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Diputados y senadores rechazaron la controvertida ley migratoria SB4 del estado de Texas, en Estados Unidos, que el martes estuvo vigente por unas horas en medio de fallos judiciales divergentes, al argumentar que está basada en el “odio”.

“En México levantamos la voz para denunciar y condenar este tipo de acciones autoritarias, basadas en la ignorancia, el odio y la xenofobia”, señaló la presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera Rivera.

La legisladora se refirió a la ley SB4, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, que convertiría en delito el que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios y deportaciones.

Su aplicación desató caos esta semana, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos primero permitió aplicar la ley antes de escuchar argumentos de fondo, pero en la noche el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor.

Rivera Rivera señaló que el Senado rechaza leyes que, lejos de solucionar un problema que se debe resolver de manera conjunta, violentan los derechos humanos de los migrantes.

Recordó que Texas es un estado donde la comunidad latina representa el 40.2% de la población y en la que los migrantes constituyen una cuarta parte de la fuerza laboral estatal pues generan 465,000 millones de dólares.

Subrayó que la comunidad de origen mexicano que reside en Texas y que asciende a más de 10 millones de personas, contribuye a diversos sectores de la economía local: en la mano de obra en la agricultura, la construcción, la manufactura y los servicios, así como en el consumo de bienes y servicios.

Señaló que abogan por la colaboración bilateral para que el fenómeno migratorio “sea abordado de manera segura, ordenada y legal; anteponiendo, ante todo, el respeto a los derechos humanos”,

En el mismo sentido, Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, calificó como “muy desafortunada” esa ley ya que, dijo, criminaliza la migración y es violatoria de derechos humanos.

“Es una desproporción calificar como delito el flujo de personas migrantes y cobijar expresiones de odio y discriminación racial”, apuntó.

Además, dijo que los diputados reconocen la posición del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, al acudir ante el tribunal federal de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans para frenar esta acción, “orquestada por intereses electorales, al convertirse en eje de una campaña”.

Se espera que en cualquier momento de este jueves, el Gobierno mexicano presentará un escrito legal contra la polémica SB4, informó la canciller Alicia Bárcena.

En un mensaje compartido ayer en X, la titular de la Secretaría de Relaciones exteriores (SRE) precisó que se encontraba afinando los últimos detalles del escrito legal.

Además, la canciller aseveró que México hará todo por detener lo que consideró que es una “medida antiinmigrante, xenófoba y discriminatoria”.

La secretaria de Relaciones Exteriores también recordó que México mantendrá su postura en contra de que los migrantes afectados por esta nueva norma en Texas sean repatriados a México. “No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia repatriaciones de autoridades de Texas”, apuntó.

En el mismo sentido ya se había pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fue firme al señalar que México no aceptará a migrantes deportados por Texas si entra en vigor la “ley draconiana”.

“Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, expresó el Mandatario en su conferencia mañanera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pasará a la historia como el primer presidente en los últimos 100 años en nombrar de forma directa a un integrante de la Suprema Corte de Justicia, esto luego de que la madrugada de este jueves el Senado rechazara la segunda terna del titular del Ejecutivo.

López Obrador envió a inicios de mes la segunda propuesta para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar, quien renunció a la Corte para unirse al equipo de la precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum

La terna estaba integrada por Lenia Batres, hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Bertha Alcalde, hermana de la actual secretaria de Gobernación, y María Eréndira Cruz Villegas, titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura. Ninguna de las tres logró los apoyos necesarios para llegar al Pleno de la Corte.

Así, por segunda ocasión en menos de un mes, Morena y aliados fracasaron en sus intentos de lograr la mayoría calificada que se requería para elegir la nueva ministra.

La oposición en bloque objetó a las tres candidatas por sus vínculos con el gobierno. El bloque opositor: PAN, PRI y PRD votaron en contra de los perfiles, votación a la que se les unió Movimiento Ciudadano.

Fueron dos rondas de votación. En la primera Bertha Alcalde, quien se creía tendría el apoyo del oficialismo se quedó con 29 votos, siendo superada por Lenia Batres que obtuvo 33. Eréndira Cruz, el nuevo perfil en esta terna sumó 12 apoyos. En contra de la terna se registraron 46 votos y uno nulo.

En la segunda ronda de votación los resultados no cambiaron de tendencia: Bertha Alcalde se quedó con 16 de los votos; Lenia Batres sumó 54 y Eréndira Cruz 2. En contra se registraron 46 votos y tres fueron nulos. Finalmente, ningún perfil alcanzó la mayoría calificada que se requería.

A finales de noviembre, López Obrador presentó una primera selección integrada por Alcalde, Batres y María Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, que tampoco prosperó en el Senado.

Tras el rechazo de las dos ternas, se abre el camino para que López Obrador nombre directamente a la próxima integrante del máximo tribunal, según lo que establece la legislación. Esto sentará un grave precedente, afirman diversos expertos.

Con esta designación directa que hará, López Obrador habrá nominado en su mandato un récord de cinco de los 11 integrantes de la Corte, aunque dos de ellos, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, han mostrado cierto grado de independencia. En ese sentido, el presidente ha reconocido que “se equivocó”.

Entre los ministros de la Corte, López Obrador siempre ha contado con el apoyo de Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, dos de las ministras que él propuso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propondrá este jueves la nueva terna de candidatas para ocupar la vacante en la Suprema Corte, después de que la oposición en el Senado rechazara su primera propuesta al considerar que las aspirantes eran demasiado cercanas a él.

“Hay que volver a enviar la terna, con algunos cambios, pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno, o puede ir uno y cambiar dos, o pueden cambiar los tres, entonces creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna. Estamos pensando en eso”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa.

Sus declaraciones se producen después de que ninguna de las postuladas lograran los votos suficientes la tarde de ayer en el Senado, por lo que la terna fue desechada.

Y es que tras la salida este mes de Arturo Zaldívar, que renunció como ministro de la Suprema Corte, López Obrador propuso a Bertha Alcalde, María Ríos González y Lenia Batres como reemplazo, pero ninguna de las tres consiguió los 76 votos que de acuerdo a la asistencia de ayer, necesitaba alguna de las aspirantes para tener mayoría calificada.

Zaldívar dejó la vacante para unirse al equipo de campaña de la candidata presidencial oficialista de cara a las elecciones de 2024.

La oposición ya había adelantado que no apoyaría a ninguna de las tres candidatas, alegando que no reunían los requisitos de independencia puesto que estaban estrechamente vinculadas al gobierno.

Desde mediados de mes se preveía que la terna propuesta por López Obrador no lograría avanzar en el Senado, pese a la mayoría con que cuentan Morena y aliados. . Cuarenta senadores opositores votaron en contra de la terna.

La votación más alta la logró Alcalde, asesora jurídica de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y hermana de la actual secretaria de Gobernación, quien obtuvo 68 votos, aún insuficientes para ser nombrada ministra de la Suprema Corte.

González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y Batres, exdiputada oficialista y consejera adjunta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solo alcanzaron entre 2 y 5 votos en las dos rondas de votación

La presidenta del Senado, la oficialista Ana Lilia Rivera, informó que al no alcanzarse los votos necesarios para la designación de la nueva ministra, el presidente López Obrador debería enviar una nueva terna, lo cual se espera que ocurra en las próximas horas.

Sin embargo, de acuerdo con diversos especialistas, ahora se corre el riesgo de que el presidente pueda hacer una designación directa. Pues si la nueva terna que presente vuelve a ser rechazada, él podrá nombrar a la nueva ministra sin necesidad de volver a pasar por el Senado.

La salida de Zaldívar, que ocupó entre 2019 y 2022 la presidencia del máximo tribunal, se dio en medio de las tensas relaciones que mantiene López Obrador con la Suprema Corte. Ha afirmado que el Poder Judicial está dominado por la corrupción y que sirve a los sectores conservadores y no a las mayorías pobres.

La madrugada de este viernes arribaron al país 592 mil dosis de la vacuna rusa contra COVID-19, Sputnik V, adquiridas a la empresa Human Vaccine.

El vuelo EK-9935 de la aerolínea Emirates aterrizó a las 2:01 h en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA); y con dicho embarque, nuestro país ha recibido un total de cuatro millones dosis de Sputnik V tan solo en noviembre.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de Rusia, cuenta con la autorización para uso de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Estas nuevas vacunas se emplearán en la Campaña Nacional de Vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2023-2024, que inició el pasado 16 de octubre y que concluye el 31 de marzo de 2024.

Esto llama la atención pues cuatro de cada cinco personas que se han vacunado contra la influenza en la actual campaña de vacunación, han rechazado recibir al mismo tiempo los refuerzos de COVID que el Gobierno aplica, Abdalá y Sputnik.

El subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, atribuyó la alta tasa de rechazo a la renuencia de la gente a recibir dos vacunas al mismo tiempo, descartando que se deba a la procedencia de la vacuna y a la seguridad de las mismas.

El plan original era administrar alrededor de 20 millones de vacunas, pero sólo alrededor de 1.9 millones de personas, o el 9.5% de los elegibles, han aceptado tomarlas desde que comenzó la campaña de vacunación a mediados de octubre.

Algunos expertos consideran que las personas simplemente desconfían de las vacunas Sputnik y Abdalá, porque ambas fueron diseñadas en 2020 para variantes prevalentes en ese momento y no para las que existen ahora, es decir, se encuentran desactualizadas.

“Es un antígeno antiguo; es como si me pusiera la vacuna de influenza del 2020”, dijo Andreu Comas, profesor de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. “No hay estudios de efectividad de ambas vacunas contra las variantes (actuales)”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “exageraciones” las acusaciones de la oposición sobre que los nuevos libros de texto gratuitos que rediseño la Secretaría de Educación Pública (SEP), y que se ha acusado buscan “adoctrinar” con ideas comunistas a los niños de México.

“Imagínense los contenidos del primer grado, segundo grado, tercer grado, ni modo que se hable de comunismo, son exageraciones”, aseguró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador se refirió a la polémica que ha surgido luego de un amparo que obtuvo la Unión Nacional de Padres de Familia en mayo pasado, en el que el juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la SEP revisar el contenido de los libros de texto y someter su rediseño a consultas previas.

Expertos, organizaciones y miembros de la oposición han cuestionado que los nuevos libros tienen contenidos sobre diversidad sexual, familias diversas y enseñanzas sobre órganos reproductivos en nivel primaria.

Otras voces también han criticado que los materiales incluyen referencias en contra del “neoliberalismo”, una ideología que López Obrador atribuye a los Gobiernos anteriores, además de contenido que se alinea a la ideología del mandatario.

También se han viralizado supuestos contenidos con errores gramaticales, de ortografía o imprecisiones.

Pese a la orden judicial para frenar la entrega del material, el presidente López Obrador aseveró esta semana que “no hay ningún impedimento” para que los libros estén listos para el regreso a clases, que tendrá lugar el próximo 28 de agosto.

“Dicen adoctrinamiento ¿De qué? ¿En qué está el adoctrinamiento, dónde?”, cuestionó ante la pregunta de la prensa.

AMLO criticó a Acción Nacional por el llamado que ha hecho su dirigente nacional a  los padres de familia a destruir los nuevos libros.

“Es que se están pasando con eso que dicen del comunismo y los libros de texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído, es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica”, expuso.

Asimismo, dijo que no hay nada de qué preocuparse porque los libros “están bien hechos” por diversos expertos, y pese a lo que organizaciones han señalado, afirmó que sí intervinieron los docentes.

“Decirle a la gente que no hay nada que tener de qué preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, y pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros, fue todo un proceso”, defendió.

Expuso que hay un libro, para maestros, que habla de la historia y de los movimientos sociales en México lo que, aseguró, antes se ocultaba. “Pero ahora se habla de la Guerra Sucia, de la represión del 68, pero es para maestros. Además, ¿por qué ocultar la realidad?”, añadió.

Aseguró que los libros pueden ser “perfectibles” pero destacó que corresponden a la nueva realidad.

“Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística, pero va a seguir la polémica y qué bueno porque esto va a ayudar mucho al debate y les vamos a ganar”, remató.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados insistió en que la elección de las y los consejeros electorales se deberá hacer por insaculación, ya que es un método ampliamente democrático, aunque se dijeron abiertos a impulsar un acuerdo siempre y cuando no sea motivo “de cuotas y cuates”.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada, dijo que junto a las fracciones del PT y el PVEM, no avalarán “un reparto de cuotas y cuates; mil veces mejor la insaculación que un procedimiento que vulnere la dignidad de los legisladores y del Pleno al llegar a un acuerdo de cuotas, eso sí no”.

Adelantó que hoy se reunirá nuevamente la Jucopo para dialogar y buscar la posibilidad de llegar a un acuerdo o, en su caso, “el acuerdo puede ser la insaculación”.

Reiteró que están abiertos a escuchar a los grupos parlamentarios acerca de darle cumplimiento a lo que establece la Carta Magna e impulsar un consenso, pero que no signifique cuotas.

“Cuotas no. Que se pueda impulsar un acuerdo con base en todos aquellos que logren por sus méritos, habilidades, cualidades, experiencia, que emanó de las evaluaciones de las cuatro etapas del Consejo Técnico, sí; pero presionarnos para cuotas, eso si no”, reiteró.

Agregó que a la reunión de hoy se invitará al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, “para que cumpla con su chamba y no sé dejé llevar solo por la filia”.

Lo anterior ya que “el día domingo, aun cuando no se había publicado, ya estaba descalificando el procedimiento, el proceso y el trabajo del comité. Nuevamente, con todo respeto, el presidente de la Mesa Directiva se deja llevar por sus ansias de precandidatos y desconoce totalmente la responsabilidad que tiene.

El coordinador parlamentario insistió en que, si se opta por la insaculación, ésta debe ser en el Poder Legislativo y no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que el Comité Técnico Evaluador entregó las quintetas el pasado domingo, con los 20 nombres de quienes podrían ocupar una de las cuatro posiciones que se renovarán del Consejo General del INE, incluida la presidencia.

Los cuatro consejeros tendrían que ser votados a más tardar mañana jueves 30 de marzo o, de lo contrario, serán elegidos por insaculación el viernes 31.

Y es que recordemos que entre los 20 nombres que integran las quintetas, aparecen nombres nombres como el de Bertha Alcalde, la hermana de la secretaria de trabajo; Netzaí Sandoval, hermano de la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Guadalupe Álvarez Rascón, hija de un senador de Morena, y Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de SEDATU.

También están Guadalupe Taddei Zavala, tía del director de LitioMx y prima del Secretario de Bienestar de Sonora; Víctor Humberto Mejía y Jorge Montaño, ambos tabasqueños, cercanos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y Bernardo Valle, cercano a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Por esa razón, la oposición ha anunciado su voto en contra de las quintetas, pues acusan la cercanía de los perfiles, principalmente en la quinteta para elegir a la nueva consejera presidenta del INE, a Morena y al gobierno federal.

Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, rindió protesta la tarde de ayer como nuevo embajador de México en Canadá, luego de que su nombramiento fuera  aprobado por 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

Pese al rechazo y crítica de la oposición, el exmandatario local fue ratificado para el cargo al que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que el pasado miércoles, la Segunda Comisión de Trabajo: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, aprobó el dictamen que constataba que Carlos Joaquín González reunía las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar el cargo para el que fue designado por el presidente de la República.

La ratificación de Joaquín González se dio pese al rechazo de la oposición. La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, lamentó que se den premios de consolación al “entreguismo al Ejecutivo”.

“No estamos a favor de la lealtad a ciegas”, dijo la legisladora, quien destacó que durante la presente administración se ha mostrado desinterés por las relaciones de México con el mundo.

Su compañera de bancada, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, lamentó que se estuviera ante una designación que atendía a los acuerdos que hizo un exgobernador con el Ejecutivo. “Esperemos que con esta designación no se repita la historia de Panamá o Argentina, donde los embajadores asignados fueron declarados personas non gratas”.

Una de las voces más críticas fue la de la diputada Elizabeth Pérez Valdez del PRD, quien subrayó que quien represente a nuestro país en el exterior debe tener probidad, mesura, capacidad intelectual, honradez y sobre todo congruencia.

En ese sentido, señaló el “dudoso comportamiento” de quien fuese gobernador de Quintana Roo, pues dijo, sienta un mal precedente, pues deja una deuda de más de 6 mil 500 millones de pesos a la entidad. Horas antes había criticado la traición que el exgobernador tuvo con los partidos que lo llevaron al poder en Quintana Roo.

Finalmente, el senador Emilio Álvarez Icaza resaltó que México no tiene embajadoras y embajadores de carrera en los principales países vecinos y con quienes se mantienen alianzas y relaciones comerciales, regionales y políticas.

“Se está utilizando a las embajadas como una señal de sumisión y entrega; hay gente del servicio exterior mexicano con experiencia, es una capacidad de Estado que se está desperdiciando. No apoyamos la pedagogía y el mensaje de sumisión”, remató.

La Segunda Comisión de la Permanente: Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública aprobó con 11 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención, el dictamen que ratifica la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá.

El ahora embajador aseguró que su trabajo se enfocará en fortalecer el esquema de diálogo en temas como movilidad de personas, derechos humanos y el impulso de la cooperación trilateral, así como promover el diálogo sobre política de drogas y el grupo de trabajo respecto a la violencia hacia mujeres indígenas.

Además, dijo que se centrará en adoptar posiciones que abonen en rubros como cambio climático, derechos humanos e igualdad de género; todo ello con el fin de fomentar el intercambio comercial y la inversión.

La presidenta de la Segunda Comisión de la Permanente, la senadora Beatriz Paredes, destacó la importancia de la presencia de una embajada de México en Canadá, que sea vigorosa, activa y eficiente. “Esperamos que ese desempeño sea acorde con el perfil de quien hoy analizamos”, dijo.

La legisladora apuntó la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en México la próxima semana, donde junto a Estados Unidos se dialogará y establecerán mecanismos de cooperación en áreas como seguridad, comercio, la relación económica y el medio ambiente, con el propósito de crear una economía de la región de América del Norte más “integrada, sostenible y competitiva”.

Recordó que México es el tercer socio comercial en importancia para Canadá, solo detrás de Estados Unidos y China, y precisó que Canadá es una de las fuentes más importantes para el sector turístico de nuestro país, así como uno de los principales orígenes en la atracción de inversión extranjera directa.

Durante la comparecencia con el ahora embajador, diputadas del PAN y PRI señalaron que el representante de México en Canadá requiere de experiencia sobre temas de relaciones internacionales y ser liderado por profesionales en materia de política exterior, cuestionado así a Carlos Joaquín González sobre su experiencia en la materia.

Los legisladores del PAN y PRD votaron en contra del dictamen, mientras que del PRI los votos se efectuaron divididos.

Sin embargo, la posición más crítica se tuvo por parte de la diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, quien refirió que el gobierno de Joaquín González en Quintana Roo ha sido el principal deudor de empresas canadienses por trabajos de promoción turística, lo que aseguró, da a entender que la representación de México estará manchada por intereses particulares en las que está involucrado.

“Amén de carecer de las credenciales y requisitos para cumplir dicha misión, defraudó la confianza de la ciudadanía y de la coalición opositora que lo postuló hace seis años para gobernar el estado de Quintana Roo”, expresó la vicecoordinadora de la bancada perredista.

Pérez Valdez acusó que el exmandatario debió tener, igual que otros de sus pares que recién dejaron los cargos, acuerdos con el gobierno federal para mantenerse en la vida política del país, aunque con ello hayan “traicionado a quienes les otorgaron su confianza”.

“Carlos Joaquín viene emanado de un gobierno de coalición que le otorgó la confianza para ser gobernante del estado de Quintana Roo, y esa confianza, hoy más que nunca, se ve total y absolutamente defraudada; pero también, se ve que hubo ahí, por llamarlo de alguna forma, algún tipo de ‘acuerdo’, como hemos visto con otros exgobernadores al concluir su mandato. Eso habla del tipo de persona y de la calidad de embajador que tendrá nuestro país, de manera desafortunada, en Canadá”, expuso.

Finalmente, la legisladora sostuvo que el nombramiento de Carlos Manuel Joaquín González representa la deslealtad a la alianza que lo llevó al poder, y sobre todo, al pueblo de Quintana Roo.

El nombramiento del exgobernador debe ser aprobado por el Pleno de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se llevará a cabo este jueves, aunque al requerirse mayoría simple, se espera que se lleve a cabo sin problema alguno.

Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera el pasado 30 de octubre una recomendación en la que señalaba la necesidad “transformar” al Instituto Nacional Electoral (INE) y con eso reivindicar el “derecho al pueblo a la democracia”, esto en el marco de la discusión de la reforma electoral, el Consejo Consultivo de la Comisión emitió un posicionamiento aclarando que el texto publicado fue más allá de lo aprobado.

Los integrantes de la Comisión señalaron que efectivamente, en abril pasado, se votó a favor de la Recomendación General 46/2022 que contiene un recuento de hechos de lo acontecido entre 1951 y 1965 en materia de violaciones a
diversos derechos humanos en materia de democracia, de participación y de protesta social.

Precisaron que dentro del texto recomendatorio aprobado, se emitieron recomendaciones a diversas autoridades, entre ellas, al INE.

Sin embargo, aclararon que las recomendaciones específicas fueron:

  1. Asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México.
  2. Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.
  3. Compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana.

Los integrantes del Consejo señalaron que en ningún momento se discutió o se avaló lo que la CNDH interpreta en su pronunciamiento, que “recomienda la transformación del INE” o que el IFE/INE sea un órgano autónomo “únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que, por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”.

Y es que desde el fin de semana en que la Comisión publicó la recomendación, se ha acusado a Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, de violar la Constitución y entrometerse en asuntos que no son de la competencia del organismo.

Diversas voces, organismos, organizaciones, partidos, entre otros, acusaron que la recomendación obedecía completamente a los caprichos y órdenes que desde el gobierno le dan a la CNDH. Precisaron que por ley la Comisión debería ser un órgano completamente autónomo, precisamente para que cumpla con su labor de garantizar los derechos humanos.

“Exigimos a la presidenta de la CNDH apegarse, cuando se refiera a las Recomendaciones Generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido, respetando la literalidad de la Recomendación pues, de lo contrario, esta herramienta puede desvirtuarse y perder eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos”, señalaron los siete integrantes del Consejo.

El Consejo Consultivo de CNDH está conformado por: Georgina Diédhiou Bello, Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Gloria Ramírez Hernández, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López y Ángel José Trinidad Zaldívar.

Al respecto, la dirigencia nacional del PAN señaló que con su “ilegal recomendación” sobre las elecciones y el INE, la CNDH confirma que “ya no sirve para nada, porque se ha convertido en un vil instrumento del régimen morenista y no de la ciudadanía.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, incluso recordó que Piedra Ibarra fue impuesta ilegalmente como presidenta de la CNDH, porque no logró la votación por mayoría calificada requerida en el Senado de la República y porque ocultó que militó en Morena.

El grupo consultivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este viernes ampliar el uso de una dosis reducida de la vacuna de COVID-19 desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNTech entre niños de 5 y 11 años.

La recomendación se produce después de que el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE) en inmunización celebrara una reunión el miércoles pasado para evaluar la vacuna de las empresas.

La vacuna está actualmente recomendada para su uso en personas de 12 años o más. La dosis recomendada para la población más joven es de 10 microgramos en lugar de los 30 microgramos que se ofrecen a los mayores de 12 años.

“Este grupo de edad (de 5 a 11 años) se encuentra en el grupo de uso menos prioritario para la vacunación, a excepción de los niños que tienen comorbilidades”, dijo el presidente del SAGE, Alejandro Cravioto.

El panel también recomendó que las dosis de refuerzo de la vacuna de COVID-19 se administren entre 4 y 6 meses después de la finalización de la serie primaria, en grupos de alta prioridad como los adultos mayores y los trabajadores sanitarios.

Mientras la OMS recibe esta recomendación, basado en análisis que hiciera el SAGE, en México las autoridades han descartado que por el momento se pueda inmunizar a este grupo de edad, pese a las críticas que ha recibido.

Recordemos que en nuestro país se vacuna únicamente a personas de mayores de 15 años y a mayores de 12 años con alguna comorbilidad.

Apenas hace tres semanas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no consideran aplicar vacunas contra el COVID-19 a niños menores de 15 años.

“Estamos vacunando (a personas) de 15 años en adelante y personas sin comorbilidad y niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID, es una lógica de salud pública, una lógica técnica, científica”, subrayó.

En ese momento, el encargado de la estrategia se justificada diciendo que no existe recomendación alguna por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vacunar a esta población, y explicó que los países que están vacunando a los menores es por el exceso de vacunas que han adquirido y que están próximas a caducar.

Gran parte de la comunidad estudiantil y académica del país, rechazaron el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ya que es considerado afín al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y lejano a las demandas reales de quienes integran esta casa de estudios.

Y es que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que dirige María Elena Álvarez-Buylla, confirmó este lunes la designación de Romero Tellaeche, quien venía fungiendo como director interino desde agosto pasado, pese a las denuncias de arbitrariedades, y abusos.

“Las instituciones académicas públicas no pueden permanecer ajenas a la transformación del país”, declaró Álvarez-Buylla al referirse a la “transformación” que inició el presidente López Obrador con su mandato.

Mientras esto ocurría, decenas de estudiantes protestaban fuera de la sede el instituto, en el poniente de la Ciudad con consignas como “el CIDE resiste” y “va a dirigir a puerta cerrada”. Incluso, algunos estudiantes denunciaron que el nuevo director acudió a su nombramiento con un escolta armado, como un intento de intimidar las protestas en su contra.

El CIDE, considerado uno de los centros públicos de investigación con mayor prestigio en México, causa controversia desde agosto, cuando renunció su director Sergio López Ayllón por falta de entendimiento con el Conacyt, que se ha alineado a la política “antineoliberal” de López Obrador.

Romero Tellaeche entró como director interino del CIDE en agosto pasado y desde entonces los estudiantes han denunciado los despidos “arbitrarios” de la secretaria académica, Catherine Andrews, y del director del CIDE en la Región Centro, Alejandro Madrazo.

La nueva dirección cesó en octubre por “pérdida de confianza” a Madrazo, quien había publicado un video en redes sociales en el que exigía mejores condiciones laborales, mientras que despidió a Andrews después de que ella advirtiera que no podía suspender las evaluaciones de profesores, como pretendía Romero Tellaeche.

La pugna del CIDE es un nuevo capítulo de los choques entre la comunidad académica de México y el gobierno federal, que el año pasado ordenó suprimir los fondos con los que operaba ese y otros centros de investigación.

López Obrador indicó esta mañana que el CIDE se “derechizó”, además de que no ha estado a la “altura de las circunstancias” para combatir al periodo neoliberal, critica que hizo anteriormente a la UNAM.

“Sí, también (el CIDE se derechizó), aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que siento, además, es evidente, es de dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México, un grupo de intelectuales, muy conservadores, acomodaticios”, sostuvo en sus conferencia de Oaxaca.

López Obrador rechazó haberse “inmiscuido” en el nombramiento del nuevo director, aunque respaldó a la titular del Conacyt. “Nosotros lo que queremos es que se cuiden todos los procesos y que se acaben los cacicazgos en la academia, en los grupos intelectuales, porque también había mucha corrupción”.

María Elena Álvarez-Buylla dijo que la designación de Romero Tellaeche tiene fuerza y legitimidad, además de que pese a las diferencias, indicó que desde el Conacyt se valora “el disenso y la crítica fundamentada, siempre en el marco de la legalidad. Las declaraciones de la funcionaria fueron descalificadas por la comunidad del CIDE, quienes han venido acusando la falta de disposición de las autoridades para escuchar sus exigencias.

Romero Tellaeche “sabrá conducir a la institución con altura de miras, con respeto irrestricto a todos los derechos humanos”, dijo Álvarez-Buylla, en tanto, Romero Tellaeche aseguró que era una responsabilidad que le honraba, por lo que se comprometía a encausar al CIDE por la ruta del cambio que se requiere.

“El gobierno avanza a una transformación a fondo, el CIDE ha de responder a ese legítimo mandato”, indicó Romero Tellaeche, añadiendo que es necesario establecer “nuevas líneas de investigación acorde con las necesidades vigentes”.

“Conozco el valor del pluralismo, la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Habrá irrestricto respeto a los trabajadores. Administraré los recursos de forma austera con apego a la rendición de cuentas. El CIDE es una institución del estado mexicano y debe apegarse a las nuevas realidades”, añadió.

Foto: Twitter @sitcide

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este miércoles que la Fiscalía General busca arrestar por corrupción a científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un caso que ha despertado polémica y el rechazo generalizado en redes sociales.

“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que según se ha reportado, el Fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó arrestar por operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público.

La solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos por parte de dichos trabajadores.

Sin embargo, los detractores del gobierno acusan al fiscal de querer vengarse ya que buena parte de la comunidad científica criticó duramente que la dirección del Conacyt distinguiera en junio a Gertz Manero con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el más alto reconocimiento.

Incluso el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, arremetió contra la actuación de la Fiscalía, que consideró “un despropósito e inconcebible”. En un acto para conmemorar los 100 años del escudo de la UNAM, el rector hizo un alegado a favor de la “división de poderes” y el “respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados”.

Pese a la polémica generado, esta tarde se reportó que el juez encargado de evaluar el caso rechazó las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

López Obrador defendió que “el que es inocente no debe de preocuparse para nada” puesto que en su gobierno no se fabrican delitos, como ocurría en gobiernos anteriores.

Reiteró la confianza que le tiene a la Fiscalía y a su titular, que dijo, “no creo que cometan ninguna injusticia”. Calificó al fiscal como un hombre recto, íntegro, y de confianza. “No hay persecución política para nadie, no es venganza”.

No es primer escándalo que enfrenta Gertz Manero, quien fue ratificado en 2019 Fiscal General por el Senado a propuesta de López Obrador. Ha sido señalado de aprovechar su cargo e influencia para perseguir judicialmente a su familia política, a la que acusa de haber asesinado a su hermano Federico Gertz en 2015.

Gertz Manero también levantó críticas de activistas por proponer en 2020 modificar la tipificación del delito de feminicidio y por impulsar una reforma de la Fiscalía para despojarla de sus labores de búsqueda de desaparecidos.

El comité de asesores de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), recomendó este viernes la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 únicamente para los mayores de 65 años, así como para la población de alto riesgo.

La aprobación se celebró en una segunda votación tras haber rechazado previamente, con amplio respaldo, el plan de una tercera dosis para la mayoría de la población, al considerar insuficientes las pruebas para administrar una tercera dosis a todo el mundo.

De este modo se restringe la petición de Pfizer, que había solicitado la aprobación para las personas mayores de 16 años de este refuerzo, seis meses después de la segunda dosis.

Durante la discusión de más de ocho horas, con intervenciones de decenas de científicos de Estados Unidos y otros países, especialmente Israel y el Reino Unido, quedaron patentes las dudas en la comunidad internacional acerca de la seguridad y pertinencia de la vacuna de refuerzo para los mayores de 16 de años.

Algunos de los especialistas criticaron el apresuramiento mostrado por el gobierno del presidente Joe Biden, y la farmacéutica para lograr esta autorización general.

“Esta es una gran decisión (…) No entiendo cuál es la razón por la que no podamos dedicar más tiempo a mirar los datos”, indicó el representante del Centro de Educación de Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia en Pensilvania durante el debate.

Por su parte, Michael Kurilla, especialista en enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) remarcó que “no está claro que todo el mundo necesite el refuerzo, más allá del pequeño grupo de población que claramente estaría en alto riesgo de una enfermedad grave”.

La votación del panel de asesores de la FDA no es vinculante pero suele ser respetada por la agencia a la hora de emitir sus decisiones.

La recomendación un revés para el gobierno de Biden, que había dado su apoyo explícito a la propuesta y comenzado a hacer planes para iniciar la administración de esta tercera dosis a los mayores de 16 años para el próximo 20 de septiembre.

La aprobación final la decidirán la próxima semana los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Y fue justo este viernes cuando se conoció un nuevo informe de los CDC que indicó que la vacuna de Moderna es la más efectiva para evitar la hospitalización a causa de la COVID-19, seguida de la de Pfizer y de la monodosis de Johnson & Johnson.

En concreto, señaló que la efectividad de Moderna es del 93%, la Pfizer/BioNTech es del 88% y la de Johnson & Johnson es del 71%.

Según los investigadores, la efectividad de la vacuna de Pfizer comienza a disminuir de manera más pronunciada que la de Moderna con el paso del tiempo: a partir del cuarto mes de haber sido administrada su segunda dosis se sitúa en el 77%.

Recordemos que la de Pfizer es la única vacuna que cuenta con aprobación total para su uso por parte de la FDA, ya que las de Moderna y Johnson & Johnson cuentan con autorización de emergencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) calificó este miércoles de “exitosa” la reciente Consulta Popular que impulsó el presidente de la República, y rechazó las “acusaciones y descalificaciones” en su contra, emitidas en su mayoría por el propio Andrés Manuel López Obrador.

“Las consejeras, los consejeros y el secretario ejecutivo del INE celebramos la exitosa jornada de consulta popular del pasado domingo 1 de agosto y expresamos nuestro más entusiasta reconocimiento y agradecimiento a los más de 6.6 millones de votantes”, dijo el INE.

El Instituto señaló que hubo 285,000 funcionarios de casilla y agradeció tanto a los observadores de la Consulta como a los notarios que “acompañaron la legalidad del proceso”.

En respuesta a los ataques del presidente López Obrador, los consejeros señalaron que quienes integran el Consejo General “manifestamos, frente a quienes acusan al INE de omisión, desinterés o, peor aún, boicot a la consulta popular, que el instituto llevó a cabo todas las actividades necesarias”.

La autoridad electoral precisó que no fue él que ordenó cambiar la fecha de la Consulta para que no coincidiera con los comicios intermedios del 6 de junio sino los legisladores en el Congreso, y enfatizó que tampoco fue el INE quien redactó una pregunta que calificó como “confusa”.

Defendió la escasa promoción de la Consulta, que arrancó apenas quince días antes del ejercicio, al decir que tampoco fue culpa del INE, sino de la ley que así lo establece.

Finalmente, el Instituto apuntó: “En virtud de lo anterior, las y los integrantes del Consejo General del INE consideramos que esta primera experiencia ha sido exitosa y representa un motivo de orgullo para la ciudadanía y para nuestra democracia”. Remataron rechazando “las acusaciones y descalificaciones” en su contra.

Y es que el pasado domingo se celebró la primer Consulta Popular organizada por el INE, en donde apenas el 7.1% de los mexicanos inscritos en la lista nominal participó. El ‘Sí’ arrasó con el 97.7% de los votos frente al 1.5% del ‘No’ y el 0.7% de sufragios nulos.

La participación se quedó muy lejos del 40% necesario para que el resultado fuera vinculante.

Y aunque rechazó que la consulta popular hubiera sido un fracaso, tal como lo denunció la oposición, el presidente López Obrador atribuyó la baja participación al INE por no poner “voluntad” en la organización.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue consultado sobre el rechazo que ha expresado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al plan dado a conocer para el regreso a clases.

Y es que el brazo disidente del magisterio, ha indicado en estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, su rechazo a que las clases se impartan de forma virtual a partir del próximo 24 como lo informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Yo creo que hace falta más comunicación y diálogo. Voy a pedirle al secretario de Educación que busque un encuentro con la CNTE y con el SNTE, y que se logre un consenso”, indicó el manatario.

Dijo que el modelo propuesto para retomar las clases en el nuevo ciclo escolar no perjudica a nadie, en referencia al magisterio, y aseguró que lo que busca es que todos los estudiantes del país sigan con su educación y tengan sus clases diarias.

Aseguró que los maestros van a seguir recibiendo su salario y prestaciones como ha venido ocurriendo desde que comenzó la contingencia sanitaria, además de que no se altera nada en cuanto a la relación laboral.

Además insistió en que los contenidos educativos que se impartirán en las clases virtuales, son los de los libros de texto, por lo que descartó que vaya a haber cambios como lo han señalado algunos de los críticos al nuevo modelo.

Afirmó que el rechazo de la CNTE se debe a un tema de información. “Se va a buscar informarles para que todos juntos caminemos y salgamos adelante”.

Sobre el tema educativo, se le preguntó al presidente cómo es que el gobierno se prepara para recibir a los alumnos provenientes de escuelas privadas, que se verán obligadas a cerrar debido a la crisis económica que se vive en el país a raíz de la pandemia.

“En el caso de las escuelas particulares vamos también a atenderlo. Primero, a garantizar que por la televisión todos puedan tener garantizada la educación, todos los alumnos; y luego vamos a ir viendo los casos en donde podamos ayudar a escuelas particulares porque, en efecto, va a haber o se está manifestando, se está reflejando, el que haya menos matrícula en las escuelas privadas, es decir, disminución de inscripciones en escuelas particulares, esto va a llevar, como lo mencionabas, a que va a haber más demanda en las escuelas públicas”, indicó AMLO.

Reiteró que el compromiso de su gobierno es no abandonar el tema educativo del país, por lo que buscará la manera de resolver y atender toda la demanda educativa.

Diversos grupos de mujeres marchan esta tarde en la zona centro de la capital, en rechazo a la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de despenalizar el aborto en Veracruz.

Los contingentes, que salieron del Monumento a la Revolución, se dirigen a la sede la Suprema Corte, ubicada en el primer cuadro de la Ciudad.

Las asistentes, en su mayoría vestidas de negro y con un pañuelo verde, han realizado pintas en su paso por las calles de la Ciudad, mientras que otras lanzaban petardos, palos y cualquier objeto que encontraran en su camino.

En la zona del Caballito, en Paseo Paseo de la Reforma, así como en la Alameda Central y Bellas Artes, se registraron algunas pintas.

A su llegada al Zócalo, el contingente se dispersó y algunas de las manifestantes corrieron a la calle 20 de noviembre,  Ahí, los elementos de la policía encapsularon a parte de las manifestantes, provocando forcejeos.

El contingente de mujeres, desde que salió del Monumento a la Revolución, fue acompañado por el grupo Atenea de la Policía Femenil.

En las inmediaciones de la Suprema Corte, se encuentra otro contingente de mujeres desde hace varios días, en seguimiento a la discusión que se realizó sobre la despenalización del aborto en Veracruz.