Tag

proceso

Browsing

Rosario Robles, quien es acusada de desvío de recursos públicos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y quien se encuentra presa en Santa Martha Acatitla, sí rentó un departamento en Reforma 222 y otro en Polanco, confirmó su abogado Julio Hernández Barros.

En entrevista radiofónica con Grupo Fórmula indicó que la exfuncionaria ha vivido por más de 24 años en su casa ubicada en la alcaldía Coyoacán, y que sólo utilizaba los esos inmuebles cuando las jornadas de trabajo eran muy largas.

Dicha aclaración llega luego de que el pasado 13 de agosto, el juez Felipe de Jesús Delgadillo ordenó prisión preventiva para Robles al considerar “riesgo de fuga” pues  no había certeza sobre su residencia ya que se conocieron dos domicilios distintos.

Hernández Barros dijo que su cliente rentó un departamento en Reforma 222, el cual dejó luego del sismo de 2017 y buscó otro también cercano a su zona de trabajo, por lo que contactó a una inmobiliaria que le consiguió un lugar en Tennyson, Polanco, el cual desconocía que era propiedad del también extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Sostuvo que pese a que Robles Berlanga rentó esos dos inmuebles en momentos diferentes por estar cerca de sus oficinas en Sedatu y Sedesol, ella nunca dejó su domicilio de Coyoacán, “a donde iba los fines de semana o entre semana cuando el tiempo se lo permitía”.

Luego de los señalamientos que se han hecho respecto al parentesco del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Rosario Robles,  con la diputada Dolores Padierna de Morena, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fijó postura.

«Informamos que hasta el momento no se ha presentado una queja o recurso formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) derivado de un asunto resuelto por el Juez».

Señalaron que de ser presentado, será resuelto en estricto apego a derecho, como ocurre con todas las resoluciones del CJF.

Detallaron que en la resolución del caso Robles, el Juez invocó como fundamento para dictar la prisión preventiva el
artículo 168, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), pues estimó actualizada la medida cautelar con motivo de haberse presentado dos domicilios distintos entre el declarado  por la imputada y el que obra en poder de las autoridades.

Lo anterior, señaló, constituye la presunción de riesgo de fuga con base en el CNPP.

Respecto al turno por el que se asigna un asunto, se aclara que los Centros de Justicia Penal Federal se rigen por un doble filtro en el caso de la Ciudad de México: el primero confiere competencia temporal (quincenal) a cada Centro de manera rotativa; y el segundo, ya dentro de cada órgano la asignación de asuntos a juezas y a jueces es aleatoria, automatizada y exclusiva a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

El CJF subrayó que el diseño del sistema de justicia adversarial prevé que un Juez que fungió en su calidad de Control en una etapa del procedimiento no podrá conocer del propio asunto en la etapa de juicio, debiendo conocer otro Juez del mismo Centro de Justicia Penal, o del Centro más cercano en caso de no ser posible.

El diputado Antonio Ortega Martínez  del PRD aseguró que el proceso legal en contra de Rosario Robles representa una eventual fractura en el pacto de impunidad entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su antescesor, Enrique Peña Nieto.

“No me canso de confirmar que se quiere fortalecer el pacto de impunidad que establecieron el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el expresidente, Enrique Peña Nieto para ayudarse mutuamente: uno, para ser beneficiado políticamente para llegar a la presidencia y el otro, para garantizar impunidad después de su gestión”, indicó el legislador.

Ortega Martínez lamentó que no haya un solo funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto que haya alzado la voz para manifestar con su dicho su inconformidad.

Sostuvo que la “Estafa Maestra” ha sido ampliamente documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Sí, hay un desfalco de cerca de siete mil millones de pesos al erario público, (de) quiénes, esa es la responsabilidad del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial de la Federación (PJF), de escudriñar mediante el juicio, encontrar a los responsables y culpables, y castigarlos, sin duda, con toda la firmeza y fuerza de la ley”, apuntó.

Comentó que la queja que el abogado de Robles Berlanga estableció es que “se aplicó la norma en exceso», bajo el dicho de que como no es un delito grave el ejercicio indebido de la acción pública, ella debe llevar su juicio en libertad.

Respecto de la propuesta del diputado Mario Delgado para que se aplique la figura de Extinción de Dominio sobre los bienes de Rosario Robles, Ortega Martínez recordó que su bancada votó en contra de esa ley por ser violatoria de los derechos humanos y a la presunción de inocencia.

Adelantó que su grupo parlamentario presentará en septiembre, una reforma a dicha Ley en materia de presunción de inocencia y de embargo de bienes de personas no declaradas culpables, a fin de que no sean enajenados.

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se pronunció por que las autoridades de procuración de justicia respeten el debido proceso y los derechos de la extitular de Sedatu y Sedesol en el sexenio pasado, Rosario Robles, en el proceso judicial que se le sigue.

“En un auténtico Estado de derecho, las autoridades están obligadas a conducirse con pleno respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas. Este caso no debe ser la excepción”, apuntó en un comunicado.

La bancada subrayó que en tanto no concluya el procedimiento judicial en curso, Robles Berlanga tiene derecho, como cualquier otra persona, a que se presuma su inocencia y a no ser expuesta públicamente.

“La prisión preventiva justificada a la que fue sujeta debe ser entendida como una medida cautelar, no como un castigo anticipado que prejuzga su culpabilidad”, señaló.

La fracción parlamentaria priísta manifestó que, de conformidad con el principio de la división de Poderes, corresponderá exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, con base en las pruebas aportadas por ambas partes, determinar su inocencia o culpabilidad.

Y es que recordemos que el martes pasado, un juez de control vinculó a proceso a Robles Berlanga y ordenó su prisión preventiva justificada durante dos meses, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el desvío de recursos de la llamada «Estafa Maestra».

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la vinculación a proceso de Rosario Robles y la medida de prisión preventiva que se le impuso.

AMLO señaló que es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio Público; dijo que de acuerdo al procedimiento, se tiene que llevar a cabo un juicio, ya que hay un término legal para ver si procede algún amparo.

Sobre que los argumentos de la defensa, que vincularían en el caso al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario José Antonio Meade, AMLO dijo que su posible involucramiento será también parte de la investigación y el juez es quien decidirá.

«Estamos ante dos instancias autónomas, independientes, primero la fiscalía, el ministerio público, que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo, esto es nuevo. Antes, repito, el procurador dependía del presidente, del titular del Ejecutivo, ahora se trata de una institución autónoma, independiente», expuso el mandatario.

Indicó que en los ocho meses que lleva al frente del gobierno ha visto una o dos veces al fiscal, además de que dijo, nunca he hablado por teléfono con él, ni tampoco utiliza «palomas mensajeras» como se hacía antes; reiteró que el fiscal es autónomo completamente.

Ante la insistencia de la prensa, AMLO dijo que el proceso contra Rosario Robles no es un asunto que le competa, pues dijo, «tampoco soy Poncio Pilatos». Enfatizó que de acuerdo a los términos legales, el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, o cual es el desahogo de la investigación.

Finalizó indicando que el logro que tendría el proceso contra Rosario Robles sería que no haya impunidad y que exista un auténtico Estado de derecho.

Rosario Robles Berlanga, exsecretaria federal, llegó esta mañana al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde cumplirá la prisión preventiva que se dictó de dos meses para concluir la investigación complementaria.

La exfuncionaria federal durante la administración federal pasada, fue trasladada a Santa Martha Acatitla e ingresó al área de aduanas en donde será recibida por los médicos para verificar su estado de salud.

Luego de más de 12 horas de audiencia en el Reclusorio Sur, Robles Berlanga fue vinculada a proceso por un juez federal, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Luego que Rosario Robles fuera trasladada al penal, su hija Mariana Moguel aseguró que su madre es una mujer «maravillosa y extraordinaria».

Moguel, ex dirigente del PRI capitalino estuvo presente en la audiencia de más de 12 horas en la que Robles Berlanga fue vinculada a proceso por omisión en el presunto daño al erario por cinco mil 073 millones de pesos.

Foto: Twitter @Notimex

Durante su segunda comparecencia, un juez vinculó a proceso a Rosario Robles, exsecretaria federal en el sexenio pasado, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol.

El juez ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria.

En la audiencia, que duró cerca de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el sexenio pasado.

Y es que recordemos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), en la llamada Estafa Maestra.

El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria, aunque señaló que en caso de necesitar más tiempo, se podrá solicitar.

El agente del Ministerio Público federal solicitaba seis meses de prisión preventiva justificada argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia, por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones.

Las acusaciones que recaen en la exfuncionaria podrían significarle una pena de hasta 23 años de prisión.

Rosario Robles pidió al juez seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. Recordó que se ha presentado de manera voluntaria y que, aunque estaba fuera del país, regresó para enfrentar el proceso que se le sigue. Recordó que vive desde hace 24 años en la misma casa, “soy una mujer que he vivido de mi trabajo», y rechazó que en su caso haya riesgo de fuga.

Tras afirmar que siempre ha luchado por el debido proceso, por la presunción de inocencia, expresó: “Entiendo el apetito del Ministerio Público, porque varios que han querido procesar están sustraídos de la justicia”.

Sin embargo, el juez federal determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.

El agente de Investigación Criminal identificado como, Juan Carlos «N» imputado por la muerte del migrante hondureño, Marco Tulio, asesinado hace nueve días durante un operativo del estado fue vinculado este viernes a proceso.

En la audiencia, el abogado del agente desistió de una decena de testimonios programados para aportar pruebas en favor de su representado, entre ellos los de cinco agentes.

El abogado aseguró que su cliente disparó en legítima defensa al señalar que el migrante además del arma presuntamente encontrada en su mano calibre .25 milímetros, poseía otra calibre .9 milímetros y diversas drogas en una mochila que portaba.

La fiscalía contradijo los dichos de los abogados con el resultado de la prueba de radiosonato que salió negativa en ambas manos de la víctima y consideró fuera de lugar los señalamientos de una segunda arma y drogas.

Tras diez horas y media de audiencia, concluyó la comparecencia de Rosario Robles ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. En dicha audiencia, la Fiscalía General de la República imputó a la exsecretaria federal el delito de ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo a lo argumentado por la Fiscalía, Robles Berlanga supo del desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en contra del patrimonio de la Nación a través de la llamada «Estafa Maestra».

Y aunque se le imputó el delito, no se le vinculó a proceso, pues la defensa de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto solicitó la ampliación del término de 144 horas para presentar pruebas y evitar que se le vincule a proceso.

Así, la situación jurídica de Rosario Robles se definirá hasta el próximo lunes, fecha que dictó el juez para que la acusada se presente a una nueva audiencia en punto de las 18:00 horas.

El fiscal Mario Fonseca Barrera expuso que “la hoy justiciable (Robles) fue omisa en su calidad de garante como secretaria de Estado y poder detener estos actos de corrupción por parte de funcionarios que se encontraban bajo sus órdenes cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu”.

Al término de la audiencia, Rosario Robles sostuvo que volverá a presentarse el próximo lunes, «de forma voluntaria»; explicó que aunque estaba fuera del país, cuando se enteró de la situación, regresó inmediatamente y «vine voluntariamente. Estaré aquí el próximo lunes a la hora indicada”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que la Subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de España confirmó que el Consejo de Ministros de su país determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira, dueño de Alto Hornos de México (AHMSA) reúne los requisitos para continuar el procedimiento en vía judicial.

En ese sentido, la FGR dio a conocer que la solicitud formal de extradición y sus anexos ya fueron enviados al Juzgado Central de Instrucción 1, para continuar con el procedimiento.

Añadió que el Consejo de Ministros dictó auto de formal prisión y fijó como fecha el 30 de julio próximo para que se realice la audiencia prevista en el artículo 12 de la Ley de Extradición Pasiva, en la que se solicitará a Ancira que manifieste si accede o no a la extradición.

Se estima que será en el mes de septiembre que se eleve el expediente a la Sala de lo Penal de España.

Recordemos que el empresario mexicano se encuentra en España en libertad condicional después de pagar una fianza de un millón de euros, tras ser detenido el pasado 28 de mayo en Mallorca.

La Fiscalía lo acusa de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal por la compra-venta de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya. También se le vincula con el caso Odebrecht.

Tras su detención la tarde de ayer en un restaurante de la Ciudad de México, este miércoles un juez federal vinculó a proceso a Juan Collado, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el expediente del caso, el delito se deriva de la simulación en la venta de un terreno en Querétaro, a través de una empresa fantasma.

En la audiencia, que inició ayer por la noche y que se prolongó por más de 11 horas, el juez de control impuso seis meses de prisión preventiva para que la defensa presente sus argumentos y que la Fiscalía arme la carpeta. La medida se cumplirá en el Reclusorio Norte.

«De los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República se puede establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que el imputado pudo participar en su comisión», señaló el juez.

La audiencia se prolongó, debido a que en diversas ocasiones, Collado presentó diversos problemas de salud, tales como espasmos, dolores y debilidad, que según su equipo legal se deben a las enfermedades que padece, diabetes e hipertensión.

Collado ha prestado sus servicios legales a figuras como el ex presidente Enrique Peña Nieto y al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, con quien se encontraba comiendo la tarde de ayer, previo a su detención.

La orden de aprensión que se cumplimentó ayer contra Collado, también se giró para: José Antonio Rico Rico; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega.

El juez de control Joel de Jesús Garduño vinculó a proceso al sacerdote Franciso Javier ‘N’, por su probable responsabilidad en el homicidio de Leonardo Avendaño, joven estudiante de cuyo cuerpo fue encontrado el 12 de junio  sin vida al interior de su camioneta.

De acuerdo al proceso que se le sigue, el delito que estaría enfrentando es el de homicidio calificado.

Luego de cumplirse la duplicidad del término constitucional de 144 horas, el juez determinó un tiempo de tres meses para que la Procuraduria capitalina pueda llevar a cabo la investigación complementaria.

Tras la decisión del juez, el inculpado permanecerá en el reclusorio Oriente, donde fue ingresado tras su detención.

Recordemos que el jueves pasado, en la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público acusó al cura de causarle la muerte al joven de 29 años ejerciéndole compresión en el cuello, para luego cubrir su cuerpo con una cobija y una bolsa.

Por su parte, Jorge Cuadra, abogado del cura, informó ha presentado dos testimonios en defensa de su cliente, así como una prueba pericial en criminalistica en donde se dejan de manifiesto diversas anomalías durante las indagatorias.

El presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, Rubén Escajeda Jiménez, aseguró que el proceso de renovación de la dirigencia será histórico, ejemplar y dará la oportunidad para relanzar, fortalecer y vigorizar al instituto político.

El responsable de dicho órgano, que es la instancia encargada de organizar, conducir y validar el proceso de elección interno, sostuvo que el tricolor es el único partido político que realizará una contienda abierta a la militancia mediante un proceso democrático.

Al respecto dijo que el compromiso que la Comisión es “garantizar que sea un proceso transparente, un proceso impregnado de legalidad y que la certidumbre sea el principal ingrediente. Un proceso con piso parejo, primero, en donde todos y todas tengan la misma posibilidad y las mismas ventajas, la convocatoria está diseñada para ello”.

Escajeda Jiménez reiteró a quienes aspiran a encabezar el CEN del PRI que la Comisión Nacional de Procesos Internos es un árbitro totalmente imparcial, para que la elección llegue a buen puerto, y para que quienes participen sientan la confianza y la certidumbre.

Sobre la posibilidad de firmar un pacto de civilidad entre los aspirantes a la dirigencia, Rubén Escajeda dijo que si fuera necesario no descartan dicha firma, aunque se definirá en razón de cómo vaya transcurriendo el proceso.

Hizo un llamado a todos los aspirantes a “apostarle” y ser generosos con el partido, y así ayudar a que sea la gran institución que ha sido en la historia política de México.