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A nombre de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, la legisladora Olga Sánchez Cordero, presentó la iniciativa para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, la cual busca permitir el uso de la marihuana para su consumo personal, médico y científico.

La futura Secretaria de Gobernación indicó que la propuesta tiene como finalidad privilegiar las libertades y derechos de los mexicanos, y de vivir en un país en paz. Descartó que se busque la liberación absoluta de as drogas.

“Estamos en favor de la regulación de la cannabis, de su uso medicinal, de la autodeterminación, de liberar a aquellos que se encuentran en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y de la pobreza”, dijo al subir a la tribuna.

Sánchez Cordero explicó que la propuesta señala, entre otros puntos, que toda persona tendrá derecho a portar hasta 30 gramos de marihuana para su consumo.

Además se contempla la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), ante quien se solicitará un permiso en caso de que se requiera portar una cantidad mayor a la estipulada.

También se señala que se podrá fumar en cualquier espacio público a excepción de los libres de tabaco.

Se menciona también la posibilidad de sembrar y aprovechar hasta 20 plantas de cannabis para consumo personal, siempre y cuando la producción de estas no sobrepase los 480 gramos por año, y se realice un registro de las plantas ante el IMRCC.

 

La propuesta completa AQUÍ

 

El diputado de Morena, Manuel Huerta Martínez, hizo un llamado a discutir con seriedad y madurez la regulación de drogas en México, con un enfoque de salud y no desde una perspectiva criminalística.

El legislador junto a varios colegas más, resaltaron que ante la ineficacia de las estrategias antidrogas y el crecimiento del mercado ilícito, se requiere ordenar el consumo. “Es una realidad, cuyo destino ya nos alcanzó y es la papa caliente en el país”.

Afirmó que “hay demasiado fondo, porque se tiene que hablar de seguridad, que es uno de los temas torales”, razón por la que dijo que aclaró que “México no es ni Uruguay ni Canadá para aplicar la misma estrategia que se ha implementado en esas naciones.

Por su parte el diputado Víctor Gabriel Varela López consideró que este análisis de regularización debe realizarse desde un punto de vista de salud y no desde una perspectiva criminalística. Dijo que en el caso de las llamadas “drogas duras”, el tema será más difícil a causa de la resiliencia social.

La directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa María Sánchez Ortega, explicó que México tiene todas las posibilidades para hacer una regulación de forma seria, además de que cuenta con una variedad de propuestas legislativas, algunas aportadas por la sociedad y organizaciones civiles, aunque, comentó: “se debe comenzar invitando a pequeños productores a registrarse y evitar crear un gigante comercial en la materia”.

Aclaró que incluir a los pequeños productores en un registro de personas dedicadas a la siembra y cosecha de esta planta, ayudaría a evitar a que sigan siendo víctimas del crimen organizado.

Martin Jelsma, director del Programa de Drogas y Democracia del Transnational Institute de Países Bajos, indicó que ante la ineficacia de las estrategias antidrogas y el crecimiento del mercado ilícito, se observa una rápida expansión en la tendencia a regular legalmente el consumo de la cannabis, después de aprobarse en Uruguay y algunas entidades de Estados Unidos.

Steve Rolles, investigador del Centro de Estudios Transform del Reino Unido, aclaró que “la legalización de la cannabis no es el milagro para deshacernos de la delincuencia organizada, pero sí va a ayudar, porque les va a reducir sus ganancias y su poder”.

Los planteamientos se realizaron en el marco del seminario “Reforma a las políticas de drogas: una conversación sobre el estado del debate en México y en el mundo” que se realizó en San Lázaro.

La Secretaria de Hacienda y las autoridades hacendarias indicaron que se va a impulsar la meta en el 2018 de incorporar al sistema financiero a 2 millones de familias adicionales y para ello se van a utilizar las herramientas tecnológicas para facilitar el acceso de la población a los servicios de ahorro y crédito.

 

Por ello, informaron que se avanzará en la regulación que se deriva de la Ley Fintech, que fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la 81 Convención Bancaria, para aprovechar los avances tecnológicos en la inclusión financiera.

 

Adelantaron que existe el compromiso de que dentro de un período de seis meses se tendrá que emitir una regulación secundaria que se derive de este ordenamiento jurídico, compromiso que se va a cumplir antes de que termine la actual administración.

 

LA SHCP indicó que otro tema relevante es el impulso a los medios de pago electrónicos, asegurando que sean seguros y que se genere una confianza en la población sobre el uso del mismos.

 

Enfatizaron que la Secretaría de Hacienda seguirá trabajando con la Asociación de Bancos de México (ABM) para fortalecer todos los mecanismos con que cuentan para autentificar a los usuarios, y de esta manera combatir los fraudes financieros.

 

Al participar en el Foro #MiLanaNoEsMordaza, la investigadora de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, Paulina Castaño indicó que al término de su Gobierno, la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto habrá gastado alrededor de 60 mil millones de pesos (mdp) en publicidad oficial.

 

 

 

Se indicó que tan sólo de 2013 a 2016, el Gobierno ha gastado más de 37 mil mdp, lo que implicó un sobreejercicio de 71% respecto del monto aprobado por la Cámara de Diputados, de 21 millones 97 mil pesos. Además de que dicha cifra igualaría lo que se ha destinado a la reconstrucción de los estados afectados por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, que ha sido de 40 mil mdp.

 

Aseguró que “de seguir con la tendencia en cuanto al incremento del gasto en publicidad oficial, el Gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre se su Administración”.

 

Ante esta situación, diversas organizaciones tales como Fundar, Artículo 19, México Evalúa, entre otras, se han sumado a la petición de contar con una ley que regule la publicidad oficial, para que no se permitan omisiones legislativas como las que han ocurrido hasta el día de hoy.

 

Condenaron que esta regulación haya sido una de las promesas del mandatario recién asumió el cargo, en donde se comprometió a que una de sus iniciativas prioritarias sería la creación de un organismo regulador externo del gasto en publicidad oficial, y que dicha iniciativa nunca se haya materializado.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter @arteaga_rr 

Tras el caso del asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla, a manos de un chofer de dicha empresa, Cabify anunció que reiniciará operaciones en el estado de Puebla tras aprobarse la iniciativa del gobierno estatal para implementar una nueva regulación que garantice que las empresas del ramo cumplan con medidas de seguridad más estrictas.

 

La empresa señaló que luego de ser aprobado el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, tomó la decisión de solicitar nuevamente el registro y, “después de ser notificados de su factibilidad, reiniciamos operaciones en el Estado el día de hoy, viernes 10 de noviembre del presente año”.

 

Reconocieron la iniciativa del Gobierno de Puebla por tener una mejor regulación, “y reiteramos la importancia de que la misma sea cumplida en su totalidad por todas las Empresas de Redes de Transporte, pues sólo así los poblanos podrán contar con alternativas legales que nos permitan ofrecer a nuestros usuarios una mayor calidad y seguridad, bajo los mismos parámetros”.

 

La empresa aseguró que desde que llegaron al estado, “hemos cumplido con todos los lineamientos y regulaciones locales, y esta ocasión no será la excepción, pues tras revisar a profundidad las nuevas disposiciones, estamos en capacidad de cumplir con todos los puntos demandados por las autoridades, resaltando que muchos de ellos ya eran parte de nuestro esquema de trabajo”.

 

Reiteró que con el reinicio de operaciones, se contará con las dos nuevas adiciones a la plataforma en materia de seguridad: el botón de seguridad y la opción de contacto de confianza.

 

Por medio de un comunicado dado a conocer por Chris Cox, La Asociación Nacional de Rifle (NRA) afirmó estar de acuerdo en que los dispositivos diseñados para permitir que los rifles semiautomáticos funcionen como rifles totalmente automáticos, deben estar sujetos a regulaciones adicionales.

 

 

“A raíz del malvado e insensato ataque en Las Vegas, el pueblo estadounidense está buscando respuestas sobre cómo se pueden prevenir las tragedias futuras”, indicó la NRA, y lamentó que la primera respuesta de algunos políticos haya sido pedir más control sobre las armas, lo que aseguró no servirá para evitar futuros ataques. “Esto es un hecho que se ha demostrado una y otra vez en países de todo el mundo”.

 

La asociación indicó que en Las Vegas, los informes indican que ciertos dispositivos se utilizaron para modificar el arma, a pesar de que la administración de Obama aprobó la venta de “modificadores” en al menos dos ocasiones, ante lo cual pidió a las instancias de gobierno que revisen inmediatamente si estos dispositivos cumplen con las regulaciones pertinentes. “La NRA cree que los dispositivos diseñados para permitir que los rifles semiautomáticos funcionen como rifles totalmente automáticos deben estar sujetos a regulaciones adicionales”

 

La NRA aseguró que en un mundo cada vez más peligroso, la asociación continúa enfocada en nuestra misión: fortalecer la libertad de los Estados Unidos de la Segunda Enmienda para defenderse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades; por lo que aseguró “en nombre de nuestros cinco millones de miembros en todo el país, pedimos al Congreso que mantenga la ley del derecho a portar armas, lo que permitirá a los estadounidenses respetar la ley defenderse a sí mismos ya sus familias de los actos de violencia “.