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REFORMA EDCATIVA

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Luego del memorándum que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para instruir a los titulares de la SEP, SHCP y Segob a dejar sin efectos la actual reforma educativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un posicionamiento.

Indicó que la educación es un derecho humano fundamental que se encuentra reconocido tanto por la Constitución mexicana, como por diversos instrumentos internacionales que han sido suscritos por nuestro país, por lo que es una obligación del Estado mexicano hacer efectivo dicho derecho y garantizar que las y los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad.

Señaló que, con independencia de coyunturas políticas o diferendos ideológicos, el Estado debe cumplir con su obligación.

“La instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente, generando el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales”, señaló la CNDH.

Precisó que nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar.

Al respecto, el organismo exhortó al presidente López Obrador para que en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, así como a las obligaciones constitucionales inherentes al mismo, rectifique las instrucciones que ha girado y ponga en primer lugar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

La CNDH finalizó indicando que en caso de que el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado, corresponde al Poder Revisor de la Constitución o en su caso al Poder Legislativo el realizar las adecuaciones conducentes.