Tag

Reforma

Browsing

Para sorpresa de muchos, incluido el Presidente, el diario Reforma publicó este martes una nueva encuesta en la que mide la preferencia electoral rumbo al 2 de junio, y en la que también presenta la aprobación de López Obrador.

Al preguntar ¿quién cree que va a ganar la elección para Presidente?, el 65% de los mexicanos consideran que ganará Claudia Sheinbaum, 15% cree que la ganadora será Xóchitl Gálvez y sólo un 2% piensa que ganará Movimiento Ciudadano.

Sobre la intención de voto, 58% apoyaría a la abanderada de Morena-PT-PVEM, contra un 34% que le daría su apoyo a Xóchitl Gálvez. El candidato de MC obtendría un 8% de los apoyos.

La morenista presenta así, en los últimos 3 meses, un crecimiento de 4 puntos. La candidata del PAN-PRI-PRD habría crecido 5 puntos, mientras que la opción de MC habría caído 9 puntos. En la medición de diciembre, quien fue medido fue Samuel García.

48% cree que la elección para Presidente ya está muy definida en favor de Morena. 34% cree que la oposición aún puede ganar. 61% de los encuestados creen Claudia Sheinbaum superará la votación que AMLO obtuvo en 2018.

49% de los consultados asegura que ya decidió definitivamente su voto; 12% ya decidió pero aún podría cambiar de opinión; 36% aun no decide su voto y 2% no piensa ir a votar.

La abanderada de Morena tiene la mejor opinión entre la ciudadanía, con un 64% de opiniones positivas y sólo 14% negativas; Xóchitl Gálvez tiene 38% de opiniones positivas y un 26% de negativas. Jorge Álvarez Máynez tiene 22% de positivas y 13% negativas; en su caso destaca que un 54% no lo conoce.

63% de los encuestados afirman haber visto o escuchado recientemente algún spot de Claudia Sheinbaum; 58% de Xóchitl Gálvez y 22% de Álvarez Máynez.

Sobre la elección de Diputados federales, Moren-PT-PVEM arrasaría con el 56% de los votos. La coalición opositora tendría el 34% de los votos y MC se haría del 8% de los votos.

Sobre la aprobación del presidente, el ejercicio de Reforma reporta que el mandatario alcanzó en marzo uno de sus niveles más altos (solo por detrás de marzo 2019) al registrar una aprobación de 73%. Sólo el 24% de los consultados desaprueban su labor.

Sobre su actuar en el marco del proceso electoral, 69% cree que el mandatario respetará los resultados de la elección presidencial independientemente de quién gane. 49% de los consultados creen que López Obrador está siendo neutral. 40% dijo que está favoreciendo a Morena.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que buscarán el mayor acuerdo entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para aprobar el último paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así se tengan que modificar las iniciativas.

“Esta va a ser una discusión como muy pocas se han dado en la historia de México, donde todos los grupos parlamentarios van a tener la oportunidad de fijar una postura ante estos grandes temas. Y eso, seguramente nos llevará a que, donde logremos acuerdos, se tengan que mover puntos y comas”, aseguró en conferencia de prensa.

Incluso mencionó que se impulsará que, tanto la Cámara de Diputados, como el Senado, puedan trabajar de forma conjunta para tomar acuerdos de forma rápida y abrir espacios de Parlamento Abierto donde haga falta mayor discusión.

“Vamos a tener dos Cámaras trabajando en conferencia, a la par, y eso permitirá que tomemos acuerdos donde sea necesario, abrir los espacios de Parlamento Abierto”, dijo.

Sobre la discusión de las últimas 20 reformas constitucionales de López Obrador, Rivera anticipó que será un periodo ordinario donde se verán cambiar de posiciones a todos los grupos parlamentarios. “Seguramente vamos a ver muchas posiciones de los grupos (parlamentarios) cambiar. Ni tan radicales en el no, ni tan positivos en el sí; tenemos que mediar”, detalló.

Si bien la mayoría de Morena y sus aliados, PT y PVEM, no cuentan con las dos terceras partes para lograr cambios constitucionales sin necesidad de la oposición en la Cámara alta del Congreso, la presidenta del Senado confió en que habrá legisladores de oposición que darán su voto a las reformas del presidente de México.

“Hoy vamos a tener los votos posibles con la oposición que tome una responsabilidad ante la nación y priorice el interés colectivo y público. Eso es posible, lo vamos a lograr, quizá no en todas”, advirtió.

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja del Congreso, Ignacio Mier, dio a conocer la intención del grupo mayoritario de realizar foros de discusión o Parlamento Abierto en todo el país a partir del 20 de febrero y hasta el 15 de abril próximo.

En concreto, Mier reveló que Morena buscará hacer cinco foros nacionales, 32 estatales y 300 asambleas en todo el país y que cuenten con la mayor inclusión de voces entre especialistas, autoridades, académicos, organizaciones civiles y todos los interesados.

Sobre los tiempos legislativos del último paquete de reformas constitucionales, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, precisó que los grupos de trabajo contarán con 90 días para analizar y dictaminar las 20 iniciativas.

En el caso de las comisiones que solo tengan que emitir una opinión tendrán 30 días para realizarlo; aunque podrán fundamentar y solicitar prórrogas en ambos casos.

El Gobierno federal creará un fondo base de 64,000 millones de pesos anuales, incluyendo dinero confiscado al crimen organizado, para financiar la nueva reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso este miércoles en Palacio Nacional que los recursos de este “fondo semilla” vendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que administra los bienes incautados a la delincuencia.

Asimismo, agregó, provendrán de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); de la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y del cobro de adeudos de entes públicos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la seguridad social.

Además de este fondo base, se contemplan recursos adicionales por la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y la eliminación de los reguladores autónomos, así como el 25% de los beneficios que generen las empresas paraestatales administradas por el Ejército y la Marina.

La  funcionaria detalló que la reforma busca que el Gobierno aporte con recursos públicos para que los trabajadores se pensionen con su último sueldo completo, aunque aclaró que el límite será el salario promedio de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en 2023 fue de 16,777 pesos.

“¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social”, expuso Alcalde.

La iniciativa constitucional que López Obrador presentó el lunes, dijo la secretaria y el propio mandatario, busca contrarrestar los efectos de la reforma del Gobierno de Ernesto Zedillo, que en 1997 creó las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), un sistema privado inspirado en el modelo de Chile.

Alcalde recordó que en 2021 entró en vigor la primera reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde 1997 que reduce el requisito de 1,250 semanas (25 años) de cotización a solo 750 semanas (15 años) e incrementa la aportación total a la pensión de 6.5% a 15% sin aumentar la cuota de los trabajadores.

Con ello, aseguró, los trabajadores pensionados con la última reforma percibirán el 64% de su salario frente al 27% de la legislación de 1997.

En cuanto a los mexicanos que se beneficiarán de la nueva reforma, que debe obtener la aprobación de dos tercios del Congreso, serán los trabajadores formales de al menos 65 años que coticen en el IMSS desde 1997 o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde 2007.

“Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México”, expuso Alcalde.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, adelantó que los partidos de oposición, que la impulsan en su aspiración política, apoyarán la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentara en materia de pensiones.

“Por supuesto que nosotros (la oposición) estamos absolutamente de acuerdo en que los mexicanos tengan una pensión digna, lo comparto, lo vamos a apoyar”, aseguró en conferencia de prensa la candidata, pese a que ha dicho que ella no interviene en temas o decisiones internas de los partidos.

Sin embargo, la candidata del bloque opositor retó al presidente a no solo hacer estas modificaciones, sino permear a los trabajadores del Estado y docentes.

Exigió a López Obrador cambiar la medida con la que se calcula la pensión de maestros, que actualmente se estima en Unidades de Medida de Actualización (UMA’s), y actualizarlos a salarios mínimos, lo que implicaría subir su base de cotización, pues la UMA equivale a los 108.6 pesos diarios, mientras que el salario mínimo es de 207.4 pesos.

“Aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo, que las pensiones de los maestros, que hoy están en UMA’s, las pase inmediatamente a salarios mínimos porque hoy los maestros tienen una pensión miserable”, sostuvo.

Además, demandó que su próxima reforma también permee a los trabajadores del Gobierno mexicano.

“Él es el patrón y podría de inmediato mejorarles la pensión a todos los trabajadores del sector público con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creo que el presidente puede”, señaló.

Ayer, la dirigencia del PRI adelantó que también votaría a favor de esta reforma constitucional del presidente López Obrador.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que los legisladores de su partido votarán en ese sentido porque “están de acuerdo con una jubilación digna”. “Tenemos la instrucción de ir a favor de todo aquello que beneficie a los mexicanos”, expresó.

El dirigente pidió además discutir la reforma para recortar la jornada laboral de 48 a 40 horas laborales que impulsa el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En tanto, el dirigente del PAN, Marko Cortés, adelantó que analizarán con “absoluta seriedad” las iniciativas presidenciales una vez que sean presentadas, pero confirmó que el partido está a favor de una reforma al sistema de pensiones que beneficie a las familias mexicanas.

Añadió que para ello el Gobierno “debe precisar de dónde saldrán los recursos para financiar una pensión al 100%, pero por lo pronto podría ir pensando en cerrar proyectos que absorben demasiados recursos públicos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, suspender las obras de la Refinería de Dos Bocas o del Tren Maya, para que existan estos fondos”.

Recordemos que López Obrador ha adelantado que enviará un paquete de reformas constitucionales, el próximo lunes 5 de febrero, entre las que propondrá que los mexicanos reciban su último sueldo como pensión al retirarse.

En este último paquete de por lo menos 10 reformas de López Obrador se prevé que envié iniciativas para elevar siempre el salario mínimo por encima de la inflación, la eliminación de órganos autónomos y la propuesta de designar a jueces por el voto popular, entre otras.

Sobre los dichos de Xóchitl y líderes de la oposición, esta mañana el presidente López Obrador atribuyó a la “desesperación” electoral el apoyo a su reforma de pensiones.

“Me dio mucho gusto ayer (el apoyo de) los del PRI y hasta los del PAN, fíjense qué nivel de desesperación o lo que hace la temporada electoral, ellos reformaron la Constitución para quitarle sus derechos a los trabajadores”, dijo el mandatario.

Recordó que el presidente Ernesto Zedillo, del PRI, creó en 1997 las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), el sistema privado inspirado en el modelo de Chile; mientras que Felipe Calderón del PAN modificó el sistema de jubilación de los trabajadores del Estado.

“Esas reformas a las pensiones significaron que el trabajador al jubilarse iba a recibir menos del 50% de su salario y ahora que vamos a presentar las iniciativas vamos a cancelar esas leyes, la ley Zedillo en pensiones y la ley Calderón en pensiones”, añadió el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este viernes que presentará una reforma constitucional para prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, rechazando argumentos sobre los riesgos de criminalizar a los consumidores.

“Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, así directo, y otros asuntos relacionados con la drogadicción, es algo que tenemos que cuidar mucho”, declaró el mandatario.

López Obrador afirmó que su Gobierno seguirá combatiendo el tráfico de precursores para la elaboración de esos productos.

Y es que el consumo de fentanilo causa cada año la muerte de decenas de miles de personas en el vecino Estados Unidos, cuyas autoridades han pedido varias veces a México hacer más para evitar que los cárteles de la droga introduzcan la droga en territorio estadounidense.

“Una de las iniciativas que voy a presentar como reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Aunque grupos de izquierda han acusado a López Obrador de ser conservador en su postura sobre las drogas, incluyendo la marihuana, el presidente desestimó los argumentos.

“Esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida, vamos a ver si eso conviene o no conviene”, expresó.

“Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social, podría ser que se haga el cuestionamiento que no hay que criminalizar el combate a las drogas, pero sí se están atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio y de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción?”, agregó.

Pese a su iniciativa, el mandatario aseveró que el consumo de fentanilo está focalizado en algunas zonas y “no está extendido en el país”, según una encuesta que realiza su Gobierno.

“Partimos de la hipótesis que, en comparación con Estados Unidos, el consumo en México es menor y, por lo mismo, son menos los jóvenes, las personas, que pierden la vida por sobredosis”, afirmó.

El presidente opinó que las drogas son “el principal problema en Estados Unidos”, donde citó que mueren 100,000 personas al año por sobredosis de fentanilo y otras sustancias.

Por ello, ofreció mantener el apoyo para combatir el narcotráfico a Estados Unidos, donde ha subido la presión en medio de las elecciones presidenciales de este año.

Las Fuerzas Armadas han decomisado más de 8,170 kilogramos de fentanilo durante la presidencia de López Obrador, de los que más de una cuarta parte, casi 2,329 kilogramos, corresponde al año pasado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que en el paquete de reformas que presentará el próximo 5 de febrero, estará la propuesta de desaparecer todos los organismos autónomos que existen en el país.

“Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares”, señaló el mandatario.

AMLO respondió así a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Andrea Marván, sobre la exhaustiva revisión que hará dicho organismo sobre la venta de 13 plantas de la española Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en junio pasado.

Entre los organismos que ha criticado López Obrador, y que podrían estar en la lista negra, están la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

López Obrador afirmó que todos los reguladores autónomos se crearon en lo que él llama el periodo neoliberal “para afectar el interés público”. Y sostuvo que durante esa etapa se entregaron los bienes “del pueblo” y de la nación a particulares.

“Hubo una privatización que solo venía como antecedente en la historia que llevó a cabo (el dictador) Porfirio Díaz, le entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos a los extranjeros”, añadió.

AMLO indicó que su paquete de iniciativas busca modificar las reformas hechas en los últimos 36 años para favorecer únicamente a particulares y aseveró que justo por ello se crearon los organismos “supuestamente” autónomos.

“Necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos, supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público, por eso es la actitud de este organismo (Cofece)”, reclamó.

Fue a inicios de semana cuando López Obrador reveló que el paquete de reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero asciende a 10 iniciativas, aunque no negó que el número pueda ser mayor; ente ellas incluirá las del Poder Judicial, la Guardia Nacional y la austeridad republicana.

En eventos previos ha expresado que también buscará una iniciativa eléctrica para contrarrestar la reforma que abrió a la inversión privada el sector energético en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ayer dijo que el dinero que hoy se les asigna a estos organismos autónomos podrían servir para financiar las aportaciones del Gobierno federal a las pensiones, las cuales propone sean del 100%.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este fin de semana la presentación dos reformas que buscará se aprueben antes de que finalice su administración.

Las dos propuestas son: para aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, y la otra modificar el actual sistema de pensiones.

Desde Veracruz, donde se conmemoró el 117 aniversario de los mártires de 1907, López Obrador destacó los avances laborales durante su Gobierno como el aumento al salario mínimo, la duplicación de las vacaciones y la democracia sindical.

“Antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la constitución mexicana para que se establezca que nunca jamás va aumentar el salario menos que la inflación”, anunció el mandatario.

Además, explicó que recibió un planteamiento del sindicato de maestros y otros trabajadores para “revisar la contrarreforma laboral del presidente Zedillo, la de las pensiones y vamos hacer una propuesta”.

En este tema, López obrador consideró “inhumano e injusto” que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe su salario que cuando estaba en activo “sino la mitad, si le va bien y eso ya no va a continuar así”.

“Voy a enviar una reforma a esa legislación antiobrerista, contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago en memoria de los mártires de río Blanco que lucharon por mejores salarios y condiciones laborales”, sostuvo.

Recordó que los trabajadores textiles buscaban mejores condiciones laborales por lo que fueron reprimidos por el presidente Porfirio Díaz, quien les ordenó reanudar actividades tras una suspensión de labores promovida por los patrones en las fábricas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.

En ese sentido, el presidente señaló que a partir de su Gobierno, en México “ya es un política laboral distinta. No queremos la oligarquía, México no es país de unos cuantos, es de todos los mexicanos, de todo el pueblo”.

Recordó que durante todo el periodo neoliberal, desde 1983 hasta finales de 2018, no aumentó el salario mínimo.

“Al contrario hubo una pérdida constante al poder adquisitivo, al poder de compra, porque (los gobiernos) ni siquiera aumentaban el salario de acuerdo a la inflación, muchas veces los aumentos se quedaban por debajo de la inflación. En 36 años hubo una pérdida del poder adquisitivo del 70%”, acusó.

Apenas el pasado 1 de diciembre, López Obrador anunció que el salario mínimo aumentaría un 20% en 2024, al pasar de 207.44 pesos diarios a 248.93 pesos, gracias al consenso del Gobierno, la patronal y los sindicatos.

Desde 2019, el primer año completo de la presidencia de López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito, primero de 16%, luego un 20% en 2020, un 15% en 2021, otro 22% en 2022, y el 20% en 2023.

Con ello, el poder adquisitivo del sueldo básico ha subido un 87% desde 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia. Apuntó que a su llegada al poder el salario mínimo era de 88 pesos diarios o 2,687 pesos mensuales; a partir del pasado 1 de enero aumento a 248.93 pesos diarios o 7,508 pesos al mes.

Tan pronto hizo el anuncio el presidente, diversos expertos y analistas han advertido del riesgo de una reforma al sistema de pensiones, sobre todo al considerar que llegaría en año electoral.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, pidió esperar a conocer los detalles de la propuesta, pues recordó que casi todo lo que ha reformado la actual administración ha resultado en deterioro de la economía en el largo plazo.

En “el corto plazo la gente puede sentirse optimista y la economía crecer, pero no necesariamente es sostenible a largo plazo y terminará afectando. Insisto que habrá que ver los detalles, pero no suena bien en principio”, advirtió.

Marco Mares, periodista experto en temas de finanzas, señaló que la reforma anunciada llega a sumarse a los elementos que generan incertidumbre económica.

“El presidente anuncia que enviará reforma de pensiones para cambiar el actual sistema de ahorro en las Afores. La intención presidencial es muy riesgosa para el ahorro interno y de los trabajadores”, alertó.

Carlos Ramírez, ex director de la CONSAR, precisó que las Afores administran hoy 5.8 billones de pesos, refiriendo que una reforma de pensiones en el último año del Gobierno es un “muy mal presagio”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este martes que ya no le dará tiempo a reformar el Poder Judicial en lo que queda de su sexenio, por lo que ha emplazado a la persona que le sustituya tras a “seguir adelante” con esta tarea.

“Claro que hay que reforzar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir, va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país”, dijo el mandatario.

Y es que recordemos que López Obrador ha emprendido una batalla contra el Poder Judicial (PJ) durante los últimos años, criticando que durante el llamado “periodo neoliberal”, los integrantes del PJ fueron “los que legitimaron el saqueo y la política de pillaje”.

Pese a reconocer que no tendrá el tiempo suficiente para impulsar una reforma del Poder Judicial, López Obrador volvió a confirmar que, en aras de “limpiar” los organismos judiciales del país, enviará una iniciativa para que sea el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros.

“Y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”, dijo el presidente, por lo que fue cuestionado sobre cuándo presentará dicha iniciativa.

“Lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial”, respondió.

Volvió a cuestionar que hay jueces, magistrados y ministros corruptos, que acusó, “hacen lo que les da la gana, se enriquecen”.

Dijo que estos jueces tienen la autoridad para liberar a cualquier persona, incluso “delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada”.

Fue en ese punto donde reveló que en torno al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encontró con una resolución relacionada a la desaparición de los estudiantes. “El Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: ‘Nos vas a resolver en 10 días, aplicando el Protocolo de Estambul, si fueron o no torturados, y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados quedan en libertad’, y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes”, reclamó el mandatario.

Finalmente, López Obrador dijo que si los jueces, magistrados y ministros son elegidos por el pueblo, ya no podrá haber lugar a que actúen por consigna o por dinero.

La Cámara de Diputados decidió aplazar hasta 2024 la discusión de la reforma que busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, esto luego de la propuesta que hiciera en ese sentido el presidente López Obrador.

La decisión de aplazar esta discusión se tomó al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en donde se acordó crear una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral, a fin de continuar con su análisis.

De acuerdo con el diputado Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano (MC), el acuerdo entre las distintas facciones parlamentarias buscará que se redacte una reserva en común y cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“Vamos a redactar una reserva común todos los coordinadores parlamentarios, es un acuerdo unánime. No hay ninguna razón para seguir postergando ese tema y, si esto de darle un periodo más logra la unanimidad, pues vale la pena el esfuerzo”, dijo el emecista.

El legislador consideró que no existe evidencia para mantener un retraso de medio siglo en término de reducir la jornada laboral, pues incluso matizó que estos cambios legales no ahuyentan la inversión.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, sostuvo que el trabajo de la comisión que preside se realizó y el dictamen está listo para votarse en el pleno de la Cámara de Diputados.

“El dictamen está listo para que se incluya en el orden del día y se empiece a discutir, votar y modificar con base en buenas opiniones del parlamento abierto”, precisó.

Sin embargo, indicó que “si no son suficientes esas opiniones, pues hay que abrir otro espacio de diálogo”; aunque, añadió, “eso no depende de nosotros (la comisión dictaminadora)”.

Esta decisión generó inconformidad al interior de la bancada de Morena e incluso movilizó a trabajadores a las afueras del recinto legislativo de San Lázaro. Dichas personas se manifestaron y cerraron por algunos momentos calles alrededor de la Cámara de Diputados, mientras pronunciaban consignas como: ‘Aquí y allá, 40 horas ya’, ‘Mucha chamba y poca paga’, ‘No somos máquinas ni esclavos’.

Susana Prieto, promotora de esta iniciativa, recodó que esta reducción de la jornada laboral contó con el apoyo de la amplia mayoría de los grupos parlamentarios y destacó que si bien hubo otros 17 intentos de reducir la jornada laboral en el pasado sin ningún éxito, esta es la primera vez que esta iniciativa avanza tanto en el Congreso, pues también reconoció el poder del sector privado en el país.

Recordemos que los empresarios han sostenido que “no es el momento” de aprobar esta reforma debido a los costos que tendrían que absorber los empleadores, sobre todo los más pequeños. Han señalado que han acompañado diversos ajustes a sueldos y prestaciones que suponen también aumentos a sus costos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso este viernes una consulta ciudadana para resolver el debate sobre las corridas de toros en la capital del país y en el país en general.

“Aún cuando no termina el proceso legal mi recomendación es que se convoque a una consulta en la Ciudad de México. Es que en este caso, sería lo mejor para todos”, dijo el mandatario.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara la suspensión que prohibía a la Monumental Plaza de Toros México la programación de corridas de toros desde junio de 2022.

La Segunda Sala de la SCJN dictaminó anular la suspensión otorgada por un juez de distrito al amparo presentado contra la popularmente llamada Plaza México por parte de la asociación animalista Justicia Justa.

Luego del fallo, la plaza de toros más grande del mundo y referencia de la tauromaquia en América, podrá ofrecer jornadas taurinas tras más de un año de prohibición debido a una suspensión cautelar a la espera de juicio.

Ante ello, López Obrador recomendó que se consulte a los ciudadanos si están de acuerdo en que regresen las corridas de toros a la Ciudad de México, aunque reconoció que lo primero es revisar si legalmente es posible que la consulta sea vinculatoria.

Además, se comprometió a que antes de que termine su administración enviará una iniciativa de reforma constitucional para la protección de los animales en el país.

En ese sentido, sostuvo que si en la consulta gana la prohibición de corrida de toros, él apoyará para que se haga una realidad. “Nada más que yo necesito conocer qué opinan los demás porque yo represento al pueblo”, aclaró.

El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó hoy, durante una ceremonia en el Kremlin, que se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de 2024, algo que se daba por hecho pero que ahora se confirma.

“Tienen razón, son tiempos de tomar decisiones y voy a presentarme (a la reelección) para el cargo del presidente de Rusia”, dijo el jefe del Kremlin en el evento que encabezó.

Putin, que lleva en el poder desde el año 2000, condecoró a varios militares que combatieron en Ucrania con ocasión del Día de los Héroes de la Patria.

Putin contestó al presidente del Parlamento de la república popular de Donetsk, Artiom Zhoga, quien le preguntó sobre sus planes. “Entiendo que hoy día no se puede hacer de otra forma”, dijo el mandatario ruso a otro de los asistentes a la ceremonia, que también le pidió participar en los comicios de marzo de 2024.

Se espera que el presidente ruso anuncie públicamente su candidatura el próximo 14 de diciembre durante la conferencia de prensa anual y la Línea Directa con la ciudadanía, la primera desde 2021.

La presidenta del Senado, Valentina Matviyenko, dio ayer el banderazo de salida de la campaña electoral después de que la cámara alta convocara los comicios para el 17 de marzo de 2024.

La controvertida reforma constitucional de 2020 permite a Putin, de 71 años, ejercer otros dos mandatos de seis años cada uno, es decir, se podría mantener en el poder hasta 2036.

Según el sondeo del Fondo de Opinión Pública, el 70% de los rusos aboga porque Putin se postule y solo un 8% que abandone la política. Además, un 78.5% de los rusos confía en el actual inquilino del Kremlin y un 75.8% aprueba su gestión al frente del Estado.

La Comisión Electoral Central anunció este viernes que los rusos votarán durante tres días, del 15 al 17 de marzo de 2024, en el marco de las elecciones presidenciales, pese a las críticas de la oposición, quien considera que dicha práctica fomenta el fraude.

La oposición extraparlamentaria liderada por el encarcelado Alexéi Navalni decidió no boicotear las elecciones, opción que apoyan otros opositores como el ajedrecista Garri Kaspárov.

Se espera que en las próximas semanas presenten sus propios candidatos los comunistas y los ultranacionalistas, que tienen representación parlamentaria.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció este miércoles que espera votar la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, antes del próximo 15 de diciembre, cuando finaliza el actual periodo ordinario de sesiones.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que “sí hay posibilidad” de aprobar la reforma en este periodo.

“Esa es la intención que Morena ha tenido desde que presentamos la iniciativa”, aseguró.

Y es que la iniciativa ha levantado gran polémica, pues el cambio supondría modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer dos días de descanso obligatorios a la semana por cada cinco trabajados.

Hasta ahora, legisladores de Morena, al igual que algunos de los opositores Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han manifestado su apoyo a la reforma.

Pero la iniciativa afronta un camino complejo porque, por ser constitucional, requiere la mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados y el Senado, así como el aval de la mayoría de los 32 congresos estatales.

Mier señaló que se recibieron las conclusiones y los libros blancos del Parlamento Abierto que se realizó la semana pasada en materia de la reducción de la jornada laboral, un paso necesario para continuar los trámites legislativos.

Finalmente, recordó que “queda abierta la posibilidad” de que tanto los grupos parlamentarios como los diputados “puedan seguir enviando inquietudes o aportaciones” sobre la reforma, que afronta resistencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien dijo que no era el momento para aplicar dicho cambio.

Recordemos que México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde los trabajadores laboran más horas, con casi 2,140 al año, según el organismo.

La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral entregarían más de 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Con 259 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara avaló el dictamen que añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.

La reforma avalada prohíbe la creación y operación de fideicomisos, lo cual implica que desaparezcan 13 de 14 de esos instrumentos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.

“Existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad”, dijo el diputado Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena, principal promotor de la iniciativa.

Desde inicios de semana, trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en distintos puntos de la capital, y en varios estados del país, en contra de los cambios que contemplaba la reforma.

“Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta (Norma Piña) en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano”, lanzó Mier Velasco en referencia a los señalamientos contra la ministra presidente de utilizar a los trabajadores como arma de presión para evitar que la ley avanzara.

En medio de la discusión en el Pleno, Margarita Zavala, diputada del PAN, se refirió a la extinción de los fideicomisos como un “saqueo” al Poder Judicial.

Tras la votación en donde fue aprobada en lo general la reforma, se abrió la discusión de 69 reservas a cargo de 28 oradores. Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo particular con 260 votos a favor y 196 en contra.

El argumento del gobierno federal es que los 13 fideicomisos, que suman unos 15,000 millones de pesos, están destinados a pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros.

Así, lo aprobado establece que no podrán existir fondos y fideicomisos dentro del PJF, a menos que estén expresamente señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente, sólo uno de los 14 fideicomisos del PJF se fundamenta en dicha Ley, por lo que los otros 13 fideicomisos deberían extinguirse y sus recursos devolverlos a las personas que aportaron a esos fideicomisos y el remanente destinarse a la Tesorería de la Federación, sin explicar o aclarar cuál será el uso que se le dará a esos recursos.

La oposición alertó sobre el recorte al presupuesto del Poder Judicial que impulsa Morena mediante la extinción de 13 fideicomisos, que aseguran, afectará a los trabajadores en activo, a los jubilados y en la labor diaria de los jueces.

La dirigencia nacional del PAN reprobó que Morena y sus partidos satélites en el Poder Legislativo sólo acaten la orden dada desde Palacio Nacional para desaparecer los 13 fideicomisos al Poder Judicial, reforma que será sometida a votación en el Pleno la próxima semana.

“A pesar de que hay dudas sobre la legalidad de los recortes, Morena y aliados están abocados a este nuevo acto de extrema politización del presupuesto”, indicó Marcos Aguilar, vocero del PAN.

“Es importante recordar que el actual Ejecutivo Federal desde años atrás no se ha detenido desmantelado todos los fideicomisos y no cesa su ataque a los organismos independientes, limita la operatividad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justo de cara a las elecciones del próximo año,” añadió.

Aseguró que López Obrador actúa como un autócrata, al señalar que todo lo que pide se hace, “todos sus caprichos y ocurrencias son ordenes que deben cumplirse sin opinar”.

Recordemos que esta semana la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la extinción de 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

La reforma pretende hacerse del control de 15 mil 450 millones de pesos disponibles en los fideicomisos cuyos titulares son la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Javier Martín Reyes, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las implicaciones de este nuevo ataque al Poder Judicial, ahora vía el presupuesto

 

El presidente de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis, habló este jueves sobre la eventual reforma del Consejo de Seguridad de la organización, solicitada por el propio Secretario General y apoyada por varios de los países que la conforman.

En conferencia de prensa, Francis reconoció que “es necesario reconsiderar la estructura” del Consejo, máximo órgano decisorio en la ONU, pues reconoció, está paralizado por el derecho de voto de sus cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido).

“No es tarea simple reformar el Consejo”, dijo el directivo, quien recordó que fue creado en un tiempo en el que muchos países actuales no existían, como tampoco existía el “sur global”, y cuando varios países han aumentado considerablemente su peso, ya sea demográfico o económico.

Sin embargo, añadió que “no nos vamos a levantar mañana y ver que el Consejo ha sido reformado (pues) es un proceso en marcha, conducido por los estados miembros”, insistió.

Hasta ahora, el problema principal ha sido que las cinco grandes potencias, pese a reconocer la necesidad de una reforma, no se han mostrado dispuestas a renunciar a su derecho de veto, ni a ampliarlo a otros países con mayor peso político global.

“La carta (de la ONU) define claramente cuál es el papel del Consejo de Seguridad, y lo que necesitamos es un Consejo que sirve para sus propósitos, capaz de ejecutar su mandato, por muy largo que sea el proceso”, añadió Francis.

Sobre la posibilidad de aumentar sus propias competencias para darle a él mismo el poder de superar el veto del Consejo en una sesión especial de la Asamblea General, tal como lo propusiera el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Francis lo descartó.

Recordó que sus competencias son exclusivamente las que le dan los propios estados miembros.

El presidente de la Asamblea General de la ONU aprovechó para hacer un balance sobre la Semana de Alto Nivel celebrada hace unos días. Ofreció las cifras de participación en la que arrancó su propio mandato: tomaron la palabra 192 oradores, de los que 189 eran estados (faltaron Afganistán, Birmania y Níger, con regímenes no reconocidos).

Puso especial énfasis en que el número de mujeres que tomaron la palabra fue menor incluso que el año pasado: si entonces fueron 22, este año han sido 21, de las cuales seis eran jefas de estado, una vicepresidenta, cuatro jefas de gobierno, nueve ministras y una viceministra.

Indicó que la infrarrepresentación femenina es una de las asignaturas pendientes en la ONU, aunque en lo referente a la Semana de Alto Nivel la responsabilidad recae en los estados miembros.

Al respeto, un periodista preguntó a Francis si no sería posible que la propia Secretaría General (jamás ocupada por una mujer) diera un paso y considerase aceptar solo candidaturas femeninas para la sustitución del actual Secretario General António Guterres, a lo que Francis se mostró radicalmente en contra, argumentando que lo que a él le gustaría es que una mujer asuma ese puesto pero en igual competencia con los hombres.

La Cámara de Diputados aprobó, con mayoría calificada de 444 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen que modifica el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política, en materia de periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, lo cual busca evitar dobles Congresos.

El dictamen aprobado señala que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En los transitorios, el documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que la duración en el cargo de las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXV Legislatura del Congreso de la Unión será del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024.

Mientras que la duración en el cargo de las senadoras y los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024.

Además, las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXVI Legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, es decir, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027.

En tanto que, las y los senadores electos para las LXVI y LXVII Legislaturas durarán en el ejercicio de su cargo 72 meses, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz  de Morena, aclaró que el dictamen no es una reforma electoral, pues no altera el proceso donde compitan los partidos ni se empalma con el siguiente periodo electoral.

“No es una reforma legal, sino es una reforma que propone que la parte sobre el inicio de los trabajos del Congreso quede como estaba antes del año 2014 (…) precisar algo que quedó confuso en el artículo 65 y que podría causar problemas al grado de que imaginariamente hubiera dos Legislaturas empalmadas en un mes de calendario legislativo”, señaló.

El diputado del Morena, Alejandro Robles Gómez, acusó que el problema que había se debía a “como se legislaba en los tiempos en los que solamente había ‘PRIAN’ con lo mismo, cuando no había debate, ni discusión, aquí sí había sólo levantadedos en aquel entonces”.

Afirmó que el fondo del decreto de 2014 fue la privatización del petróleo; no había consulta y se hacía constitucional la corrupción en el país. Acusó a los partidos de oposición de ser los responsables de lo que ahora se soluciona.