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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este lunes una reforma a la Constitución para habilitar la realización de un plebiscito ciudadano que decida sobre la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna en el país.

El mandatario realizó la firma del documento en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, en donde explicó que la consulta servirá para ver si los chilenos quieren una nueva Constitución o reformar la actual, creada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

«Esta reforma abre las puertas y define el camino para lograr un gran acuerdo constitucional que nos dé ese marco institucional sólido, legítimo y compartido para poder enfrentar como país los formidables desafíos del presente y las magnificas oportunidades del futuro», indicó Piñera.

Durante su declaración, el presidente chileno ahondó en la historia constituyente del país y las causas que han llevado al histórico acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, que se cerró el pasado 15 de noviembre para iniciar el proceso.

La redacción de una nueva Carta Magna es una de las principales demandas del estallido social, que deja al menos 24 fallecidos y que culpa a la actual de ser el origen de la grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol «subsidiario» (secundario) en la provisión de recursos básicos, lo que favoreció su privatización.

«Quizás lo que hemos vivido en los últimos 66 días, desde el 18 de octubre, es una clara y elocuente muestra de este cambio. Por eso hoy es que por primera vez tenemos la oportunidad de lograr, con total libertad y en plena democracia, un gran acuerdo constitucional con amplia y efectiva participación ciudadana», añadió Piñera.

En ese sentido, destacó que será la ciudadanía la que tome la decisión en el plebiscito habilitado hoy, que se realizará el 26 de abril, y del mismo modo, si se considera redactar una nueva Constitución, ratificar el texto al final de todo el proceso constituyente en otra consulta.

«Tendremos no solamente la primera palabra de respecto a la naturaleza y el mecanismo de este acuerdo constitucional a través de un plebiscito de entrada, sino que también tendremos, si así lo decidimos, la última palabra respecto a los principios y contenidos de esa nueva Constitución a través de un plebiscito ratificatorio», señaló el mandatario.

El acuerdo parlamentario de noviembre incluye la convocatoria de un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo prefiere para redactarla: una convención mixta, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una asamblea integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución se ratificará en otro plebiscito con sufragio universal y voto obligatorio.

«La Constitución no es una vara mágica que resuelve en forma instantánea todos los problemas. Sí puede darnos el marco institucional adecuado para poder avanzar con las políticas públicas y la participación de toda la sociedad hacia un país con mayor capacidad de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos», afirmó Piñera.

Asimismo señaló que es importante aplacar cualquier incertidumbre que se pueda generar sobre la elaboración de la nueva Carta Magna y garantizó «un proceso constitucional limpio, libre, transparente y democrático».

La propuesta para reformar el artículo 41 de la Constitución a fin de reducir a la mitad el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, no alcanzó la mayoría calificada para su aprobación en la Cámara de Diputados.

El dictamen obtuvo, en lo general y lo particular, 274 votos a favor, 207 en contra y cero abstenciones, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva informó que el proyecto de decreto quedaba desechado.

El documento surgió de diversas iniciativas, cuatro presentadas por la bancada de Morena, dos del PT, dos del PES y una del PRD, dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena).

Con dicha modificación se pretendía que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, se fijara anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5%, en lugar del 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Al fundamentar el dictamen en tribuna, la diputada Carrillo Martínez puntualizó que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos; sin embargo, existen múltiples señalamientos sobre los altos costos que representan para la sociedad.

Y es que el modelo actual tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25% en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.

Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.

En la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

Recordemos que las actividades ordinarias, que fueron motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30% se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Diversas voces señalan que en el ámbito mundial, el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que Morena tiene que poner el ejemplo en el tema de la reducción de presupuesto para los partidos políticos, pues ya no corresponde a nueva realidad el que estos institutos tengan tanto dinero.

Tras mencionar que este martes se votará en el Congreso una iniciativa de reforma para reducir el monto del dinero que reciben los partidos, el mandatario confió en que sea aprobada, principalmente por quienes están a favor de la transformación, pues “no deben de hacerse pato».

López Obrador aseveró que los partidos políticos tienen que ayudar a generar ahorros ya que se trata de “un plan de austeridad de Estado, no solo del Ejecutivo o el gobierno federal, es austeridad del Estado, general», por lo que pidió ser consecuentes y estar atentos a ver quienes votan a favor o en contra de la reforma.

Y aunque AMLO indicó que se discutiría la reforma este martes, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que será el próximo jueves 12 cuando se discuta el tema.

El también coordinador de la bancada de Morena, ha indica que su grupo parlamentario no aceptará reducir en menos del 50% el financiamiento público a los partidos políticos.

“La idea es reducir en 50 por ciento sus recursos y si el 10 por ciento genera consenso, a nosotros no nos sirve porque la gente no va a estar satisfecha con eso. Tiene que haber una reducción significativa en el costo de la política, en el financiamiento a los partidos”, señaló el diputado en una rueda de prensa.

El líder parlamentario explicó que los partidos tienen alrededor de 15 mil millones de pesos que se dividen en tres rubros: financiamiento local, prerrogativas en tiempos de radio y televisión y actividades ordinarias.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se mostró en favor de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando ésta permita hacer frente a los desafíos que tiene, sin comprometer la división y el equilibrio de poderes.

El organismo advirtió en un comunicado que es importante la renovación en el ámbito judicial, para que el acceso a la justicia y la aplicación de la ley tenga nuevos alcances, y garantice protección a más mexicanos, pero sin perder independencia y autonomía.

Destacó que el Poder Judicial de la Federación tiene importantes márgenes de mejora, sobre todo, para hacer frente a casos de corrupción y nepotismo que se han presentado en los últimos años. «Hoy la justicia es lenta y costosa», subrayó.

En este sentido, reconoció que es hora de llevar a cabo una transformación del Poder Judicial de la Federación, y celebró la iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena, para iniciar la discusión en la materia.

La Coparmex recordó que la semana pasada, con la presencia de los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero Jurídico de la Presidencia, el fiscal General de la República y legisladores federales, se dio el banderazo de salida a las mesas de trabajo que conducirán a la “Reforma con y para el Poder Judicial.

La confederación indicó que otro grave riesgo con la reforma sería el debilitamiento de la carrera judicial, al abrir desmedidamente la puerta a cargos de jueces, magistrados y ministros a profesionales que provengan de otros ámbitos del Derecho, ajenos a la materia judicial.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen de reforma constitucional para que ningún funcionario público, federal, estatal o municipal y particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales, tengan una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal.

El documento señala que las remuneraciones de los funcionarios que sean superiores a lo que establece el decreto deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma, siempre y cuando se haya cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de la Unión corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aclarar cómo se debe calcular el sueldo del presidente de la República.

El dictamen, que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El Pleno lo aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones. Posteriormente, votó en lo particular los artículos 116 y 127 con 322 votos en pro, 21 en contra y 81 abstenciones.

El documento surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI; la diputada María Chávez Pérez de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la lista que se dio a conocer de personas y empresas que fueron beneficiadas por los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con condonaciones de impuestos.

Al decir que es algo que ya no existe, AMLO aseguró que la condonación «fue un mal sueño, como una pesadilla».

En ese sentido dijo que tiene información que el Congreso «está viendo con buenos ojos» la iniciativa para que se reforme el artículo 28 y así queden prohibidas las condonaciones.

Señaló que con el cambio constitucional que solicitó se cerrará cualquier posibilidad de simulación y de utilizar instrumentos fiscales para beneficio de grupos o de personas.

Sin embargo, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el caso específico de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien aparece en las listas con 16.4 millones de pesos condonados.

Ahí, AMLO dijo que eran cosas distintas, pues dijo en el pasado eran condiciones toleradas, incluso legales, que estaban establecidos en la ley, y por ello se aplicaban medidas de manera legal en Hacienda.

Al respecto, Polevnsky, afirmó que no recuerda la cantidad de impuestos que debía al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2013, pero aseguró que todo estaba en regla y que la condonación que se le adjudica en los documentos revelados se debió a un error de régimen fiscal.

Indicó que ese año fue objeto de una auditoría porque su contador la registró en actividad empresarial cuando en realidad estaba como asalariada en el Senado de la República, “donde te retienen los impuestos».

Tras la condonación de más de 16 millones de 441 mil 439 pesos de impuestos, expuso que lo que le cobraban era el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pero subrayó que se debió revisar el tema porque había errores en la forma en que se hacía el cobro, aunado a que también le retuvieron impuestos por inversiones.

“Yo me apliqué estrictamente a lo que la ley establecía», enfatizó la morenista, quien agregó que un nuevo contador llevó las revisiones y las correcciones para apegarse a la legislación en curso.

El coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, afirmó que será mañana cuando la Cámara de Diputados aprobará en el pleno el dictamen mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El morenista explicó que esta reforma tiene como objetivo que en los productos se informe de manera clara el alto contenido grasas saturadas, azúcares totales, sodio y contenido calórico, similar al modelo que se ha implementado en otros países.

Delgado Carrillo señaló que el problema de la obesidad, principalmente infantil, es generado en gran medida por la irresponsabilidad de las industrias de alimentos es un tema grave para el Sistema de Salud.

“Si no hacemos algo, esta generación de niños, nuestros hijos, van a tener una esperanza de vida menor a la nuestra. Seríamos la primera generación de padres que le toque enterrar a sus hijos”, declaró el legislador.

Mario Delgado comentó que desde el inicio de esta Legislatura Morena puso énfasis sobre este tema. A su vez varios grupos parlamentarios, especialistas, organizaciones, la Secretaría de Salud, academia, industrias y sociedad civil expresaron en parlamento abierto sus posturas, mismas que fueron consideradas en el dictamen final.

El diputado indicó que a pesar de que la industria ha presentado mucha resistencia, los diputados decidieron seguir adelante y sacar lo más pronto posible la reforma por el bien de los niños.

Finalmente, el diputado Delgado Carrillo señaló que el etiquetado frontal de advertencia contribuye en parte a resolver los problemas de sobrepeso y obesidad, pero sobretodo significa un primer paso para fomentar una alimentación más saludable en nuestros niños y niñas, la generación del presente y futuro.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, rechazó que, como publicó el diario Reforma, la Sala Superior haya resuelto la duración de la gubernatura de Baja California.

Fuentes Barrera destacó que el Tribunal Electoral transmite sus sesiones de manera pública a través de sus redes sociales y en el Canal Justicia TV, con el fin de que la ciudadanía conozca el porqué de cada decisión, y sepa qué sí y qué no se ha resuelto, ya que así se vacuna a la ciudadanía contra la desinformación.

Y es que el martes pasado, el periódico publicó que la Sala Superior “confirmó la decisión del Tribunal Electoral de Baja California de ampliar el mandato del gobernador por cinco años, alegando que la demanda en contra de esa decisión fue presentada de forma inoportuna”.

“Hemos visto en los últimos días en diversos medios de comunicación la emisión de diversas notas que no son exactas (…) en relación con el caso Baja California, por ejemplo, en donde no hemos resuelto de fondo, se nos atribuye una resolución de fondo que avala un periodo que no es correcto», dijo Fuentes Barrera.

Señaló que para evitar la desinformación, la ciudadanía puede acceder a las sentencias a través de las redes, para saber cuáles son las sentencias que sí emite el tribunal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que en la sesión del Pleno de hoy, se discutirá y votará la reforma constitucional al artículo 28, a fin de terminar para siempre con la condonación de impuestos a grandes empresas.

“La bancada de Morena dará su voto mayoritario para aprobar la reforma al artículo 28 constitucional, tal como la propuso el presidente, Andrés Manuel López Obrador”, indicó el legislador.

Delgado Carrillo explicó que con esta reforma nunca más un presidente de la República “podrá andar dando favorcitos especiales, condonando impuestos (y) haciendo excepciones fiscales a los grandes empresarios”.

Señaló que se perdían miles de millones de pesos por esta facultad discrecional que tenían los presidentes en turno.

En otro tema, destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se respetarán los compromisos que hizo el presidente de no aumentar impuestos, no endeudar al país y no aumentar el precio de los energéticos.

“Se destinarán más recursos a lo que verdaderamente importa, como los programas sociales, la inversión en la gente y a los proyectos de infraestructura y el rescate energético que van a incrementar el potencial de crecimiento económico de nuestro país”, detalló.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a los señalamientos que se hicieran la tarde de ayer respecto al extravío de la carta que firmó en marzo pasado sobre su compromiso de no reelección.

«Los conservadores que creen que somos como ellos, están diciendo que no quiere certificar la firma del documento que di a conocer, comprometiéndome a la no reelección, pues aquí está el documento», dijo AMLO, y procedió a leer de nuevo lo que manifestó en él.

Al presentar y leer el documento, pido a los opositores a que se apruebe la iniciativa de revocación del mandato que prometió en campaña y en la que sigue insistiendo.

Lamentó que pese a que dicho documento se dio a conocer en marzo pasado, ahora el «periódico de los conservadores», el Reforma, está diciendo que se estaba retractando.

AMLO anunció que mañana, un notario público, acudirá a Palacio Nacional para que firme el documento, pues reiteró que no es partidario de la reelección, «no creo en eso». Dijo que dicha firma servirá para que no quede ninguna duda y sus críticos no tengan elementos para señalarlo.

El mandatario sostuvo que así como en esta ocasión, saldrá al paso de todas las campañas de calumnias que inventan contra su gobierno.

Finalizó señalando que la calumnia de que se estaba «echándo para atrás» es parte de la transformación que se vive en el país, ya que lo que ha hecho, no era parte de lo políticamente correcto.

Desde una sede alterna, el Congreso de Baja California resolvió el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a reconsiderar la extensión de mandato que se aprobó para el próximo gobernador.

Al pedir respetar su autonomía, independencia y soberanía, los legisladores locales validaron la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del morenista, Jaime Bonilla, ahora gobernador electo.

Ocupando como sede el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, los legisladores concluyeron que “se desecha por improcedente la solicitud derivada del exhorto emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a este H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, tomando a consideración el vicio constitucional de fondo que presenta la solicitud de dejar sin efectos el Decreto 112 de la Constitución local, acto jurídico distinto a la Iniciativa que modificada el 8vo Transitorio de fecha 8 de julio de 2019, iniciativa que no se puede dejar sin efectos al no tener el carácter de Decreto por encontrarse todavía en el Proceso Legislativo”.

El exhorto se rechazó con 13 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Con el respaldo de las bancadas de Morena, PT, Transformemos, así como de los siete diputados que pertenecían al PAN y PRD que se declararon independientes tras la aprobación de la polémica reforma, se convocó a una segunda sesión para hacer la declaratoria formal de incorporación constitucional, relativa a la polémica reforma, la cual dice:

“Para efecto de la concurrencia de la elección de gubernatura del Estado con el proceso electoral federal 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral del 2019 iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024. La reforma al artículo 44 mediante el cual se declara la toma de posesión del gobernador del Estado el mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral del 2030. Por única ocasión el gobernador del Estado electo en el proceso electoral 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2030”.

Los diputados locales indicaron que pedirán al gobernador de la entidad, Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid su publicación en el Periódico Oficial del estado; advirtieron que de confirmarse la negativa para promulgarla, tal como lo declaró el gobernador, la Legislatura solicitará su publicación de manera directa como lo contempla la Constitución.

Eva María Vásquez, diputada del PAN, quien votó en contra de la ampliación del periodo de Bonilla, acusó que sus homólogos estaban convocados a la sesión para emitir dicha validez de una forma extraña, pues junto a su compañero de bancada, Miguel Antonio Osuna Millán, acusaron que la convocatoria no se les hizo de manera formal y terminaron enterándose por terceras personas o por las redes sociales.

Un juez otorgó la libertad condicionada a Carlos Salomón Villuendas Adame, conductor de un vehículo BMW que el 31 de marzo de 2017 chocó en Paseo de la Reforma y causó la muerte de cuatro personas.

Villuendas Adame pagó el lunes a favor de las víctimas indirectas del delito un millón 736 mil 540 pesos por concepto de indemnización, reparación del daño en su aspecto y gastos funerarios.

Según la resolución, el acusado debe ser trasladado a su domicilio donde terminará de cumplir la pena de 9.6 años de prisión que se le dictó en enero de 2018.

Sin embargo, la decisión aún puede ser apelada.

En audiencia de solicitud de beneficio penitenciario, la jueza Silvia Aznar Cortés determinó este martes el traslado de Villuendas Adame, quien quedó obligado a permanecer con monitoreo electrónico las 24 horas del día en un mismo domicilio, no ingerir bebidas alcohólicas ni drogas, y no conducir ningún vehículo.

La defensa garantizó ante la juez que Villuendas Adame ya cuenta con el brazalete electrónico, además de que no está sujeto a otro proceso penal y que ha tenido buena conducta durante los dos años, tres meses y 19 días que ha permanecido en prisión.

Además, se argumentó que no tiene registros de ingresos a otro penal y se ha cumplido la reparación del daño y la disculpa pública.

El Ministerio Público y las víctimas tienen tres días para apelar la decisión, y se prevé que en cinco días concluyan los trámites de traslado.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la mudanza a Palacio Nacional ya se concretó, por lo que ya durmió la noche de ayer ahí.

Sin embargo dijo, va a alternar entre Palacio Nacional y su casa al sur de la Ciudad de México, pues «no es lo mismo, la casa de uno es mejor».

Detalló que tanto él, como su esposa Beatriz Gutiérrez y su dijo Jesús Ernesto ya están vivivendo en Palacio Nacional.

Al respecto, se refirió a la nota que publicó el diario Reforma sobre que al llegar a Palacio, iba a tenerlo, incluidos los salones y espacios históricos.

«No es así, es una exageración… y como se dice coloquialmente, eso si caliente», respondió AMLO.

Señaló que el departamento en que vivirá, al que se le dio mantenimiento, es un espacio que adaptó el expresidente Felipe Calderón y mantuvo Enrique Peña Nieto, y corresponde a una parte muy limitada; todos los salones, toda la parte histórica, quedará libre completamente, aseguró AMLO.

Inclusive anunció, se va a desalojar una parte que se usaba del Palacio, y para todos los asuntos que se atienden se va a destinar el área que era usada por el Estado Mayor Presidencial, que era una área ya impactada.

En respuesta al diario, dijo que «como se llevan fuerte (…) les diría que no estoy acomplejado». Y añadió que cuando ellos hicieron su edificio corporativo, el cual calificó como un Palacio, resultó de mal gusto porque «los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura».

Finalmente dijo, para que no quede duda y espacio para la crítica, estaría dispuesto a difundir el tamaño del departamento en que vivirá junto a su familia. «Para que no haya malas interpretaciones se podría difundir todos los detalles».

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