Los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) lamentaron la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para darle más recursos para la organización de la Revocación de Mandato, que se tiene programada para el próximo 10 de abril.

Durante la presentación del Informe final respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la Revocación de Mandato, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, notificó a las y los consejeros la recepción del oficio suscrito por el Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, en ausencia del titular de la SHCP.

En el documento, la SHCP aseguró que no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales al Instituto ya que “no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”.

También se reiteró que, de conformidad con lo dispuesto en la legislación, sólo el INE puede realizar la adecuación presupuestaria en su gasto con el presupuesto que le fue otorgado por la Cámara de Diputados y, en todo caso, el incremento en su presupuesto aprobado se podrá realizar cuando “obtenga ingresos adicionales y se autorice la adecuación presupuestaria respectiva, informando a esta dependencia sobre el citado incremento, para efectos de la integración de los informes trimestrales y la cuenta pública”.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que pese a la negativa del gobierno federal, el Instituto continuará con los trabajos para llevar a cabo la consulta aunque reconoció que serán necesarias las definiciones que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación para clarificar la naturaleza del ejercicio y los recursos con los que éste debe llevarse a cabo.

“El INE no se ha detenido y se encuentra listo para organizar la Revocación de Mandato conforme a la ley, apegándose a las sentencias del Poder Judicial y con una amplitud a los recursos disponibles. Lo que viene depende de las capacidades y condiciones que han generado otros poderes para poder avanzar en el ejercicio de participación directa”, agregó.

La Consejera Carla Humphrey lamentó que el documento se entregara firmado por la quinta persona funcionaria suplente de esa Secretaría, pues lo consideró como un trato indigno para un órgano constitucional autónomo. Señaló que a pesar de que el oficio habla de cooperación, no se detalla cómo se llevaría a cabo para lograr una reducción de costos.

En tanto, el consejero Uuc-kib Espadas se refirió a un “estrangulamiento económico” por parte de la SHCP al INE. Afirmó que el Poder Judicial de la Federación ha sido colocado en un tránsito histórico ya que deberá excluir el estrangulamiento presupuestal como instrumento de demolición de instituciones, tal como antes se utilizó para el estrangulamiento de gobiernos opositores.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña afirmó que la negativa de recursos no es congruente con esa lucha que por décadas se hizo desde esa izquierda para tener un organismo electoral autónomo, fuerte, un árbitro capaz de poder desplegar sus atribuciones sin ningún regateo.

Frente a la negativa de dotar de recursos suficientes al INE, la consejera Claudia Zavala aseguró que, a pesar de las maniobras que existen para entrampar a la institución, lo que está en el fondo es la intención eminentemente política de exterminar al INE.

Durante la sesión del Consejo General, se dio a conocer el informe final respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la Revocación de Mandato, el cual confirma el cumplimiento del requisito constitucional para detonar la organización del ejercicio.

Se enfatizó que más de uno de cada cinco apoyos que fueron entregados al INE presentaron alguna inconsistencia con los que se pretendió simular apoyos, lo que tendrá que ser investigado por las áreas competentes.

Córdova Vianello explicó que de los 11.1 millones de firmas susceptibles de ser verificadas y cuantificadas se logró verificar casi el 40%, de las cuales 990 mil 189 presentaron alguna inconsistencia en ambas modalidades, lo cual representa el 22% de los apoyos recabados tanto a través de la App como en papel.

El consejero Ciro Murayama cuestionó el modo como los promoventes accedieron a los datos de ciudadanas y ciudadanos que hace más de una década no están en la Lista Nominal, están presos o fallecieron.

“Por supuesto, en las firmas hay millones que son reales y de gente bien intencionada, pero por ello toda persona contraria al fraude debería de alzar la voz, aquí el silencio es cómplice. Recordemos que, en democracia, tan importantes como los fines son los medios, quien hace trampa, no lo hace nunca por una causa digna”, afirmó el consejero.