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El Gobierno federal ha recibido por parte de 83 aspirantes a un cargo de elección popular la solicitud de medidas de protección frente a la ola de inseguridad que enfrenta el país.

En una conferencia de prensa, tras una reunión del Consejo General del INE, la consejera presidenta Guadalupe Taddei precisó que de este total, 74 aspirantes, entre ellos 4 candidatos a alguna gubernatura, cuentan ya con protección de las autoridades.

Las 9 solicitudes restantes se mantienen en proceso de validación; aunque aclaró que todas las peticiones de protocolos de seguridad serán aprobadas.

La presidenta del INE detalló que las solicitudes tardan 48 horas para ser aprobadas, así como que las medidas de seguridad son distintas para cada aspirante que las solicita, según el nivel de riesgo que se detecte.

“Lo que a ti te pueda dar seguridad en una localidad, a otro no le puede dar seguridad en su propia localidad. Hay quien solamente con el contacto permanente de alguien que está monitoreándote en tus actividades de candidato le es suficiente”, indicó.

Recordemos que para tener protección, los candidatos deben solicitarlo al INE, que turna la petición a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional.

Si el nivel de riesgo es alto, el candidato o candidata recibe una escolta de 10 personas con cuatro vehículos; si es medio son ocho efectivos en tres vehículos, y si es bajo son dos agentes y un auto.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó previamente que los tres candidatos presidenciales: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, ya habían solicitado la protección federal.

Sin que haya un registro oficial, datos de la organización Data Cívica apuntan al asesinato de al menos 10 candidatos o aspirantes en el primer bimestre de 2024, mientras que, tan solo en febrero, hubo 36 homicidios de violencia política al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos.

En contraste, la consultora Data Int documentó el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”.

Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instaron este miércoles a México a fortalecer de manera urgente su mecanismo de protección a comunicadores, que consideraron “defectuoso” y que tiende a negar, debilitar o retirar la salvaguarda a quienes acuden a él.

Según el CPJ, nuestro país es el más peligroso del hemisferio occidental para la profesión, con 141 periodistas y trabajadores de medios asesinados desde principios de siglo, 61 de ellos en casos directamente relacionados con su labor profesional.

“La investigación pinta un panorama alarmante de una institución profundamente defectuosa que necesita una reforma importante para responder a las necesidades de los periodistas en uno de los países más violentos del mundo para la prensa”, señalaron el CPJ y Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.

Creado en 2012, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tenía 651 inscritos: 469 hombres y 182 mujeres hasta noviembre de 2023.

Sin embargo, los rechazos a solicitudes de registro han crecido de uno en 2020 a 49 en los 11 primeros meses del año anterior.

AI y el CPJ explicaron que en los últimos 18 meses revisaron “una amplia gama” de información pública sobre la institución, realizaron investigaciones de campo en Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, y distribuyeron cuestionarios a 28 periodistas inscritos en el sistema.

Casi todos los consultados dijeron que habían seguido sufriendo “incidentes de seguridad” tras registrarse en el mecanismo y muchos afirmaron que su respuesta fue “lenta, burocrática y carente de empatía” y que el personal de la institución minimizó los riesgos que enfrentaban.

El estudio pone dos ejemplos de comunicadores a los que mataron bajo su protección, Rubén Pat y Gustavo Sánchez, y de otro al que retiraron el registro, Alberto Amaro. “Llamas por teléfono al Mecanismo y a veces es como si te ignoraran. Creen que les estás mintiendo”, dijo Amaro, citado en el comunicado.

Además, el informe señala que México se ubica constantemente entre los 10 países con el mayor número de asesinatos de periodistas sin resolverse, según un índice sobre impunidad del CPJ y con más comunicadores desaparecidos en el mundo. Ninguno de estos últimos casos ha dado lugar a una condena o denuncia.

23 candidatos, incluyendo a los tres aspirantes a la presidencia, han pedido protección al Gobierno federal ante la violencia política que se vive en el país, informó este martes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, tres de quienes compiten a la presidencia de la república por las coaliciones Sigamos Haciendo Historia (Claudia Sheinbaum), Fuerza y Corazón (Xóchitl Gálvez), y Movimiento Ciudadano (Jorge Álvarez Máynez), que ya cuentan con protección”, confirmó la funcionaria.

Según los datos exhibidos por la secretaria en la conferencia matutina del presidente, 19 de las peticiones han sido presentadas por candidatos de la oposición y solo cuatro por los abanderados de partidos afines al Gobierno.

Además de los presidenciales, han pedido protección tres candidatos a gobiernos estatales, siete aspirantes al Senado y 10 que buscan ser diputados.

Rosa Icela Rodríguez sostuvo que el Gobierno tiene el compromiso de que el proceso electoral de este 2024 se lleve a cabo de manera pacífica.

“Esta es nuestra responsabilidad. Por ello, presentamos un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten cuenten con protección y seguridad y tengan la certeza de que podrán efectuar sus campañas con el acompañamiento del Gobierno y de que habrá personal que los proteja”, expresó.

Aunque las campañas oficiales comenzaron el viernes pasado, la consultora Data Int documentó este lunes el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”.

Ello representa un 20% más de asesinatos que en los comicios de 2021, según el conteo de la consultora.

Para tener protección, los candidatos deben solicitarlo al Instituto Nacional Electoral (INE), que turna la petición a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien confirma la disposición de efectivos, ya sean del Ejército o la Guardia Nacional, según detalló Rodríguez.

Si el nivel de riesgo es alto, el candidato recibe una escolta de 10 elementos con cuatro vehículos, si es medio son ocho efectivos en tres vehículos, y si es bajo son dos agentes y un auto, precisó la funcionaria.

“El Gobierno de México está pendiente de las solicitudes para que sean inmediatamente atendidas y todo el proceso se lleve a cabo de manera pacífica”, insistió. Sin embargo, dijo que de las 43 solicitudes se han atendido 8 que ya cuentan con protección y 14 solicitudes se encuentran en proceso, de las cuales 7 tendrán seguridad a partir de este martes.

Rodríguez argumentó que “los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local”, mientras que el Gobierno federal tiene a su cargo a los candidatos a la Presidencia, a las gubernaturas y al Congreso de la Unión.

La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el Instituto lleva a cabo un trabajo de coordinación con las autoridades federales, estatales y los Organismos Públicos Locales, para que el próximo 2 de junio se tenga una Jornada Electoral con seguridad y la población salga a votar con tranquilidad.

Taddei Zavala señaló que el INE, los partidos políticos y las autoridades coinciden en que se deben alcanzar unas elecciones organizadas y coordinadas en materia de seguridad, para poder llamar a la población a que salga a votar en tranquilidad y con seguridad.

En ese sentido, esta mañana, las y los consejeros electorales sostuvieron una reunión con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, para tratar distintos temas en la materia. En la reunión estuvieron las titulares de las secretarías de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y representantes de la Sedena, Semar y el Centro Nacional de Inteligencia.

En dicha reunión se presentó el Plan de Seguridad para Candidatas y Candidatos en el Marco del PEF 2023-2024, en el que se establece el acuerdo de que, por medio del INE, pueda comunicar este Esquema de Seguridad a los partidos políticos nacionales y equipos de candidatas y candidatos, en su caso.

Refiere que será el INE quien haga una solicitud formal a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la SSPC, sobre eventos que en el marco del proceso electoral 2023-2024 requieran de servicios de seguridad a nivel federal, tal como es el caso de los debates, por ejemplo.

También se estipuló que el INE informará a los partidos políticos sobre el protocolo y la disposición del servicio; las y los candidatos solicitarán el servicio al INE, quien informará a la mesa de seguridad sobre todas las solicitudes que se ingresen para que se cubra el servicio.

“Con este esquema se van a dar servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva ALTA, MEDIA y BAJA; de esta manera las autoridades de seguridad en México, establecerán los criterios de asignación de los servicios”, detalló Guadalupe Taddei.

Previamente, la Consejera Presidenta manifestó que el tema de la seguridad es constante, ha estado presente en los procesos electorales, por lo que reconoció que siempre habrá la preocupación “del cuidado de nuestro personal y del cuidado de toda la sociedad, por eso hacemos estas mesas. Siempre han existido, me ha tocado participar en ellas muchos años, muchos procesos electorales, esta no es la excepción”.

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU condenó este jueves el ataque en México contra personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que causó la muerte de seis personas y reclamó que se brinde protección a los servidores públicos que participan en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

Recordemos que las autoridades atacadas se dirigían a un lugar del municipio de Tlajomulco para buscar los cuerpos de personas presuntamente desaparecidas, según la información recogida por el Comité.

Las víctimas fueron emboscadas por agresores no identificados con artefactos explosivos, en un hecho ocurrido el pasado 11 de julio.

El propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que se trató de una emboscada, pues la llamada que se recibió alertando de los presuntos cuerpos, no fue más que un engaño para hacer que las autoridades se desplazaran por dicha zona.

Según cifras oficiales citadas por el Comité, más de 110,000 personas se encuentran desaparecidas en todo México y la mayor incidencia se registra en el estado de Jalisco.

“A la luz de este reciente ataque, el Comité recuerda que las búsquedas y las investigaciones (sobre desaparecidos) son obligaciones de carácter permanente”.

Desde hace varios años, Jalisco vive una crisis de violencia e inseguridad por la presencia de grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su gobierno proteja a grupos delincuenciales, entre ellos al conformado por los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como los “Chapitos”.

“No hay ningún grupo protegido porque antes, como ha quedado de manifiesto, se protegía a un grupo, a un cártel y se perseguía a otros, incluso hasta los del cártel protegido actuaban como policías para combatir a los adversarios. Eso no, aquí está bien pintada la raya”, afirmó el mandatario.

López Obrador se refirió a la carta que, presuntamente, enviaron los “Chapitos” a la periodista Azucena Uresti en Milenio, en la que niegan traficar fentanilo a Estados Unidos, tal como los ha acusado la Administración de Control de Drogas (DEA), y de encabezar el Cártel de Sinaloa.

El presidente reconoció que esta mañana supo de la carta y trató el asunto en el Gabinete de Seguridad de su Gobierno, pero aseguró haber profundizado en el contenido de la misma.

“Nosotros sobre eso no opinamos, nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal y no especulamos”, esgrimió.

Sin embargo, insistió en que en su gobierno “no hay ningún grupo protegido”, y recordó que en otras administraciones las autoridades protegían a un cártel y perseguían a otros.

“Lo hemos dicho desde siempre, hay una frontera: autoridad y delincuencia, y es parejo. Entonces, eso es lo que puedo comentar”, mencionó.

En la carta difundida por Milenio, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, pidieron investigar bien los hechos y argumentaron que la información sobre ellos es “falaz”, que solo los perjudica y sirve para lucrar en su nombre y en el de su padre.

Aunque Washington acusó en abril al Cártel de Sinaloa de liderar “la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo”, los hijos de Guzmán lo negaron. Afirmaron que “nunca hemos trabajado con fentanilo. Sin embargo, en Sinaloa sí abundan quienes lo trabajan”, contradiciendo lo que el propio gobierno mexicano ha dicho sobre que aquí no se produce.

Sujetos armados atacaron al periodista Rubén Darío Cruz y a los dos escoltas que tiene asignados dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas del Gobierno, cuando salían del periódico donde trabaja en Cancún, Quintana Roo.

En entrevista con la agencia Efe, Cruz explicó que al salir del diario, donde cubre la fuente policiaca, se acercó un joven a la puerta para alertarle sobre un vehículo sospechoso, por lo que los escoltas optaron por trasladar al reportero a su casa por vías alternas.

“Salimos a toda prisa y nos encontramos el coche negro que nos seguía y doblaba hacia donde nosotros íbamos, pensamos que lo habíamos perdido, pero nos volvió a salir al paso”, relató el comunicador. “Le dimos distancia al coche y doblamos por otra calle y de pronto lo teníamos de frente y ya estaban los tipos abajo del coche, uno se acercaba a nosotros con el arma en la mano”, agregó.

El automóvil donde viajaba el periodista recibió un impacto de bala en el parabrisas del lado del copiloto.

“Fue uno de los escoltas quien dispara al ver que ese tipo se acerca con la pistola en la mano, dispara y es el impacto de salida que tiene el carro, eso fue lo que en realidad sucedió”, relató el periodista.

Tras el ataque, los escoltas buscaron refugio en la cárcel de Cancún, que se ubica a unas calles y donde se encontraban varias patrullas.

Cruz está en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde hace más de dos años tras amenazas y un intento de secuestro en Veracruz.

Junto con su familia se trasladó a Cancún, pero al poco tiempo de llegar se registró una serie de disparos al aire frente a su casa.

“Estaba tan feliz de que ya iba a poder andar solo con mi esposa en la calle, yo me quería liberar ya de esto, esto no es vida, estar así sinceramente no es vida”, expuso el reportero.

“Es lamentable porque no sé si fue una acción fortuita, no sé si fue algo tramado, no te puedo decir, pero el destino nos hizo coincidir con estos canijos tres veces”, concluyó.

La Fiscalía General de Quintana Roo anunció en sus redes sociales que inició una carpeta de investigación por la agresión.

Los hechos ocurren mientras México se posicionó como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20% de los asesinatos de periodistas del mundo en 2022, con 13, según la organización Reporteros Sin Fronteras.

Sin embargo, otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contabilizan cerca de 20 asesinatos de comunicadores en el país.

Foto: Twitter @RSF_esp

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esta tarde la porción normativa del artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución de Nuevo León, que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Es decir, reiteró su criterio en el sentido de que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General.

Además, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional.

De acuerdo con precedentes, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y, en particular, el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos.

Por ello, sostuvo que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación, como bien constitucionalmente valioso, deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, por ejemplo, ocupándose en la continuidad de los embarazos deseados; garantizar atención prenatal; proveer partos saludables y abatiendo la mortalidad materna, entre otros aspectos.

Recordemos que desde septiembre de 2021 la Corte declaró inconstitucional que los estados protejan en sus leyes el derecho a la vida desde la concepción.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que es necesario que las autoridades generen una “política integral” más allá del mecanismo de protección existente para proteger a los periodistas.

“No basta con reforzarlo (el mecanismo) en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo más que no se ha hecho”, detalló el organismo, que publicó Diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas” y la necesidad de una política de Estado para la protección a las personas defensoras y periodistas”.

Para construir esta política integral, detalló la Comisión, hay algo que se puede y debe hacer pero que no se ha materializado hasta el momento: una legislación que responda a la realidad.

De acuerdo a datos analizados y presentados por la CNDH en el informe, aparece la cifra de 49 homicidios a periodistas entre diciembre de 2018 (cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión) y diciembre de 2021.

Además, se señala que en el sexenio anterior se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra, cifra que convirtió a México en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores del medioambiente.

“Y en lo que va de la actual administración, suman 94 defensores de derechos humanos asesinados, mismos que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad imperante y la falta de una cultura que dimensione la importancia que tiene su labor, entre otros factores”, añadió el informe.

Y es que recordemos que en México existe el Mecanismo de Protección de Defensores Humanos y Periodistas, que proporciona medidas como un botón de pánico, patrullaje o vigilancia a sus beneficiarios. Sin embargo, en varios casos, este mecanismo federal u otros de carácter estatal, no han servido para salvar la vida del periodista.

“Es bueno ofrecerles a las personas periodistas y defensoras amenazadas medidas de protección, guardias de protección, un botón de pánico, etc. Sin embargo, lo fundamental es revertir el contexto violento y amenazante que obliga a su protección y eliminar las causas de las ayudas extraordinarias, meramente coyunturales para reconstruir la paz, haciendo justicia y eliminando la impunidad”, consideró la CNDH.

Por todo lo anterior, resulta imprescindibles abordar la problemática de violencia hacia la prensa considerando asuntos como el papel que juegan el crimen organizado, los intereses locales creados o la regionalización de cada problema, para así buscar medios e instrumentos que permitan al Estado garantizar la seguridad de los comunicadores y aquellos que reciben ataques con el fin de coartar su libertad de expresión.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, pidió mayor protección para los periodistas de nuestro país, ante los recientes asesinatos de comunicadores, que se han registrado en las apenas siete semanas que van de 2022.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas continuas que enfrentan son preocupantes”, señaló Blinken en un mensaje a través de Twitter.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo sumarse a quienes piden más rendición de cuentas y protecciones para los periodistas en México. “Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron sus vidas por la verdad”, concluyó Blinken su breve mensaje.

Lo dicho por el secretario de Estado llega luego de que los senadores Marco Rubio y Tim Kaine le escribieran para expresar su preocupación por los asesinatos de periodistas en nuestro país, además de denunciar la “inacción” del gobierno de López Obrador.

Los senadores, republicano y demócrata, defendían que Estados Unidos debía instar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a mejorar la protección de los periodistas. Lamentaron que el presidente “sigue criticando a los periodistas que critican a su gobierno en lugar de defender la libertad de expresión.

Recordemos que los asesinatos de periodista en México suman cinco en lo que va de 2022, lo que ha llevado a nuestro país a ser catalogado como una las naciones más peligrosas para ejercer la profesión.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. De estos, 47 se registraron durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto y 30 en el actual de López Obrador.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a reclamar una explicación al gobierno de Estados Unidos por la financiación que otorga a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), además de que dijo, en todos los casos se está actuando pues ya no hay impunidad como ocurría en el pasado. “No son crímenes de Estado”, aseguró.

López Obrador fue cuestionado sobre el mensaje difundido por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, donde mostró preocupación por el asesinato de periodistas en la nación latinoamericana.

“Está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe”, dijo el mandatario mexicano, que el lunes consideró una violación a la soberanía nacional la ayuda financiera que Estados Unidos proporciona a MCCI.

Incluso se aventuró a decir, que quizá no sea el propio Blinken quien emitió ese comentario. Indicó que pueden ser sus “informantes” quien estén transmitiéndole esa información, y mencionó a la CIA, al FBI y otras corporaciones estadounidenses.

“Lo están engañando y lo están utilizando”, dijo AMLO sobre el secretario de Estado estadounidense. “Ya tomamos nota”, lanzó López Obrador en modo de advertencia.

Finalmente, señaló que pidió al canciller Marcelo Ebrard enviar una relación de los asesinatos que se han cometido y los avances que se tienen, mismos que dijo, se expondrán en la conferencia matutina.

Un grupo de periodistas de Tijuana exigió este jueves durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), protección tras los recientes asesinatos de compañeros del gremio.

Visiblemente emocionada, la periodista Sonia De Anda, de Esquina 32, fue la encargada de leer un comunicado en el que se exige protección y justicia.

“Queremos informales que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se comenten en contra nuestra no se aclaran”, dijo la reportera.

Explicó que en Tijuana se enterraron a “dos de nuestros colegas” en lo que va de año: Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado. “No dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando a periodistas”, apuntó la reportera.

A continuación, citó los nombres de los cinco fallecidos asesinados por su labor periodística en lo que va de año, mientras el resto de los compañeros gritaba al unísono: “¡Presente!”.

Así, la periodista pidió al presidente apoyo para que haya transparencia en todo el caso de Lourdes Maldonado, a lo que López Obrador dijo que se estaba dando mucha información pero que, por el “debido proceso”, no se puede dar a conocer. “No tenemos nada que ocultar”, aseguró.

Además, el mandatario negó que el caso de Margarito haya sido “relegado” por el de Maldonado, un crimen más mediático porque en 2019 acudió a la mañanera a pedir protección. “En ningún caso (habrá impunidad). Estamos investigando todos los crímenes y esto es lo que nos permite que haya autoridad moral y dar la cara, porque trabajamos todos los días”, concluyó.

López Obrador refrendó la responsabilidad del gobierno federal de garantizar seguridad, libertad de expresión y justicia a periodistas.

“Nosotros no somos represores, que no nos confundan. Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Vamos a seguir protegiendo a los periodistas”, enfatizó.

Y es que México suma cinco periodistas asesinados por su labor en lo que va de año, convirtiendo el país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 30 en el actual de López Obrador.

El gobierno federal inicio un proceso de revisión de los mecanismos para la protección de periodistas y luchadores sociales, según reveló este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas y luchadores sociales”, indicó el mandatario.

Afirmó que se buscará un acuerdo con los gobiernos estatales para profundizar en “este tema tan importante” y aseguró que gracias a este mecanismo, ayer se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca, que fue atacado por un grupo armado. “Estamos trabajando en eso”, dijo López Obrador.

El presidente se refirió al caso del periodista y director del portal de noticias “Pluma Digital”, José Ignacio Santiago Martínez, quien sufrió ayer un atentado del que salió ileso. La agresión al periodista de Oaxaca ocurrió tres días después de que la periodista mexicana Lourdes Maldonado López fuese asesinada en la ciudad de Tijuana, y una semana después de que fuera asesinado, también en Tijuana, el periodista Margarito Martínez Esquivel.

En este contexto, el mandatario aseguró que se mejorará “todo lo que es la protección a periodistas” y que el encargado del tema es el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas.

La Secretaría de Gobernación informó también ayer que al menos 495 periodistas, 155 mujeres y 360 hombres, están actualmente bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Se detalló que las personas defensoras de derechos humanos incorporadas al Mecanismo se concentran en siete entidades: Cuidad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca; mientras que  la mayoría de los periodistas beneficiarios del Mecanismo son de Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.

El titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, señaló que la impunidad superior a 90% en los casos de agresiones, es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos.

Precisó que de diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, y detalló que entre 405 y 45% de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que dio instrucciones de investigar “a fondo” el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el domingo pasado en Tijuana, Baja California.

“En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo”, indicó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que la comunicadora fue asesinada el pasado domingo junto a su casa tres años después de que acudió a la mañanera para solicitar apoyo pues “temía por su vida” debido al conflicto legal que sostenía con el entonces gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, en cuya empresa de medios, Primer Sistema de Noticias (PSN), Maldonado trabajó seis años.

López Obrador aseguró que en su gobierno no se permite la impunidad y ya no existen relaciones de complicidad por lo que “podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos”. Afirmó que aún con estos “lamentables asesinatos, siempre o casi siempre” se detiene a los responsables.

Agregó que sus opositores han utilizado este tipo de casos para atacar a su gobierno y han querido generar la idea “de manera perversa” de que se dejó a la periodista sin protección, pero aseguró que el crimen “realmente nos duele”.

El mandatario pidió proyectaran el video de la participación de Maldonado en 2019 en la conferencia mañanera y criticó que se haya sacado de contexto su intervención, pues hizo su denuncia y luego se le apoyó y ganó su laudo.

“¿Qué sucedió después? La atendió Jesús (Ramírez), ganó su laudo y el año pasado solicitó protección al Gobierno de Baja California y se le otorgó esa protección”, afirmó. Añadió que Maldonado “no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del Gobierno federal”.

Sin embargo, dijo: “Nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos y por eso trabajamos todos los días”.

El crimen de la comunicadora ha causado indignación en el gremio periodístico, por lo que diversas organizaciones han convocado este martes manifestaciones en diversas partes del país para exigir justicia por este y otros asesinatos y pedir un alto a la impunidad.

Maldonado es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 2022, después del fotoperiodista Margarito Martínez, quien el 17 de enero fue asesinato a tiros cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino Verde. Además, el 10 de enero asesinaron en Veracruz, al periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció esta mañana protección del Estado a Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, ante las presuntas denuncias de tortura.

“Si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería”, respondió López Obrador al ser consultado sobre el tema.

Sus declaraciones llegan luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que Aburto sufrió tortura y “violaciones graves a los derechos humanos”.

Ante esa situación, la CNDH pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima, detenida el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, donde sucedió el asesinato.

“A nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue una vileza lo que le hicieron”, dijo López Obrador, quien calificó de un asunto de justicia y de Estado el caso de Aburto.

“Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar”, añadió López Obrador. Aclaró que si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que el gobierno está “obligado” a hacer es que no se le violen sus derechos humanos.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, negó que durante el sexenio de López Obrador se hayan violado los derechos de Aburto.

“Al momento no está incomunicado, absolutamente, está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos del órgano administrativo y con los jurídicos de la secretaría cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, aseveró.

Recordemos que Aburto denunció desde febrero pasado ante la CNDH que desde que su detención “es víctima de tratos crueles, inhumanos y de tortura”. En ese momento, pidió “la reapertura de su caso, toda vez que considera necesario que se le dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este viernes que el mecanismo de protección a periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, “no es lo más eficaz” que se podría hacer para garantizar la seguridad de los comunicadores, por lo que ordenó a su responsable, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, su revisión.

“Que se haga una revisión del mecanismo de protección a periodistas. Es algo que ya venía y lo hemos continuado y a lo mejor no es lo más eficaz y hay que revisarlo”, contestó el presidente al ser cuestionado sobre el asesinato de un periodista en Veracruz.

El periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado a tiros la tarde ayer, mientras circulaba a bordo de su vehículo, en zonas serranas del oriental estado de Veracruz disputadas por el crimen organizado.

“Es muy lamentable estos asesinatos de periodistas. Decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de nadie, tampoco de la delincuencia organizada”, añadió el mandatario.

Así, López Obrador instruyó a Encinas que se revise “a fondo” el mecanismo de protección y advirtió que “si se cometen delitos se va a buscar por todos los medios que no haya impunidad”.

Adicional, la semana pasada, hombres armados presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazaron a través de un video a la periodista y presentadora Azucena Uresti por su cobertura sobre las autodefensas de Michoacán.

Según Artículo 19, un total de 141 periodistas han sido asesinados desde 2000 a la fecha en posible relación con su labor. De estos, 21 se produjeron durante el gobierno de López Obrador.

Pero, según la Secretaría de Gobernación, la cifra sería todavía mayor, pues al menos 43 periodistas han sido asesinados durante la actual administración.

El presidente también habló sobre el caso de Jorge Eduardo Ravelo, quien fue presuntamente violado y asesinado por policías locales de Mérida, capital de Yucatán. Denunció que el joven fue “ultrajado” y lo calificó de “crimen de odio” y aseguró que algo así “no se va a permitir”.

Foto: Especial / Twitter

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó esta mañana su “solidaridad” y garantizó protección a la periodista Azucena Uresti tras las amenazas recibidas de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros y desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera y ya se estableció comunicación con ella”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, ya la atendió y se estableció un mecanismo de protección.

“Repruebo completamente estas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma. Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad”, para que no sean “intimidados ni amenazados por nadie”, enfatizó López Obrador.

El presidente dijo que el gobierno está combatiendo “en los hechos” la corrupción y la impunidad, por lo que ya no hay “protección” para ningún grupo delictivo.

Finalizó su mensaje asegurando que “vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola”.

Y es que comunicadores, activistas y organizaciones exigieron este lunes al gobierno federal actuar ante las amenazas que presuntamente envió el CJNG a la periodistas y a diversos medios de comunicación.

Desde anoche, comenzó a circular en redes sociales un desplegado firmado por 19 medios de comunicación, entre ellos El Universal, Proceso, TV Azteca, Televisa, Imagen, Milenio, El Heraldo y Animal Político, en el que se rechazan las amenazas por parte de grupos criminales.

“Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios”, se lee en el desplegado. Exigieron a las autoridades salvaguardar la integridad física de todos los periodistas que se han visto amenazados.

Adicional, exhortaron a echar a andar los mecanismos de protección, para garantizar la protección de cada uno de los profesionales.

“Esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de que quieres se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio”, añadieron los medios firmantes.