Hasta 19 grandes plataformas o buscadores digitales, entre ellas TikTok, X, Google o Facebook deben, a partir de hoy, moderar sus contenidos en la Unión Europea, al empezar a aplicarse las disposiciones de la Ley de Servicios Digitales.

Políticos han señalado que, lejos de ser una herramienta de censura, la Ley busca proteger la libertad de expresión y a los ciudadanos.

La conocida como DSA “está aquí para proteger la libertad de expresión frente a decisiones arbitrarias y, al mismo tiempo, proteger a nuestros ciudadanos y democracias”, en palabras del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

La ley está en vigor desde el pasado 16 de noviembre pero es a partir de hoy 25 de agosto cuando van a tener que adaptarse a ella 19 grandes compañías, las cuales cumplen el requisito de contar con al menos 45 millones de usuarios activos mensuales.

Se trata de X, TikTok, Instagram, Wikipedia, Zalando, AliExpress, Amazon, la AppStore de Apple, Bing, Booking, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat y YouTube.

Deberán, en concreto, cumplir con los nuevos requisitos de transparencia sobre el contenido en internet y protección de los menores.

“La moderación del contenido no significa censura. En Europa no habrá un Ministerio de la Verdad. Lo que habrá será transparencia. En procesos algorítmicos, bots y anuncios personalizados”, según Breton.

Esta legislación se extenderá a otras plataformas de menor tamaño en febrero y antes, en dos meses, las 19 grandes deberán publicar sus primeros informes de transparencia.

“Han tenido tiempo suficiente para adaptar sus sistemas a sus nuevas obligaciones: en materia de transparencia, privacidad, retirada de contenidos y productos ilegales, protección de los usuarios vulnerables, lucha contra la desinformación”, indicó el comisario francés.

Pero ¿en qué consiste la DSA? La Ley de servicios digitales obliga a las plataformas a eliminar rápidamente el contenido ilegal que exista en sus páginas web, siempre y cuando tengan conocimiento de ellos.

Además, los sistemas de inteligencia artificial tendrán que especificar si el contenido que muestran son vídeos o imágenes falsas, siempre y cuando supongan un riesgo para la salud, tanto física como mental.

La protección de la infancia será una prioridad, al igual que la lucha contra la desinformación, incluida la propaganda prorrusa y, en particular, de cara a las elecciones europeas del año próximo.

Si un contenido resulta moderado, el autor recibe información detallada sobre ello y también sobre cómo apelar. La plataforma tiene que poner en marcha un sistema de apelaciones y el regulador nacional, si es necesario, se pronunciará en última instancia: si da la razón al usuario, la plataforma deberá restaurar el contenido y pagar por los costes.

Las empresas tendrán además que explicar a los usuarios por qué les recomiendan contenido en función de su perfil (deberán ofrecer la posibilidad de que la información que ven no esté basada en sus datos personales) y estarán obligadas a especificar claramente si una información tiene carácter publicitario, así como quién es su promotor.

También les prohibirá mostrar publicidad personalizada a los menores de edad.

En la misma línea, la norma prohíbe el uso de “patrones oscuros”, trucos diseñados para engañar y manipular a los consumidores para que tomen decisiones probablemente contrarias a sus intereses.

Las compañías también tendrán que hacer informes anuales para comprobar que cumplen con estos requisitos y tanto las autoridades como investigadores externos podrán tener acceso al diseño de sus algoritmos, que determinan el contenido que los usuarios ven en internet.

Si las plataformas incurren en incumplimientos de estos requisitos, la ley contempla la posibilidad de introducir multas de hasta el 6% de su facturación anual a nivel global.