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Son cinco personas las detenidas hasta el momento en relación con la muerte de los 39 migrantes en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, según confirmó el gobierno federal.

“La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero (…) se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión”, detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Por el momento, compartió, fueron cumplimentadas cinco de las órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.

Por otra parte, Herrerías detalló que se solicitó por parte de la FGR la documentación que acredite el funcionamiento de estas estaciones migratorias para saber cuáles son sus obligaciones “y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles”.

Fue la fiscal especial quien señaló que estas instalaciones, denominadas estancias provisionales, están creadas para alojar “de manera provisional” a personas que no acrediten su estancia regular en el país y hasta que se les lleve a otro tipo de instalación del INM.

Dentro de la estación se encontraban varios empleados de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V, cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se pudo conocer una primera irregularidad en torno a la empresa: solo tenía reportados cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes. “Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país”.

Por esto, continuará la investigación de la que, aseguró Rodríguez, se deslindarán responsabilidades de la empresa pero también del INM.

Sobre la procedencia de los 39 migrantes fallecidos, Rodríguez dijo que seis son hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos.

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se iniciará el proceso para lograr la reparación del daño de los familiares de las víctimas.

“Sabemos que el dolor que genera una pérdida de vida no se supera jamás, pero es nuestra obligación proteger a las familias de las víctimas”, añadió.

Recordemos que el presidente ha prometido que no habrá impunidad tras el incendio, pero evadió responder si solicitará la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien es señalado como principal responsable de esta tragedia.

También prefirió no comentar si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria está ligada al cónsul de Nicaragua.

“No va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejandro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad”, declaró AMLO.

Diez hombres, presuntos responsables de las riñas que se registraron en el estadio Corregidora, en Querétaro, fueron detenidos la noche de ayer en en los municipios de Querétaro, El Marqués, Colón y San Juan del Río, informó la fiscalía del estado.

“En continuidad a las acciones de investigación (…) por lo sucedido durante el partido Querétaro vs Atlas, se informa que se ha detenido a las primeras 10 personas del sexo masculino”, informó en un comunicado de la Fiscalía de Querétaro.

Detalló que fueron detenidos por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.

Y es que se informó que ayer un juez emitió 26 órdenes de captura, luego de que fueron identificados, gracias a imágenes difundidas por medios de comunicación y en redes sociales, a los presuntos responsables del enfrentamiento que dejó 26 heridos.

“Para la identificación de las conductas criminales y de los 26 posibles intervinientes, se recibió información a través de nuestras redes sociales, por lo que se analizaron 583 imágenes, 78 videos, más de mil mensajes con información y denuncias anónimas al 089; además, de extraer información de los videos de las cámaras de vigilancia del Estadio Corregidora”, indicó la Fiscalía.

El juez también autorizó que fueran cateadas las viviendas de los presuntos responsables, a quienes se les decomisaron 82 prendas deportivas con insignias del equipo de Querétaro, 4 pares de zapatos deportivos, algunos con posibles manchas de sangre, 22 teléfonos celulares y otros objetos.

Hasta la noche de ayer, se informó que de los 26 heridos, 19 ya habían sido dados de alta.

Este martes está prevista una asamblea de los dueños de equipos de la Liga MX en la que se revisarán los avances de las investigaciones que realiza la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Este miércoles se informó que se logró la detención de tres personas señaladas como los presuntos autores materiales del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en enero pasado en Tijuana, Baja California.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que las detenciones se realizaron entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en el estado de Baja California.

Recordemos que Maldonado fue asesinada con un arma de fuego la noche del 23 de enero dentro de su vehículo al llegar a su vivienda.

La captura de los supuestos responsables se dio gracias a la cámara de seguridad de la calle donde vivía Maldonado. que grabó la llegada en un taxi de los atacantes y su posterior huida, informaron las autoridades.

La titular de la SSPC dijo, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, que las investigaciones continuarán para dar con todos los autores intelectuales del asesinato.

“Estamos obligados a que haya justicia en el país y que no se permita la impunidad”, dijo López Obrador al anunciar los avances en el esclarecimiento del homicidio de Maldonado, que ocurrió una semana después del asesinato, también en Tijuana, del fotógrafo independiente Margarito Martínez.

En enero también fueron asesinados José Luis Gamboa, director de un portal de internet, en el estado de Veracruz, y de Roberto Toledo, colaborador del portal de noticias Monitor Michoacán , quien fue baleado en Zitácuaro, Michoacán. En lo que va del año también han sido atacados otros dos periodistas en el sur del país.

La escalada de la violencia contra la prensa ha generado un sinfín protestas en México. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, una ONG de protección a la prensa con sede en Nueva York, México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo.

De acuerdo con sus datos, hasta diciembre pasado había nueve periodistas asesinados y de ellos tres fueron por represalias por su labor informativa, aunque aún se investigan otros casos para determinar el motivo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó este martes los cambios en la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la construcción del Tren Maya, y reafirmó que la obra será inaugurada a finales de 2023.

Recordemos que la semana pasada, López Obrador anunció que Javier May, entonces titular de la Secretaría de Bienestar, tomaría las riendas del Fonatur, que hasta entonces venía dirigiendo Rogelio Jiménez Pons.

“Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero y que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo”, explicó López Obrador sobre su decisión de poner a May al frente de Fonatur.

Aunque en un principio no dio nombres, dijo que para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante. “Y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados”, agregó.

El mandatario recalcó que, pese a que lamentaba la situación, “por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación”.

“O sea podemos querer mucho a una persona pero si esta persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico (…) pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo”, enfatizó.

Dijo que “no es solo este factor”, pero “sí influye mucho” este tipo de pensamiento, y como ejemplo puso el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que tiene un encargado que está “ahí día y noche”, lo que permitirá que se inaugure en dos meses.

López Obrador se mostró confiado en que pese a los “obstáculos” y “a pesar de los pesares” se logrará inaugurar el Tren Maya en diciembre de 2023.

El cambio ocurre mientras el Tren Maya, una obra prioritaria de López Obrador, con una inversión de alrededor de más 200,000 millones de pesos, afronta retrasos por recursos legales presentados por pueblos originarios, burocracia e inestabilidad en el terreno.

El móvil para el crimen de la niña Fátima no sería el dinero, pues incluso la pareja detenida en el Estado de México intentó sobornar a los policías para que les permitieran huir, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El funcionario agregó que Giovana “N” y Mario “N” huyeron con sus hijos, para evadir la acción de la justicia por la muerte de Fátima, de 7 años de edad, quien desapareció el martes de la semana pasada y fue localizada sin vida el pasado sábado 15 de febrero, en la alcaldía Tláhuac.

Los menores se encuentran en resguardo de un familiar y de acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la Fiscalía de Víctimas se encuentra en contacto con ellos para brindar el apoyo necesario, dado que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En conferencia de prensa, García Harfuch agregó que en las próximas horas tanto a Giovana “N” como Mario “N” se les girará la orden de aprehensión.

Sin dar más detalles, el secretario capitalino reveló que, hasta ahora, las investigaciones arrojan que el móvil del crimen de la menor de siete años no fue el dinero.

El secretario indicó que por medio de diversas entrevistas a personas del entorno familiar y social de la menor, se tuvo conocimiento de que la ahora imputada, era conocida de los familiares de la víctima. “Los entrevistados y diversas denuncias coincidieron en reconocer a la mujer que se aprecia en el vídeo como conocida de la madre de Fátima, refiriendo que responde al nombre de Giovana, que es esposa de un sujeto identificado con el nombre de Mario, y que uno de sus hijos asiste a una escuela de la zona”.

Con dicha información, se solicitó información a la escuela para corroborar los datos recopilados y poder obtener los nombres completos de los presuntos responsables de este lamentable hecho.

Este mismo jueves, transcendieron declaraciones que Gladis “N” realizó a las autoridades y que ya obran en las  actuaciones ministeriales del caso.

La mujer confirmó que entregó a Fatima con su pareja, Mario “N”, pues le había pedido una “novia joven” o amenazó con abusar sexualmente de sus dos hijos. Giovana dijo que se acordó que la familia de Fátima no le prestaba mucha atención a la menor, por lo que orillada por el temor, decidió llevársela.

Relató que al momento de entregarla, Mario “N” vistió con un vestido que recién había comprando y le pintó las uñas a Fátima; añadió que ella misma asfixió a la menor con un cinturón, una vez cometido el crimen.

Irán efectuó este martes varios arrestos vinculados con el derribo involuntario de un avión civil ucraniano por uno de sus misiles la semana pasada cerca de Teherán, coincidiendo con la tercera noche de protestas en sus calles por la gestión gubernamental de esta tragedia.

Las fuerzas armadas iraníes reconocieron el sábado su responsabilidad en la catástrofe del vuelo PS572 de Ukraine International Airlines, derribado por error el 8 de enero por un misil iraní, poco después de haber despegado de Teherán, causando la muerte de sus 176 ocupantes.

Previamente, Teherán había negado durante al menos dos días la hipótesis de que el avión hubiese sido derribado por un misil.

Este martes, en una intervención en la televisión, el ministerio de Justicia anunció estas detenciones aunque sin precisar el número de personas implicadas. “Se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación, y algunas personas han sido detenidas” anunció el martes el portavoz del ministerio de Justicia, Gholamhossein Esmaili.

Poco antes, el presidente iraní Hasan Rohani había dicho que se debe “castigar” a todos los responsables de la catástrofe del Boeing ucraniano. “Para nuestro pueblo es muy importante que cualquier persona que haya tenido culpa o haya sido negligente en este asunto” sea llevado ante la justicia, dijo Rohani en un discurso retransmitido por la televisión. “Todos los que deban ser castigados lo serán”, insistió.

Irán está sometido a presión internacional para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre la tragedia aérea, que además ha desatado la molestia de los propios iraníes.

El avión ucraniano, que se dirigía a Kiev, fue derribado mientras las fuerzas iraníes se hallaban en alerta tras haber lanzado una serie de misiles contra bases en Irak que albergan a soldados estadounidenses. Irán lanzó estos misiles en represalia por el asesinato, pocos días antes, del general Qasem Soleimani, jefe de las operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, abatido el 3 de enero en Bagdad por un dron norteamericano.

Al respecto, el presidente Rohani dijo que pese a que “la raíz de estos males procede de Estados Unidos (…) ello no puede ser una razón para que nosotros no revelemos todas las causas” que provocaron el desastre aéreo.

El presidente también pidió a los responsables de su país que expliquen por qué se tardó tanto tiempo en anunciar la verdadera causa de la tragedia del avión ucraniano.

Luego de enlistar los cinco momentos más difíciles que ha enfrentado en su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que hay claras asignaturas pendientes como es el problema de la inseguridad.

Acusó que el problema se originó pues “se dejó crecer mucho el problema, fue un error, más que un error, fue un crimen el haber declarado la guerra al narcotrafico”.

López Obrador admitió su responsabilidad para resolver el tema de la inseguridad en el país, pero aclaró que su gobierno no es el responsable de que se haya generado.

“Somos responsables pero no culpables. Cuando llegamos ya estaban las bandas, no surgieron a partir del 1 de diciembre de 2018”, sostuvo en la mañanera.

Añadió que son responsables y les corresponde resolver el problema,  que dijo, es uno de los pendientes que tenemos; sin embargo dijo que todo tiene un lado de lo positivo, pues incluso en este problema se han registrado avances.

En un balance de su primer año de gobierno, adelantó que el domingo en su “informe al pueblo de México” va a decir que necesita solo un año más “para dejar sentadas las bases de la transformación del país”.

AMLO aseguró que a un año de su gobierno, el pueblo no ha perdido las esperanzas ni está decepcionado, por el contrario la gente está entusiasmada, hay felicidad en la mayoría del pueblo, así como confianza en que se logrará la transformación que México requiere.

Aseveró que así lo puede constatar durante sus giras por el país y en las encuestas que se han publicado al respecto, hay confianza hasta en lo económico. Indicó que en respuesta a esa confianza, su gobierno va a estar a la altura de las circunstancias.

La titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Ernestina Godoy, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que dio mayores detalles sobre el caso del joven Norberto Ronquillo.

Informaron que se tienen cumplimentadas cuatro órdenes de aprehensión en contra de quienes presuntamente participaron en el rapto del estudiante.

La funcionaria indicó que gracias a la información que han brindado los inculpados, se pudieron obtener datos como la ubicación de la casa de seguridad, la identidad de quien fungió como negociador del rescate y el posible motivo del secuestro, que podría ser una posible deuda que tenía el estudiante.

Godoy enfatizó que se han mantenido en contacto con la familia del joven, a quienes se les ha informado detalladamente el avance de las investigaciones.

Las autoridades señalaron que se revisaron cámaras de seguridad para conocer la ruta que se siguió en el rapto, además de que se realizó un análisis de los números telefónicos de los que se comunicaron los plagiarios.

Indicaron que una vez que se encontró el cuerpo, se realizaron los exámenes correspondientes, los cuales arrojaron como causa de la muerte: asfixia por estrangulamiento.

El titular de la Policía De Investigación, Omar García Harfuch, informó que las cuatro personas que ya se encuentran detenidas responden a los nombres de Fernando “N”; Daniel “N”; Oscar “N” y José “N”.

La conferencia de las autoridades finalizó afirmando que, al continuar las investigaciones, no descartan que haya más detenidos.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD cuestionó el hecho de que en México no se haya castigado a nadie por el caso internacional de sobornos de Odebrecht, cuando en otros países se ha procesado a servidores de alto nivel, incluso se destituyó y detuvo a un presidente.

El partido exigió congruencia, y que no solo se proceda en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sino también al propio Enrique Peña Nieto.

Recordó que desde la administración anterior, su partido presentó las pruebas que demostraban los actos ilegales y presentó la denuncia ante Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de  Lozoya, por supuestos sobornos de aproximadamente 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos, por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Sin embargo, dijo que se debe de investigar al ex presidente Peña Nieto, pues Lozoya recibía órdenes de su entonces jefe, el priísta.

Luego de que esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas contra Lozoya; su esposa, Marielle “E”; su mamá Gilda “A”; su hermana, Gilda “L” y Nelly “A”, por presuntos sobornos de la constructora brasileña, el PRD indicó que todos deben de ir a la cárcel por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal.

El PRD lamentó que se tardaran mucho para emitir las órdenes de aprehensión, pues ya existían todas las pruebas para su captura, y lo único que se permitió fue que Lozoya se amparara y ahora esté prófugo de la justicia.

Este martes se llevó a cabo la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dos días después de haber asumido el cargo.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó el evento y dijo que la Comisión deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Sánchez Cordero enfatizó que la instalación de la Comisión no se trata de una simulación, pues refirió, “no estamos creando una Comisión que dilate el esclarecimiento de los hechos o complique aún más la ya intrincada red que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido”.

Sostuvo que el objetivo que tiene la Comisión es coadyuvar a que la verdad se conozca y se haga del conocimiento de los familiares de la víctima, además de que permita al gobierno impartir justicia.

Al respecto dijo que se actuará en contra de los responsables, sin importar quienes hayan sido ni qué cargos ocupaban.

La funcionaria reconoció que no se parte de cero, pues dijo que hay avances importantes de las investigaciones previas. Aclaró que se procederá a descartar los elementos falsos o incorrectos en las investigaciones que se han realizado hasta ahora, y se corregirá lo que se hizo de una manera indebida o faltando al debido proceso. “No significa que estemos a ciegas, que no sepamos nada”.

Sánchez Cordero se comprometió a esclarecer los hechos y conocer la verdad, ya que fue la orden que recibieron del presidente López Obrador.

Por su parte el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, fue el encarado de detallar cómo quedará integrada la Comisión: estarán tres madres o padres de los jóvenes desaparecidos, tres funcionarios del gobierno federal, una organización acompañante de la sociedad civil y se contará con un secretariado técnico.

Encinas finalizó informando que la Comisión sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y podrá realizar cuantas reuniones de trabajo considere necesarias, mientras que su sede se establecerá en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

 

Este viernes se llevaron a cabo dos audiencias públicas, en el marco del 167° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, donde se abordó el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior.

 

 

En la primer audiencia, donde se dio seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas, la representación del Gobierno reiteró a los familiares de las víctimas que será este año cuando se llegue a conclusiones en las investigaciones, pues a casi 4 años de su desaparición, familiares acusan de no haber avances ni consignación de responsables.

 

El Fiscal Especial para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera Bernal, compartió distintas actualizaciones sobre la atención al cronograma acordado entre las partes, entre las que destacó que en las últimas semanas se ha logrado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante.

 

Durante la audiencia también se actualizó sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos, sobre las que se dijo que tras analizar los casos y someterlos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, aunque afirmaron que se continuarán realizando las diligencias correspondientes.

 

En la segunda audiencia, se abordó el tema de la Ley de Seguridad Interior, en la cual se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de la ley, misma que se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).