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La exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que en diciembre pasado ratificó la medida de prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

El recurso de garantías fue admitido a trámite por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, quien concedió la suspensión solo para el efecto de que Robles quede a disposición del órgano jurisdiccional.

El magistrado Montalvo Martínez señaló como fecha para la audiencia incidental el próximo 15 de enero a las 12:15 horas.

“Se recibe la demanda de amparo contra los actos que reclama del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y otras autoridades, se admite, radíquese e intégrese el expediente de amparo 2/2020″, señala el acuerdo.

Además ordena: “Tramítese el presente juicio. Con incidente de suspensión. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado».

El abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, explicó que con este nuevo amparo buscan que a su cliente se le conceda una medida cautelar distinta a la de la prisión preventiva para seguir su proceso.

La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Isabel Cristina Porras Odriozola, ratificó la medida de prisión preventiva justificada que impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En su resolución a la impugnación que presentó Robles a la medida cautelar en su contra, la magistrada mantuvo la prisión impuesta Robles, aunque no compartió criterios con el juez Delgadillo Padierna.

“Cabe precisar, el sentido de lo resuelto no es absoluto o inmodificable, en opinión de esta potestad las circunstancias que la sustentan, válidamente admiten modificación o variación objetiva, porque la eventual pena a imponer, como motivo único, no es suficiente para sostener la prisión preventiva», señaló la magistrada.

Consideró que esto hace posible la figura de la revisión de la medida cautelar impuesta, en términos de lo que establece el articulo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando a salvo el derecho de la exsecretaria federal para solicitar lo estimado acorde a su interés, de existir condiciones objetivas que legalmente lo permitan.

Al respecto, el equipo legal de Robles emitió un posicionamiento en el que dijo que en su resolución a la apelación, la magistrada reconoció que se han cometido agravios importantes que perjudican a su defendida.

«Los despachos Hernández Barros & Abogados y Epigmenio Mendieta & Abogados afirmamos con toda certeza que la decisión de la magistrada confirma que se trata de un juicio de estado, una venganza política que se aleja de cualquier límite legal», se lee en el comunicado, en el que se enfatiza que es más grande el interés del gobierno en mantener presa a Rosario Robles que cualquier consideración jurídica.

Los abogados indicaron que continuarán demandando justicia por todos medios jurídicos nacionales e internacionales, e insistirán en reclamar el respeto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia de la exfuncionaria federal.

Y aunque reconocieron que se podría solicitar la revisión del caso y una eventual modificación de la medida cautelar, son conscientes de los antecedentes existentes, por lo que saben que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuará por consigna.

«Quisiéramos decir que nos equivocamos en nuestros argumentos de defensa. No obstante, desafortunadamente los hechos nos vuelven a dar la razón y confirmamos que Rosario Robles es una presa política», remataron los abogados.

La exsecretaria federal, Rosario Robles, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ministerio Público de la Federación por presunta fabricación de pruebas y difamación con el propósito de mantenerla en prisión preventiva.

En el documento dirigido a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, la exfuncionaria reprochó la intención del juzgador de querer iniciarle un proceso judicial «plagado de arbitrariedades» por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.

Sostuvo que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio Público ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a sus derechos humanos.

“Al contrario, el Ministerio Público Federal ha recurrido a mentiras, falsificaciones y difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley», externó la también exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal.

Pidió que la presidenta de la CNDH admita a trámite la queja e inicie la investigación correspondiente, solicite la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos y emita la recomendación a las autoridades señaladas para resarcir el daño que le han ocasionado.

En el documento interpuesto por sus representantes legales, encabezados por Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, la exsecretaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que con esa actuación «tramposa y plagada de mentiras», el Ministerio Público ha fallado a su derecho de debido proceso.

Además, acusó, ha violentado su presunción de inocencia, pues aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime en su calidad de autoridad, del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoriada.

Afirmó que también se le ha afectado en su derecho convencional a la libertad personal y ha “lastimado mi derecho al respeto a la honra y al reconocimiento al construir intencionalmente una imagen de estafadora y de propensa a la fuga.

“La llamada Estafa Maestra, hasta ahora no probada, involucra a otros exservidores públicos que laboraron en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que se ha llevado a prisión preventiva soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio», expresó.

La exsecretaria federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, envió una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que afirma que si esa dependencia demuestra que la dirección de su supuesta licencia de conducir existe y que ella ha vivido ahí, se declarará culpable.

En la carta compartida en su cuenta de Twitter, Rosario Robles exigió a Gertz Manero “que se procure justicia y no venganza por consigna», pues sostuvo que se ha emprendido una “guerra jurídica» contra ella, al tratársele “como una enemiga a la que hay que aniquilar».

“Usted me conoce bien y sabe perfectamente que no acostumbro a rehuirle a los problemas (…) usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo», escribió Robles desde el penal de Santa Martha Acatitla al titular de la Fiscalía.

Aseguró que debido a sus convicciones, se presentó al citatorio judicial, pues es inocente y lejos de la imagen que han querido mostrar, a ella no se le han encontrado ranchos ni propiedades lujosas ni nada que acredite que se enriqueció al amparo del servicio público. «Ese es mi mayor orgullo: lo poco que tengo es producto de mi trabajo, apuntó».

En su escrito, sostiene que es ridículo que se haya pedido privarla se su libertad con el argumento de que hay riesgo de que evada la acción de la justicia sin presentar ninguna prueba que lo demuestre, violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías fundamentales.

La exfuncionaria federal explicó que la misiva a Gertz Manero obedece a que “conociéndolo bien, estoy segura de que usted no ha sido informado de la mentira y los delitos que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de mi libertad».

Rosario Robles está recluida en el Centro Femenil de Reinsersión Social de Santa Martha Acatitla desde agosto pasado, en el marco de investigaciones sobre la llamada «Estafa Maestra» cuando encabezó la Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Adicional, ayer lunes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados notificó formalmente a Robles Berlanga sobre el inicio de un procedimiento de juicio político en su contra, con lo cual tiene un plazo de siete días para comparecer, ya sea de forma personal o mediante escrito.

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados ratificaron el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo, para avanzar en el Juicio Político en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas de legisladores de todos los grupos parlamentarios, la mayoría ratificó la resolución que considera que existen los elementos probatorios para enjuiciar políticamente a Rosario Robles por su responsabilidad en la llamada “Estafa Maestra», por el desvío de más de siete mil millones de pesos del erario público.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, aseguró que en este proceso “no hay venganzas ni cacerías de brujas», y si no hay otros procedimientos de juicio político, es porque no hay más denuncias, porque no hay otros servidores públicos acusados.

Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas solo dos cumplieron con la normatividad para avanzar en la Subcomisión de Examen Previo; por ello, con base en esas dos, las Comisiones Unidas resolvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de demandas de juicio político en contra de los servidores públicos vence un año después de que se han separado o han concluido su encargo, mismo que se cumple, para el caso de quienes participaron en la administración anterior el domingo 1 de diciembre.

La morenista coincidió con la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, quien sostuvo que los delitos que se le imputan no son graves y podría enfrentar su proceso en libertad. Añadió que junto con Robles, también deberían ser procesados el expresidente Enrique Peña Nieto; Alfredo del Mazo, quien era, en ese tiempo, director de Banobras; medio centenar de funcionarios y los titulares de ocho universidades y 11 instituciones del gobierno federal.

Por su parte la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, les respondió que, si bien Rosario Robles ya está siendo procesada, es porque se ha cumplido el compromiso presidencial de acabar con la impunidad y si se encuentra inhabilitada, no fue por este caso, sino por haber mentido en su declaración de situación patrimonial.

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de juicio político contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el presunto desvío de siete mil millones de pesos, relacionado a la llamada Estafa Maestra.

La resolución surgió a partir de dos peticiones de juicio político presentadas en 2013 por diputados del PAN y PRD, y la más reciente por la diputada Tatiana Clouthier, en contra de la también titular de la Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La diputada presidenta de la subcomisión y de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, indicó que mañana sesionarán en comisiones unidas con la de Justicia, para que se le dé trámite a la resolución, y ésta pueda entrar a la Sección Instructora, que tiene 60 días para hacer el análisis del documento “y ellos definirán si se va al pleno y se vota en el pleno y posteriormente se le hace del conocimiento al Senado”.

La legisladora reconoció que es un proceso bastante largo que, de acuerdo a los plazos, estaría concluyendo en el mes de febrero.

Finalmente, Rocío Barrera comentó que como consecuencia del juicio político, se podría ampliar el tiempo de inhabilitación que ya enfrenta Rosario Robles.

Al respecto, Mariana Moguel, hija de Robles Berlanga, utilizó la cuenta de Twitter de la exfuncionaria para señalar que la decisión “fast track” de iniciar juicio político confirma «la venganza política en su contra».

Lamentó que sin una condena judicial de por medio, la Cámara de Diputados haya emitido una sentencia por el simple hecho de que hay quienes la quiere fuera del mapa político.

El equipo legal de Rosario Robles solicitó ante el Consejo de la Judicatura Federal la recusación del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien, dicen, “está legalmente impedido” de seguir conociendo del caso de su defendida, al considerar que se actuación ha sido imparcial, ilegal y con ánimo de animadversión en perjuicio de la exsecretaria de estado y sus abogados.

El equipo encabezado por los abogados Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés recordó que fue el 13 de agosto de 2019, cuando se llevo a cabo la audiencia inicial en la que, entre otras determinaciones jurisdiccionales, se decretó en contra de Robles Berlanga, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Posteriormente Inconformes, interpusieron el recurso ordinario de apelación que recayó en el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien el pasado 21 de octubre de este año, ordenó la reposición de la continuación de la audiencia inicial, únicamente en la parte conducente a la fijación de la medida cautelar.

«La audiencia se llevó a cabo el 23 de octubre y pese a los ordenamientos del Magistrado Ricardo Paredes Calderón, Delgadillo Padierna determinó de manera incorrecta reiterar la medida cautelar excepcional de prisión preventiva», expuso la defensa de la excolaboradora de Enrique Peña Nieto.

Denunciaron que durante el desarrollo de dicha audiencia de reposición, el comportamiento evidenciado por Delgadillo Padierna hacia su clienta, “no ha sido digno de la alta investidura que porta, ni acorde con los parámetros constitucionales convencionales y legales que rigen la actuación judicial; en razón de que durante el desarrollo de esa breve audiencia –al igual que en las anteriores- ha evidenciado un comportamiento agresivo, grosero y parcial en contra de la imputada y su equipo de letrados”.

Dado el comportamiento de Delgadillo Padierna, el equipo de la extitular de Sedatu y Sedesol indicó que el juez “está legalmente impedido” para “seguir conociendo el caso, pues señalan que la forma en que se ha conducido en las audiencias “denota una total pérdida de la imparcialidad, objetividad y respeto con los que debía actuar como órgano rector del proceso y garante de la legalidad en el mismo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana en que la estrategia de su gobierno para enfrentar la inseguridad y la violencia es distinta a la de otros sexenios ya que atiende las causas que la originan, además de que la población la respalda y confía en ella.

“Después de lo de Culiacán, la gente nos sigue teniendo confianza y apoya la estrategia que estamos aplicando», dijo en la mañanera de hoy, donde sostuvo que en términos cuantitativos para vivir en paz se necesita que haya bienestar, lo que representa un 80%, mientras que el 20% restante es no permitir la corrupción ni la impunidad.

López Obrador sostuvo que en seguridad se está cambiando de paradigma y es otra política la que se aplica, “por eso vamos bien, porque hay más bienestar y esto va a ayudarnos para conseguir la paz».

El presidente anunció que presentará un informe detallado de los hechos del pasado 17 de octubre en Culiacán, y detalló que lo entregará a la Fiscalía General de la República (FGR), al Poder Legislativo y a los ciudadanos.

«Vamos a presentar un reporte cronológico de cómo se dan las acciones, cómo sale el Gabinete de Seguridad hacia Culiacán, cuándo se me informa sobre la decisión que habían tomado y qué respondo», explicó el mandatario.

Un juez de control del Reclusorio Preventivo Sur determinó que Rosario Robles continuará enfrentando su proceso en prisión preventiva justificada.

El abogado defensor de la exfuncionaria federal, Julio Hernández, consideró que se trató de una resolución con el hígado, producto del resentimiento que la familia viene arrastrando de años.

El juez que se encargó de ratifidcar la medida contra Robles fue Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien fue el encargado de imponerle la pena en agosto pasado. Delgadillo Padierna es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, por lo que se ha señalado un claro conflicto de interés.

El juez insistió  en que el peligro de que Robles se fuge de la justicia “es elevado”.

“Ustedes vinieron aquí a mentir, a decir mentiras», dijo Delgadillo en la audiencia de esta tarde en las instalaciones del reclusorio Sur.

Ante su decisión, la defensa de Robles le recordó al juez su parentesco con la diputada de Morena, y le exigieron que por “congruencia y ética profesional” se excusara del caso.

La próxima audiencia en el caso será el 13 de diciembre próximo, por lo que Robles sumará 4 meses recluida en Santa Martha Acatitla.

Este martes a las 16:00 horas se repondrá la audiencia, en la que se determinó enviar a la cárcel a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien es acusada de participar en la llamada «Estafa Maestra».

“El día de hoy estamos citados a las cuatro de la tarde en el Reclusorio Sur para la celebración de esta audiencia que efectivamente repone el procedimiento en cuando a las medidas cautelares», señaló el abogado de Robles, Julio Hernández Barros.

Henández Barros destacó que el Quinto Tribunal Unitario señaló una serie de anomalías e irregularidades en la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y ordenó reponer la audiencia de agosto pasado, cuando se dictó prisión preventiva a su clienta.

El abogado confió en que, en la audiencia de hoy, el juez se apegará a los señalamientos del Tribunal, entre los que se encuentra imponer una medida menos lesiva que la privación de la libertad para la imputada.

Algunas de las medidas menos lesivas podrían ser, señaló el defensor: ir cada mes o cada semana al juzgado, prohibición de salir del país, que no pueda abandonar la ciudad o un brazalete electrónico.

A través de una carta que publicó su hija Mariana Moguel, Rosario Robles se dirigió al Fiscal Alejandro Gertz Manero, y le dijo que «jamás ha mentido sobre su domicilio», tal como lo sugirió la Fiscalía en un comunicado emitido la tarde de ayer.

En el escrito, la exsecretaria refiere que durante todo el proceso, se ha conducido con estricto respeto a las leyes y a la autoridad.

Aclaró que quien se refirió a una licencia con otros domicilio fue el Ministerio Público y no ella. «Quien mintió fue el MP y eso creo debería preocuparle sobre todo si hablamos de transformación del país».

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto a la decisión del magistrado Ricardo Paredes Calderón del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, quien ordenó reponer el procedimiento en contra de Rosario Robles.

Dicha reposición le permitiría a Robles Berlanga obtener su libertad y seguir el proceso fuera del penal de Santa Martha Acatitla, donde lleva dos meses recluida.

La FGR señaló que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada, medida que se le impuso a Robles.

«Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un Juez Federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley. Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de veintiún años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación», indicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía indicó que su posicionamiento llega debido a que el equipo defensor de la exsecretaria federal ha declarado falsamente y de manera constante ante los medios, descalificando dolosamente los documentos legales y ratificando las declaraciones falsas de su clienta.

La situación legal de Rosario Robles volvió hoy al estado en que se encontraba en agosto pasado, luego que un juez ordenara reponer el procedimiento en su contra.

«Por las razones expuestas en esta resolución, se ordena reponer el procedimiento para los efectos y en las condiciones precisadas», señaló el magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal.

La decisión abre la puerta a que la exfuncionaria federal, presa en la cárcel de Santa Martha Acatitla desde hace dos meses, continúe su proceso en libertad.

El magistrado dio 48 horas para la realización de una nueva audiencia en la que se determine si Robles Berlanga debe permanecer en prisión o salir de ella.

La colaboradora del expresidente Enrique Peña Nieto está acusada de corrupción durante la administración anterior, en el que se desempeñó como titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), relacionada a la llamada ‘Estafa Maestra’.

Por su parte la defensa de Robles emitió un comunicado en el que informó que «ante la existencia de irregularidades, errores y violaciones al procedimiento en el que se dictó la prisión preventiva como medida cautelar en contra de Rosario Robles Berlanga, el titular de 5to Tribunal Unitario en Materia Penal, Ricardo Paredes Calderón, ordenó la reposición del mismo para revisar de manera minuciosa y apegada a derecho las decisiones tomadas por el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna».

Señalaron que hay altas probabilidades de que el fallo sea modificado a favor de Robles Berlanga para que enfrente su proceso en libertad.

El futuro de Rosario Robles se decidirá dentro de los próximos tres días, luego que el juez Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en materia Penal, fijó ese plazo para tomar su decisión sobre revocar o no la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia de este martes en el Reclusorio Preventivo de Santa Martha Acatitla, Robles Berlanga reiteró su inocencia y afirmó que «el daño que me han hecho es muy grave».

“Soy inocente, he actuado con respeto y confiado en el Poder Judicial, y sin embargo he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Solo pido justicia su señoría», sostuvo la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado.

La medida de prisión preventiva fue impuesta por el juez de control Jesús Delgadillo Padierna el pasado 13 de agosto, bajo el argumento de que había el riesgo de fuga de la exfuncionaria vinculada con la llamada «Estafa Maestra» durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Robles señaló además que no tiene recursos ni tiene interés de huir, por lo que ponía a consideración del juez seguir su proceso en libertad.

“Le dije (al juez Delgadillo Padiera) que siempre he vivido de mi trabajo y que no tengo recursos para estar huyendo, y, sobre todo, que no tengo el menos interés de hacerlo”, expuso Robles.

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