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El Partido Laborista de Reino Unido ha cerrado este lunes el plazo para presentar candidaturas a las primarias con cinco candidatos, entre los cuales destaca el diputado Keir Starmer, responsable de las cuestiones relativas al Brexit dentro de la principal formación opositora de Reino Unido.

Para optar al puesto que ocupa actualmente Jeremy Corbyn, que tras la reciente debacle electoral anunció que no repetiría como candidato, los aspirantes debían reunir en una primera fase los avales de al menos 22 diputados o eurodiputados, el diez por ciento de los legisladores electos, antes de las 14:30 horas de este lunes.

Cinco candidatos han superado el requisito, entre ellos Starmer, que encabeza la terna gracias a la obtención de más de 80 apoyos, incluido el del antiguo líder laborista Ed Miliband. Le siguen las diputadas Rebecca Long Bailey, Lisa Nandy, Jess Philips y Emily Thornberry, esta última después de presentar los avales apenas diez minutos antes de que expirase el plazo y gracias en gran medida al desvío de apoyos tras la retirada ‘in extremis’ de Clive Lewis.

Los candidatos, no obstante, también están obligados a lograr antes del 14 de febrero el respaldo del 5 por ciento de las circunscripciones o de tres organizaciones afines, de las cuales al menos dos deben ser sindicatos. Unison, el principal grupo sindical, ya ha dado su apoyo a Starmer.

La fase de votación comenzará el 21 de febrero y a ella están llamados tanto los miembros del Partido Laborista como los simpatizantes que estén registrados. Cada participante deberá establecer un orden entre los distintos candidatos, de tal forma que, si ninguno de ellos obtiene una mayoría, se redistribuyan los votos
hasta que alguno supere el umbral del 50%.

Los resultados se conocerán el 4 de abril, momento en el que se sabrá quién sucede a Corbyn y, por tanto, se convierte en el principal contrapeso político al actual primer ministro, Boris Johnson.

La persona elegida tendrá como reto recuperar la confianza del electorado y calmar las divisiones internas tras el fracaso electoral del 12 de diciembre, cuando el Partido Conservador obtuvo una sólida mayoría absoluta.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de las 106 manifestaciones de intención de organizaciones que buscaban registrarse como nuevos Partidos Políticos Nacionales (PPN), 31 desistieron entre febrero y diciembre y 58 son las que buscan los requisitos para obtener su registro en 2020.

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, las organizaciones deberán celebrar al menos 20 asambleas estatales con 3 mil afiliaciones cada una, o 200 asambleas distritales con 300 afiliaciones cada una. Adicionalmente, todas deberán realizar una Asamblea Nacional Constitutiva y aprobar los documentos básicos que regirán al nuevo partido político: declaración de principios, programa de acción y Estatutos.

En cuanto al mínimo de afiliaciones, cada organización debe reunir 233 mil 945, equivalentes al 0.26% del Padrón Electoral. Para ello, además de recabar afiliaciones durante las asambleas, las organizaciones pueden hacerlo mediante la aplicación móvil que el Instituto diseñó para este fin, así como por las cédulas en papel en los municipios contemplados en el régimen de excepción (conformado por los 283 municipios clasificados como de “alta marginación” por el Consejo Nacional de Población).

Para llevar a cabo las asambleas, el personal de las Juntas Distritales y Locales del INE verifica que el lugar propuesto cumple con las condiciones logísticas indispensables (infraestructura y medidas de protección civil). Además, en la fecha prevista estos funcionarios instalan las mesas para el registro de los asistentes, certifican que se cumple con el quórum para el inicio de la asamblea y que las personas afiliadas aprueban los documentos básicos. En total, el personal del INE ha acudido a certificar 2 mil 471 asambleas en todo el país.

En conferencia de prensa y acompañado del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados Villagómez, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina afirmó que “el INE no da ni regala los registros, son las ciudadanas y los ciudadanos los que lo hacen al expresar su voluntad de pertenecer a ellos».

Se indicó que con corte al 17 de diciembre, de las 58 organizaciones con proceso vigente, únicamente 33 han enviado al menos una afiliación vía APP (57% del total) y de éstas, 16 (28% del total) han celebrado preliminarmente alguna asamblea.

Las organizaciones cuentan con un año para cumplir con las asambleas y afiliaciones, así como para celebrar su Asamblea Nacional Constitutiva y solicitar su registro como Partido Político Nacional ante el Instituto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que México no investigará a quienes colaboraron con el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna, detenido la semana pasada en Estados Unidos.

«No vamos aquí a iniciar procesos», dijo AMLO durante su conferencia de prensa matutina. «Lo que vamos a hacer es cooperar, toda la información que nos soliciten (los estadounidenses) se va a entregar, pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete», aclaró el mandatario.

López Obrador explicó que no quiere que una investigación sea entendida como una forma de represalia contra funcionarios de gobiernos anteriores y por eso pidió calma a todos los que trabajaron con el exsecretario.

«Que se serenen, que se tranquilicen, el que nada debe nada teme, y que cooperen», declaró. «Todos nos equivocamos, somos seres humanos y se trata de asuntos judiciales en Estados Unidos, hasta reducen penas si se cuentan las cosas».

No obstante, indicó que ninguno de esos funcionarios tendrá cabida en su gobierno.

Recordemos que García Luna fue detenido el 10 de diciembre en Dallas, Texas, acusado por una corte federal de Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. El exfuncionario mexicano tiene prevista su próxima audiencia para mañana.

Los fiscales estadounidenses consideran que García Luna, excolaborador de Felipe Calderón y Vicente Fox recibió pagos de decenas de millones de dólares de miembros del Cártel de Sinaloa a cambio de permitirles mandar toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

García Luna llevaba viviendo en Estados Unidos desde 2012 y, según los fiscales de ese país, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares que era incongruente con el salario de un servidor público en México.

Canadá continúa haciendo progresos rumbo a la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), aseguró la primera ministra interina Chrystia Freeland tras una reunión en Washington con representantes de los países involucrados.

«Tuvimos una buena reunión, se hizo un buen trabajo», dijo Freeland tras la reunión de alrededor de una hora celebrada la tarde de ayer con Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, y Robert Lighthizer, representante comercial de lod Estados Unidos.

La funcionaria canadiense sostuvo que el contacto con funcionarios mexicanos y estadunidenses continuarán los próximos días.

Y aunnque sostiene que siguen avanzando, hasta ahora sólo México ha aprobado el acuerdo en lo legal, mientras que Canadá sigue esperando que sea el Congreso estadounidense el que de el primer paso hacia la ratificación.

El proceso estadounidense, sin embargo, se aprecia complicado por el proceso de destitución que encara el presidente Donald Trump, además de las elecciones presidenciales de 2020, que podrían renovar su mandato o dar paso a un abanderado del Partido Demócrata.

Los demócratas han establecido durante meses una intensa negociación con Lighthizer para fortalecer algunos aspectos del tratado, incluida la mejora de los estándares laborales en México para evitar que las empresas manufactureras se localicen en territorios donde puedan pagar menos a sus empleados.

Freeland reiteró su respeto al proceso de ratificación en cada país.

Luego de que el pasado 29 de octubre de 2019, Karime Macías, esposa de Javier Duarte, quedara en detención tras se presentarse voluntariamente a la Corte inglesa en donde fue informada de la solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra, este martes quedó en libertad.

Su equipo legal indicó que la justicia inglesa le impuso en la audiencia del pasado 29 de octubre como condición para poder enfrentar en libertad el procedimiento de extradición no ausentarse del país, el pago de una fianza de 150 mil mil libras, equivalente a más de tres millones pesos.

«El día de ayer, 4 de noviembre, la familia y amigos estuvieron finalmente en condiciones de reunir las cantidades y cubrir la fianza. Hoy 5 de noviembre, se celebró una audiencia en la que se acreditó el pago de la fianza y por tanto fue puesta en libertad», detalló su defensa.

Indicaron que ahora, la exprimera dama estatal de Veracruz seguirá en libertad el procedimiento de extradición, mismo que dijeron «se estima no resistirá la defensa consistente en que la orden de aprehensión fue librada de manera absolutamente ilegal, en el marco de una brutal persecución de la que la hicieron víctima».

Los abogados indicaron que las autoridades obtuvieron declaraciones en contra de Macías con tortura.

Señalaron que  se está ante un asunto lleno de atropellos a los derechos más fundamentales en el marco de una persecución que dio incluso lugar a forzar la entrega de su esposo a cambio de no afectar a su familia.

Reconocieron que tanto la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, están están haciendo lo que por ley corresponde, además de que denunciaron, son ajenas a las conductas indebidas de autoridades veracruzanas.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo este lunes un amparo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual invalida la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.

Sin embargo, Duarte de Ochoa continuará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

El amparo obtenido por la defensa del exmandatario estatal también obliga al juez de control que dictó dichas medidas a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso por el delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del citado Tribunal Colegiado se deberán analizar nuevamente las pruebas y testimonios por el cual se determinó vincularlo a proceso y en su caso fundarlas y motivarlas.

La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en contra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia del juez de control.

El secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Emilio Álvarez Icaza, informó que se alista el proceso para elegir la terna de las personas más idóneas, que propondrán al pleno, para ocupar la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para el periodo 2019-2024.

El senador sin partido indicó que las comisiones dictaminadoras, que son Derechos Humanos y Justicia, ya concluyeron la primera etapa que fue examinar los perfiles de 56 candidatos de los 57 que se registraron y que cumplieron con los requisitos que se establecieron en la convocatoria que también señala que el próximo 31 de octubre debe terminar la segunda etapa que es la elección de la terna.

“Hoy se reanuda el proceso, faltan cuatro días, la convocatoria nos establece como límite el 31 de octubre y hoy tendremos una reunión el grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado con una de las organizaciones de la sociedad civil en un colectivo que se llama Designaciones», expuso.

El senador explicó que en este encuentro las organizaciones civiles darán sus impresiones en términos de revisión curricular, desempeño en la entrevista de los aspirantes y el proyecto de trabajo que presentaron para de ahí tener una discusión, primero con el grupo de trabajo y luego con las comisiones dictaminadoras.

Indicó que todavía se está por acordar si primero se realiza una lista de 12 aspirantes, buscar coincidencia y empezar a armar la terna, por lo que estimó que mañana se volverían a reunir. “Si esta terna se lograra a armar sería muy previsible que pasara a votación, si no se logra el consenso, entonces, se extenderá hasta el jueves», añadió.

Confió en que la elección se realice como marca la convocatoria, pues el periodo de actual ombudsperson termina el 15 de noviembre próximo, y si no se llega a un acuerdo, la propia convocatoria establece que lo no resuelto lo resolverán las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, y podrían resolver extender el plazo para definir la terna, lo que no sería deseable.

Añadió que si no se llegara a establecer un acuerdo para el próximo 15 de noviembre, la ley prevé que con la ausencia del titular, el primer visitador asume las funciones de titular de la CNDH, y agregó que tampoco con esto se genera un vacío legal.

Álvarez Icaza indicó que esta legislatura en general ha hecho los nombramientos a tiempo y no tendría por qué ser éste la excepción.

La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que Angélica Cuéllar Vázquez, Enrique Luis Graue Wiechers y Pedro Salazar Ugarte son los aspirantes que cumplen de mejor manera con los requisitos para elegir al rector para el periodo 2019-2023.

En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, indicó que los tres universitarios participarán en dicho proceso conforme la legislación universitaria y en los términos de la convocatoria emitida el 26 de septiembre pasado.

Detalló que con base en la convocatoria, la Junta de Gobierno invitará a los seleccionados a ser entrevistados por el pleno en sesiones que se realizarán a partir del 4 de noviembre próximo.

Con el anuncio, que dejó fuera al ingeniero Daniel Velázquez Velázquez, la Junta expresó su reconocimiento y agradecimiento por “la enriquecedora participación de la comunidad en este proceso».

Recordemos que el 26 de septiembre pasado inició formalmente el proceso para renovar la titularidad de la rectoría de la UNAM, tras la emisión pública de la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno integrada por 15 “distinguidos académicos» y que tiene entre sus facultades el nombramiento del rector.

La fecha límite de designación del próximo rector de la UNAM es el 7 de diciembre. El calendario marcaba el 24 de octubre como fecha para que la Junta de Gobierno difundiera los nombres de los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Este martes a las 16:00 horas se repondrá la audiencia, en la que se determinó enviar a la cárcel a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien es acusada de participar en la llamada «Estafa Maestra».

“El día de hoy estamos citados a las cuatro de la tarde en el Reclusorio Sur para la celebración de esta audiencia que efectivamente repone el procedimiento en cuando a las medidas cautelares», señaló el abogado de Robles, Julio Hernández Barros.

Henández Barros destacó que el Quinto Tribunal Unitario señaló una serie de anomalías e irregularidades en la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y ordenó reponer la audiencia de agosto pasado, cuando se dictó prisión preventiva a su clienta.

El abogado confió en que, en la audiencia de hoy, el juez se apegará a los señalamientos del Tribunal, entre los que se encuentra imponer una medida menos lesiva que la privación de la libertad para la imputada.

Algunas de las medidas menos lesivas podrían ser, señaló el defensor: ir cada mes o cada semana al juzgado, prohibición de salir del país, que no pueda abandonar la ciudad o un brazalete electrónico.

A través de una carta que publicó su hija Mariana Moguel, Rosario Robles se dirigió al Fiscal Alejandro Gertz Manero, y le dijo que «jamás ha mentido sobre su domicilio», tal como lo sugirió la Fiscalía en un comunicado emitido la tarde de ayer.

En el escrito, la exsecretaria refiere que durante todo el proceso, se ha conducido con estricto respeto a las leyes y a la autoridad.

Aclaró que quien se refirió a una licencia con otros domicilio fue el Ministerio Público y no ella. «Quien mintió fue el MP y eso creo debería preocuparle sobre todo si hablamos de transformación del país».

La situación legal de Rosario Robles volvió hoy al estado en que se encontraba en agosto pasado, luego que un juez ordenara reponer el procedimiento en su contra.

«Por las razones expuestas en esta resolución, se ordena reponer el procedimiento para los efectos y en las condiciones precisadas», señaló el magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal.

La decisión abre la puerta a que la exfuncionaria federal, presa en la cárcel de Santa Martha Acatitla desde hace dos meses, continúe su proceso en libertad.

El magistrado dio 48 horas para la realización de una nueva audiencia en la que se determine si Robles Berlanga debe permanecer en prisión o salir de ella.

La colaboradora del expresidente Enrique Peña Nieto está acusada de corrupción durante la administración anterior, en el que se desempeñó como titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), relacionada a la llamada ‘Estafa Maestra’.

Por su parte la defensa de Robles emitió un comunicado en el que informó que «ante la existencia de irregularidades, errores y violaciones al procedimiento en el que se dictó la prisión preventiva como medida cautelar en contra de Rosario Robles Berlanga, el titular de 5to Tribunal Unitario en Materia Penal, Ricardo Paredes Calderón, ordenó la reposición del mismo para revisar de manera minuciosa y apegada a derecho las decisiones tomadas por el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna».

Señalaron que hay altas probabilidades de que el fallo sea modificado a favor de Robles Berlanga para que enfrente su proceso en libertad.

El magistrado del Quinto Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México llevará a cabo hoy una audiencia para resolver si continúa su proceso en libertad la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada de participar en el desvío de recursos públicos.

Sus abogados apelaron la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien el pasado 13 de agosto fijó prisión preventiva oficiosa en contra de la exfuncionaria, por el riesgo de una eventual fuga.

El juez argumentó en su resolución que Robles «tiene los medios y los contactos» para darse a la fuga, razón por la que se le impuso la prisión preventiva.

Durante la diligencia de “aclaración de agravios, el magistrado podría confirmar, modificar o revocar el fallo del juez Delgadillo Padierna», informó el abogado de la excolaboradora de Enrique Peña Nieto, Julio Hernández.

Recordemos que Robles cumple dos meses de estar en el Reclusorio Preventivo de Santa Martha Acatitla. Luego de la audiencia de hoy, se tiene prevista otra audiencia hasta diciembre, por lo que lo que se resuelva hoy le podría significar otros dos meses de prisión o su libertad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló esta mañana que ya existe una empresa en proceso para comprar el avión presidencial, aunque no dio mayores detalles pues dijo, se están revisando trámites legales y protocolos.

El mandatario aclaró que se trata de un proceso legal de venta en el que se sigue una serie de protocolos, bajo la guía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por lo mismo, aclaró que no se puede dar a conocer todavía mayor información, en tanto no se concrete la compra de la unidad, la cual será vendida junto con 73 aeronaves más.

Recordó que la venta del avión presidencial es un proceso del que hasta los adversarios están al tanto porque quisieran que no se vendiera; en ese sentido aseguró que no es un asunto fácil ya que se requiere cumplir con una serie de procedimientos legales y con transparencia.

Recordó que tras ganar las elecciones como presidente de la República, fue que el presidente Felipe Calderón quien tomó la decisión de comprar el avión para manejarlo “como un regalo o como una ofrenda al presidente electo», Enrique Peña Nieto

En todo caso, advirtió que el presidente Enrique Peña Nieto debió cancelar la compra, pero no lo hizo “y se compró ese avión carísimo, lujosísimo», por lo que al resultar electo como presidente, él decidió venderlo porque era un insulto al pueblo de México.

Recordó que al tomar dicha decisión, se tuvo que llevar la aeronave a Estados Unidos e iniciar una serie de trámites y se le solicitó a la ONU acompañar el proceso de venta, además de que se hizo una licitación en la que intervinieron empresas.

Al final hay ya una empresa interesada en la adquisición y esto requirió de la elaboración de avalúos, a los que se suma un proceso de revisión del funcionamiento del avión, en tanto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interviene en el arreglo del avión en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento.

Advirtió que en el caso de que al final no se haga la operación de todas maneras va a seguir en venta, pero de momento la ONU aclaró que no se debe dar a conocer la información hasta en tanto no se llegue a un acuerdo.

En ese sentido, aprovechó para reprochar que en el sexenio pasado, además del avión presidencia, se compraron seis aviones, «jets modernos», cada uno que costó alrededor de mil millones de pesos, y “estamos hablando de aviones para el servicio de altos funcionarios públicos».

Además, dijo, se compraron seis nuevos helicópteros con un costo estimado en mil millones de pesos por aeronave, también para el servicio de funcionarios.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, descartó que el proceso de «impeachment» o investigación oficial de destitución contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repercuta en la aprobación del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica.

Señaló que en la confusión de ese proceso político, anunciado ayer por la demócrata Nancy Pelosi, los congresistas no querrán llevar una incertidumbre adicional al electorado relacionada con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La gran pregunta: el proceso del impeachment descarrilará la ratificación del T-MEC? Sostengo que no», publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Por su parte el ex subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, coincidió con el representante de la cancillería mexicana.

Dijo que entre México, Estados Unidos y Canadá hay un interés fuerte por continuar con la ratificación del pacto comercial, y comentó que el proceso del impeachment no debe transferirse a las relaciones comerciales-económicas.

“Es un tema meramente político que, desde mi punto de vista, no debiera transferirse a la importancia que tiene para las economías de la región, argumentó.

Y es que recordemos que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tercera autoridad del país, Nancy Pelosi, anunció la puesta en marcha de la investigación previa para el proceso de destitución contra Donald Trump.

Pelosi habría tomado la decisión de iniciar un juicio político contra Trump, tras las acusaciones de que el mandatario presionó a su similar de Ucrania, Volodímir Zelenski, para investigar al hijo del exvicepresidente Joe Biden, uno de los aspirantes más fuertes para obtener la candidatura presidencial demócrata para los comicios de 2020.

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