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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó este miércoles que inició procedimientos por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor en contra de las empresas prestadoras del servicio de transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas: Uber, Easy Taxi y Cabify.

Las empresas recibieron las siguientes multas:

  •  Uber por 3 millones 974 mil
  • Easy Taxi con 1 millón 810 pesos
  • Cabify con 700 mil pesos

Las afectaciones mencionadas derivan de la aplicación de un contrato de adhesión que contiene prestaciones desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores; aunado a la difusión de publicidad engañosa, a través de la cual ofertan un “servicio seguro” de transporte, lo que contraviene sus términos en los que establecen condiciones que los deslindan de cualquier responsabilidad legal.

Señalaron que en lo que respecta a Cabify, establece de manera unilateral que las tarifas cobradas no serán reembolsables, así como, que en los periodos de mayor demanda establecerá un costo mayor variable, sin definir con claridad qué criterios se utilizarán para esta consideración.

Adicional se determinó el establecimiento de prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores y obligaciones inequitativas o abusivas, tales como que el usuario exonera a Cabify de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal.

En cuanto a Easy Taxi, la empresa no se hace responsable de daños o perjuicios, que pudieran ser ocasionados por el mal uso de la información de los equipos de EASY y del USUARIO en caso de que un tercero vulnere la seguridad e ilícitamente utilice la información, así como aplicación de prácticas coercitivas y desleales. Adicionalmente, sus frases publicitarias como “Pedir un taxi nunca fue tan sencillo”, no acreditan la veracidad, claridad y exactitud, siendo sujetas a comprobación, lo que no fue realizado.

Por otro lado, se estimó que Uber viola lo establecido por la ley de la materia, al no señalar un domicilio, teléfono y demás medios de contacto en el país para aclaraciones o reclamaciones por la aplicación de cobros de servicios adicionales sin la autorización expresa del consumidor (tarifa de reparación, limpieza o cargos por objetos olvidados).

Asimismo, en el caso de Uber se señala que para la solución de cualquier controversia que eventualmente se presente entre los usuarios del servicio y la proveedora, las partes se deberán someter al arbitraje o a la mediación, establecidos en la legislación de Ámsterdam, Países Bajos y en lengua inglesa.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra el Decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la “Ley Chayote”.

El organismo explicó que consideró que la Ley presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación.

Además señala que la Ley no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto por dicho concepto cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Agregó que la Ley también delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infra-legales, permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.

Con la impugnación, la CNDH señaló que busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma “clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión”.

 

Los Diputados aprobaron esta tarde, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social.

 

 

Con 196 votos a favor y 146 en contra, se aprobaron los artículos reservados de la Ley General de Comunicación Social, Ley que en redes sociales bautizaron como la “Ley Chayote”. Con dicha aprobación el proyecto fue turnado al Senado para su discusión.

 

De acuerdo a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado tiene hasta el 30 de abril próximo para aprobar la ley.

 

La mayoría conformada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza se impuso a las reservas presentadas por Diputados de Oposición.

 

 

Rápidamente las reacciones inundaron las redes sociales, pues diversos colectivos manifestaron su inconformidad respecto a la ley aprobada. Fundar aseguró que una propuesta de ley de Publicidad Oficial, tal y como la aprobó la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados pone en riesgo la libertad de expresión.

 

Tras inspecciones realizadas en el tramo Campo Militar-Peralvillo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ordenó el retiro de la publicidad colocada en los parabuses que se instalaron en el corredor por el cual circula la línea 7 del Metrobús.

 

De acuerdo a lo informado por el Instituto, la decisión se basa en que dichos anuncios causan un impacto negativo en el patrimonio histórico que se encuentra sobre Paseo de la Reforma, además de que viola el acuerdo que fue presentado para recibir la autorización original.

 

“Carecen de la debida asesoría técnica y autorización que debe corresponder (…) Se le requiere a efecto de que a la brevedad posible se retiren todos los anuncios hasta contar con un acuerdo específico para el tratamiento de los anuncios y el mobiliario”, se lee en el oficio fechado el 16 de marzo de 2018 y que la tarde de ayer se difundió.

 

Por su parte Guillermo Calderón, director del servicio de transporte, aseguró que están en pláticas con el INAH para tratar el tema y lograr una solución.

 

Con información de Reforma / Foto. Twitter

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, se refirió al reportaje que publicó en días recientes el diario The New York Times, sobre el que dijo, ha desatado una polémica sobre el rol social que tiene los medios de comunicación.

 

 

“Siempre he sostenido que los medios juegan un papel central en el buen funcionamiento de la democracia, son la fuente primordial de información que tiene la sociedad, y de ello depende, en gran medida, el juicio que sobre los gobiernos, las instituciones, los asuntos públicos y, en general, sobre la política nos hacemos las y los ciudadanos”, dijo a través de un videomensaje publicado en sus redes sociales.

 

Añadió que “en consecuencia, es indispensable que, en sociedades plurales como la nuestra, la diversidad de opiniones encuentre una cobertura lo más amplia e imparcial posible; ello, sin menoscabo de la libertad de expresión y de prensa, que son dos de los pilares básicos para que una democracia exista”, por lo que dijo, de cara a cualquier elección, el INE emite sugerencia a los medios, de cómo conducir la cobertura de los proceso electorales.

 

Al referirse a la regulación sobre el gasto del gobierno en materia de publicidad oficial,sostuvo que “es muy positiva y muy importante una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoció, como el INE lo ha venido reiterando desde hace ya mucho tiempo, que el Congreso de la Unión ha incumplido una obligación constitucional, al no haber emitido, desde hace ya casi 10 años, una ley que reglamente la publicidad gubernamental.

 

El reportaje que el diario The New York Times dio a conocer esta semana sobre el gasto de publicidad oficial que el gobierno federal destina a los medios de comunicación, abre la puerta a la discusión sobre el papel de los medios tradicionales, para que desarrollen un periodismo más serio y del interés de la sociedad.

 

Desde su estado natal, Tabasco, el precandidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no le preocupa la guerra sucia que la mafia del poder ha dirigido en contra de su proyecto, la cual ha incluido pagos a los medios de comunicación tradicionales para la difusión de notas negativas sobre él.

 

 

“Ayer dio a conocer el INE un reporte de las notas que salen de los precadidatos, está haciendo la UNAM una investigación sobre lo que publican los medios, en este caso la prensa escrita. Y resulta que yo soy el más atacado, no es novedad, pero llama la atención que hay 500 notas, y de esas 500 sobre precandidatos, casi 300 están en contra mía. Como el 50% son negativas (…) no tocan a Anaya y no tocan a Meade”.

 

El tabasqueño aseguró que que tal como lo dio a conocer The New York Times, el gobierno de Peña ha gastado 40 mil millones de pesos en 5 años,  en publicidad, “¿y quien creen ustedes que es un blanco de esos ataques?, por qué tanta publicad, por qué siempre Peña en las primeras planas de los periódicos y esa es la noticia principal, y cuando se refieren a nosotros es para atacarnos para golpearnos”.

 

AMLO recalcó que  existen como “una bendición” las redes sociales. “Puede ser que haya muchas notas, mucha información negativa, muchos ataques en contra nuestra en lo que son los medios tradicionales, pero en las redes sociales (…) como la gente tiene más acceso y más libertad de participación, no solo está informando, sino que también nos defienden”.

 

Aseguró que no le preocupa la estrategia de guerra sucia que el gobierno ha dirigido en su contra, pues “no se ve reflejado en las encuestas. Pues nosotros seguimos creciendo, estamos más de 15 puntos arriba en la intención del voto, y Meade y Anaya van en picada”.

 

Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían.

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”.

Dependencia de la publicidad pública

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a venerar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

La mayoría de los medios han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

Texto completo en The New York Times

escrito por: 

El ex presidente de México, Felipe Calderón, volvió a tachar de hipócrita al líder nacional de Acción Nacional, y es que aseguró que mientras “devolvería el 100% del dinero público” del partido, el dirigente sigue gastando en publicidad.

 

 

“Otra gran hipocresía de Ricardo Anaya. Prometió devolver el 100% del dinero público recibido por el PAN. No lo ha hecho ni lo hará”, indicó el ex mandatario a través de su red social. Añadió que Anaya también dijo que “no gastaría en publicidad para dárselo a los damnificados” y compartió la publicación de otro usuario de la red social, en la que evidencia que el dirigente blanquiazul sigue pagando publicidad en redes sociales. “Sigue gastando en publicidad en su beneficio”.

 

Recordemos que los señalamientos que el Calderón ha hecho en contra de Anaya, se intensificaron desde que su esposa, Margarita Zavala, decidió abandonar el partido al optar por alcanzar una candidatura independiente a la Presidencia tras las “indefiniciones” que prevalecían al interior del PAN sobre la candidatura presidencial, la cual aseguró, Anaya estaría reteniendo para él.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) ordenó al Congreso legislar en materia de publicidad oficial, con lo que se busca regular los gastos que el gobierno ejerza en dicha área.

 

Es sorprendente e indignante lo que el gobierno destina a su publicidad oficial, lo que ha llevado a preguntarse cual es la razón por la que el el Estado decide invertir en publicitarse y no en suministros de salud o algo que represente una verdadera necesidad para la ciudadanía.

 

No te pierdas este análisis en voz de Ana Paula Ordorica.

 

 

 

 

VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

 

La Corte acaba de mandatar al Congreso para que legisle en materia de publicidad gubernamental. En realidad, los diputados justo perdimos la oportunidad de hacerlo en el decreto del Presupuesto de Egresos 2018. El recientemente aprobado conserva un párrafo, que se repite de años anteriores, que supuestamente limita la posibilidad de incrementar durante el año las partidas de publicidad autorizadas, pero que en realidad establece varias exenciones que permiten contarse por montos muy superiores. En realidad se debió haber establecido en el decreto la obligación de no gastar más de los 2,760 millones de pesos autorizados.

La discrecionalidad del gobierno no solamente reside en que puede asignar los contratos a los medios que desee, sino que también puede gastar para ese fin sin mayor restricción. De hecho, el gasto en publicidad del gobierno federal es superior a las propias prerrogativas que el INE asigna de manera anual a los partidos políticos. En el 2016, el monto autorizado para el concepto de gasto presupuestal “3,600 servicios de comunicación social y pública” fue de 3,537 millones de pesos (mdp), pero el reportado como ejercido en la Cuenta Pública llegó a los 9,614 mdp. Para el 2017 se autorizaron 3,119 mdp, pero a septiembre ya se reportaba un gasto por 7,103. Es decir, incluso cuando el gobierno presume de contener el gasto, para lo erogado en comunicación, se aplica lo contrario.

Varios rubros llaman la atención. Uno es el de la Lotería Nacional, institución que desde el año 2014 no tiene asignado presupuesto alguno para publicidad de origen, pero que durante el 2016 recibió ampliaciones presupuestales para alcanzar los 721 mdp. A septiembre del 2017 este monto pasó de cero programado a 400 mdp ejercido. Para el 2018 el presupuesto aprobado en ese rubro a la lotería es de nuevo de cero pesos. Es decir, es a lo largo del año que el gobierno va decidiendo qué hacer y a quién asigna la publicidad de la lotería. Llama también la atención que el gasto aprobado para comunicación en Salud, que en el 2016 fue de 200 mdp, pero el ejercido al final del año alcanzó los 1,496 mdp. Hasta donde recuerdo, no sufrimos de alguna epidemia u otro fenómeno similar que demandará un gasto extraordinario en difusión de esa magnitud. Para el 2017 se aprobaron 103 mdp, pero ya se gastaron a septiembre 1,110 mdp. La explicación seguramente es que, como sí es posible anunciar programas de salud durante la época electoral, pues se incrementa la pauta en dicho periodo para ayudar a los medios que el gobierno decide. Nada como tener una bolsa de ese tamaño para contratar a discreción publicidad en medio de una contienda electoral.

Como sociedad tenemos que cuestionarnos si se requieren más de 200 mdp para publicitar lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Policía Federal, o si hubiera sido mejor destinarlos al equipamiento de sus cuerpos o a la prevención del delito. Si la Conagua, una de las instituciones con mayores recortes en el gasto de inversión, tiene que destinar a medios 252 mdp. Es el mismo caso de Pemex, que gasta en publicidad 224 mdp. Nadie, por cierto, evalúa el impacto y la pertinencia de este gasto en las políticas de seguridad, agua y energía.

Enrique Peña Nieto prometió en su campaña un mecanismo objetivo y transparente para la contratación de publicidad en medios. El gobierno también se comprometió a controlar el gasto y a destinarlo a los rubros que generen resultados y valor para el ciudadano. Ninguna de las dos cosas sucede cuando se revisa el gasto en publicidad gubernamental. No es sólo evidente que este gasto no contribuye a alcanzar los objetivos de las políticas públicas, sino que incluso no sirve para mejorar la imagen ni del gobierno ni del presidente. El punto es que la discrecionalidad del gobierno federal en los montos y el destino del gasto en publicidad, representa un costo presupuestal inaceptable para la ciudadana y un obstáculo para el libre debate y la competencia electoral democrática. Es simplemente inaceptable.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de gasto de comunicación social, por lo que determinó que el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

 

 

Con 4 votos a favor y uno en contra, se da un “fallo histórico”, en el que la máxima autoridad judicial del país determinó que el amparo interpuesto por la asociación ARTICLE 19 contra la omisión legislativa del Congreso es procedente y que la ausencia de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de medios comunicación y periodistas, a la vez que se afecta el derecho a la información de la sociedad.

 

“Con esta resolución, la SCJN reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades del juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional expreso de legislar, especial cuando ello se traduce en la vulneración de derechos humanos. El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución”, indicó la organización internacional.

 

Señalaron que históricamente, en México los gobiernos han utilizado el dinero público para “promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos” y detallaron que el gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017.

 

Luego de que el ex presidente Felipe Calderon acusara al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, de seguir gastando en publicidad a pesar de la crisis que enfrenta el partido, Anaya ocupó su red social para desmentir dicha afirmación.

 

 

“Esa es una nueva mentira. Desde que inició el plan de austeridad, no hemos gastado un solo centavo del PAN en publicidad”, indicó el  panista en respuesta al ex mandatario.

 

Lo que no aclaró es si entonces la publicidad exhibida por Calderón a través de Facebook fue pagada de su propio bolsillo, pues en su respuesta especificó que de las arcas del PAN no salió dicho recurso.