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A nombre de la bancada de Morena, el senador Ricardo Monreal presentó este miércoles la iniciativa de reforma que busca desaparecer a los órganos reguladores del Estado: el IFT, COFECE y la CRE, y crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

En el documento que se dio a conocer, el coordinador de Morena en el Senado, argumenta la política de austeridad que ha impulsado el gobierno federal, que, «más que nunca, dadas las condiciones en las que se encuentra la economía nacional, resultantes de la emergencia sanitaria (…) requiere que todos los poderes constituidos y órganos del Estado mexicano, coadyuven con el ineludible compromiso de reducir el gasto que representa su operación».

En ese sentido, señala que algunos órganos reguladores del Estado, que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias, podrían integrarse en uno solo, disminuyendo así la carga que representa cada uno de ellos para el pueblo de México.

Aclara que su fusión no afectará el cumplimiento de las funciones que hasta ahora realizan, ni las atribuciones con las que actualmente cuentan.

En ese sentido, la iniciativa propone reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar «INMECOB”, un órgano constitucional autónomo que contará con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión.

El INMECOB integrará a los órganos reguladores del Estado mexicano que comparten características, y establecerá un solo regulador de competencia económica en los sectores de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energético.

Precisa que con el nacimiento del INMECOB, se extinguirían el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

«La creación de INMECOB permitiría la existencia de un órgano regulador integrado con un mayor potencial de eficiencia en la toma de decisiones regulatorias en cada sector», se lee en la iniciativa.

Refiere que la integración de las autoridades reguladoras de ciertos sectores con la autoridad de competencia implica la posibilidad de alcanzar una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en los mercados, al poder contar de forma inmediata con el conocimiento de los reguladores sectoriales, que ejercen un control continuo sobre sus respectivos sectores.

El INMECOB se constituiría así como un órgano autónomo, por lo que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendría por objeto garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados nacionales, así como el desarrollo eficiente de los sectores de las telecomunicaciones, la radiodifusión y energético.

Aclara que se transferirían las atribuciones de los órganos que se extinguen a favor del INMECOB; es decir, tendrá plena independencia en la implementación de su estructura orgánica para que alcance los fines constitucionales que se le encomiendan. No estará supeditado a ningún otro órgano del Estado, pero sí estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo; mantendrá, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; contará con autonomía e independencia técnica, funcional y financiera, y se sujetará a la política de austeridad republicana.

Basados en su argumento de eficiencia presupuestaria, Monreal señaló que se llevó a cabo un análisis de gastos de operación, que indicó que el INMECOB podría operar con un presupuesto total de $1,875,356,400.00 pesos.

Al considerar los 2,375 millones de pesos que hoy en día tienen de presupuesto total anual el IFT, la COFECE y la CRE, señaló que el creación del INMECOB representaría una disminución al presupuesto de 21.05% , es decir, 500 millones de pesos anuales.

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En el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a todos los docentes del país y destacó que desde que llegó al gobierno, no se ha tenido ningún conflicto con el sector magisterial.

“Este Día del Maestro les agradecemos por todo lo que hacen, por la labor que hacen en las enseñanzas de niños, adolescentes, jóvenes estudiantes. Son nuestros maestros, maestras, el alma de México», dijo el mandatario.

López Obrador indicó que desde que asumió la presidencia, han actuado con respeto a los trabajadores de la educación y ya no se les difama como antes, cuando se buscaba que la educación fuera un privilegio y no un derecho.

En su conferencia matutina recordó que cumplió el compromiso de cancelar la Reforma Educativa impulsada y avalada durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, además de que se inició una relación respetuosa con los docentes.

“Nosotros no pensamos cómo se sostenía antes de que los maestros eran irresponsables y que no cumplían con su misión, al contrario, nosotros vamos a seguir sosteniendo que los maestros y maestras son fundamentales, por eso felicidades en su día”, expresó.

Destacó que la relación respetuosa no solo ha sido con los maestros y maestras, sino con el Sindicato (SNTE) y con la Coordinadora (CNTE). Resaltó que su gobierno no ha tenido ningún conflicto con los docentes; incluso dijo, es cuando menos paros ha habido en las escuelas.

El servicio de streaming, Netflix, informó a sus usuarios en México que sus tarifas sufrirán un aumento del 16% y 8% respectivamente, a partir del próximo primero de junio

La compañía explicó que el aumento se debe a que a partir del próximo mes, entrará en vigor el cobro del IVA correspondiente a los servicios digitales.

«Como fuera reportado a finales del 2019, el Gobierno mexicano está incorporando el IVA a los servicios digitales como Netflix a partir del 1 de junio (…) los miembros verán este impuesto como un concepto separado en su factura a partir del 1 de junio», declaró un vocero de Netflix al diario El Financiero.

Con estos cambio, los nuevos costos de Netflix quedarán de la siguiente manera:

  • Plan Básico (1 pantalla) de $129 pesos, pasará a $139 pesos.
  • Plan Estándar (2 pantalla) de $169 pesos, pasará a $196 pesos.
  • Plan Premium (4 pantalla) de $229 pesos, pasará a $266 pesos.

Netflix explicó que en el caso del plan básico, la compañía absorberá el 50% del IVA, por lo que los usuarios solo pagarán 8% (equivalente a 10 pesos).

Recordemos que el año pasado, el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y a la Ley Federal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que plataformas como Netflix, Uber y Mercado Libre retengan el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el caso de Uber, la compañía indicó que no trasladará a los usuarios el IVA de sus servicios, pues dicho impuesto será absorbido por los conductores de la plataforma.

«Las nuevas disposiciones fiscales, derivadas de la Iniciativa de Reforma Fiscal presentada por el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Congreso a finales del año pasado, las cuales entran en vigor el próximo 1 de junio, no se verán reflejadas en un aumento en los precios a usuarios en los viajes realizados a través de la aplicación de Uber», informó la compañía.

Será el próximo lunes cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience el análisis de las reformas que permiten la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.

El anuncio lo hizo el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien indicó que se comenzarán los trabajos en torno a la llamada ‘Ley Bonilla’

En la sesión del lunes 11 de mayo se discutirá la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los partidos políticos y la CNDH solicitan la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California, publicada en el periódico oficial el 17 de octubre 2019.

La ponencia está a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, y propone declarar inválida la reforma al artículo 8 de Baja California.

La discusión de la «Ley Bonilla» aparece como el primer asunto en la lista que se discutirá en el pleno, que sesiona de manera remota.

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados realizó su reunión plenaria virtual, en la que analizaron los cambios a la iniciativa que envió el presidente López Obrador para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En un comunicado, la bancada aseguró que preparará iniciativas adicionales a la presentada por el Ejecutivo Federal, con el fin de fortalecer el marco jurídico, acabar con la simulación y que la Cámara de Diputados ejerza su facultad constitucional de decidir el destino de los recursos públicos.

Aseguraron que trabajarán e insistirán para dejar en claro la división de poderes y se terminaría con la discrecionalidad.

Sobre la iniciativa del presidente, los morenistas destacaron el parlamento abierto que se llevó a cabo el jueves 30 de abril, donde participaron expertos y juristas como el doctor Diego Valadés Ríos; Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mariana Campos, investigadora de México Evalúa; y Héctor Juan Villarreal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Coincidieron en la necesidad de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues aseguraron que fue uno de los instrumentos fundamentales en el uso de los recursos «aprovechado por el régimen de corrupción y opacidad de las anteriores administraciones».

Señalaron que la ley, como está actualmente, permite una gran discrecionalidad en la reasignación de partidas presupuestales, ya que prácticamente no hay límites.

Por eso se pronunciaron para que en esta nueva reforma que se plantea, se establezca con claridad el momento y quiénes deberán ser los responsables de valorar que el país está en emergencia económica.

También consideraron indispensable preservar un contrapeso constitucional y la división de poderes, para que la Cámara de Diputados siga siendo quien tenga el control y destino del gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios autodenominados de «contención» (PAN, PRI, MC y PRD) que integran la Comisión Permanente, informaron este jueves que no apoyarán la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo la aprobación de la iniciativa a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que Morena y aliados pretenden sacar adelante, pese a la violación a la Constitución que representa.

Recordaron que el proyecto de iniciativa enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados propone:

a) Autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.

b) Reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020) para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal.

Al respecto, los legisladores de oposición señalaron que la iniciativa es innecesaria, pues las disposiciones vigentes en dicha Ley contienen la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación.

Además denunciaron que la iniciativa de AMLO busca legitimar acciones inconstitucionales, pues la propuesta busca dar sustento al Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio 23 de abril de este año, por el cual «unilateralmente» se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Alertaron que la iniciativa también promueve la opacidad, pues el Decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario.

Indicaron que tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar.

Señalaron que también se pretende desaparecer el Fondo Metropolitano para el año 2020, recursos destinados para inversión pública que ahora pretenden orientar a la discrecionalidad del gobierno central.

«La propuesta legislativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación. Además, no propone
ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por  más de 700 mil millones de pesos», se lee en el posicionamiento conjunto que emitieron las bancadas de oposición.

Los legisladores sostuvieron que aprobar la iniciativa del presidente representaría un claro retroceso en el orden jurídico, y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho.

«Reiteramos el llamado a actuar con responsabilidad y dejar a un lado los cálculos políticos y los intereses particulares, apegados al orden constitucional que nos rige», remataron los cordinadores parlamentarios, tanto de Diputados como en el Senado: Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri González del PAN;  René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Osorio Chong del PRI;  Tonatiuh Bravo Padilla y Dante Delgado de MC, y Verónica Juárez Piña y Miguel Ángel Mancera del PRD.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a la ciudadanía no hacer caso a las «campañas mentirosas» de la derecha que pretenden confundir sobe la iniciativa que el presidente López Obrador envío para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Delgado dijo que ante la emergencia sanitaria, el gobierno tiene que ajustar su presupuesto a la nueva realidad y a las nuevas prioridades, por lo que el presidente tenía que elegir entre dos caminos:

  • Aprovechar la flexibilidad que existe en la ley, y hacer cambios, ajustes y reasignaciones en el presupuesto. «Hacer lo que hubiera querido, simplemente informarlo a la Cámara, y el año que entra conoceríamos los detalles en la Cuenta Pública; así le hicieron todo el tiempo los gobiernos anteriores. Entre lo que aprobaba la Cámara y lo que finalmente se ejercía había enormes diferencias».
  • Legislar en la materia. Indicó que al haber enviado su iniciativa, los legisladores tienen que definir en la ley cómo tratar una emergencia como la que estamos viviendo; definir cuándo se dan las condiciones de una emergencia económica, basado en parámetros del Banco de México o del INEGI para que pueda ser declarada la emergencia.

Mario Delgado explicó que será labor de los diputados delimitar los cambios que pueda hacer el Ejecutivo en el presupuesto. Detalló que actualmente, en cambios mayores al 5%, el presidente informa la Cámara y la Cámara, simplemente, manifiesta una opinión.

Sin embargo, dijo que ahora, ante cambios mayores, el Ejecutivo tendrá que enviarlo nuevamente a la Cámara para que la Cámara lo apruebe, pues reconoció que es la única facultada, según la Constitución, para aprobar el Presupuesto de Egresos; además de que es una facultad muy importante en la división de poderes.

«Qué bueno que el presidente eligió esta segunda opción (legislar) y nos mandó la iniciativa y no actuó discrecionalmente (…) no hagas caso de las campañas mentirosas de la derecha».

Por otro lado, la oposición ha mantenido su rechazo a dicha iniciativa; el PAN hizo un llamado a las fuerzas políticas de oposición en el Congreso de la Unión a formar un bloque que se oponga a la iniciativa del Ejecutivo, pues acusó que la propuesta vulnera la separación de poderes, es anticonstitucional y poco necesaria. 

Indicó que en los términos en qué fue enviada la iniciativa, no puede seguir su curso legislativo. Mauricio Kuri, coordinador del PAN en el Senado, cuestionó la actuación de los legisladores de Morena al querer aprobar esta iniciativa que calificó como un “atropello constitucional”, ya que no se puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones para abordarla, dado que no hay materia, es decir, no existe dictamen.

“El Presidente quiere la sumisión absoluta del Legislativo y ese modito en el PAN no nos gusta. Puede llevar al país a las ruinas, por eso no estamos de acuerdo”, dijo Marko Cortes, líder nacional del blanquiazul.

Por su parte el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) consideró que la propuesta del presidente no resuelve de fondo la crisis sanitaria ni económica que enfrenta el país ante al Covid-19.

La iniciativa presidencial, señalaron, violenta las disposiciones contenidas en el artículo 74 Constitucional al pretender arrebatarle al Poder Legislativo sus facultades en materia presupuestal, pretendiendo hacer un cambio en la ley cuya aplicación sería discrecional.

Indicaron que otorga al presidente la posibilidad de hacer uso arbitrario de los recursos públicos con el pretexto de atender emergencias. «Con esta atribución, el jefe del Ejecutivo atenta contra el equilibrio y el respeto entre Poderes, lo que sería un duro golpe al sistema democrático de pesos y contrapesos en nuestro país y a los principios elementales de transparencia y rendición de cuentas».

Los diputados de MC aseguraron que la iniciativa enviada solo pone de manifiesto que al presidente solo le interesa mantener a flote los proyectos que ha hecho propios, como son el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Además precisaron que la reforma es innecesaria, porque el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya establece los supuestos para que el Presidente pueda realizar reasignaciones.

Finalmente, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros, dijo que en los términos en los que está la iniciativa enviada por el presidente, el tricolor no estaría en posibilidades de poder avalarla. 

Señaló que así como lo han expresado otros coordinadores parlamentarios, se tienen que cuidar que no se vulneren las funciones fundamentales de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio a conocer que se acordó dictaminar esta semana en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, comentó que una vez que se cuente con el dictamen correspondiente se convocaría a un periodo extraordinario.

Mario Delgado comentó que también se acordó instalar la Comisión Permanente el próximo jueves a la 1 de la tarde en el Senado de la República.

Al respecto, el grupo parlamentario de Morena acordó respaldar la iniciativa. «Se declararon listos para sesionar y darle al Ejecutivo los instrumentos necesarios para afrontar los efectos de la pandemia del coronavirus».

Los legisladores de Morena afirmaron que cuidarán la constitucionalidad de la reforma para garantizar la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo señalaron que buscarán otorgarle al Ejecutivo Federal flexibilidad en la reasignación del presupuesto cuando ocurran emergencias como la que vive el país actualmente.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que con la iniciativa presidencial presentada el jueves que busca adicionar el artículo 21 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el presidente López Obrador «recurre a un perverso propósito de quitar atribuciones consagradas en la Carta Magna al Poder Legislativo en materia presupuestal».

Indicó que ante la emergencia por la pandemia del Covid-19,  la propuesta propone establecer un procedimiento bajo la figura de “emergencia económica”, para reorientar recursos a decisión de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, los diputados panistas señalan que la propuesta del presidente no precisar tal concepto (emergencia económica), o quién lo determinará; por cuánto tiempo estaría vigente y cuáles serían sus medios de control, además de que no considera a la Cámara de Diputados para la realización de las adecuaciones presupuestales.

El líder parlamentario enfatizó que la postura de los diputados panistas de ninguna manera va contra la asignación de recursos para quienes se han visto sumamente golpeados en su salud, sus ingresos por la pandemia del Covid-19, pero aseguró que la iniciativa presidencial pretende ignorar, deliberadamente lo establecido en el artículo 74 de la Constitución.

Detalló que pese a que la fracción cuarta de dicho artículo especifica que “son atribuciones del Congreso de la Unión aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus asignaciones”, ahora se quiere entregar ese mandato y dejar manos libres al Ejecutivo federal.

«De manera abierta, la iniciativa presidencial vulnera la separación de poderes, pone en riesgo el funcionamiento del sistema democrático y denota un afán de concentrar más poder hacia el Ejecutivo que, además, lo ha ejercido con serias deficiencias», indicó Romero Hicks.

Al decir que el decreto habla de una “emergencia económica”, y a falta de precisiones, se deja abierta la puerta a que dicha declaratoria puede inspirarse en otro tipo de causales, como la implementación de políticas públicas erróneas e ineficaces en materia de inversión y empleo.

Afirmó que el presidente pretende blindar los proyectos prioritarios que le interesan, como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, haciendo a un lado las necesidades más urgentes de la población en salud, empleo y atender los reclamos de los sectores social y privado.

Alertaron que como está el planteamiento, podría quedar a la discrecionalidad del presidente la reorientación de los recursos y programas y proyectos para atender una emergencia económica.

Y es que el pasado jueves, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa adiciona el artículo 21 Ter de la mencionada ley para quedar como sigue:

«En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría (SHCP) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la administración pública federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad».

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PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

 

El jueves de la semana pasada llegó a la Cámara de Diputados un misil de tonelaje. Se trata de un proyecto de reformas que, de prosperar, dejará como adorno al Poder Legislativo.

¿Lo presentó algún acelerado de Morena, como ha venido ocurriendo?

No. Trae la firma del presidente de la República.

Gane o pierda las elecciones del próximo año, él tendrá el control del Presupuesto de manera absoluta.

No habrá contrapeso en el Legislativo, como es la apuesta de los demócratas que ven derrumbarse la economía y aplastar a millones de mexicanos, por las obsesiones ideológicas anquilosadas del Presidente.

Y en este año, evitará el bochornoso proceso de discutir con la oposición lo que le venga en gana cambiar en el gasto público.

Así sucede en las dictaduras y regímenes autoritarios.

La crisis, como ha dicho López Obrador, le vino como anillo al dedo a su proyecto. Ahora mandó el anillo, para su aprobación, a la Cámara de Diputados.

Con el pretexto de la crisis va a asestar un golpe al Congreso para quedarse con todo el poder en sus manos.

La iniciativa que AMLO envió el pasado jueves 23 busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que su artículo 21 quede de la siguiente manera:

“En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría (de Hacienda) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal”.

Con eso anula las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestal. Nada menos.

Previsor, antes de que su partido y aliados pierdan el control absoluto de la Cámara en las elecciones del próximo año, AMLO quiere cambiar las reglas del juego.

El Presidente podrá cambiar el Presupuesto sin la aprobación de la Cámara. En pocas palabras, no importa lo que diputados discutan, acuerden y voten.

El Ejecutivo asume la función del Poder Legislativo.

Lo anterior se llama golpe de un poder a otro, cuyas tareas asume en el renglón clave del Presupuesto.

López Obrador va a decidir los cambios aprobados soberanamente por otro poder.

Va a concentrar en su persona las facultades que la democracia había separado.

Todo el destino de los recursos públicos se decidirá en Palacio Nacional.

Un paso más hacia la dictadura, que se tratará de concretar esta semana, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones –el día último de este mes.

Con ello López Obrador concentrará el poder Ejecutivo, el Legislativo en la asignación del gasto, y el Judicial, donde cuenta ya con la subordinación de buena parte de los integrantes de ese poder.

Olvidemos un poco en qué va a querer usar AMLO el dinero que no le autoriza el Congreso, otro tren, otra refinería, más gasto clientelar en año electoral, en desmedro de la promoción del desarrollo económico y la atención a la salud pública, por ejemplo.

El punto está en que ya son varias las iniciativas del gobierno y su partido que nos revelan la tiranía que tienen en mente.

La plana mayor del gobierno federal, encabezada por la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República, llevó al Senado un paquete de reformas constitucionales que proponía encarcelar a cualquier persona por la acusación de delito, sin juicio previo.

Bastaba con que el gobierno considerara sospechosa a una persona para imponerle arraigo.

Proponía encarcelar de tres a seis años a quien difunda información que agravie a una persona, sea ésta verdadera o falsa. Adiós a la prensa libre.

En esa ocasión el propio coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, les pidió que ni le dejaran ese paquete de iniciativas porque eran impasables.

Pero eso tenía el gobierno en la mente y en casi mil cuartillas que llevaban bajo el brazo.

Validaba las pruebas que el gobierno obtuviera de manera ilícita, y el espionaje telefónico a contribuyentes y partidos políticos.

Hace dos semanas un diputado de Morena presentó una iniciativa de ley para estatizar el manejo de los recursos que hay en las Afore.

El coordinador morenista Mario Delgado tranquilizó las aguas al decir que su grupo parlamentario no avalaba esa propuesta. Pero la sonda la lanzaron para medir el ambiente.

Hace unos días, otro legislador de Morena propuso una ley para que los coordinadores parlamentarios pudieran aprobar la suspensión de garantías individuales, a propuesta del presidente de la República.

De nuevo salió Delgado a señalar que era una propuesta individual y no de la bancada de Morena. Se frenó, por ahora.

Sin embargo esta iniciativa, que anula al Legislativo y entrega sus facultades presupuestales al Ejecutivo, viene con la firma del Presidente.

No la va a parar Mario Delgado. Decirle no a AMLO les aterra y actúan incluso contra su conciencia para evitar su ira.

Así es que muy probablemente esta semana presenciemos un fuerte golpe a la democracia y seamos testigos de cómo un solo hombre acumula poder y más poder.

Las elecciones del año próximo, si las pierde, le harán “lo que el viento a Juárez”.

De manual lo que estamos viendo. Y como la ranita de la fábula, nos seguimos cociendo por dentro hasta que ya estemos sin posibilidad de salvarnos.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo este miércoles que se postergará el voto por su reforma constitucional a raíz de la pandemia de coronavirus, y declaró asueto laboral la semana próxima para frenar la expansión del virus.

«Creo que la votación tiene que ser postergada», afirmó Putin en referencia al plebiscito previsto para el 22 de abril en un poco frecuente discurso retransmitido por la televisión.

Frente al covid-19, «lo más seguro actualmente es estar en casa», afirmó.

Putin anunció que los rusos no trabajarán la semana que viene, hasta el 5 de abril, para «desacelerar» la propagación del Covid-19.

La reforma constitucional apunta a permitirle a Putin volver a presentarse en la elección presidencial de 2024. Y aunque se tomó dicha decisión, el presidente no decretó el confinamiento total como se está haciendo en muchos países.

Los comercios y la administración pública permanecerán abiertos.

«No se fíen al azar. Esto puede afectar todo el mundo, lo que ocurre en otros países puede ser nuestro futuro cercano», afirmó Putin.

Putin también anunció una serie de medidas económicas para las empresas y los trabajadores, afirmando que la «economía rusa está bajo fuerte presión debido a las consecuencias de la epidemia».

En particular, el presidente decretó la renovación automática de todas las ayudas sociales durante seis meses, un aumento del seguro de paro y una pausa en los rembolsos de los préstamos contraídos por los particulares.

Para las empresa, Putin anunció un aplazamiento de seis meses para el pago de los impuestos.

«Todas las medidas que se adoptan y adoptarán funcionarán, tendrán resultados, si nos mostramos unidos y comprensivos ante la actual situación», dijo Putin al hacer un llamado a la «solidaridad».

El número de casos declarados oficialmente en Rusia no ha dejado de aumentar, aunque es bajo con respecto a Europa occidental. El país reporta 658 casos confirmados de Covid-19.

La Cámara de Diputados aprobó con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la de Partidos Políticos, para establecer la elección continua de legisladores federales, es decir, la reeleción.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que las senadoras y los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, hasta en cuatro ocasiones seguidas, en los términos y condiciones que determine la ley.

Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo podrán participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, aunque deberán acatar las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso «eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial» de los recursos públicos.

Además, deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo; abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña; no participar en reuniones de proselitismo político durante el tiempo en que están obligados a concurrir a sesión de la cámara correspondiente.

En la iniciativa aprobada también se señala que tampoco podrán disponer de recursos públicos en su campaña o en cualquier evento de proselitismo político, así sean humanos, materiales o económicos.

Aclara que los informes de gestión legislativa que realicen no constituyen propaganda electoral, siempre y cuando se ajusten a lo dispuesto por el artículo 242 de esta ley.

Se indica que las y los legisladores que cumplan con los requisitos de elegibilidad para postularse por el mismo cargo en forma consecutiva pueden hacerlo en fórmula con la o el mismo suplente que para el cargo que se ejerce o con otro, siempre que este último cumpla con los requisitos señalados.

Podrán postularse al mismo cargo, bajo el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, independientemente del principio por el que fueron electos, en los términos y disposiciones de la presente ley.

Se destaca que pierde su militancia, además de la renuncia expresa por decisión del órgano partidario correspondiente y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las diputadas y los diputados que hubieren accedido al cargo a través de un partido político que hubiera perdido el registro.

De igual modo, las y los legisladores que hayan obtenido el cargo que se ejerce por virtud de una candidatura independiente, pueden concurrir a la elección para periodos consecutivos bajo la misma vía o postulados desde un partido político.

Quienes hayan obtenido el cargo que se ejerce postulados a través de un partido político en virtud de una candidatura externa o ciudadana y que no hayan militado ni militen en éste, podrán concurrir a la elección para periodos consecutivos por la vía de una candidatura independiente o postulados desde un partido político.

Las legisladoras y legisladores que aspiren a la elección por un periodo consecutivo en el mismo cargo podrán contender, tanto en el proceso interno de selección de candidaturas como en el proceso electoral federal, por el ámbito territorial en que residan.

Sobre la reforma que se aprobó, la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano señaló que es una ley hecha a modo de las y los legisladores de Morena.

El diputado Carlos Puente del PVEM indicó que “el pueblo pone y el pueblo quita», por lo que negó que exista algún ‘albazo’ legislativo como se ha criticado. Por el contrario, dijo, se está cumpliendo de manera democrática y legal con un compromiso originado en la reforma que se aprobó en 2014.

El expresidente Felipe Calderón calificó la reforma aprobada como «tramposa, abusiva, antidemocrática e inconstitucional», pues dijo que la Constitución siempre ha exigido separarse del cargo para postularse a otro de elección popular. Acusó a Morena de orquestar dicho golpe a la democracia de México.

El miembros de la dirigencia nacional extraordinaria del PRD, Fernando Belaunzarán, también criticó la reforma aprobada, y acusó a los Diputados de Morena de acabar con la equidad en las contiendas. «Albazo efectivo, …sí reelección», remató.

De acuerdo a la más reciente encuesta del periódico Reforma, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha registrado una fuerte caída a lo largo del último año.

Hoy en día, AMLO cuenta con el 59% aprobación y con el 35% desaprobación. En marzo del año pasado, su aprobación era del 78% y su desaprobación apenas del 18%, es decir, ha perdido 19 puntos de aprobación, mientras que su desaprobación creció 17 puntos.

Sobre si AMLO está tomando decisiones que le beneficien al país, 55% de los consultados indicaron en que confían en que así es, mientras que 42% lo dudan.

Las áreas en las que la ciudadanía percibe que AMLO y su gobierno han dado resultados son: combatir la corrupción (50%) y mejorar el ingreso de las familias (49%); mientras que en temas como generar bienestar al país, 45% de los encuestados creen que no lo ha logrado. Reducir la pobreza (49%); mejorar la economía del país (51%); combatir al crimen organizado (62%) y reducir la violencia (67%), son otros temas en los que se considera que AMLO no ha podido dar resultados.

Sobre cómo ha abordado el gobierno federal diversos asuntos, los mexicanos le dan una calificación aprobatoria a temas como educación; combate a la pobreza y cuidado al medio ambiente. Sin embargo, en temas como el combate a la corrupción, economía, salud, seguridad, combate al narcotráfico y crimen organizado, consideran que los ha manejando mal.

Tal como ha sucedido en el último año, la inseguridad sigue siendo señalado como el principal problema que el país enfrenta (70%).

Pese a que su aprobación cayó considerablemente en un año, la imagen de López Obrador sigue siendo buena; los mexicanos lo consideran simpático (67%); justo (60%); honesto (58%); capaz de gobernar (58%); que gobierna para todos (54%); que habla con la verdad (53%) y que quiere unir al país (48%).

Además, la ciudadanía sigue confiando en que al final de su sexenio, AMLO va a lograr mejorar diversos temas en el país: educación, salud, pobreza, justicia, corrupción y violencia.

Y aunque el presidente ha expresado su rechazo a hacerlo, 88% de los mexicanos estarían a favor de investigar por corrupción al expresidente Enrique Peña Nieto.

Pese al desecantado que podría haber con el presiente, la oposición sigue sin captar la simpatía de la sociedad. Si hoy fueran las elecciones para diputados federales, 46% votaría por Morena (11 puntos menos que en marzo de 2019); 16% por el PAN (4 puntos más que hace un año) y por el PRI 16% (3 puntos más).

El diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, solicitó este martes a la Mesa Directiva el retiro de su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su propuesta, presentada la semana pasada, y que generó una gran polémica, planteaba que la designación del rector y otras autoridades de la universidad se hiciera mediante elecciones universales, entre otros puntos.

El pasado jueves, en rueda de prensa, el legislador anunció que hoy retiraría su iniciativa para escuchar las diferentes opiniones de diputados, de la UNAM y de la sociedad en general, y para no abonar a la tergiversación del tema.

Asimismo, llamó al rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y a la comunidad universitaria a debatir los temas de gobierno de la máxima casa de estudios, en parlamento abierto, en la Cámara de Diputados, a fin de “construir los mejores acuerdos para que la Universidad Nacional siga siendo la mejor de México y de América Latina”.

Al respecto, la semana pasada, la UNAM emitió un comunicado en el que manifestó su «sorpresa e indignación», a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de nuestra Universidad, suscrita por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca.

«Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la vida universitaria, en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años», dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Acusó que dicha iniciativa se suma a otras que han sido presentadas ante las legislaturas estatales por representantes de distintos partidos políticos, en lo que parece constituir una escalada contra la autonomía de las Universidades, principio básico e irrenunciable.

«El hecho de presentar una iniciativa como ésta, solo puede ser interpretado como un intento de desestabilizar la vida universitaria, en momentos en que la UNAM lleva a cabo los cambios pertinentes a su normatividad para que las y los universitarios convivan en un ambiente de respeto, paz y seguridad», añadió el rector.

Pacientes con VIH y activistas se manifiestan este viernes frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre avenida Paseo de la Reforma, exigiendo el abasto de antirretrovirales.

Los manifestantes denuncian que las clínicas del IMSS llevan varias semanas sin abasto de medicamento, lo que afirman no pueden seguir sucediendo, pues son tratamientos que no pueden pausar la toma de sus antirretrovirales.

Los manifestantes pintaron cristales y muros de las oficinas del IMSS, lanzaron piedras, mientras exponían sus demandas.

La vialidad se vio afectada, tanto en sus carriles laterales, como en los centrales.

Al respecto, el IMSS emitió un comunicado en el que se dijo abierto al diálogo para atender una a una todas las quejas y demandas, desde el punto de vista médico y del abasto de medicamentos.

«El Instituto respeta el derecho a la libre manifestación e invita a establecer un diálogo para encontrar los  mecanismos que solucionen las demandas de los derechohabientes que viven con VIH».

La oficina del director del IMSS, Zoé Robledo, recalcó que entre el 16 de enero y el 15 de febrero de 2020, el surtimiento oportuno de recetas fue de 96.5%, «lo que nos indica que se están restableciendo los niveles de surtimiento», negando así el desabasto que se acusa.

El IMSS recordó que hay 63 mil pacientes que viven con VIH atendidos por el Seguro Social, de los cuales, el 70% cuentan con tratamiento. Enfatizó que la mortalidad relacionado a este padecimiento en el IMSS es de 2.8%, comparado con la meta de la ONUSIDA, que es 3.5%.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que el sistema electoral mexicano funciona y funciona bien, por lo que no son necesitas reformas que impliquen una involución democrática.

Indicó que hoy están dadas las condiciones y reglas para ir exitosamente a la elección intermedia de 2021.

Ello, luego de la Certificación de la Norma ISO Electoral que, por segunda ocasión, obtuvo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), lo que, remarcó, refleja que el modelo actual del Sistema Electoral, funciona bien y en el cual los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), son un elemento fundamental.

Para el consejero presidente, sería un error y un retroceso que con una eventual reforma constitucional electoral que se trabaja en la Cámara de Diputados, desaparecieran dichos organismos locales electorales.

El coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jorge Alcocer Villanueva, expuso que la Certificación del IECM es producto de un logro colectivo que posiciona al órgano electoral capitalino como un referente de la vida democrática del país.

Al igual que en 2017, el IECM recibió este miércoles la placa que acredita su Certificación de la Norma ISO Electoral, de parte de representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco del foro «La Democracia Electoral y los Retos de la Nueva Década 2020», realizado en el patio del Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Al recibir la referida placa, el consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, indicó que la ciudadanía debe tener elementos para evaluar a sus autoridades, y a partir de ello el instituto implementó un Sistema de Gestión de Calidad que permite fortalecer la confianza ciudadana mediante la organización de elecciones transparentes, competitivas y equitativas.

El consejero electoral Beltrán Miranda, líder del proyecto del Comité de Calidad del IECM, precisó que la ISO Electoral fue diseñada por las grandes agencias internacionales en la materia, encabezadas por la OEA.

Recordó que los estándares de la Norma fueron actualizados y ahora son más estrictos que los evaluados en 2017, por lo que el IECM determinó someterse nuevamente al proceso de certificación para ratificar que mantiene la calidad de sus servicios conforme a estándares internacionales.