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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una polémica ley que prohíbe a los menores de 13 años abrir cuentas en redes sociales, una medida que se prevé se dirima en los tribunales antes de que pueda entrar en vigor.

El republicano firmó la norma HB-3, aprobada con un amplio apoyo bipartidista este mes, que bloquea el acceso a dichas plataformas a los menores de 13 años, y que establece que los adolescentes de 14 y 15 años lo hagan solo a través de una autorización de los padres de familia o tutores legales.

Antes de la firma, la coalición NetChoice, que representa a plataformas de redes sociales, adelantó que la ley era “inconstitucional” y que en la práctica no protegerá a ningún floridiano.

“Las redes sociales dañan a los niños de diversas maneras”, señaló el gobernador en una rueda de prensa, en la que aludió, a modo de ejemplo, que los menores pueden ser, en su propio domicilio, víctimas manipulables de depredadores sexuales a través de estas plataformas.

La norma, que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2025, obliga a las compañías tecnológicas a eliminar las cuentas de menores de 14 años en dichas plataformas, bajo penas de multas, además de fijar mecanismos de verificación de edad en páginas de internet con contenido pornográfico.

El promotor de esta iniciativa, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes estatal, Paul Renner, dijo que internet “se ha convertido en un callejón oscuro” para los niños, y un lugar “donde los depredadores los atacan y las peligrosas redes sociales conducen a tasas más altas de depresión, autolesiones e incluso suicidio”.

La firma de la ley se da luego de que DeSantis, exaspirante presidencial por el Partido Republicano, vetara una primer versión más estricta aprobada en el Congreso y en la cual el veto se aplicaba a menores de 16 años.

La prohibición de Florida se suma a otras semejantes que han tenido lugar en estados del país, las cuales no han podido entran en efecto tras las demandas judiciales que ha entablado la coalición de compañías de redes sociales, como Meta o TikTok, que alega que las medidas atentan contra el derecho a la libre expresión de los menores de edad.

En ese sentido, Renner, quien hizo de este proyecto una prioridad en el pasado periodo de sesiones, adelantó que los legisladores estatales prevén que el texto firmado este lunes será disputado en la corte.

El número de usuarios activos en redes sociales superó los 5,000 millones en 2023, lo que equivale al 62.3% de la población mundial, según un informe anual publicado el miércoles.

La cifra aumentó 5.6% en un año mientras que la población mundial creció 0.9%, indica este informe de la agencia We Are Social y la empresa Meltwater, basado en las estimaciones de Kepios, un gabinete especializado en el estudio de los usos digitales.

Facebook, de grupo Meta, primera red social en términos de audiencia que el domingo festejará su 20º aniversario, tiene 2,190 millones de usuarios. Le siguen Instagram con 1,650 millones, y TikTok  con 1,560 millones.

El informe reconoce sin embargo cierto grado de imprecisión en esos datos debido, entre otras cosas, a las cuentas automáticas o a las personas inscritas bajo distintas identidades.

Prueba de la curiosidad que genera la Inteligencia Artificial (IA), la página más visitada en 2023 sin distinción de idiomas fue la de ChatGPT, el programa de IA generativa más conocido, desarrollado por la empresa OpenAI.

Este informe se difunde justo cuando los directores generales de plataformas como Meta, TikTok, y X comparecieron ante el Congreso estadounidense en momentos en que crece la inquietud sobre los efectos nocivos de las redes sociales en la salud de los más jóvenes.

La audiencia comenzó con testimonios grabados de niños y padres que dijeron que ellos o sus hijos fueron explotados en las redes sociales.

“Son responsables de muchos de los peligros que nuestros niños enfrentan en línea”, dijo en sus comentarios de apertura el líder de la mayoría del Senado, Dick Durbin, quien preside el comité. “Su constante búsqueda de presencia y ganancias por encima de la seguridad básica han puesto a nuestros hijos y nietos en riesgo”.

Si bien el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ya es un veterano de interpelaciones en el Congreso desde que fue la primera vez en 2018 por la controversia sobre Cambridge Analytica, es solo la segunda vez para el jefe de TikTok, Shou Zi Chew y la primera para Linda Yaccarino, directora general de X.

También comparecieron ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado el CEO de Snapchat, Evan Spiegel y el de Discord, Jason Citron.

“Entendemos que son empresas y que tienen que ganar dinero. Pero cuando te enfrentas a decisiones importantes en cuanto a seguridad y privacidad, las ganancias no deben ser el primer factor que estas compañías deben considerar”, declaró Zamaan Qureshi, copresidente de Design It For Us, una coalición liderada por jóvenes que aboga por mayores medidas de seguridad en las redes sociales.

Recordemos que Meta ha sido demandada por docenas de estados que la acusan diseñar, intencional y deliberadamente, rasgos de Instagram y Facebook para volver adictos a los niños.

En su comparecencia, y bajo la presión del senador republicano Josh Hawley, Zuckerberg se puso de pie y se dirigió a las familias que sostenían fotografías de sus hijos que, según decían, habían sido perjudicados por las redes sociales, y se disculpó.

“¿Le gustaría ahora pedir disculpas a las víctimas que han resultado perjudicadas por su producto?”, preguntó Hawley, señalando que la audiencia se transmitía en vivo por televisión. Zuckerberg se levantó, se dio la vuelta y se dirigió a las familias.

“Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir”, dijo el empresario.

Hawley fue más allá y mantuvo las criticas a Zuckerberg durante todo el intercambio verbal. “Su producto está matando gente”, reprochó.

Los usuarios verificados de X, anteriormente conocida como Twitter, generan el 74% de las noticias falsas o ‘fake news’ relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamás que circulan por la red social propiedad de Elon Musk.

Recordemos que desde que Elon Musk adquirió la red social, ha introducido cambios significativos en X.

Instauró la posibilidad de que toda cuenta pueda disponer de una marca de verificación, a cambio de pagar una cuota o suscripción mensual.

La marca o paloma azul determina que el dueño de dicha cuenta paga el servicio X Blue, y no como era antes, que pertenecía a un líder de opinión reconocido, empresa verificada o medio de comunicación con una buena reputación.

X ha dicho que para tener la insignia, se debe cumplir con los requisitos de elegibilidad que establece la compañía. Entre los criterios de elegibilidad para la insignia azul se encuentran el de tener la cuenta con nombre y foto de perfil visibles y públicos.

También se debe haber registrado actividad durante los 30 días anteriores al momento de la suscripción y no debe contar con contenido que tenga signos de ser engañoso o “de participar en la manipulación de la plataforma y spam”, según el Centro de ayuda de la firma.

Sin embargo, un estudio reciente de la firma NewsGuard ha determinado tras un análisis reciente que los usuarios verificados de la plataforma propagan el 74 por ciento del total de las noticias falsas sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Desde la firma han advertido, en primer lugar, que los suscriptores de X Premium tienen la opción de ocultar la marca de verificación, por lo que es posible que su análisis “no cuente el total mínimo”, ya que algunos usuarios premium podrían haber decidido no mostrar la insignia.

La empresa de ciberseguridad señaló que, durante el mes de octubre, llevó a cabo un análisis de las 250 publicaciones con mayor participación en la plataforma durante la primera semana de la guerra en Gaza, esto es, del 7 al 14 de octubre de este año.

Concretamente, la organización empleó el sistema Misinformation Fingerprints, que extrae y cataloga las principales narrativas falsas difundidas de forma ‘online’.

Estas fueron elegidas en base al número de ‘me gusta’, los ‘retuits’, las respuestas o la opción de ‘elementos guardados’, que se adjuntan en una lista privada para cada usuario pulsando el ícono de ‘compartir’.

NewsGuard estudió más concretamente una decena de afirmaciones falsas o sin fundamento compartidas por estos usuarios verificados. Entre ellas, se encuentran ‘fake news’ como ‘Ucrania vendió armas a Hamás’, ‘Un vídeo muestra a niños israelíes o palestinos enjaulados’, ‘Un memorando de la Casa Blanca muestra que Estados Unidos aprobó 8,000 millones de dólares en ayudas para Israel’ o ‘Un vídeo muestra a los combatientes de Hamás celebrando el secuestro de un niño israelí’.

El estudio de NewsGuard determinó que, en conjunto, las publicaciones distribuidoras de estas ‘fake news’ recibieron 1,349,979 interacciones y que se visualizaron más de 100 millones de veces en todo el mundo en tan solo una semana.

Asimismo, este análisis ha identificado siete cuentas que difundieron al menos dos de las noticias falsas relacionadas con la guerra más compartidas. Entre ellas se encuentra la cuenta anónima @Sprinter99800, cuyas publicaciones se visualizaron casi tres millones de veces.

En el estudio, la compañía de ciberseguridad también puso especial atención en aquellas publicaciones que cuentan con Notas de la Comunidad, una característica que permite a los usuarios contextualizar las publicaciones con fuentes fiables.

En concreto, descubrió que solo 79 de las 250 publicaciones que presentaban información errónea fueron marcadas por la plataforma como Notas de la Comunidad. “Esto significa que apareció una nota aproximadamente el 32% de las veces en algunas de las publicaciones de desinformación más destacadas y dañinas de la plataforma.

Esto llama la atención pues refuerza las críticas que se han hecho acerca de mientras tiene lugar la guerra entre Israel y Hamás, hay otra batalla muy importante ocurriendo al mismo tiempo: la de la batalla de la desinformación. 

Esto solo es el caso de X, pero lo mismo sucede en otras plataformas como TikTok, Facebook o Instagram de Meta.

Y es que la demanda por entregar una visión más cercana de la guerra ha abierto oportunidades para los traficantes de desinformación, los amantes de las teorías de la conspiración y los propagandistas, envenenando los debates públicos sobre la guerra.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Carlos Piña, analista de datos, doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Essex, sobre lo que sucede en redes sociales, la desinformación y la proliferación de las fake news, en medio del conflicto armado en Medio Oriente.

La Unión Europea amplió su advertencia para que las empresas tecnológicas retiren de sus plataformas los contenidos favorables a Hamás si no quieren enfrentarse a sanciones legales.

Tras el ataque del grupo islamista contra Israel, las compañías de redes sociales han visto un aumento de la desinformación relacionada con el conflicto, incluidas imágenes falsas y videos mal referenciados, junto con imágenes de violencia gráfica.

Por ello, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea recordó a todas las empresas de redes sociales que tienen la obligación legal de impedir la difusión de contenidos nocivos relacionados con Hamás.

“El contenido que circula en línea que puede asociarse a Hamás se califica como contenido terrorista, es ilegal y debe ser eliminado en virtud tanto de la DSA (Ley de Servicios Digitales) como del Reglamento TCO (Contenido Terrorista en Línea)”, dijo un portavoz de la Comisión que habló con la agencia Reuters.

Adelantó que se aplicará plenamente la DSA y supervisará la plena aplicación del TCO. Recordemos que la DSA, de reciente aplicación, exige a las grandes plataformas en línea, entre ellas X y Facebook, de Meta, que eliminen los contenidos ilegales y tomen medidas para atajar los riesgos para la seguridad pública y el discurso cívico.

Las empresas infractoras se enfrentan a multas de hasta el 6% de su volumen de negocios mundial, y los reincidentes pueden incluso ver prohibida su actividad en Europa.

En ese sentido, la Comisión Europea dio 24 horas a Mark Zuckerberg, presidente de META, matriz de Instagram y Facebook, para que detalle cómo va a evitar que en sus redes sociales se difunda “contenido manipulado” y “ultrafalso” sobre el ataque de Hamás a Israel.

“Le insto a que garantice una respuesta rápida, precisa y completa (en las próximas 24 horas como máximo)”, escribió el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una misiva dirigida a Zuckerberg y difundida en la red social X.

La carta llega un día después de que el Ejecutivo comunitario se dirigiera en los mismos términos al propietario de Twitter, Elon Musk, quien por su parte ha pedido a la Comisión Europea que detalle cuáles son las faltas que le reprocha.

El comisario, cuya carta a Zuckerberg tiene un tono algo menos duro que la dirigida a Musk, recuerda que “la Ley de Servicios Digitales de la UE requiere que el riesgo de amplificación de imágenes o hechos falsos o manipulados generados con la intención de influir en elecciones se trate con extremada seriedad en el contexto de las medidas de mitigación”.

El número de usuarios activos de las redes sociales llegó a 4,880 millones, un 60.6% de la población mundial, según un informe trimestral sobre la situación de internet.

Esa estimación marca un aumento de 3.7% respecto al segundo trimestre de 2022, precisa el reporte efectuado por el gabinete especializado en usos digitales Kepios y publicado por la agencia We are social y la firma Meltwater.

El aumento fue mayor que el de la población mundial, de menos de 1%, durante ese periodo.

El número de usuarios de las redes se acerca así al de los internautas, que representan un 64.5% de la población mundial (5,190 millones de personas), aunque su crecimiento se haya desacelerado de manera importante desde la pandemia de coronavirus.

Más de la mitad de los usuarios de las redes son hombres (53.6%), aunque hay un margen de imprecisión debido a la existencia de cuentas automatizadas o a personas que se registran con identidades diferentes.

Las disparidades regionales son considerables. Solo una de cada 11 personas usa las redes sociales en África central y oriental. En India, el país más poblado del mundo, menos de un tercio de los habitantes está registrado en algún canal social.

El tiempo promedio de conexión a las redes aumentó de dos minutos por día, para alcanzar en promedio 2 horas y 26 minutos aunque con grandes diferencias, que van de 3:49 horas en Brasil a 1:46 en Francia y a menos de una hora en Japón.

Los usuarios consultan en promedio más de siete plataformas.

Entre las más citadas figuran las tres del grupo estadounidense Meta (Whatsapp, Instagram y Facebook), seguidas por tres aplicaciones chinas (Wechat, TikTok y su rama local Douyin) y por Twitter, Messenger y Telegram.

El gobierno federal defendió una orden emitida a académicos del CIDE, de no publicar críticas en redes sociales que puedan “causar daño a la dignidad” de sus jefes, ni compartirlas en correos electrónicos.

La orden anunciada el fin de semana está dirigida a investigadores y empleados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, un organismo independiente financiado por el Estado.

El CIDE ha sido un punto focal de resistencia a los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer que las instituciones académicas sean más nacionalistas, orientadas hacia el Estado y progubernamentales.

Los críticos dijeron que las nuevas normas equivalen a una ley mordaza, que le exige a cualquier persona relacionada con el centro “abstenerse de difundir, mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como las redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona publica”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que “dichos compromisos no buscan restringir la libertad de expresión; por el contrario, se orientan a garantizar dicho derecho”.

No es el primer enfrentamiento del actual gobierno con académicos. En abril pasado, López Obrador promulgó una ley que hizo que el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) incluyera a representantes del Ejército y la Armada en su junta de gobierno.

En 2021, el CONACyT le ordenó a sus investigadores no criticar al organismo, y señaló que cualquier comentario público que hicieran tenía que ser aprobado previamente por su oficina de prensa.

Previamente, el consejo ayudó a la Fiscalía a intentar encarcelar a 31 académicos en una prisión de máxima seguridad bajo cargos de que se gastaron fondos de investigación que en aquella época estaban autorizados a utilizar.

El expresidente peruano Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre pasado por su fallido autogolpe, fue sancionado con 15 días de limitación de las comunicaciones, después de haber publicado una carta en Twitter, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El comunicado del INPE precisó que el pasado 26 de enero se abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra Castillo por una presunta falta disciplinaria con respecto a una carta firmada y publicada en Twitter, teniendo en cuenta que los internos no pueden usar teléfonos móviles.

La misiva de Castillo iba dirigida a los mandatarios asistentes a la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que se declaró “prisionero político de la dictadura” de Dina Boluarte, la actual presidenta del país.

El Consejo Técnico Penitenciario del penal de Barbadillo, en el que se encuentra recluido el exmandatario, determinó que se le imponga “la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, conforme al Código de Ejecución Penal.

El INPE agregó que esta medida implica “la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo” de la sanción, pero no impide el ingreso de sus abogados ni su participación en las audiencias judiciales.

Recordemos que Castillo fue detenido el 7 de diciembre pasado cuando anunció un golpe de Estado e intentó dirigirse a la embajada de México, donde finalmente su esposa e hijos recibieron asilo.

El exmandatario afronta en prisión preventiva un proceso por los delitos de conspiración y rebelión, y otro como presunto líder de una organización criminal que supuestamente se instaló en el Estado, durante su gobierno, para adjudicar obras públicas a cambio de dinero y favores políticos.

Este martes, Castillo afirmó, durante una audiencia de apelación contra su detención, que es un “preso político” y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar “justicia” ante la “inseguridad jurídica” que, asegura, se está “creando” en Perú.

La plataforma de videos YouTube anunció este viernes que puso fin a la suspensión de la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump, tras más de dos años de prohibición a raíz del asalto de sus seguidores al Capitolio.

El magnate de 76 años, que ya ha anunciado que buscará la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, no pudo publicar en ese período ningún contenido y sus 2.6 millones de seguidores no pudieron comentar videos antiguos.

YouTube suspendió a Trump días después de que una ola de partidarios suyos atacara el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 para intentar detener la certificación de su derrota electoral frente a Joe Biden.

Fue suspendido por publicar contenido que, según la plataforma, incitaba a disturbios. Le informó entonces de que le permitiría reutilizarla cuando “el riesgo de violencia hubiera disminuido”.

Trump afirmó durante semanas que le habían robado las elecciones presidenciales y se le acusó de instigar los disturbios.

“A partir de hoy, el canal de Donald J. Trump ya no está restringido y puede subir contenido nuevo”, señaló YouTube este viernes a través de un comunicado.

“Evaluamos cuidadosamente el riesgo continuo de violencia en el mundo real, mientras equilibramos la posibilidad de que los votantes escuchen por igual a los principales candidatos nacionales en el período previo a las elecciones”, añadió la plataforma.

Otras plataformas ya han restaurado las cuentas de Trump tras haberlas congelado por los mismos motivos que YouTube. Meta anunció en enero que restablecería las cuentas del expresidente en Facebook e Instagram con “nuevas medidas de seguridad”.

Su cuenta de Twitter, que tiene 87 millones de seguidores, también fue bloqueada después de los disturbios. Trump abrió entonces la plataforma Truth Social, donde menos de cinco millones de personas lo siguen.

El observatorio de medios de comunicación Media Matters for America se opone a permitir que Trump se beneficie de las redes sociales, dado el papel que tuvieron en su victoria electoral en 2016.

Trump no ha publicado contenido en Facebook, Instagram ni Twitter desde su reincorporación.

El Ministerio de Tecnología de la Información (TI) de India contactó a todas las empresas tecnológicas encargadas de las redes sociales para pedirles eliminen cualquier contenido que se refiera a la “variante india” del COVID-19.

Y es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el 11 de mayo que la variante del coronavirus B.1.617, identificada por primera vez en India el año pasado, iba a ser clasificada como variante de preocupación mundial.

Un día después, el gobierno indio emitió un comunicado declarando que reportes de medios que usan el término “variante india” no tenían ningún fundamento, aseverando que la OMS había clasificado la variante sólo como B.1.617.

En la comunicación enviada, el Ministerio de TI pidió a las empresas que “eliminen todo el contenido” que nombre o implique “variante india” del coronavirus.

“Esto es completamente FALSO. No existe tal variante de COVID-19 científicamente citada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no ha asociado el término ‘variante india’ con la variante B.1.617 del coronavirus en ninguno de los sus informes”, aseguró el gobierno.

Según Reuters, un funcionario del gobierno indio dijo que la petición se emitió para enviar un mensaje “fuerte y claro” de que tales menciones de la “variante india” propagan la falta de comunicación y dañan la imagen del país.

Recordemos que en todo el mundo, médicos y expertos en salud se han referido genéricamente a las variantes de los coronavirus en función del lugar donde se identificaron, lo que incluye variantes de Sudáfrica y Brasil.

Reuters señaló que un ejecutivo de redes sociales dijo que sería difícil eliminar todo el contenido que usa esa palabra, ya que hay cientos de miles de publicaciones de este tipo, y agregó que “tal medida conduciría a una censura basada en palabras clave en el futuro”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la iniciativa que el senador de Morena, Ricardo Monreal, presentó para regular las redes sociales; aunque dijo que el legislador estaba en su derecho de presentar la propuesta de reforma.

“Se trata de temas polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

La iniciativa que presentó Monreal, que solo fue en texto ya que indicó que esperaría los comentarios de expertos para poder formalizarla en el Congreso, regularía las redes sociales con más de un millón de usuarios, a las cuales les exigiría tener una autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), e impondría multas de hasta 89,62 millones de pesos si llegaran a “violar la libertad de expresión” al cancelar cuentas.

“No debe haber censura, prohibido prohibir, lo único es que se garantice la libertad. Eso sí es importante porque cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos, se puso verde la Estatua de la Libertad”, manifestó AMLO. Y es que tanto el presidente como algunos morenistas han cuestionado a Facebook y Twitter por “censurar” a Donald Trump, a quien acusaron de postear mensajes que incitaron a la violencia durante el asalto al Capitolio.

Al indicar que Monreal está en su derecho y libertad de prensar las iniciativas que considere, AMLO señaló que no solo se trata de presentarla, sino que tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas.

Sin embargo, ha sido el propio presidente quien también se ha lanzado contra las redes sociales, en especial contra Twitter, al acusar a su director en México de tener afinidad con la oposición, ya que anteriormente trabajó en proyectos relacionados con el PAN.

El mandatario reiteró que él no acepta la censura y menos cuando proviene de particulares que no representan el interés de los ciudadanos. “Que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las plataformas estas, famosas, cuando silenciaron al presidente Trump”, manifestó.

Al tema de la iniciativa de Monreal, se suma la iniciativa que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados prepara para modificar el artículo 73 de la Constitución, para que las noticias falsas o “fake news” sean consideradas como un ataque a la seguridad nacional.

De acuerdo con el dictamen, el tema de la seguridad cibernética y la protección de los derechos humanos en el ciberespacio, se ha convertido en un objetivo para los gobiernos, ya que puede afectar los derechos de los cibernautas en cuestiones tales como ciberacoso, ciberbullying, fraudes cibernéticos, acoso sexual, extorsión a las empresas mediante el secuestro, por ejemplo, de su contabilidad, y afectaciones a la seguridad nacional.

Se propone una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que incluya un fuerte marco jurídico; promover buenas prácticas; formar especialistas; colaborar con la iniciativa privada; y vigorizar la ciberdefensa.

“Igualmente, considerando el impacto de las redes sociales, así como que se convirtieron en el medio masivo de información, los ciberataques también se pueden actualizar con las noticias falsas que comprometen, en muchas ocasiones, la toma de decisiones de la sociedad, y no menos importante e incluso potencialmente delicado, la seguridad infantil, por el tipo de información a la que los menores son vulnerables, así como el acoso infantil a través de internet o ciberbullying”, se lee en el dictamen presentada por el diputado de Morena, Javier Salinas Narváez.

Ricardo Monreal presentó el texto de la iniciativa que había anunciado días atrás, que busca regular las redes sociales en nuestro país, otorgándole al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio.

Mediante un vídeo a través de redes sociales, Monreal señaló que las redes sociales y las plataformas digitales “se han erigido y convertido no sólo en poderosos emporios económicos, sino también poderosos instrumentos de comunicación”.

Dijo que por esa razón, el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que, debe de ser regulado por órganos del Estado y contar con límites bien establecidos, conforme a la Constitución y a la ley.

“Creo que ha llegado el momento de hacerlo y por eso el Poder Legislativo debe de instrumentar y crear normas jurídicas que puedan hacer y lograr este propósito”, apuntó.

Monreal informó que se reunió con administradores y directivos en México de los prestadores de servicio de las redes sociales más importantes como Facebook y Twitter, con quienes se comprometió a escucharlos para mejorar la iniciativa que presentará en la materia.

Antes de formalizar la iniciativa, el legislador dijo que la publicó en su sitio de internet para que expertos, académicos, especialistas y usuarios de estas plataformas digitales debatan sobre la misma.

“No es una iniciativa que pretenda cercenar, obstaculizar o censurar, como equivocadamente han afirmado algunos comunicadores y gente que no está enterada del propósito principal”, dijo. Aclaró que no presentará formalmente la iniciativa hasta después de recibir los comentarios, enriquecerla y mejorarla.

El texto presentado menciona que las personas físicas y morales que se consideren redes sociales relevantes, es decir, que tengan más de un millón de suscriptores, deben ser autorizadas por el IFT para prestar sus servicios. Incluso menciona las multas que habría para quienes incumplan lo dispuesto.

“Las infracciones a lo dispuesto en el capítulo II del Título Sexto de la presente Ley y a las disposiciones que deriven del mismo, se sancionarán por el instituto con una multa por el equivalente a 1 a 1,000,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes en la Ciudad de México”, señala la propuesta. Considerando que la UMA es de 89.62 pesos diarios, según datos del INEGI, las multas irían de los 89.62 pesos hasta los 89 millones 620 mil pesos.

Las redes sociales relevantes deberán contar con un departamento que atienda las quejas de los usuarios, y será el IFT quien vigile y de seguimiento a dichas quejas, tarea que hasta ahora correspondían a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Se indica que si bien las redes sociales podrán, mediante un mecanismo interno, suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o cancelar en forma definitiva la cuenta, los términos y condiciones para que eso ocurra deben ser autorizados por el IFT.

La suspensión de cuentas o perfiles, así como la eliminación de contenidos, serán procedentes sólo si se acredita que el contenido “atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público, se afectan los derechos de los menores de edad, corresponden a mensajes de odio, y se revelen datos personales en violación a lo dispuesto por las leyes de la materia.

Monreal recordó que un ente privado también debe de estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de estas tecnologías de la información. “No puede un ente privado privarte de tus derechos, ni eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión, sin ningún recurso de defensa”, expuso.

Recordemos que el presidente López Obrador ha sido crítico con las redes sociales, incluyendo la decisión de Facebook de desactivar la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump. Adicional, el mes pasado, antes de aislarse por su contagio de Covid-19, el mandatario señaló directamente a un directivo de Twitter en el país, por su “afinidad” con la oposición, lo que dijo, podría comprometer la neutralidad de la empresa.

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Sin embargo, un grupo latinoamericano de la industria de internet, que incluye a Facebook y Twitter, dijo que la iniciativa de Monreal crearía barreras comerciales injustificadas en violación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

“La necesidad de obtener una autorización (…) atenta contra lo establecido en el TMEC (…) poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EEUU ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos”, dijo ALAI en el comunicado.

Monreal aseguró que la reforma no violaría el T-MEC porque tiene como objetivo regular las plataformas de redes sociales en “lo que se refiere a los contenidos relacionados con libertad de expresión, lo que no significa invadir la esfera de la libertad de comercio que regula el TMEC”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó esta mañana que ha dado instrucciones a la Unidad de Normatividad de Medios, para que se realice un estudio sobre la posibilidad de regular a las empresas de redes sociales en México.

“Tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios (…) para avanzar en la… cuando menos en algún tipo de reflexión y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo para saber exactamente, un derecho comparado para saber exactamente cómo están siendo regulados en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo de regulación”, contestó la funcionaria al ser consultada sobre la iniciativa que se espera presente el senador de Morena, Ricardo Monreal.

Sánchez Cordero explicó que siempre regular es importante, aunque indicó que lo primero es defender la libertad de expresión en todo y en todos los sentidos; sin embargo reconoció que también se deben defender los derechos de terceros y las afectaciones que pudiera tener la libertad de expresión respecto de los derechos de tercero.

Enfatizó que ningún derecho humano es absoluto, todos los derechos humanos tienen restricciones, y esas son cuando afectan a terceros o afectan la paz social.

Y es que reconocemos que el senador de Morena ha indicado que hechos recientes, como la decisión “humana y no automatizada” de bloquear las cuentas del expresidente Donald Trump, o la de eliminar cuentas identificadas como afines al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han elevado el nivel de debate en torno al tema de la regulación de las plataformas.

Indicó que en el caso de nuestro país, la cancelación de cuentas de Twitter que apoyan al actual gobierno, pero no a aquellas que lanzan mensajes de odio al presidente, pone en entredicho la aplicación igualitaria de los términos y las condiciones de las empresas tecnológicas.

Monreal Ávila señaló que hoy existe consenso respecto a que cualquier algoritmo de automatización tiene un sesgo de entrada, que se origina en su diseño, y que además la automatización ha fallado en algunas ocasiones. Dijo que diversos casos han evidenciado la necesidad de ir más allá de la autorregulación.

Enfatizó que en momentos críticos, como lo sucedido en Estados Unidos, existe un componente humano que en el caso de las redes sociales decide qué censurar y qué no, algo que claramente puede ir en contra de la protección que los Estados tienen que brindar al derecho humano de la libertad de expresión.

El morenista dijo que el argumento en contra de regular públicamente las redes sociales es que se trata de empresas privadas cuyas personas usuarias aceptan los términos y condiciones, y por lo tanto las empresas tienen el derecho de actuar conforme a esos lineamientos. Sin embargo, explicó que el servicio que brindan las plataformas no solamente se otorga a través de infraestructura pública, sino que está comprobado que la falta de una regulación efectiva tiene consecuencias en el orden público, lo cual es enteramente competencia de los gobiernos.

“Cuando un Estado violenta el derecho a la libertad de expresión, existen mecanismos que permiten a la ciudadanía defenderse de tales abusos”. También dijo que otro punto a revisar es cómo mejorar la transparencia de las empresas de las redes sociales.

En ese sentido, la titular de Segob indicó que desea conocer la iniciativa que presentará el senador Monreal, para que tras hacer un análisis, decida si la apoya o no.

SERGIO SARMIENTO

REFORMA

“Sostengo que lo justo no es

otra cosa que lo que conviene

al más fuerte”.

Trasímaco

La secretaria de energía, Rocío Nahle, compartió ayer por Twitter “el último reporte de los avances de la construcción” de la refinería de Pemex en Dos Bocas. En un video mostró la cimentación de las áreas de proceso, lo que sin duda ha generado envidia en muchas empresas de construcción cuyas obras han sido detenidas porque el gobierno las consideró “no esenciales”. La ley no se aplica a todos por igual en nuestro país.

Son muy extraños los criterios con los que se definen en esta emergencia sanitaria las actividades esenciales y las no esenciales. La producción de tequila, por ejemplo, es esencial, pero no la de cerveza. La industria farmacéutica o la de alimentos son esenciales, lógico, pero no la de empaques y envases, lo cual hace cada vez más difícil enviar los medicamentos y alimentos a los puntos de venta. Muchas fábricas deben seguir ofreciendo productos de todo tipo, entre ellos instrumentos médicos, pero las minas están cerradas, lo cual deja a muchas sin insumos básicos. Si llegamos a tener desabasto será por ineptitud, por falta de conocimiento sobre cómo funcionan las cadenas de producción y de distribución.

El gobierno de López Obrador se ha preocupado mucho por atender las exigencias del gobierno de Estados Unidos para que se abran las actividades que se encuentren en las cadenas de producción de las empresas estadounidenses, pero no muestra el mismo interés por atender los reclamos de las empresas mexicanas que han visto cerradas sus actividades a pesar de que podrían estar trabajando con las adecuadas medidas de salud.

Los criterios de cierre de empresas o tiendas son en buena medida irracionales. Favorecen a algunas firmas y consumidores, pero castigan a otras sin razón. Esto me quedó claro hace unos días cuando decidí comprar una bicicleta para trasladarme en estos días en que las restricciones a la circulación y al transporte público hacen más complicado de lo necesario acudir todos los días a mis programas informativos de radio y de televisión (clasificados como actividades esenciales). Quise primero adquirirla en una tienda especializada en bicicletas, pero estaba cerrada, porque no es un producto esencial. Busqué una en un Elektra cercano, que sí estaba abierto (aclaro interés: colaboro con TV Azteca, una empresa propiedad del mismo grupo corporativo), pero me dijeron que no podían vendérmela porque las autoridades dijeron a la tienda que podía mantener sus actividades esenciales, pero no las no esenciales, y la venta de bicicletas no lo es. Fui después a un Walmart y ahí sí había esas bicicletas no esenciales, solo que no me gustaron. Al final compré una en Amazon, pero nunca entendí los criterios para que en algunos lugares se pudiera vender una bicicleta y en otros no.

Las decisiones de las autoridades sobre qué actividades o productos son esenciales representan enormes diferencias en las posibilidades de supervivencia de un negocio en esta crisis. Las tiendas de electrónicos no telefónicos, por ejemplo, han tenido que cerrar ya que sus productos no se consideran esenciales, por lo que muchas pueden quebrar, pero los supermercados sí venden pantallas en lo que constituye un caso de competencia desleal.

Tenemos también el cierre forzoso de muchas empresas de construcción mientras que se exenta a las que están trabajando en los proyectos favoritos del presidente, como la refinería de Dos Bocas. Por eso resulta tan insultante el video de la secretaria de energía para todos aquellos que laboraban en obras que han tenido que cerrar.

Infodemia

Hemos pasado de las “benditas redes sociales” al cuestionamiento de la “infodemia” de las redes. Todo el que aplauda al presidente es bendito, quienquiera que lo cuestione es generador de pandemias informativas.

Twitter: @SergioSarmiento

Tras conocerse el ataque que sufrió la familia LeBaron, que dejó 9 personas sin vida, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que es necesario, con urgencia, un cambio de estrategia en materia de seguridad por parte del gobierno federal, que permita vivir tranquilas a las familias mexicanas.

Sobre el ataque, el panista exigió una investigación inmediata que permita localizar y castigar a los responsables del ataque.

“La rendición voluntaria del Gobierno ante el crimen organizado y dejar de perseguir, encarcelar y decomisar drogas a los narcotraficantes tiene abandonada a su suerte a la población. Lamentablemente se siguen presentando estos hechos graves en todo el país, sin que el Gobierno ofrezca resultados favorables para la sociedad”, dijo el dirigente.

Añadió que el 17 de octubre, en Culiacán, al liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán, el gobierno perdió una batalla al rendirse ante los grupos criminales.

Este y otros hechos han generado entre los delincuentes un poderoso sentimiento de impunidad que explica, en parte, la matanza de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua. “Es un acontecimiento doloroso, indignante, bochornoso e inhumano”.

El dirigente del PAN afirmó que una vez más se demuestra que el gobierno esta rebasado por la delincuencia y es natural que lo esté, porque el propio gobierno federal se ha negado a utilizar la fuerza legítima del Estado.

En lugar de atacar a la delincuencia, especialmente al narcotráfico, el gobierno dedica sus esfuerzos a tipificar como terrorismo a las actividades empresariales o a investigar y perseguir a sus presuntos enemigos en las redes sociales.

“Un gobierno que no puede cumplir con su primer deber, el de brindar seguridad a sus gobernados, es un gobierno fracasado en toda la línea. Ya es hora de que el presidente deje la campaña y se ponga a gobernar. Es hora de abandonar las mentiras y definir una verdadera estrategia contra el crimen, la inseguridad y la impunidad”, remató Cortés Mendoza.

Foto: Twitter @RaulAragonLoya

Este lunes, Twitter y Facebook acusaron que habían desmantelado una operación de información respaldada por el Estado que se originó en China continental y que buscaba menoscabar las protestas en Hong Kong.

Twitter comentó que suspendió 936 cuentas y que las operaciones parecían ser un esfuerzo coordinado y respaldado por el gobierno de China.

“Con base en nuestras intensas investigaciones, tenemos evidencia confiable para respaldar que esta es una operación coordinada respaldada por el estado”, dijo Twitter en su blog. “En general, estas cuentas estaban intentando deliberada y específicamente sembrar la discordia política en Hong Kong, incluso socavando la legitimidad y las posiciones políticas del movimiento de protesta en terreno”.

Facebook llegó a la misma conclusión. “Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades, nuestra investigación encontró vínculos con individuos asociados al gobierno chino”, dijo la compañía, también en su blog.

Las protestas en Hong Kong, que han supuesto uno de los mayores retos para el presidente chino Xi Jinping, comenzaron en junio con la oposición a un proyecto de ley ahora suspendido que hubiese permitido que sospechosos fueran extraditados a China continental para ser juzgados.

Desde entonces las manifestaciones han crecido, con un llamado más amplio a favor de la democracia.

Twitter informó que las cuentas socavaron la legitimidad y las posiciones políticas del movimiento de protesta en Hong Kong y dijo también que estaba actualizando su política de publicidad y que no aceptaría avisos de entidades de medios de comunicación controlados por el Estado en el futuro.

Facebook destacó que eliminó cuentas y páginas de una pequeña red, y que su investigación encontró vínculos con personas asociadas con el Gobierno chino.

¡Cuidado influencers que AMLO va con todo!… El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió hoy el ‘Botón de Oro’ de YouTube.

Este reconocimiento es otorgado por la red social a los creadores que alcanzan un millón de suscriptores. El mandatario tiene, hasta hoy, un millón 36 mil 263 seguidores .

“Quiero agradecer a YouTube por este reconocimiento, pero quiero dedicarlo a las redes sociales. ¡A las benditas redes sociales!”, aseguró en un video realizado en Palacio Nacional y publicado en Facebook.

AMLO destacó que, a través de estas plataformas, se puede dar mayor información.

“Cuando estábamos en la oposición, nos cercaban; había un cerco informativo. Los medios convencionales estaban muy controlados por el régimen y no había información de lo que hacíamos. A veces, llenábamos plazas, protestábamos y, al día siguiente, no salía absolutamente nada en los periódicos, no se decía nada en radio, mucho menos en televisión”, afirmó.

Destacó que, pese a los ‘bots’, las redes sociales ayudan a la discusión.

“Con las redes sociales es distinto; todos tenemos la libertad para manifestarnos y expresarnos. Es cierto que a veces se abusa pero, con todo y eso, es mil veces mejor con el fin de expresarnos. Se tienen que estar padeciendo los ‘bots’, pero somos libres y, al final de cuentas, también los ciudadanos podemos elegir en las redes sociales”, puntualizó.

El presidente calificó a las redes sociales como “un oasis en un desierto”.