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Se han presentado 5 mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impide ganar más de 108 mil pesos mensuales que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los funcionarios que han presentado amparos se encuentran jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otros, informó el diario El Sol de México en una investigación especial.

Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone la Presidencia, que sería obligatorio no sólo para los funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos autónomos y descentralizados.

La propuesta del Ejecutivo federal establece criterios para que cada dependencia tenga su tabulador en el que se especifiquen las responsabilidades de cada funcionario, y a partir de eso, determinar su sueldo mensual.

En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa ley los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.

Los amparos fueron promovidos contra esa ley tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se publicó el pasado 19 de abril.

El máximo tribunal ordenó en diciembre pasado que todos los amparos fueran aplazados mientras resolvía las primeras controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente. Los ministros acotaron que si bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remuneraciones carecía de parámetros para fijar esta percepción, es decir, no explica los elementos, métodos o procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues entre más es ésta el salario deberá incrementarse de manera proporcional.

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación el manual que regula las remuneraciones salariales de los trabajadores de dicha dependencia.

De acuerdo con el escrito oficial, si las tareas que desempeñen los funcionarios de la Fiscalía son especializadas y con técnicas calificadas, el personal podrá ganar más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es decir, un sueldo superior a los 108 mil pesos mensuales.

El manual clasifica once niveles salariales para el personal operativo, un tabulador especial para el grupo que ocupa plazas de especialidad técnica o profesional, así como para los puestos jerárquicos, considerados servidores públicos de mando superior, mando medio y de enlace de la FGR.

Además, contempla, en su artículo 25, un seguro de gastos médicos mayores para los servidores contratados en puestos especializados y técnicos calificados.

El documento señala que la FGR es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de perseguir los delitos del orden federal.

 

Puedes leer el documento completo Aquí

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto al considerar que se redujo su presupuesto sometiéndolo a limitar, cancelar o postergar proyectos de información estadística y geográfica y se acota el salario de sus servidores públicos de alta especialización técnica, a lo que gane el presidente.

El organismo, cuyo titular es Julio Alfonso Santaella Castell, argumentó que en defensa de su autonomía, otorgada por la Constitución, es que presentó una demanda de controversia constitucional.

El reclamo del organismo fue en dos vertientes; la primero referente al establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.

“Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica”, expuso.

En la segunda parte de su controversia, rechaza la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos 2019.

Ello “porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.

Explica que la interposición de la controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía otorgada al Inegi, para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna de nuestro país.

El Senado de la República, a través de su área jurídica, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el acuerdo promovido por el ministro Alberto Pérez Dayán para suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones para los servidores públicos a los empleados del Banco de México (Banxico).

El argumento principal es que con la decisión del ministro Pérez Dayán hay una afectación mayor a la sociedad respecto del interés individual de los servidores del Banco de México.

El Senado agrega que hay invasión de poderes con esa decisión que además afecta la economía nacional porque permite que esos servidores públicos ganen hasta 50% más que el presidente de la República.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este jueves a trámite los recursos de reclamación presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado de la República en contra de la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos dictada el viernes pasado.

Además, la Corte planteó que si alguno de los ministros considera necesario sesionar de forma extraordinaria durante el periodo de receso, que inicia este viernes, presente su solicitud a la presidencia del máximo tribunal a más tardar a las 14:00 horas del 14 de diciembre.

Cabe recordar que el viernes pasado, el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual señala entre otros puntos, que ningún funcionario puede obtener un salario mayor al que perciba el presidente de la República.

Pérez Dayán admitió ese día a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la oposición en el Senado de la República, en la que se expone que la suspensión de la legislación no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos como así lo consideren pero sí prohíbe utilizar la Ley de Salarios impulsada por Morena para fijar los mismos.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, aseguró que es inadmisible pretender conservar salarios “ofensivos” por desempeñarse en el servicio público, esto en referencia a la acción de inconstitucionalidad que frenó la aplicación de la Ley de Remuneraciones.

Al respecto, dijo que no puede haber sueldos elevados para funcionarios, mientras el país enfrenta una crisis sistémica.

Por ello, anunció que los legisladores de Morena impugnarán dicha suspensión, y solicitará que sea resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La suspensión genera incertidumbre para el proceso de Presupuesto 2019 y afecta el interés nacional; se invaden poderes y se viola la ley. Lo demostraremos”, advirtió el ex jefe delegacional de Cuauhtémoc.

Monreal argumentó que la resolución que suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones contravino el artículo 64 de la Ley en la materia. “Demostraremos que se violó la ley”, insistió.

 

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera la aplicación de la Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el PRI indicó que la acción de inconstitucionalidad que presentaron sus legisladores no está motivada por un tema salarial.

Y es que el tricolor junto al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, argumentando que violaba la división de poderes. Dicho recurso fue admitido por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El PRI reiteró que sus legisladores están a favor de las medidas de austeridad y de acabar con los privilegios, pero señalaron que ello no se debe usar como pretexto para que el Presidente de la República pretenda violar la división  de poderes y situarse por encima del Judicial.

“La acción de inconstitucionalidad no está motivada por el tema salarial, sino por la necesidad de preservar la autonomía de cada poder, lo cual es indispensable para la democracia”, dijo el Revolucionario Institucional, rechazando así los señalamientos de Morena quien ha acusado a los legisladores que presentaron el recurso de no querer perder sus privilegios.

El PRI recordó que no solo los legisladores se han intentado defenderse del golpe que pretende dar el gobierno en turno, sino que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también promovió una acción de inconstitucionalidad al considerar  que viola la Constitución.

“Con esta decisión, el máximo tribunal del país confirma que los argumentos, cuando son apegados a derecho, son más fuertes que cualquier mayoría legislativa”, enfatizó el tricolor.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sin embargo dijo que respetará el actuar de los magistrados.

En entrevista desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde arribó esta mañana para asistir a la toma de posesión de Rutilio Escandón como nuevo gobernador de la entidad, dijo que “no es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad”.

Aclaró que la decisión viene de un poder independiente al que como presidente debe de respetar, aunque dijo, “una cosa es el respeto legal y otra cosa es que me quede callado”. Coincidió con lo expuesto por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, pues dijo que desde el Poder Ejecutivo se mantendrán respetuosos del Articulo 127 de la Constitución el cual indica que ningún funcionario puede ganar más que el presidente.

Señaló que tal como quedó de manifiesto el pasado 1 de julio, el pueblo de México exige que no haya sueldos exagerados ni abusos por parte de la clase política.

“Están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia; se equivocaron, porque no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez, quien decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía”, remató.

 

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que si bien acatarán la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ordenó suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones, el Presupuesto 2019 tendrá los ajustes necesarios para que ningún funcionario público gane más que el Presidente de la República.

El legislador indicó que el Presupuesto 2019 se determinará con estricto apego a lo que dice el artículo 127 de la Constitución, y tal como quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación, nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo federal.

Mario Delgado aclaró que la Cámara de Diputados será respetuosa de la decisión de la Corte, sin embargo resaltó que el articulo 127 constitucional es “muy claro”, por lo que los Diputados se apegarán en el decreto de Presupuesto a lo que dice la Constitución.

“Vamos a acatar el mandato de la SCJN, pero también vamos a acatar el mandato constitucional (…) nosotros estamos cumpliendo con el mandato popular y el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la gente de que no puede haber pueblo pobre con gobierno rico y por el bien de todos”, enfatizó Delgado Carrillo.

El morenista indicó que la decisión de la Suprema Corte es resultado de que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se niegan a perder sus privilegios y los excesos que hoy en día tienen. “Están defendiendo los grupos que por mucho tiempo se han aprovechado del presupuesto, que sigan existiendo excesos, los privilegios y la burocracia dorada”.

 

Los expresidentes de México, deberán buscar un nuevo ingreso, luego de que se oficializara la publicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Este lunes 05 de noviembre, se expidió el decreto que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución y se adiciona al Código Penal Federal.

Con la promulgación de esta ley, queda eliminada la pensión mensual que se daba a los exmandatarios.

Con esta ley, también se regula la reducción de salarios de los altos funcionarios, quienes ganarán menos que el presidente en funciones, monto que para el próximo año será de 108 mil pesos mensuales, según dispuso el próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

Con esto, se cumplen dos de las promesas de campaña del tabasqueño, quien desde hace años, había señalado que se gastaban cifras exorbitantes en las pensiones presidenciales.

Según información del Congreso de la Unión, se destinaban en promedio 40 millones de pesos para pagar las pensiones vitalicias a los expresidentes de México. Los recursos se canalizaban a la Presidencia de la República y de ahí se asignaban a los exmandatarios o sus viudas.

 

Consulta la Ley de Remuneraciones aquí