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México rechaza que Estados Unidos vuelva a implementar el programa de devolución de solicitantes de asilo a nuestro país, conocido como “Quédate en México”, una medida impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump que el actual gobierno de Joe Biden suprimió pero que se vio obligado a reactivar en una ocasión por orden judicial.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que autoridades estadounidenses le notificaron su intención de reiniciar la devolución de personas no mexicanas para que aguarden en territorio mexicano mientras su solicitud de asilo es examinada en Estados Unidos.

El gobierno de Biden no ha hecho públicas tales intenciones luego de que pusiera fin a ese programa, pero políticos republicanos litigaron en los tribunales para su reinstalación.

El caso llegó a la Corte Suprema estadounidense, que le autorizó al mandatario demócrata poner fin a la medida, pero devolvió el tema a tribunales locales por ciertas cuestiones administrativas.

Según el comunicado de la SRE, el 15 de diciembre de 2022 la Corte de Distrito del Norte de Texas emitió un fallo que obligaba de nuevo a Biden a reactivar “Quédate en México”.

El gobierno de Biden ha dicho que se opone a este programa, el cual ha sido criticado por agencias de la ONU y organismos defensores de los derechos humanos, ya que devuelve a los solicitantes de asilo a lugares de gran actividad del crimen organizado y en los que muchos de ellos han sido víctimas de todo tipo de delitos en los últimos años.

Durante el gobierno de Trump más de 70,000 solicitantes de asilo fueron devueltos a México para que esperaran allí el desarrollo de su petición en Estados Unidos.

Cuando Biden se vio obligado a reinstalar el programa, fueron devueltas unas 7,600 personas de diciembre de 2021 a octubre del año pasado, según datos del gobierno mexicano.

Esa segunda versión de la medida intentó tener un enfoque más humanitario y afectó a un porcentaje muy pequeño de las decenas de miles de migrantes que son devueltos a México cada mes bajo una norma de salud pública conocida como Título 42, la cual fue impuesta por Trump al principio de la pandemia de COVID-19 con el fin de prevenir la propagación de contagios, y que Biden ha mantenido y ampliado.

No obstante, el gobierno estadounidense actual también incrementó recientemente el número de visas temporales que otorga para ciertas nacionalidades ante el flujo migratorio sin precedentes registrado en el último año en la frontera sur del país.

El exsecretario de Estado de Estados Unidos en la administración Trump, Mike Pompeo, reveló en su libro “Never Give An Inch”, que el canciller Marcelo Ebrard aceptó a nombre del gobierno federal, el polémico programa de retorno de migrantes a nuestro país, conocido como “Quédate en México”, que se instauró en el gobierno del republicano.

Sin embargo, esa no fue la única revelación que Pompeo hizo en su recién publicado libro. También indicó que Ebrard Casaubón hizo la solicitud de que el acuerdo fuera de carácter privado, para que el gobierno federal pudiera negarlo si así le convenía.

“Marcelo, este es el trato: si el Estado y el Departamento de Seguridad Nacional no pueden regresar a casi todos los solicitantes de asilo a México en 14 días, vamos a cerrar por completo la frontera mexicana (…) Puedes decirle a tu jefe que llame al presidente (Donald Trump); él sabe que te estoy haciendo llegar este mensaje, pero fue muy claro. 14 días o nada”, relata Pompeo en el capítulo 7 de su libro, haciendo referencia a una reunión que sostuvieron el 15 de noviembre del 2018.

Y aunque ofreció la ayuda de Estados Unidos para el cuidado de los migrantes expulsados, Pompeo le habría dejado claro a Ebrard que Estados Unidos “no necesitaba su permiso”. “Queremos que haya cooperación, pero no es un requisito”, advirtió el entonces funcionario estadounidense..

Fue en ese momento cuando Ebrard preguntó si dicho acuerdo debía ser público, o que el gobierno de nuestro país pudiera afirmar que no existía ningún acuerdo y que incluso se oponía al mismo.

“Me vale un bledo lo que digas. Lo que sea que te ayude internamente, es cuestión tuya”. Según Pompeo, se le indicó a Ebrard que el gobierno de México era libre de quejarse por la política de Trump y “fingir que no lo había suscrito”.

El estadounidense cuenta que se ocultó el acuerdo a la propia embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, con quien se sabe, Ebrard tuvo muchas diferencias en la conducción de la política exterior de nuestro país, específicamente en la relación México-Estados Unidos.

A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, el canciller desmintió los señalamientos que hiciera el ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Dijo que su propósito y labor como canciller de México ha sido y es salvaguardar y proteger el interés nacional.

Ebrard afirmó que todo lo relatado en el libro es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza, ante la cual se debe construir un muro.

En su carta, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que el objetivo de la administración Trump siempre fue la firma de un acuerdo de tercer país seguro que obligaría permanentemente a México a otorgar asilo a los migrantes que fueran deportados de Estados Unidos y que hubieran pasado por nuestro país.

“Esto nunca se aceptó, a pesar de ciertas voces que pensaban que era mejor la firma de un acuerdo similar al de Turquía con la Unión Europea, en el que México aceptara dinero a cambio de un compromiso que, en nuestro caso, resultaba de costos incalculable. Haber evitado la imposición de un acuerdo de tercer país seguro es un logro del presidente López Obrador” dijo el canciller en su documento.

Sobre la supuesta reunión que se relata del 15 de noviembre de 2018 en Houston, Ebrard indicó que el propio ex secretario confirmó en su momento que no se aceptó ningún acuerdo, sino que solo se escuchó la posición estadounidense.

Afirmó que la postura de México fue y continúa siendo la de rechazar la firma de un acuerdo bilateral que comprometa el país de manera permanente.

Un juez federal bloqueó temporalmente que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a una política del expresidente Donald Trump que lleva a los solicitantes de asilo a esperar en nuestro país a la celebración de sus audiencias en las cortes migratorias estadounidenses.

El juez de distrito Matthew Kacsmaryk, en Texas, suspendió la cancelación de la iniciativa hasta que se resuelvan los recursos legales de Texas y Missouri, pero no ordenó su restablecimiento.

“Es una política de sentido común evitar que la gente entre en nuestro país de forma ilegal”, tuiteó el gobernador de Texas, Greg Abbott, tras el fallo. “Texas gana de nuevo, por ahora”.

El fallo podría ser un revés temporal para el gobierno de Joe Biden, que podría apelar.

Con Trump en La Casa Blanca, unos 70,000 solicitantes de asilo se vieron forzados a esperar en México sus audiencias en base a la política introducida en enero de 2019.

Biden, quien dijo que “va en contra de todo lo que defendemos como una nación de inmigrantes”, por lo que la suspendió en su primer día como presidente. Esto ha provocado una larga y tortuosa batalla legal y administrativa.

Kacsmaryk, nombrado por Trump en Amarillo, ordenó que se restableciera la política en 2021. La Casa Blanca cumplió tras acceder a los cambios exigidos por México, pero no la aplicó de forma generalizada y solo unos pocos miles de personas fueron enviados a nuestro país.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio pasado que Biden tenía capacidad para poner fin a lo que técnicamente se conoce como Protocolos de Protección de Migrantes y es más conocido como ‘Quédate en México’.

Pese al fallo de la Corte, el caso fue devuelto a Kacsmaryk para una de las cuestiones principales: determinar si la actuación del ejecutivo era “arbitraria y capciosa” y, por lo tanto, violaba la ley federal de elaboración de regulaciones.

En su fallo de 35 páginas, el juez señaló que era probable que un informe de octubre de 2021, que era el último esfuerzo del gobierno para concretar el final de la política, violase la ley.

Entre otras cosas, dijo, el Ejecutivo no consideró los beneficios de la medida, incluyendo la reducción de la inmigración ilegal y de las “solicitudes de asilo no meritorias”.

El próximo domingo se conmemorará el Día Internacional del Migrante, mientras en Estados Unidos y México, la situación se está agravando. Durante diciembre de 2018, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a más de 14 mil mexicanos, mientras que en septiembre de este año, los detenidos fueron 64 mil.

Autoridades han alertado que la crisis migratoria que enfrentan los dos países podría incrementarse a partir del próximo 21 de diciembre, día en que se dejará de aplicar el Título 42, política implementada en 2020 por el gobierno de Trump y que ha mantenido la administración de Joe Biden. 

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, sobre la crisis migratoria y los efectos que tiene para los dos países y la región.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que finalizó un polémico programa que permitía enviar a nuestro país a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras dure su proceso de petición de asilo, conocido como “Quédate en México”.

A través de un comunicado, la cancillería dijo que durante el tiempo que estuvo vigente la medida,se verificó que se otorgara la atención humanitaria necesaria a las personas migrantes participantes en el programa, incluyendo la administración de pruebas para COVID-19 y la atención de casos positivos.

La dependencia agregó que el gobierno de México seguirá garantizando la adecuada estancia y protección a los migrantes durante la etapa de terminación del programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

El gobierno de nuestro país reiteró que la media había sido implementada unilateralmente por Estados Unidos.

Recordó que el pasado 17 de junio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la falta de espacio en los albergues en Tijuana, Baja California, para procesar más casos bajo el citado programa.

Por tal razón, el ingreso de personas migrantes a México por ese punto de entrada se detuvo a partir del 19 de junio.

Añadió que el 8 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) informó que, a partir de esa fecha, comenzaría el fin de la implementación de dicha sección, en cumplimiento con el mandato ordenado por una Corte Federal de Distrito y en concordancia con la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos del 30 de junio.

Un juez federal de Texas anuló este lunes su orden de restablecer el programa “Quédate en México” lo que permite al gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de su territorio el trámite de sus casos.

El juez federal Matthew Kacsmaryk en Texas anuló su fallo en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema, que dictaminó que la Administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump.

La Administración demócrata eliminó en febrero de 2021 el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como “Quédate en México”, establecido por Trump, pero en respuesta a una demanda encabezada por Texas las cortes obligaron a restablecer la medida en diciembre pasado.

El fallo del máximo tribunal devolvió la demanda a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas argumentó que había fallas en el proceso y falta de “protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley”, coincidiendo con las razones que los defensores de los inmigrantes han expuesto contra el programa. “Tiene fallas de origen e impone costos humanos injustificables”, sostuvo.

En un comunicado emitido ayer por la noche, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) celebró la decisión del magistrado y dijo que “se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada”.

Más de 60,000 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera del lado de México, formaron parte de la primera etapa del programa.

Cerca de 5,800 inmigrantes han sido procesados a través de la segunda fase de MPP impuesta desde diciembre pasado, según recientes cifras. La mayoría son de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves que el gobierno del presidente Joe Biden canceló correctamente una política de la era del exmandatario Donald Trump, que obligaba a algunos solicitantes de asilo a esperar en México para recibir audiencia.

La decisión de los jueces, por votación de 5 a 4, se produjo en un caso sobre la política de “Quédate en México” (Remain in Mexico) implementada durante el gobierno de Trump.

El presidente del máximo tribunal del Estados Unidos, John Roberts, redactó la decisión, a la que se sumaron su colega conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces progresistas del tribunal: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Recordemos que el presidente Joe Biden suspendió el programa en enero de 2021, en su primer día en el cargo, pero varios tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda de republicanos en Texas y Missouri.

El fondo de la lucha era si las autoridades de inmigración, con mucha menos capacidad de detención de la necesaria, tenían que enviar a las personas de vuelta a suelo mexicano o si tenían la discreción bajo la ley federal para liberar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras esperaban sus audiencias.

Unas 70,000 personas se inscribieron en el programa, conocido oficialmente en español como “Protocolos de Protección al Migrante”, después de que el presidente Trump lo lanzara en 2019 y lo convirtiera en una pieza central de los esfuerzos para disuadir a los solicitantes de asilo.

Después de la suspensión del programa por parte de Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021. En octubre, el Departamento presentó justificaciones adicionales para la desaparición de la política, pero no tuvieron éxito en los tribunales.

El programa se reanudó en diciembre, pero apenas 3,000 migrantes se habían inscrito a finales de marzo, durante un período en el que las autoridades de Estados Unidos realizaron unas 700,000 detenciones de migrantes en la frontera con México.

Los estados liderados por demócratas y los grupos progresistas estaban del lado del gobierno. Los estados dirigidos por republicanos y los grupos conservadores se pusieron del lado de Texas y Missouri.

El gobierno de Estados Unidos reanuda este lunes el programa “Quédate en México” en medio de crecientes dudas de si logrará garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo, que tendrán que esperar en nuestro país el proceso de sus casos.

El programa, una de las insignias de la Administración de Donald Trump, fue derogado por el gobierno de Joe Biden, pero un juez federal ordenó reanudarlo, y desde entonces Estados Unidos ha estado negociando con el gobierno de nuestro país los parámetros en los que se implementa a partir de hoy la iniciativa.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró haber hecho varios cambios para dar mayores garantías, los defensores de los migrantes creen que no serán suficientes.

La Casa Blanca insistió la semana pasada en que ha trabajado “de cerca” con el gobierno de México para ofrecer refugios y transporte seguro a los solicitantes de asilo en el proceso, pero el anuncio ha generado varios cuestionamientos.

Los cambios realizados por el DHS a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), designación formal del programa “Quédate en México” incluyen el compromiso de que los procedimientos “generalmente” concluirán dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México, un plazo que también ha sido cuestionado por los defensores de los migrantes.

El DHS aseguró que aquellos procesados en MPP tendrán “oportunidades significativas” para acceder a información y asesoría o representación legal. Todas las personas inscritas en MPP también tendrán acceso a teléfonos (y, cuando sea posible, videoconexión) para hacer llamadas gratuitas con un abogado en un entorno confidencial, señaló el gobierno.

Recordemos que casi el 95% de los cerca de 70,000 solicitantes de asilo bajo MPP no pudieron encontrar un abogado.

En medio de las críticas, la administración Biden ha reiterado su objetivo de poner fin a MPP. El pasado 29 de octubre, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando explicando su decisión de dar por terminado el programa pero tendrá que esperar a que se resuelva a su favor la demanda entablada por varios estados conservadores que lo obligaron a restablecer la política.

El presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a un acuerdo con el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, para restablecer el programa ‘Quédate en México’, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos.

Así lo anunció este jueves en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) y llega después de que Biden derogara la medida, pero una demanda impulsada por los estados conservadores de Texas y Misuri obligara a su gobierno a volver a implementarla.

El gobierno estadounidense dijo que ha trabajado “de cerca” con el Ejecutivo de López Obrador, para que haya “refugios seguros” para aquellos migrantes a los que se les apliquen los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).

El gobierno de Biden acordó restablecer a partir de la semana próxima la medida implementada por primera vez durante la presidencia de Donald Trump.

Unos 70,000 solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma, aprobada por el presidente Trump en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día en funciones.

Los cruces ilegales de la frontera cayeron bruscamente cuando México, ante la amenaza de Trump de elevar los aranceles a las importaciones, aceptó la expansión de la norma. Los solicitantes de asilo eran víctimas de la violencia en México y enfrentaban obstáculos legales como la falta de acceso a abogados e información sobre sus casos.

El regreso de los migrantes está previsto para comenzar el próximo lunes en una ciudad de la frontera y luego en otras tres. Éstas son San Diego, en California, y los cruces texanos de El Paso, Laredo y Brownsville. Aún no se ha determinado la secuencia.

Ante el anuncio, México se posicionó e indicó que no retornará a sus países origen a los migrantes que tengan cita ante un juez migratorio de Estados Unidos para solicitar asilo en ese país, por razones humanitarias y de manera temporal, dijo este jueves la cancillería.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el gobierno de Estados Unidos indicó a México que atenderá todas las preocupaciones de índole humanitaria con respecto a la reimplementación del programa ‘Quédate en México’.

Entre las preocupaciones que México expuso están: mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra la COVID-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzará a devolver a los solicitantes de asilo a México a través del restablecimiento de un programa de la era de Donald Trump conocido como “Quédate en México”, informó el sitio Axios este miércoles.

Pese a que las devoluciones comenzarán la próxima semana, la administración Biden les ofrecerá la opción de recibir una vacuna contra el COVID-19.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración de México (INM) no se han pronunciado al respecto.

Recordemos que a finales de octubre, un memorando del Departamento de Seguridad Nacional mostró que el gobierno había hecho un nuevo intento de poner fin al programa de inmigración iniciado bajo el entonces presidente Trump, que obligó a los solicitantes de asilo a esperar en México para las audiencias en los tribunales estadounidenses.

La administración Biden puso fin por primera vez al programa conocido formalmente como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), a principios de este año. Pero un juez federal ordenó al gobierno que lo reiniciara, diciendo que la administración no había seguido el procedimiento reglamentario adecuado. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en agosto una apelación del gobierno del fallo del tribunal inferior.

Funcionarios dijeron a fines de octubre que la administración continuaría tomando medidas para reiniciar el programa a mediados de noviembre, para cumplir con la decisión del juez.

El gobierno del presidente Joe Biden inició este viernes un segundo intento para acabar con el programa de la época de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que “Quédate en México” probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con “costos humanos sustanciales e injustificados” para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.

El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenara que el programa se reanudara “de buena fe”, mientras dejaba una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su medida.

El gobierno dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado “Protocolos de Protección al Migrante”, para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano.

Pero en un memorando enviado hoy a los titulares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el secretario Mayorkas les comunicó su decisión de poner fin al programa.

El gobierno de México ha solicitado que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.

Algunos de los aliados más reconocidos a favor de la inmigración del gobierno, señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan.

Muchos grupos de apoyo basados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa, dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que tengan mejor acceso a asesoría.

Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.

Aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara “efectividad mixta”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció “ayuda” a Washington en materia de migración tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que reimpuso el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como “Remain in Mexico” o “Quédate en México”.

“Nosotros nos hemos propuesto ayudar al Gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo, en el tema migratorio, afortunadamente es buena la relación”, manifestó el mandatario al ser consultado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen después de que el martes los jueces de la Corte Suprema estadounidense ordenaron al presidente Joe Biden revivir el MPP que estableció Donald Trump para que los migrantes esperen en nuestro país mientras se resuelve su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Al respecto, la cancillería respondió ayer por la noche apuntando que “el gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”, aunque también argumentó que “una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”.

Cuestionado por la prensa, el presidente López Obrador señaló que “su opinión” coincidía con el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que siempre va a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

“Eso es lo que yo sostengo porque también quisieran, por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación tanto con republicanos como con demócratas”, afirmó el mandatario.

Y es que recordemos que Biden suspendió en su primer día en La Casa Blanca las inscripciones al MPP, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 70,000 migrantes a México, donde han vivido en malas condiciones, según organizaciones civiles.

Pero en Estados Unidos ha aumentado la presión política de los republicanos por la ola migratoria récord, con más de 212,000 indocumentados detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, una cifra récord, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

AMLO reiteró su compromiso de “cuidar a los migrantes” en particular en el sureste del país, pero reconoció que “esto no puede ser eterno”.

Así, López Obrador reiteró su petición de que Washington invierta en programas de desarrollo para Centroamérica y el sureste de México, e insistió en que Estados Unidos y Canadá deben realizar un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo necesitan de México y Centroamérica para establecer un programa de visas laborales.

“Entonces sí hay alternativas y nosotros estamos hablando con el Gobierno de Estados Unidos y es muy buena relación independientemente de estas resoluciones judiciales porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral”, sostuvo López Obrador.

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este viernes el recurso que presentó La Casa Blanca, contra la orden judicial que le obliga a reanudar la política de “Quédate en México” para quienes han solicitado asilo.

La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Distrito se da en respuesta a la decisión de una corte federal que falló a favor de los estados de Texas y Misuri, que demandaron a la Administración Biden por cancelar el programa.

La política de “Quédate en México”, cuyo nombre oficial es Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) fue instaurada por el gobierno del ahora expresidente Donald Trump en 2019, y por ella decenas de miles de migrantes llegados a la frontera sur han sido devueltos a México y a países de América Central.

En lugar de esperar la audiencia de inmigración que estipula la ley en territorio estadounidense, esa política obliga a quienes buscan asilo a esperar afuera del país el proceso de adjudicación de sus solicitudes.

El día mismo de su investidura presidencial, en enero, Biden canceló el MPP pero la semana pasada el juez federal Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, ordenó al gobierno federal que, a partir del próximo sábado, vuelva a aplicar la norma de “Quédate en México”.

El gobierno de Biden recurrió al Tribunal de Apelaciones para que dejara en suspenso la orden de Kacsmaryk alegando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene recursos para reanudar el MPP.

Este no sería el único golpe para La Casa Blanca ya que ayer, mientras el Tribunal de Apelaciones rechazaba la gestión del gobierno, el juez federal Drew Tipton, también designado por Trump declaró nulas las prioridades establecidas por el gobierno del presidente Joe Biden para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detenga a migrantes indocumentados para su deportación.

El Congreso había ordenado a ICE que estableciera prioridades en la detención de inmigrantes indocumentados, y un memorando del gobierno Biden el 18 de febrero estipuló que se diera prioridad a la detención de individuos que hubieran cometido delitos graves o que presentaran una amenaza para la seguridad pública y nacional.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes examinar la legalidad de dos temas emblemáticos de la política migratoria del presidente Donald Trump: la financiación de un muro fronterizo en el sur del país, y el programa “Quédate en México” para solicitantes de asilo.

El máximo tribunal estadounidense acordó que revisará ambos asuntos después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los altos jueces estudiarán si es legal el uso de fondos asignados al Pentágono por parte del gobierno republicano para financiar el levantamiento de la barrera en la frontera con México, una de las principales promesas de campaña de Trump en 2016.

Trump declaró una “emergencia nacional” en febrero de 2019 para recurrir al presupuesto militar después de que la oposición demócrata en el Congreso se negara a autorizar los montos necesarios para construir el muro.

A principios de ese año, el choque provocó el cierre parcial de la administración federal por 35 días, una duración récord.

Ahora, la Corte Suprema revisará la apelación del gobierno de Trump de un fallo de junio del Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito en California, que consideró ilegal eludir el Congreso y transferir 2,500 millones de dólares asignados al Pentágono para levantar el muro.

La construcción continuó, sin embargo, porque en julio de 2019 la Corte Suprema había permitido que avanzara mientras se resolvía el litigio.

La Corte Suprema también accedió el lunes a examinar el programa conocido como “Quédate en México”, por el cual el gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país debían esperar en nuestro país la resolución de sus casos.

Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP), fue anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después. Desde entonces, al menos unos 60,000 migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países latinoamericanos, fueron devueltos a México.

Los jueces de la Corte Suprema acordaron ahora revisar una decisión del mismo Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de California, que en febrero ratificó el fallo de un juez federal de suspender los MPP por considerarlos inconsistentes con la legislación estadounidense y con tratados internacionales.

La implementación del programa “Quédate en México” continuó sin embargo porque la Corte Suprema suspendió esa orden en espera de un examen de fondo de los argumentos.

La Corte Suprema escuchará los argumentos de ambos casos en 2021, con vistas a una decisión antes de finales de junio.

Sin embargo, el resultado de la elección presidencial podría cambiar las reglas del juego: si el demócrata Joe Biden es elegido, podría revisar las políticas de su predecesor y anular los procedimientos judiciales.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de las marcas distintivas de su presidencia, pero casi todas sus medidas han sido impugnadas en los tribunales.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió al gobierno de Donald Trump suspender “de forma inmediata” el programa migratorio por el que envía a solicitantes de asilo a ciudades, consideradas por la organización como “altamente peligrosas” de México, donde aseguran sufren secuestros y violaciones, además de experimentar pensamientos suicidas.

En enero de 2019, Estados Unidos firmó con México los Protocolos de Protección del Migrante (MPP), donde se estipula que los demandantes de asilo deben esperar en este país el trámite de sus solicitudes. A raíz de eso, afirman, ese año las agresiones contra extranjeros se dispararon.

“En los primeros nueve meses de 2019, el número de casos (277) de violencia sexual atendidos por MSF aumentó más del doble (un 134%) en relación al mismo periodo del año anterior (118)”, denuncia el informe titulado ‘Sin salida’ y presentado este martes en Ciudad de México.

Uno de los médicos de la organización, con sede en Suiza, relató en el informe el horror vivido por una mujer migrante. “Tuve una paciente que había sufrido numerosos abusos. Me contaba cómo veía su cuerpo desdoblado (…) Le costaba tener contacto físico con su propio cuerpo y no dejaba que nadie se le acercara”, relata el informe.

Entre la mujeres encuestadas de Guatemala, Honduras y El Salvador un 37% habían tenido pensamientos suicidas, advierte Médicos Sin Fronteras.

Bajo el MPP, también conocido como “Quédate en México”, han sido devueltas a este país de enero a octubre de 2019 “más de 55,000 personas (…) incluyendo embarazadas”, detalla el informe.

Algunos de los puntos a los que están siendo devueltos son los municipios fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, una región que el Departamento de Estado estadounidense cataloga tan insegura como Irak o Afganistán y a la que recomienda a sus ciudadanos no viajar bajo ninguna circunstancia.

Estados Unidos debe “suspender de forma inmediata cualquier proceso de deportación de solicitantes de asilo a terceros países”, recalca el informe.

Hasta diciembre de 2019, solo 11 personas habían recibido asilo bajo los Protocolos de Protección de Migrantes, apuntó el informe.

Indican que las políticas migratorias de Estados Unidos están teniendo un efecto “perverso” y aún no existe ayuda humanitaria internacional coordinada para atender a quienes padecen esta situación.

Aunque la migración irregular de Centroamérica es una problemática desde hace décadas, miles de indocumentados empezaron a marchar en caravanas hacia Estados Unidos desde finales de 2018 huyendo de la violencia y la pobreza, lo que generó un endurecimiento de las políticas migratorias de Washington.