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El presidente ruso Vladimir Putin dijo este miércoles que se postergará el voto por su reforma constitucional a raíz de la pandemia de coronavirus, y declaró asueto laboral la semana próxima para frenar la expansión del virus.

«Creo que la votación tiene que ser postergada», afirmó Putin en referencia al plebiscito previsto para el 22 de abril en un poco frecuente discurso retransmitido por la televisión.

Frente al covid-19, «lo más seguro actualmente es estar en casa», afirmó.

Putin anunció que los rusos no trabajarán la semana que viene, hasta el 5 de abril, para «desacelerar» la propagación del Covid-19.

La reforma constitucional apunta a permitirle a Putin volver a presentarse en la elección presidencial de 2024. Y aunque se tomó dicha decisión, el presidente no decretó el confinamiento total como se está haciendo en muchos países.

Los comercios y la administración pública permanecerán abiertos.

«No se fíen al azar. Esto puede afectar todo el mundo, lo que ocurre en otros países puede ser nuestro futuro cercano», afirmó Putin.

Putin también anunció una serie de medidas económicas para las empresas y los trabajadores, afirmando que la «economía rusa está bajo fuerte presión debido a las consecuencias de la epidemia».

En particular, el presidente decretó la renovación automática de todas las ayudas sociales durante seis meses, un aumento del seguro de paro y una pausa en los rembolsos de los préstamos contraídos por los particulares.

Para las empresa, Putin anunció un aplazamiento de seis meses para el pago de los impuestos.

«Todas las medidas que se adoptan y adoptarán funcionarán, tendrán resultados, si nos mostramos unidos y comprensivos ante la actual situación», dijo Putin al hacer un llamado a la «solidaridad».

El número de casos declarados oficialmente en Rusia no ha dejado de aumentar, aunque es bajo con respecto a Europa occidental. El país reporta 658 casos confirmados de Covid-19.

La Cámara de Diputados aprobó con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la de Partidos Políticos, para establecer la elección continua de legisladores federales, es decir, la reeleción.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que las senadoras y los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, hasta en cuatro ocasiones seguidas, en los términos y condiciones que determine la ley.

Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo podrán participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, aunque deberán acatar las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso «eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial» de los recursos públicos.

Además, deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo; abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña; no participar en reuniones de proselitismo político durante el tiempo en que están obligados a concurrir a sesión de la cámara correspondiente.

En la iniciativa aprobada también se señala que tampoco podrán disponer de recursos públicos en su campaña o en cualquier evento de proselitismo político, así sean humanos, materiales o económicos.

Aclara que los informes de gestión legislativa que realicen no constituyen propaganda electoral, siempre y cuando se ajusten a lo dispuesto por el artículo 242 de esta ley.

Se indica que las y los legisladores que cumplan con los requisitos de elegibilidad para postularse por el mismo cargo en forma consecutiva pueden hacerlo en fórmula con la o el mismo suplente que para el cargo que se ejerce o con otro, siempre que este último cumpla con los requisitos señalados.

Podrán postularse al mismo cargo, bajo el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, independientemente del principio por el que fueron electos, en los términos y disposiciones de la presente ley.

Se destaca que pierde su militancia, además de la renuncia expresa por decisión del órgano partidario correspondiente y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las diputadas y los diputados que hubieren accedido al cargo a través de un partido político que hubiera perdido el registro.

De igual modo, las y los legisladores que hayan obtenido el cargo que se ejerce por virtud de una candidatura independiente, pueden concurrir a la elección para periodos consecutivos bajo la misma vía o postulados desde un partido político.

Quienes hayan obtenido el cargo que se ejerce postulados a través de un partido político en virtud de una candidatura externa o ciudadana y que no hayan militado ni militen en éste, podrán concurrir a la elección para periodos consecutivos por la vía de una candidatura independiente o postulados desde un partido político.

Las legisladoras y legisladores que aspiren a la elección por un periodo consecutivo en el mismo cargo podrán contender, tanto en el proceso interno de selección de candidaturas como en el proceso electoral federal, por el ámbito territorial en que residan.

Sobre la reforma que se aprobó, la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano señaló que es una ley hecha a modo de las y los legisladores de Morena.

El diputado Carlos Puente del PVEM indicó que “el pueblo pone y el pueblo quita», por lo que negó que exista algún ‘albazo’ legislativo como se ha criticado. Por el contrario, dijo, se está cumpliendo de manera democrática y legal con un compromiso originado en la reforma que se aprobó en 2014.

El expresidente Felipe Calderón calificó la reforma aprobada como «tramposa, abusiva, antidemocrática e inconstitucional», pues dijo que la Constitución siempre ha exigido separarse del cargo para postularse a otro de elección popular. Acusó a Morena de orquestar dicho golpe a la democracia de México.

El miembros de la dirigencia nacional extraordinaria del PRD, Fernando Belaunzarán, también criticó la reforma aprobada, y acusó a los Diputados de Morena de acabar con la equidad en las contiendas. «Albazo efectivo, …sí reelección», remató.

De acuerdo a la más reciente encuesta del periódico Reforma, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha registrado una fuerte caída a lo largo del último año.

Hoy en día, AMLO cuenta con el 59% aprobación y con el 35% desaprobación. En marzo del año pasado, su aprobación era del 78% y su desaprobación apenas del 18%, es decir, ha perdido 19 puntos de aprobación, mientras que su desaprobación creció 17 puntos.

Sobre si AMLO está tomando decisiones que le beneficien al país, 55% de los consultados indicaron en que confían en que así es, mientras que 42% lo dudan.

Las áreas en las que la ciudadanía percibe que AMLO y su gobierno han dado resultados son: combatir la corrupción (50%) y mejorar el ingreso de las familias (49%); mientras que en temas como generar bienestar al país, 45% de los encuestados creen que no lo ha logrado. Reducir la pobreza (49%); mejorar la economía del país (51%); combatir al crimen organizado (62%) y reducir la violencia (67%), son otros temas en los que se considera que AMLO no ha podido dar resultados.

Sobre cómo ha abordado el gobierno federal diversos asuntos, los mexicanos le dan una calificación aprobatoria a temas como educación; combate a la pobreza y cuidado al medio ambiente. Sin embargo, en temas como el combate a la corrupción, economía, salud, seguridad, combate al narcotráfico y crimen organizado, consideran que los ha manejando mal.

Tal como ha sucedido en el último año, la inseguridad sigue siendo señalado como el principal problema que el país enfrenta (70%).

Pese a que su aprobación cayó considerablemente en un año, la imagen de López Obrador sigue siendo buena; los mexicanos lo consideran simpático (67%); justo (60%); honesto (58%); capaz de gobernar (58%); que gobierna para todos (54%); que habla con la verdad (53%) y que quiere unir al país (48%).

Además, la ciudadanía sigue confiando en que al final de su sexenio, AMLO va a lograr mejorar diversos temas en el país: educación, salud, pobreza, justicia, corrupción y violencia.

Y aunque el presidente ha expresado su rechazo a hacerlo, 88% de los mexicanos estarían a favor de investigar por corrupción al expresidente Enrique Peña Nieto.

Pese al desecantado que podría haber con el presiente, la oposición sigue sin captar la simpatía de la sociedad. Si hoy fueran las elecciones para diputados federales, 46% votaría por Morena (11 puntos menos que en marzo de 2019); 16% por el PAN (4 puntos más que hace un año) y por el PRI 16% (3 puntos más).

El diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, solicitó este martes a la Mesa Directiva el retiro de su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su propuesta, presentada la semana pasada, y que generó una gran polémica, planteaba que la designación del rector y otras autoridades de la universidad se hiciera mediante elecciones universales, entre otros puntos.

El pasado jueves, en rueda de prensa, el legislador anunció que hoy retiraría su iniciativa para escuchar las diferentes opiniones de diputados, de la UNAM y de la sociedad en general, y para no abonar a la tergiversación del tema.

Asimismo, llamó al rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y a la comunidad universitaria a debatir los temas de gobierno de la máxima casa de estudios, en parlamento abierto, en la Cámara de Diputados, a fin de “construir los mejores acuerdos para que la Universidad Nacional siga siendo la mejor de México y de América Latina”.

Al respecto, la semana pasada, la UNAM emitió un comunicado en el que manifestó su «sorpresa e indignación», a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de nuestra Universidad, suscrita por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca.

«Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la vida universitaria, en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años», dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Acusó que dicha iniciativa se suma a otras que han sido presentadas ante las legislaturas estatales por representantes de distintos partidos políticos, en lo que parece constituir una escalada contra la autonomía de las Universidades, principio básico e irrenunciable.

«El hecho de presentar una iniciativa como ésta, solo puede ser interpretado como un intento de desestabilizar la vida universitaria, en momentos en que la UNAM lleva a cabo los cambios pertinentes a su normatividad para que las y los universitarios convivan en un ambiente de respeto, paz y seguridad», añadió el rector.

Pacientes con VIH y activistas se manifiestan este viernes frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre avenida Paseo de la Reforma, exigiendo el abasto de antirretrovirales.

Los manifestantes denuncian que las clínicas del IMSS llevan varias semanas sin abasto de medicamento, lo que afirman no pueden seguir sucediendo, pues son tratamientos que no pueden pausar la toma de sus antirretrovirales.

Los manifestantes pintaron cristales y muros de las oficinas del IMSS, lanzaron piedras, mientras exponían sus demandas.

La vialidad se vio afectada, tanto en sus carriles laterales, como en los centrales.

Al respecto, el IMSS emitió un comunicado en el que se dijo abierto al diálogo para atender una a una todas las quejas y demandas, desde el punto de vista médico y del abasto de medicamentos.

«El Instituto respeta el derecho a la libre manifestación e invita a establecer un diálogo para encontrar los  mecanismos que solucionen las demandas de los derechohabientes que viven con VIH».

La oficina del director del IMSS, Zoé Robledo, recalcó que entre el 16 de enero y el 15 de febrero de 2020, el surtimiento oportuno de recetas fue de 96.5%, «lo que nos indica que se están restableciendo los niveles de surtimiento», negando así el desabasto que se acusa.

El IMSS recordó que hay 63 mil pacientes que viven con VIH atendidos por el Seguro Social, de los cuales, el 70% cuentan con tratamiento. Enfatizó que la mortalidad relacionado a este padecimiento en el IMSS es de 2.8%, comparado con la meta de la ONUSIDA, que es 3.5%.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que el sistema electoral mexicano funciona y funciona bien, por lo que no son necesitas reformas que impliquen una involución democrática.

Indicó que hoy están dadas las condiciones y reglas para ir exitosamente a la elección intermedia de 2021.

Ello, luego de la Certificación de la Norma ISO Electoral que, por segunda ocasión, obtuvo el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), lo que, remarcó, refleja que el modelo actual del Sistema Electoral, funciona bien y en el cual los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), son un elemento fundamental.

Para el consejero presidente, sería un error y un retroceso que con una eventual reforma constitucional electoral que se trabaja en la Cámara de Diputados, desaparecieran dichos organismos locales electorales.

El coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jorge Alcocer Villanueva, expuso que la Certificación del IECM es producto de un logro colectivo que posiciona al órgano electoral capitalino como un referente de la vida democrática del país.

Al igual que en 2017, el IECM recibió este miércoles la placa que acredita su Certificación de la Norma ISO Electoral, de parte de representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco del foro «La Democracia Electoral y los Retos de la Nueva Década 2020», realizado en el patio del Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Al recibir la referida placa, el consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, indicó que la ciudadanía debe tener elementos para evaluar a sus autoridades, y a partir de ello el instituto implementó un Sistema de Gestión de Calidad que permite fortalecer la confianza ciudadana mediante la organización de elecciones transparentes, competitivas y equitativas.

El consejero electoral Beltrán Miranda, líder del proyecto del Comité de Calidad del IECM, precisó que la ISO Electoral fue diseñada por las grandes agencias internacionales en la materia, encabezadas por la OEA.

Recordó que los estándares de la Norma fueron actualizados y ahora son más estrictos que los evaluados en 2017, por lo que el IECM determinó someterse nuevamente al proceso de certificación para ratificar que mantiene la calidad de sus servicios conforme a estándares internacionales.

Luego de días de análisis, el avión presidencial que se adquirió en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, sí será rifado, confirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

“Después de análisis, reflexiones, ya se tomó la decisión de rifar el avión (…) se va a utilizar el dinero para una causa humanitaria”, afirmó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Explicó que no se entregará el avión, sino premios en efectivo por 20 millones de pesos a cada uno de los 100 cachitos ganadores (una serie la componen 100 cachitos). Resaltó que quien compre un boleto de 500 pesos “se puede sacar 20 millones”.

En total se van a vender seis millones de «cachitos» por lo que se recuperarán 3 mil millones de los cuales 2 mil se van a entregar en premios. El sorteo se realizará el próximo martes 15 de septiembre a las 20:00 hrs.

“El avión sigue en venta pero al mismo tiempo se resuelve el problema porque se pagan los premios lo que se obtenga de la rifa es para los hospitales y el avión tiene 2 años de mantenimiento hasta que se venda pero al mismo tiempo que se mantiene, mientras se vende se va a poder rentar y hay un contrato de renta de un año”, explicó.

Al ser cuestionado por la prensa, López Obrador detalló que se está ajustando todo el marco legal para no violar ninguna ley con la rifa; en ese sentido, indicó que se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que se autorice que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pueda llevar a cabo rifas de los bienes del gobierno.

Aseguró que hay mucho interés de la ciudadanía de participar en la rifa, por lo que descartó que no se vayan a vender los 6 millones de cachitos. «Hasta podrían faltar».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que Sergio Aguayo tiene todo el derecho de manifestar sus ideas y se debe garantizar la libertad, esto luego de que un tribunal determinara que el columnista e investigador debe indemnizar al exgobernador Humberto Moreira por daño moral.

“Sergio Aguayo tiene todo el derecho de criticar, de manifestar, hay que garantizar el derecho, la libertad que tenemos todos», expuso el mandatario federal al ser cuestionado sobre el caso del escritor, y señaló que el tema corresponde a otras instancias por lo que su gobierno no interviene, «yo no puedo meterme».

“Lo condena a pagar el daño, ¿qué opino?: estoy seguro que deben de existir otras instancias, por ejemplo, el amparo, buscarlo, no sé si ya está concluido el proceso, si ya es cosa juzgada, no lo creo, acudir a otras instancias, hay la ventaja ahora que no hay consigna para perseguir a nadie», indicó AMLO.

López Obrador explicó que el tema de Moreira viene desde administraciones pasadas, pero recordó que el exmandatario coahuilense fue exonerado en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

“Sin embargo, el partido (Acción Nacional), que hace la denuncia sigue hablando, engañando, que está exigiendo que se castigue a Moreira, entonces yo me entero, me llega el expediente, este es un acto de inmoralidad, cómo van a estar diciendo, había campaña en Coahuila, de que van a castigar a Moreira, lo van a meter a la cárcel, si ya lo exoneraron, cuando lo detienen en España lo tienen lo que dejar libre», relató AMLO.

Insistió en que en su gobierno no hay consignas contra ningún periodista. “Si hubiese consigna sí, pero no hay consigna del presidente de la República, no tengo ningún problema con Sergio Aguayo, (Pablo) Hiriart, (Raymundo) Riva Palacio, (Carlos) Loret, tenemos diferencias, concepciones distintas, no tengo enemigos, tengo adversarios».

Añadió que él ha acompañado a otros periodistas que fueron señalados por anteriores administraciones. “Lo hice en su momento por Carmen Aristegui cuando la censuraron, por Gutiérrez Vivó, eso fue gravísimo», recordó.

Al respecto, López Obrador aseguró que ni él ni su gobierno apoyan o promueven alguna reforma judicial que ataque la libertad de expresión en México o que atente contra los derechos humanos.

“Lamento que me confundas. No tengo nada que ver con la supuesta reforma judicial. El Fiscal general, en el caso que sea cierto, es autónomo. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconde la mano», respondió a una supuesta reforma que se alista en la materia.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este lunes una reforma a la Constitución para habilitar la realización de un plebiscito ciudadano que decida sobre la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna en el país.

El mandatario realizó la firma del documento en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, en donde explicó que la consulta servirá para ver si los chilenos quieren una nueva Constitución o reformar la actual, creada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

«Esta reforma abre las puertas y define el camino para lograr un gran acuerdo constitucional que nos dé ese marco institucional sólido, legítimo y compartido para poder enfrentar como país los formidables desafíos del presente y las magnificas oportunidades del futuro», indicó Piñera.

Durante su declaración, el presidente chileno ahondó en la historia constituyente del país y las causas que han llevado al histórico acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, que se cerró el pasado 15 de noviembre para iniciar el proceso.

La redacción de una nueva Carta Magna es una de las principales demandas del estallido social, que deja al menos 24 fallecidos y que culpa a la actual de ser el origen de la grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol «subsidiario» (secundario) en la provisión de recursos básicos, lo que favoreció su privatización.

«Quizás lo que hemos vivido en los últimos 66 días, desde el 18 de octubre, es una clara y elocuente muestra de este cambio. Por eso hoy es que por primera vez tenemos la oportunidad de lograr, con total libertad y en plena democracia, un gran acuerdo constitucional con amplia y efectiva participación ciudadana», añadió Piñera.

En ese sentido, destacó que será la ciudadanía la que tome la decisión en el plebiscito habilitado hoy, que se realizará el 26 de abril, y del mismo modo, si se considera redactar una nueva Constitución, ratificar el texto al final de todo el proceso constituyente en otra consulta.

«Tendremos no solamente la primera palabra de respecto a la naturaleza y el mecanismo de este acuerdo constitucional a través de un plebiscito de entrada, sino que también tendremos, si así lo decidimos, la última palabra respecto a los principios y contenidos de esa nueva Constitución a través de un plebiscito ratificatorio», señaló el mandatario.

El acuerdo parlamentario de noviembre incluye la convocatoria de un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo prefiere para redactarla: una convención mixta, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una asamblea integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución se ratificará en otro plebiscito con sufragio universal y voto obligatorio.

«La Constitución no es una vara mágica que resuelve en forma instantánea todos los problemas. Sí puede darnos el marco institucional adecuado para poder avanzar con las políticas públicas y la participación de toda la sociedad hacia un país con mayor capacidad de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos», afirmó Piñera.

Asimismo señaló que es importante aplacar cualquier incertidumbre que se pueda generar sobre la elaboración de la nueva Carta Magna y garantizó «un proceso constitucional limpio, libre, transparente y democrático».

La propuesta para reformar el artículo 41 de la Constitución a fin de reducir a la mitad el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, no alcanzó la mayoría calificada para su aprobación en la Cámara de Diputados.

El dictamen obtuvo, en lo general y lo particular, 274 votos a favor, 207 en contra y cero abstenciones, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva informó que el proyecto de decreto quedaba desechado.

El documento surgió de diversas iniciativas, cuatro presentadas por la bancada de Morena, dos del PT, dos del PES y una del PRD, dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena).

Con dicha modificación se pretendía que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, se fijara anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5%, en lugar del 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Al fundamentar el dictamen en tribuna, la diputada Carrillo Martínez puntualizó que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos; sin embargo, existen múltiples señalamientos sobre los altos costos que representan para la sociedad.

Y es que el modelo actual tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25% en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.

Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.

En la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

Recordemos que las actividades ordinarias, que fueron motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30% se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Diversas voces señalan que en el ámbito mundial, el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que Morena tiene que poner el ejemplo en el tema de la reducción de presupuesto para los partidos políticos, pues ya no corresponde a nueva realidad el que estos institutos tengan tanto dinero.

Tras mencionar que este martes se votará en el Congreso una iniciativa de reforma para reducir el monto del dinero que reciben los partidos, el mandatario confió en que sea aprobada, principalmente por quienes están a favor de la transformación, pues “no deben de hacerse pato».

López Obrador aseveró que los partidos políticos tienen que ayudar a generar ahorros ya que se trata de “un plan de austeridad de Estado, no solo del Ejecutivo o el gobierno federal, es austeridad del Estado, general», por lo que pidió ser consecuentes y estar atentos a ver quienes votan a favor o en contra de la reforma.

Y aunque AMLO indicó que se discutiría la reforma este martes, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que será el próximo jueves 12 cuando se discuta el tema.

El también coordinador de la bancada de Morena, ha indica que su grupo parlamentario no aceptará reducir en menos del 50% el financiamiento público a los partidos políticos.

“La idea es reducir en 50 por ciento sus recursos y si el 10 por ciento genera consenso, a nosotros no nos sirve porque la gente no va a estar satisfecha con eso. Tiene que haber una reducción significativa en el costo de la política, en el financiamiento a los partidos”, señaló el diputado en una rueda de prensa.

El líder parlamentario explicó que los partidos tienen alrededor de 15 mil millones de pesos que se dividen en tres rubros: financiamiento local, prerrogativas en tiempos de radio y televisión y actividades ordinarias.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se mostró en favor de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando ésta permita hacer frente a los desafíos que tiene, sin comprometer la división y el equilibrio de poderes.

El organismo advirtió en un comunicado que es importante la renovación en el ámbito judicial, para que el acceso a la justicia y la aplicación de la ley tenga nuevos alcances, y garantice protección a más mexicanos, pero sin perder independencia y autonomía.

Destacó que el Poder Judicial de la Federación tiene importantes márgenes de mejora, sobre todo, para hacer frente a casos de corrupción y nepotismo que se han presentado en los últimos años. «Hoy la justicia es lenta y costosa», subrayó.

En este sentido, reconoció que es hora de llevar a cabo una transformación del Poder Judicial de la Federación, y celebró la iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena, para iniciar la discusión en la materia.

La Coparmex recordó que la semana pasada, con la presencia de los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero Jurídico de la Presidencia, el fiscal General de la República y legisladores federales, se dio el banderazo de salida a las mesas de trabajo que conducirán a la “Reforma con y para el Poder Judicial.

La confederación indicó que otro grave riesgo con la reforma sería el debilitamiento de la carrera judicial, al abrir desmedidamente la puerta a cargos de jueces, magistrados y ministros a profesionales que provengan de otros ámbitos del Derecho, ajenos a la materia judicial.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen de reforma constitucional para que ningún funcionario público, federal, estatal o municipal y particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales, tengan una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal.

El documento señala que las remuneraciones de los funcionarios que sean superiores a lo que establece el decreto deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma, siempre y cuando se haya cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de la Unión corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aclarar cómo se debe calcular el sueldo del presidente de la República.

El dictamen, que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El Pleno lo aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones. Posteriormente, votó en lo particular los artículos 116 y 127 con 322 votos en pro, 21 en contra y 81 abstenciones.

El documento surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI; la diputada María Chávez Pérez de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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