotros también tuvimos que hacerlo, porque nos fueron bloqueados todos los recursos aquí en México”, declaró esta mañana Araceli Andrade, defensora y representante de Lydia Cacho en una conferencia de prensa.

Un juez federal dictó Prisión preventiva al empresario Alonso Ancira, quien llegó la tarde del miércoles a nuestro país extraditado desde España para enfrentar acusaciones por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

En la decisión, el juez de control de la prisión Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, consideró que existía riesgo de que Ancira pudiera darse a la fuga.

Así, el empresario permanecerá en “prisión preventiva justificada” hasta que se defina su situación jurídica, el próximo martes cuando se resuelva si Ancira es vinculado o no a proceso.

Horas antes, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la prisión preventiva contra Ancira a través del Ministerio Público quien pidió dicha medida ante el juez de control.

Tras su traslado al Reclusorio Norte, la audiencia dio inicio pero se ordenó un receso debido a que Ancira presentó problemas de salud, mismas que fueron diagnosticados por un médico. El jueves, cerca de las 14:00 horas se retomó la audiencia, misma que concluyó esta madrugada.

Su abogado, José Luis Castañeda, advirtió a la llegada de Ancira a México que el delito por el que acusan a su cliente “no es un delito grave que merezca prisión preventiva oficiosa”; ante dicha afirmación, la FGR ha solicitado al juez de control que decretara prisión preventiva para el conocido como Rey del Acero bajo el argumento de que el magnate no tiene domicilio conocido en el país y que posee la capacidad económica para escaparse.

De hecho, el exdirectivo de Altos Hornos de México (AHMSA) se fugó en 2019 al saber que estaba siendo investigado y fue capturado en mayo de ese año en el aeropuerto de Palma de Mallorca por las autoridades españolas, ya que había una orden de extradición.

Ancira se enfrenta en México a acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a Pemex, según ha informado la Fiscalía. La investigación contra Ancira se originó por una denuncia que Petróleos Mexicanos presentó en marzo de 2019.

Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta con un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013. Según los investigadores, la venta se realizó con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por AHMSA cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya, quien también se encuentra enfrentando un juicio.

Sobre el caso de Ancira, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo esta mañana que el empresario tiene la oportunidad de acogerse a un criterio de oportunidad.

“Sí, si devuelve todo lo que costó esta planta que realmente su valor fue muy superior a lo que los avalúos habrían establecido (…) Entonces ya con avalúos y un proceso legal sólido al cual sí le daría la oportunidad de acogerse al señor Ancira devolviendo estos recursos”, dijo la ministra en retiro.

Sánchez Cordero que si se acogiera a dicha figura, el empresario reconocería que hubo un enriquecimiento ilícito.

La funcionaria recordó que criterio de oportunidad es una figura jurídica que está establecido en la Constitución como una competencia del Ministerio Público, y está regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El exgobernador del Puebla, Mario Marín, detenido ayer en Acapulco, Guerrero, por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, solicitó este jueves al juez continuar su proceso en arraigo domiciliario, pero la petición le fue negada.

De acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y que ejerce de defensa de Cacho, el político “solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Cereso y su edad avanzada”.

Marín, de 66 años, ingresó al penal de Cancún, Quintana Roo, en las primeras horas de este jueves, señalado como presunto responsable del delito de tortura en contra de Cacho.

Además, la organización señaló que el exgobernador “se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica”.

Según lo expuesto por el equipo legal de la asociación, Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito de tortura que se le imputa.

El director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo que el proceso contra Marín apenas empieza y es un primer paso muy importante, pero todavía no es definitivo.

“Vienen 72 horas que se pueden duplicar a 144 para determinar si se dicta formal prisión o se le libera (…) se debe poner atención a lo que determine el juez federal en Cancún, sobre si hay elementos para procesar a Marín en prisión preventiva”, apuntó Maldonado.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió “un proceso justo” para el exgobernador.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de captura en su contra por presuntamente torturar a la periodista y activista Lydia Cacho en 2005.

Ese año, tras destapar una red de pornografía infantil en su libro “Los demonios del Edén”, Cacho fue secuestrada y llevada en coche desde Cancún a Puebla en un viaje de 20 horas en el que fue torturada y amenazada. En 2006,el audio de una llamada entre el empresario José Kamel Nacif, implicado en la trama, y Marín desveló que el entonces gobernador había ordenado dar un “coscorrón” a Cacho.