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El presidente del Senado de la República, Martí Batres, indicó que los legisladores están abiertos a discutir una nueva Reforma del Estado y electoral profunda, que en esencia garantice una mayor intervención de la sociedad en los asuntos públicos.

Dijo que uno de los planteamientos es la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos en 50%, lo cual amerita una enmienda constitucional.

El senador también refirió que uno de los temas relacionado con la austeridad y que se incluiría en la reforma, es que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice todas las elecciones y prescindir de los Órganos Electorales Locales (OPLEs) de las entidades federativas.

Indicó que el balance general sobre estos órganos (OPLEs) «es negativo», pues hay una tendencia de dificultades y conflictos para solicitar la organización de los procesos electorales locales directamente al INE.

También se refirió a temas complicados que requerirán un amplio debate, como es el de la representación proporcional, que consideró, «no debe desaparecer».

«Debe mantenerse la representación proporcional y analizarse, en todo caso, las fórmulas para reducir el tamaño del Congreso, si es eso lo que se pretende, pero combinando adecuadamente la representación proporcional y la mayoría relativa», sostuvo el morenista.

Batres Guadarrama insistió en que el mensaje que se recibió en las urnas el 1 de julio de 2018 fue transformar todo, por lo que es necesario discutir una reforma en este sentido.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que en una semana quedará “definitivamente” resuelto el problema financiero que enfrentan los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.

En un breve encuentro con la prensa, el morenista indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha restituido 800 millones de pesos (mdp) a los institutos y mil 200 mdp a los sectores vinculados con la Secretaría de Salud.

Y es que el pasado jueves 23 de mayo, Ramírez Cuéllar informó que 11 directores de esas instituciones señalaron que el gobierno federal había retenido dos mil 300 mdp de sus presupuestos.

Ramírez Cuéllar comentó que ayer lunes se realizó una mesa de diálogo, en Palacio Nacional, entre funcionarios del gobierno federal, legisladores y coordinadores de dichas instituciones de salud, para analizar y resolver la problemática.

Apuntó que hay una diferencia entre el monto restituido y el monto reportado como faltante por los institutos, la cual podría estar relacionada con el presupuesto del cierre de 2018, ya que lo relacionado con los recursos de 2019 ha quedado resuelto.

Ramírez Cuéllar aseguró que hay una decisión del gobierno federal de no retener recursos para los sectores salud y educación y por lo tanto “no van a sufrir absolutamente ningún daño”.

Las medidas que el gobierno ha implementado para entregar los apoyos de manera directa a los ciudadanos, alcanzaron a las escuelas públicas.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que además de los cambios con la nueva reforma constitucional en materia de educación, están proponiendo un programa para atender la necesidad de construir aulas, de reparar planteles educativos, de darle mantenimiento a las escuelas en todo el país.

“Queremos que en cada escuela se constituyan comités con la participación de padres de familia y de maestros, como las anteriores sociedades de alumnos, pero queremos que se vayan creando comités en cada escuela”, explicó el mandatario.

Indicó que se plantea que en los comités participen los padres, las madres de familia, los maestros, los estudiantes a partir del cuarto grado, y que se establezca un comité por escuela.

Con los comités, de acuerdo al número de estudiantes y a las necesidades, se transferirán los recursos directamente desde la Tesorería de la Federación, para mejorar las instalaciones y para el mantenimiento.

“Una orden de pago trimestral, semestral con un presupuesto. Que ya no pase el presupuesto por instancias gubernamentales, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales, ni de los gobiernos municipales”, detalló AMLO.

El mandatario señaló que ya se está analizando esa propuesta, pues se necesitan crear cerca de 300 mil comités por el número de escuelas que hay en el país.

De cara a las elecciones del próximo 2 de junio, que se celebrarán en seis estados del país, y en el marco de Programa de Blindaje Electoral 2019, la Secretaría de Bienestar instruyó a sus delegaciones llevar a cabo el resguardo de inmuebles y vehículos de la dependencia.

La medida, que dijo tiene como objetivo evitar que los recursos sean utilizados con fines político-electorales, se aplicará 48 horas antes del día de la jornada comicial en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo.

Detalló que las acciones serán coordinadas por la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia y el Órgano Interno de Control de esta dependencia. Además, se contará con la participación de representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

«La Secretaría de Bienestar refrenda su compromiso con la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, por lo que, mediante oficio circular, dirigido a las delegaciones estatales, recuerda a los servidores públicos que deben garantizar la imparcialidad en el manejo y aplicación de los recursos públicos sin influir en la equidad de la contienda, así como prevenir la ejecución de conductas irregulares», dijo la dependencia  a través de un comunicado.

Al afirmar que todos los servidores públicos están comprometidos a desempeñarse en todo momento con legalidad, honradez e imparcialidad, aclaró que no se tolerará ninguna conducta contraria a lo señalado por la Ley y, por lo que pidió a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad.

Recordemos que el Programa de Blindaje Electoral entró en vigor el pasado 31 de marzo con el inicio de las campañas en los estados de Puebla y Baja California. En Durango, se puso en funcionamiento el 10 de abril, mientras que, en Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, inició el 15 de abril.

La dirigencia nacional del PAN hizo un llamado al Gobierno Federal para que dé a conocer la información real sobre la crisis que enfrenta el sistema de salud en el país, que dijo, debido a las medidas de austeridad emprendidas, sufrió un recorte de más de mil 201 millones de pesos al presupuesto de dicho sector.

“Con la salud no se juega, porque se trata de personas que no reciben de manera oportuna la atención médica y sus medicamentos (…) este gobierno federal simplemente privilegia el presupuesto para los programas clientelares”, dijo el dirigente nacional, Marko Cortés.

El panista lamentó que el Presidente pretenda esconder información sobre la falta de medicamentos e insumos en clínicas, hospitales e institutos, así como los despedidos de más de 10 mil médicos, enfermeras y técnicos especializados, ordenados desde la Secretaría de Hacienda.

Expuso que al gobierno morenista no le interesa procurar la salud de los mexicanos, especialmente de los más pobres, sino solo conseguir dinero para fortalecer su estructura clientelar y electorera.

“Por todo ello, hacemos un llamado enérgico al Presidente López Obrador para que reconsidere su visión centralista y autoritaria de ejercer el poder, corrigiendo de inmediato las políticas en el sector salud, a fin de evitar que se agrave la crisis del sector y se ponga en riesgo la vida de millones de mexicanos”, remató Cortés.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que en las próximas horas las secretarías de Salud y de Hacienda darán solución a los problemas financieros que enfrentan los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.

Y es que confirmó que la Cámara de Diputados recibió, de parte de los institutos y hospitales, una serie de documentos que señalan sus carencias y problemas, los cuales dijo, ya fueron remitidos a la Secretaría de Salud y SHCP para su revisión.

El diputado de Morena reconoció que los documentos señalan que esas instituciones tienen un déficit acumulado de aproximadamente 2 mil 300 millones de pesos y recursos congelados por 794 millones de pesos.

Cuestionado sobre si la situación de dichas instituciones se puede calificar como grave, con base en los documentos entregados, Ramírez Cuéllar respondió: “Estamos ante la presencia de años acumulados de colapsos, de deterioro, de abandono de los sistemas de salud”.

Sin embargo, expuso que la situación va a ser solucionada, pero que era necesario ponerse de acuerdo para que en el futuro se pueda tener un volumen mayor de recursos económicos.

Adelantó que en las próximas horas, las dependencias van a encontrar una respuesta a las demandas de los hospitales e institutos, pues se están construyendo puntos de acuerdo, conciliaciones, cifras y montos, para resolver los problemas.

Sobre las medidas de austeridad que está tomando el Ejecutivo federal en el sector salud, el diputado señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando una nueva política, “van a ver cómo va a dar resultados”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población del país, derivado del recorte presupuestal y de la no transferencia de recursos a ese sector dadas las medidas de austeridad implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante un documento dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; al Secretario de Salud, Jorge Alcocer; al Director General del IMSS, Zoé Robledo, y al Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, les pidió atender al mandato del artículo 1 constitucional.

La Comisión le pidió a las funcionarios adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de atención médica, tratamientos  y prestaciones de seguridad social a todas las personas; asegurar la continuidad del suministro de medicamentos; la disponibilidad, en todas las unidades médicas, de personal suficiente y con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente.

Además, les solicitó implementar las acciones para garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, y pese a las medidas de austeridad implementadas por la administración, asignar los recursos económicos suficientes.

Ante los señalamientos de posibles actos de corrupción, irregularidades, inconsistencias o uso indebido del gasto público, la CNDH reconoció que es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables.

Como ya se ha hecho costumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la crisis que se vive en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es culpa de los gobiernos anteriores.

“Así nos dejaron al gobierno en crisis, los que se dedicaban a saquear y a robar, los conservadores de los gobiernos anteriores del periodo neoliberal”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre la falta de atención y el desabasto de medicamentos que se viven en el país.

Aun así, López Obrador dijo que su gobierno sacará adelante al país y va a lograr el renacimiento de México.

AMLO prefirió no “polemizar” sobre lo expuesto por Martínez Cázares en su carta, pues dijo, respeta los argumentos de su ahora ex colaborador, pero no los comparte.

Enfatizó que puede haber diferencias entre Hacienda y el IMSS; entre Hacienda y el ISSSTE o entre Hacienda y la Secretaría de Salud, pero es más importante la decisión tomada: el derecho del pueblo a la salud.

Finalizó indicando se va a mejorar el sistema de salud en México. Insistió en que va a mejorar el sistema de salud para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, pues reconoció, está mal en ambas instituciones.

“Mucha corrupción fue lo que heredaron, fue lo que dejaron los gobiernos pasados”, remató.

La presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, lamentó la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La morenista le pidió al senador con licencia que reconsidere su decisión, ya que es una persona “valiosa para la salud en México”.

Adelantó que la Comisión que preside buscará concretar una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar el manejo de los recursos al sector salud.

En rueda de prensa, Sánchez Galván manifestó que “Germán Martínez es una persona valiosa, alguien que hay que tratar de mantener dentro del gabinete, por el bien de la salud en el país”.

La legisladora sostuvo que en caso de que la SHCP esté “haciendo una injerencia que perjudique a la salud, estaríamos haciendo la puntualización correspondientes”.

Hizo un llamado a la SHCP a que se libere el recurso congelado que fue asignado a diversas instituciones, entre hospitales y centros de alta especialidad, pues señaló que son más de 700 millones de pesos del presupuesto asignado, que se encuentran congelados.

Consideró que se debe de tener acceso a ese recurso para que no repercuta en la salud de los derechohabientes. “Puede haber austeridad republicana, pero lo que sí necesitamos es asegurar la calidad en atención de los derechohabientes”, apuntó.

Luego de que la tarde de ayer, diversos líderes de opinión comenzaran a compartir en redes sociales un fragmento del Presupuesto de Egresos 2019 (PEF), en donde los diputados habrían etiquetado 5 millones de pesos para la escritora Elena Poniatowska, fue la fundación que lleva su nombre quien salió a aclarar la información.

Personas como el periodista Pascal Beltrán del Río pidió que autoridades explicaran la razón de haber destinado 5 millones a la escritora, dinero que dijo, pagarán los mexicanos a través de sus contribuciones.

Más tarde, y luego de que se generara la polémica, fue el periodista quien aclaró que el dinero etiquetado a “Elena Poniatowska” en el presupuesto, en realidad se trataba de una sugerencia de financiamiento para la Fundación Elena Poniatowska, no a ella en lo personal.

Incluso reconoció que la Fundación Elena Poniatowska no ha recibido «un solo centavo de ese dinero».  Dijo que la sugerencia de destinar 417 mil pesos mensuales es lo que necesita la fundación para operar, pero la Secretaria de Cultura, quien tiene la decisión de hacerlo, no le entregado hasta ahora recurso alguno.

La ex Comisionada del IFAI, María Elena Pérez Jaén, fue quien también lanzó las acusaciones en contra de la escritora; incluso compartió el momento en que Poniatowska agradece a AMLO por el festejo del día de las madres en Palacio Nacional, e indicó: «¡Lo que hacen 5 millones de pesos! ¿Verdad Elenita?».

Sin embargo, la Fundación Poniatowska emitió un comunicado en el que aclaró la información que circula en redes sociales.

Dijo que frente a los mensajes de odio e imprecisos que le atribuyen falsamente a la escritora, dejaban en claro que no ha recibido «un solo centavo del Gobierno Federal desde que asumió el cargo el Presidente Andrés Manuel López Obrador».

Explicó que el documento que circula en redes reproduce una serie de «sugerencias» que la Cámara de Diputados emitió el 28 de diciembre del 2018; sin embargo ese monto no se ha ejercido y la fundación no ha recibido un peso.

Reconoció que la Fundación Elena Poniatowska se encuentra técnicamente quebrada, en una difícil situación de insolvencia. Narró que desde el 30 de abril pasado no se pagan salarios y se ha tenido que separar a diversos colaboradores por la falta de dinero suficiente para operar.

«Consideramos inmoral y ruin la serie de ataques surgidos en redes contra la escritora Elena Poniatowska. Hacemos un llamado a detener estos ataques provenientes de la ignorancia o la mala fe que se ha orquestado en contra del legado de una de las grandes escritoras mexicanas», sostuvieron.

Finalizaron invitando a la reflexión sobre si merecen o no las fundaciones culturales los apoyos financieros y las aportaciones necesarias para difundir el trabajo creativo y el legado de los grandes literatos.

Luego de la que secretaria de energía, Rocío Nahle, diera detalles sobre cómo fue el proceso para declarar desierta la licitación de la nueva refinería, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si la decisión de construirla directamente nació la noche de ayer o era una alternativa que ya se había estudiado.

“Ya teníamos nosotros un plan B, no fue anoche que se decide, es una obra muy importante. Tenemos que lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos, en particular en gasolinas y en diésel. Lo propuse desde hace mucho tiempo”, dijo AMLO.

Al asegurar que se cambiará la política que se aplicó durante el periodo neoliberal, enfatizó que ahora México va a producir lo que consume y va a ser autosuficiente en producción de gasolinas.

AMLO insistió en que el país necesita la nueva refinería, para la cual recordó, se tiene un estimado de costos, que es de ocho mil millones de dólares. Al respecto se le preguntó de cuánto fueron las cotizaciones que presentaron las empresas.

“Unas 10, otras 12 mil, en ese rango (…) se pasan de los ocho, y también en el tiempo. Creo que sólo una se comprometía a tener la refinería en el 23 y eso no nos da seguridad; otra hasta el 25 y no vamos a dejar obras inconclusas en el gobierno; no va a suceder lo que estamos nosotros heredando, que hay cientos de obras inconclusas, paradas, porque se iniciaron de manera irresponsable, sin planeación y sin que se garantizaran los recursos”, explicó el mandatario.

Adelantó que ya se tienen disponibles 50 mil millones de pesos, es decir, la tercera parte del presupuesto, para iniciar y avanzar con la construcción de la nueva refinería.

Reconoció que, si bien se tiene el proyecto ejecutivo, falta definir proyectos específicos, por lo que dijo, va a haber algunas partes que se van a licitar siempre y cuando se mantengan los límites en los precios, “que no haya abusos y si no se ajusta, se hace de manera directa”.

“Les aclaro que lo que se licitó en una primera etapa, lo que se declara desierto, es lo que correspondía a la dirección del proyecto, a la coordinación del proyecto en su conjunto y de ahí vienen otras licitaciones”, remató el presidente.

Durante un mitin en Aguascalientes, el senador Ricardo Monreal prometió recursos a los habitantes de dicha demarcación, si el candidato de Morena, Arturo Ávila, era «ayudado» a ganar la presidencia municipal.

En un video que circula en redes sociales, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, les dice a los presentes que deben ayudar seguir profundizando la ya famosa Cuarta Transformación.

«Quiero pedirles que no dejen solo a Arturo. Yo hago un compromiso con ustedes. Si ustedes le ayudan a Arturo para ser presidente, aquí habemos 6 senadores, y somos la mayoría en el congreso de la Unión. Si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México, en el presupuesto, vamos a ayudarle a Aguascalientes”, sostuvo el legislador.

El también ex delegado de la alcaldía Cuauhtémoc, afirmó que, si “ganan Aguascalientes, nosotros le vamos a ayudar a Aguascalientes”, en referencia a que debe ser Ávila quien gane la elección local.

Añadió que, si el morenista gana, invitará a los secretarios federales a la Cámara de Diputados (aunque él está en el Senado) para “gestionar” proyectos que beneficien a la población de Aguascalientes.

“Lo citaremos allá para ver los proyectos y ser gestores ante la Cámara de Diputados para el presupuesto y en la Ley de Ingresos que nos toca a nosotros aprobar, respaldaremos a Aguascalientes”, prometió Monreal.

Sin embargo, la promesa no quedó ahí, pues el Senador dijo que trabajarán con los secretarios de estado para que “traten con dignidad” a Aguascalientes y que así pueda recobrar su grandeza y seguridad.

Con 91 votos en favor y 17 en contra, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), para transformarlo en el Banco del Bienestar, tal como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se indicó que el Banco del Bienestar será el encargado de dispersar apoyos de los programas sociales del Gobierno Federal, y así con contribuir al logro de los objetivos que el gobierno federal se ha planteado.

Según los cambios aprobados, el Banco del Bienestar utilizará toda su infraestructura para “recibir, administrar y dispersar los recursos de programas sociales, haciéndolos llegar de manera eficiente y transparente a la población objetivo, incidiendo a la vez en la inclusión financiera a través de una oferta amplia de servicios que contribuyan al bienestar de dicha población”.

A diferencia de Bansefi, el Banco del Bienestar tendrá mayores facultades, tales como mayor capacidad de operación, especialmente para el otorgamiento de los recursos que se ministren por medio de la política social de bienestar, así como para desarrollar capacidades que amplíen su oferta de productos y servicios en condiciones equitativas para quienes no han tenido acceso a servicios financieros formales.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, quien se reincorporó a sus tareas legislativas el pasado lunes luego de haber buscado la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, dijo que la reforma busca poner énfasis en las personas, especialmente para que atienda las necesidades urgentes de la sociedad a fin de coadyuvar a cerrar la brecha social.