Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, solicitó a sus abogados suspender cualquier negociación con la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que enfrentará el juicio por los delitos que se le acusan.
La exfuncionaria acusada de ejercicio indebido del servicio público denunció que autoridades han obstaculizado cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, lo cual implicaría que se declarara culpable, para acceder a un procedimiento abreviado.
“Derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso, como lo es un procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación al rubro citado, y es que de acuerdo con las propias palabras de MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, en una constante injustificada, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, señaló el equipo legal de la exsecretaria federal, de acuerdo a un documento que envió a la Fiscalía y a la cual el diario El Universal tuvo acceso.
Ante su decisión de enfrentar el juicio correspondiente, Robles Berlanga solicitó un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer. Su defensa indicó que de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política.
Así, la también exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal enfrentará el próximo 26 de marzo la audiencia intermedia del proceso judicial en su contra.
Y es que Rosario Robles se ha negado, como lo han solicitado diversas autoridades incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pagar la reparación del daño que por la llamada ‘Estafa Maestra’ que asciende a poco más de 5 mil millones de pesos.
La propia Rosario Robles señaló mediante su cuenta de Twitter, que maneja su hija, Mariana Moguel, que no está obligada a pagar el daño que ocasionó la ‘Estafa Maestra’ ya que no está acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone la reparación del daño.
“Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, señaló en su mensaje.
Ya la semana pasada, la FGR informó que Robles Berlanga no aceptó la propuesta para reparar el daño, por lo que junto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no existían las condiciones para llevar a cabo un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.
Adicional, esta tarde, el abogado de la exfuncionaria, Sergio Arturo Ramírez informó que se tiene conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión por violación a la Ley Federal contra la delincuencia organizada, de la cual no ha sido notificada, aunque adelantó que pero buscará reuniones con el Ministerio Público para acogerse a la figura de testigo colaborador.
Robles Berlanga buscará la posibilidad de acogerse al criterio, por lo que presentará todas las evidencias necesarias para poder acogerse a ese criterio, en las que figuran Luis Videgaray y Emilio Zebadúa.
Sergio Ramírez reiteró que por el delito primario de ejercicio indebido del servicio público no significa que haya obtenido recursos de la institución por lo que no se va a declarar culpable y no va admitir que es culpable de un delito que no cometió.
Explicó que hay un juicio de amparo que se tiene en curso, mismo que podría resolverse antes de que la Fiscalía pretenda la apertura de la etapa de juicio oral y antes de que eso suceda, su cliente, buscará aportar la información necesaria a la investigación por el ilícito de delincuencia organizada.
Sin embargo, de ganar u obtener el amparo, la acusación por ejercicio indebido del servicio público tendría que sobreseerse; es decir, que se daría carpetazo a esa acusación. No obstante, si la autoridad ministerial admite que Robles Berlanga se adhiera como testigo colaborador, adelantó que su cliente posee información suficiente sobre las pesquisas que realiza la institución federal y le otorgaría beneficios de ley.
