Una de las primeras iniciativas anunciadas por el equipo de transición del Presidente Electo, ha sido la propuesta de reubicar a la gran mayoría de las Secretarías de Estado y las entidades más relevantes del Gobierno Federal, tema sobre el que se pronunció este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Reconocieron su coincidencia con lo expuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su equipo acerca de que dicha iniciativa ayudará a descentralizar las acciones del gobierno federal y fomentará el desarrollo económico en las ciudades a donde se relocalizarían las dependencias federales.

Sin embargo, estimaron que el proyecto de cambio de sede de las dependencias enfrenta importantes inconvenientes, tales como tiempos, costos, retención del capital humano, entre otros.

“Hacemos un llamado al Presidente Electo y a su equipo, para que se analice con rigor técnico, de forma multidisciplinaria y con un amplio escrutinio público, los factores en favor y en contra de proceder con la pretendida reubicación, tomándose la decisión que mejor convenga al País”, indicó la Confederación.

Expusieron que tras el terremoto del año 1985, el gobierno federal que entonces encabezaba Miguel de la Madrid Hurtado, determinó reubicar al INEGI, a Aguascalientes. El proceso implicó la erogación de casi 2 mil millones de pesos (valor histórico) y tomó cerca de 4 años en concretarse.

“Si tomamos este caso como referencia, pareciera improbable que en un período sexenal, logren mudar las 31 Secretarías y dependencias federales que se han mencionado en la iniciativa” enfatizó la Coparmex. Señaló que si el proceso de traslado se ejecuta de manera correcta podría tardar más de seis años.

Pidió tomar en cuanta los costos de construir o arrendar nuevos espacios, y los costos emergentes pero constantes de operación que implicaría para el Gobierno Federal la dispersión de sus actividades.

Adicional expusieron que la iniciativa de reubicación de las dependencias federales parece contradictoria a las medida de austeridad que se emprenderán para eficientar el gasto público federal, pues en el Proyecto de Nación que formuló AMLO se estima que tan sólo el traslado costaría 125,000 millones de pesos.

Recordaron que según el portafolio del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN), existen 116 inmuebles federales distribuidos en 25 estados, que se encuentran desocupados, los cuales reconocieron se podrían usar, sin embargo dijeron que el problema radicará en definir con responsabilidad financiera y transparencia, cómo  se llevará a cabo la adquisición o arrendamiento de los inmuebles faltantes, así como las características de los mismos.

Otro de los inconvenientes que señalaron fue que el cambio de sede de las entidades podría entrañar un reto de retención de capital humano, pues la reubicación no sólo requiere de nuevos inmuebles sino que implicaría el desplazamiento de miles de funcionarios, que tienen su vida hecha en la Ciudad de México.

“La reubicación de Secretarías y dependencias que ha propuesto el Presidente Electo y su equipo, es una empresa de gran envergadura. Una decisión tan trascendental para el País, no se debe adoptar, sin justificación plena y planeación rigurosa”, remató la Coparmex.