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Rosario Robles, ex funcionaria federal, y quien se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla desde agosto del año pasado, obtuvo una suspensión definitiva contra su prisión preventiva.

“La suspensión definitiva ya la obtuvimos. La obtuvimos en la audiencia del 23, que fue publicada el día 24 (de septiembre). Nos dan entonces una suspensión en dos términos: nos dicen que, por lo que es a la libertad personal, nos dan la suspensión provisional”, informó Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.

Señaló que aún no significa que pueda seguir su proceso en libertad, ya que será una jueza la que determine su situación.

Al otorgar la suspensión, María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, asumió la capacidad de decidir si modifica la medida cautelar actual, una vez que se resuelva de fondo el amparo.

Destacó que la audiencia en la que la jueza decidirá al respecto se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, aunque reconoció que podría tomar hasta un mes más.

Recordemos que a la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le acusa por la ‘omisión’ de informar a su superior jerárquico acerca de una serie de irregularidades que derivaron en un quebranto por 5 mil 73 millones de pesos.

Aunque los delitos que se le imputan no prevén la prisión preventiva oficiosa, el 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva justificada al alegar riesgo de fuga.

Adicional, la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal negó conceder a la ex funcionaria, la suspensión definitiva a la impugnación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, pueden enfrentar su proceso en libertad cuando tienen 70 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la tarde ayer su acusación contra Rosario Robles, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en la que solicita 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Y es que el juez informó que la última prórroga que se solicitó para el término de investigación complementaria había concluido; sin embargo, Robles Berlanga descartó requerir una nueva ampliación e incluso solicitó al juez requerir a la Fiscalía para que formulara su acusación, y así de diera inicio a la etapa intermedia del proceso.

La FGR consideró que Robles Berlanga fue omisa al no impedir que funcionarios a su cargo efectuaran el desvío de recursos, mediante la llamada Estafa Maestra.

En el escrito presentado, la Fiscalía señala a Robles de permitir un daño al erario por 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, por lo que se solicitó como reparación de daño, que Robles pague el total del desvío.

Además de solicitar los 21 años de cárcel, la FGR también pidió que se imponga multa de 3 millones 561 mil 300 pesos.

Ahora, se informará a la defensa de la exsecretaria federal para que conozca los detalles y se pueda citar a audiencia intermedia.

La Fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y exservidores públicos para que declaren en contra de la extitular de la Sedesol y la Sedatu.

Adicional, se informó que el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a las autoridades del penal practicar estudios médicos a Rosario Robles, para descartar que tiene Covid-19.

“Emplear los recursos que tenga a su alcance para garantizar la sanitización/desinfección del dormitorio de María del Rosario Robles Berlanga y practicar los estudios médicos necesarios a fin de descartar que se encuentra enferma de Covid-19”, señaló el juez en un oficio que emitió.

Recordemos que la exfuncionaria pública obtuvo un amparo para que sea revisada la medida cautelar soliitada de prisión preventiva justificada, con la que busca se le conceda la posibilidad de llevar su proceso en prisión domiciliaria o en libertad condicional.

Delgadillo Padierna ordenó que Rosario Robles sea considerada persona vulnerable al Covid-19, por lo que las autoridades del penal deberán garantizar que permanezca separada de personas contagiadas.

A un año de haber sido encarcelada, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, aseguró que pese a la saña con la que se le ha tratado, no dejará de luchar y demostrará su inocencia.

“Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí”, dijo Robles Berlanga a través de una carta desde el penal de Santa Martha Acatitla.

La exfuncionaria señaló que se le acusa de una omisión, “no de corrupción”, por lo que no “merece” estar en prisión.

Aseguró que se han violado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues se le ha juzgado por quien es y no por lo que supuestamente hizo.

Denunció que se ha puesto en marcha toda una maquinaria para difamarla y hacer escarnio de su persona, “con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen”.

Lamentó que a quienes se les ha acusado de delitos más graves, se les respetan sus derechos, mientras que a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad.

“Estoy aquí (cárcel) porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer. Quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país, y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres. Quieren borrar mi historia, anularme, silenciarme. No es la primera vez”.

Aseguró estar tranquila de su trabajo al frente de las dependencias federales. Indicó que tal como lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “mi tribunal es mi propia conciencia”.

Relató que pese a despertar en ciertas ocasiones “desolada”, está agradecida porque está viva y sana.

“No dejo de luchar entonces. Quiero demostrar mi inocencia. Pronto dejaré atrás este episodio. Estoy segura”, remató la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre su posible salida de prisión, su abogado, Epigmenio Mendieta aseguró que Robles Berlanga debería estar libre en menos de 45 días o como mucho en dos meses.

En entrevista con Radio Fórmula dijo que si se resuelve favorablemente el amparo que presentaron contra la prisión preventiva el 4 de agosto, y que fue admitido, Robles “podrá enfrentar su proceso en libertad”.

Recordemos que Rosario Robles está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma, en la llamada Estafa Maestra.

Durante un conversatorio organizado por el Colegio de México, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue cuestionado sobre las diferencias en el trato de los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles, ambos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y es que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya, lo que sí ocurrió en el caso de Rosario Robles; en ese sentido se le cuestionó que ahora Lozoya está en su casa, mientras que Robles permanece en la cárcel.

Gertz Manero explicó que Lozoya Austin está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos, relacionada a una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos.

En el caso de Rosario Robles, dijo el fiscal, no hay un ofrecimiento de dicha naturaleza, además de que hay un daño por 15,000 millones de pesos, dónde están involucradas buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país.

“Por favor, por favor, la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra, que no solamente dañó con miles de millones de pesos sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales: las instituciones de educación superior”, respondió el titular de la FGR.

Sobre las declaraciones del Fiscal, el equipo legal de Rosario Robles Berlanga emitió un posicionamiento.

Señalaron que es falso que la extitular de Sedesol y Sedatu esté acusada de una afectación al erario federal. “Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción”; por ello dijeron, debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad.

Apuntaron que según el fiscal, Robles Berlanga está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, dejando en entredicho que está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionarios.

“Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran ‘tehuacanazos’ hoy es prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer “colaborar” con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, precisó la defensa.

Otra de las consultas que se le hicieron al fiscal durante el encuentro virtual, fue el opaco proceso que hubo al momento de que Emilio Lozoya llegó al país.

Se le hizo ver que faltó información sobre la decisión de trasladar a Lozoya a un hospital y no se le presentara de inmediato ante un juez.

Gertz Manero señaló que la Fiscalía teníamos la obligación “y la cumplimos pero rigurosamente” de dos cosas: avisarle al juez de control en el momento en que a Lozoya Austin lo pusieran a disposición las autoridades mexicana las españolas; “se lo hicimos saber de inmediato”.

La segunda cuestión, explicó, era que en el momento de que llagara a México lo pusiéramos a disposición del juez: “ni un minuto después, se hizo con una precisión matemática. En el momento que aterrizó y pasaron las normas aduanales se le informó formalmente al juez, ‘lo tememos’; este señor dice que tiene un problema de salud, estas son las pruebas; nos dijo ‘que se hagan los exámenes médicos, tanto los oficiales como los que él quiera ofrecer, y yo voy a decir, yo juez qué es lo que se va a hacer'”, relató el fiscal.

Afirmó que la Fiscalía hizo todo lo que el protocolo más estricto les obligaba: entregaron al juez toda la información, y fue él quien decidió qué fue lo que hizo. “No hubo la menor falla de ninguna naturaleza en ese procedimiento”.

Sobre las acusaciones que hubo de que la FGR le estaba ayudando a Lozoya, Gertz Manero dijo que no fue así. “No, no le estamos ayudando, le estamos ayudando a la justicia, estamos ayudando a que esto funcione. Se lo aseguro, porque sino el juez me lo hubiera rechazado”.

La Cámara de Diputados se erigió este jueves como órgano de acusación y aprobó con 271 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, el juicio político contra Rosario Robles, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación a la llamada Estafa Maestra.

“Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, o Rosario Robles Berlanga, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”, leyó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

Los diputados señalaron que fueron trasgredidos los artículos 126 y 134 de la Constitución, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, añadió.

De igual forma, el Pleno designó al diputado Pablo Gómez y a la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, ambos de Morena, y a Ana Ruth García Grande del PT, para sostener la acusación aprobada en contra de Robles Berlanga ante el Senado de la República. 

Pablo Gómez resaltó que es un momento histórico, pues después de 94 años en que no se había instaurado un procedimiento se presentan conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político.

Explicó que la acusación se basa en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ademas de que se apoyaron en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, “en lo que nos han informado los propios organismos utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión”.

El morenista indicó que la acusación “no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”. Recalcó que no se trata de un asunto personal, sino que la Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado, sin importar la persona de la que se trataba, sino las funciones que desempeñaba y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados”.

Gómez Álvarez aclaró que la presunción de inocencia siempre se respetó y el periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera.

El legislador sostuvo que se cumplieron con los plazos de la ley, “escrupulosamente”. Indicó que se realizó  un procedimiento limpio porque quieren tener la autoridad moral para reclamar a los servidores públicos de alto rango que se apeguen a la ley y que protejan los intereses públicos.

“Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas”, dijo. “No es tema de personas, partidos, chivos expiatorios, ni verdugos”, concluyo.

Por su parte, la defensa de Rosario Robles acusó que sin importarle a los diputados de Morena una pandemia como  el Covid-19, la Cámara de Diputados hizo un montaje de juicio para desprestigiar públicamente a su clienta.

Aseguraron que todo se trata de un ataque a Rosario Robles por su condición de mujer, por ser destacada y por ser objeto de una venganza, pues dijeron, en ningún momento se han respetado sus derechos y los plazos que asisten a la defensa.

Pese a lo que sostuvieron los diputados de Morena, aseguraron que el proceso ha estado infestado de irregularidades, mentiras y atropellos. “Se trata de una saña inédita, que los llevó a saltarse 126 expedientes de juicio político que estaban antes que el de Rosario Robles”.

Finalmente, desde el reclusorio, Rosario Robles hizo pública una carta a través de su cuenta de Twitter, la cual es manejada por su hija Mariana Moguel, en la que afirmó que “del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen”.

El nuevo juez que lleva el caso de Rosario Robles, Ganther Alejandro Villar Ceballos, negó por tercera vez modificar la medida cautelar a prisión domiciliaria, por lo que la exfuncionaria continuará su proceso en el Penal de Santa Martha Acatitla.

En una audiencia que se prolongó durante nueve horas, el juez a quien recién fue asignado el caso, luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Robles, fuera cambiado de puesto, negó que la exsecretaria de Estado use brazalete como medida cautelar.

Robles Berlanga se encuentra recluida en el Penal de Santa Martha desde agosto del año pasado acusada del presunto ejercicio indebido del servicio público en el caso de contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles mediante empresas fantasma, mejor conocido como Estafa Maestra.

En el transcurso de la audiencia, realizada en el Reclusorio Sur, Robles y su defensa intentaron convencer al juez, por tercera ocasión, de que no tiene intención de fugarse.

Sin embargo, el juez determinó que la exsecreatria de Desarrollo Social continúe en prisión porque en las audiencias anteriores, la defensa de Robles afirmó que el único domicilio legal de Robles es el de la calle de Las Flores 91 en Coyoacán, pero ayer admitió que también vivió en un departamento en Reforma 222, y en Tennyson 223, en Polanco.

Asimismo, señaló que Robles dijo en audiencias previas que ganaba 40 mil pesos al mes como funcionaria, pero la Fiscalía acreditó que ganó 12 millones de pesos en seis años; es decir, dos millones de pesos al año, 166 mil pesos al mes.

La defensa de Robles determinará si interponen un amparo indirecto o un recurso de apelación.

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fue trasladada esta mañana al Reclusorio Sur para una nueva audiencia del proceso que enfrenta por presunto uso indebido del servicio público.

La audiencia se realizará a petición de la defensa de Robles, en prisión preventiva en el Penal de Santa Marta Acatitla desde agosto de 2019 por el caso de los contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles mediante empresas fantasma, mejor conocido como La Estafa Maestra.

De acuerdo con fuentes judiciales, se prevé que la defensa de la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) insista en que a Robles se le otorgue la medida cautelar de prisión domiciliaria.

La acusada interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que en diciembre ratificó la medida de prisión preventiva justificada.

La exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que en diciembre pasado ratificó la medida de prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

El recurso de garantías fue admitido a trámite por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, quien concedió la suspensión solo para el efecto de que Robles quede a disposición del órgano jurisdiccional.

El magistrado Montalvo Martínez señaló como fecha para la audiencia incidental el próximo 15 de enero a las 12:15 horas.

“Se recibe la demanda de amparo contra los actos que reclama del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y otras autoridades, se admite, radíquese e intégrese el expediente de amparo 2/2020″, señala el acuerdo.

Además ordena: “Tramítese el presente juicio. Con incidente de suspensión. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado”.

El abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, explicó que con este nuevo amparo buscan que a su cliente se le conceda una medida cautelar distinta a la de la prisión preventiva para seguir su proceso.

La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Isabel Cristina Porras Odriozola, ratificó la medida de prisión preventiva justificada que impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En su resolución a la impugnación que presentó Robles a la medida cautelar en su contra, la magistrada mantuvo la prisión impuesta Robles, aunque no compartió criterios con el juez Delgadillo Padierna.

“Cabe precisar, el sentido de lo resuelto no es absoluto o inmodificable, en opinión de esta potestad las circunstancias que la sustentan, válidamente admiten modificación o variación objetiva, porque la eventual pena a imponer, como motivo único, no es suficiente para sostener la prisión preventiva”, señaló la magistrada.

Consideró que esto hace posible la figura de la revisión de la medida cautelar impuesta, en términos de lo que establece el articulo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando a salvo el derecho de la exsecretaria federal para solicitar lo estimado acorde a su interés, de existir condiciones objetivas que legalmente lo permitan.

Al respecto, el equipo legal de Robles emitió un posicionamiento en el que dijo que en su resolución a la apelación, la magistrada reconoció que se han cometido agravios importantes que perjudican a su defendida.

“Los despachos Hernández Barros & Abogados y Epigmenio Mendieta & Abogados afirmamos con toda certeza que la decisión de la magistrada confirma que se trata de un juicio de estado, una venganza política que se aleja de cualquier límite legal”, se lee en el comunicado, en el que se enfatiza que es más grande el interés del gobierno en mantener presa a Rosario Robles que cualquier consideración jurídica.

Los abogados indicaron que continuarán demandando justicia por todos medios jurídicos nacionales e internacionales, e insistirán en reclamar el respeto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia de la exfuncionaria federal.

Y aunque reconocieron que se podría solicitar la revisión del caso y una eventual modificación de la medida cautelar, son conscientes de los antecedentes existentes, por lo que saben que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuará por consigna.

“Quisiéramos decir que nos equivocamos en nuestros argumentos de defensa. No obstante, desafortunadamente los hechos nos vuelven a dar la razón y confirmamos que Rosario Robles es una presa política”, remataron los abogados.

La exsecretaria federal, Rosario Robles, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ministerio Público de la Federación por presunta fabricación de pruebas y difamación con el propósito de mantenerla en prisión preventiva.

En el documento dirigido a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, la exfuncionaria reprochó la intención del juzgador de querer iniciarle un proceso judicial “plagado de arbitrariedades” por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.

Sostuvo que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio Público ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a sus derechos humanos.

“Al contrario, el Ministerio Público Federal ha recurrido a mentiras, falsificaciones y difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley”, externó la también exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal.

Pidió que la presidenta de la CNDH admita a trámite la queja e inicie la investigación correspondiente, solicite la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos y emita la recomendación a las autoridades señaladas para resarcir el daño que le han ocasionado.

En el documento interpuesto por sus representantes legales, encabezados por Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, la exsecretaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que con esa actuación “tramposa y plagada de mentiras”, el Ministerio Público ha fallado a su derecho de debido proceso.

Además, acusó, ha violentado su presunción de inocencia, pues aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime en su calidad de autoridad, del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoriada.

Afirmó que también se le ha afectado en su derecho convencional a la libertad personal y ha “lastimado mi derecho al respeto a la honra y al reconocimiento al construir intencionalmente una imagen de estafadora y de propensa a la fuga.

“La llamada Estafa Maestra, hasta ahora no probada, involucra a otros exservidores públicos que laboraron en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que se ha llevado a prisión preventiva soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio”, expresó.

La exsecretaria federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, envió una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que afirma que si esa dependencia demuestra que la dirección de su supuesta licencia de conducir existe y que ella ha vivido ahí, se declarará culpable.

En la carta compartida en su cuenta de Twitter, Rosario Robles exigió a Gertz Manero “que se procure justicia y no venganza por consigna”, pues sostuvo que se ha emprendido una “guerra jurídica” contra ella, al tratársele “como una enemiga a la que hay que aniquilar”.

“Usted me conoce bien y sabe perfectamente que no acostumbro a rehuirle a los problemas (…) usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo”, escribió Robles desde el penal de Santa Martha Acatitla al titular de la Fiscalía.

Aseguró que debido a sus convicciones, se presentó al citatorio judicial, pues es inocente y lejos de la imagen que han querido mostrar, a ella no se le han encontrado ranchos ni propiedades lujosas ni nada que acredite que se enriqueció al amparo del servicio público. “Ese es mi mayor orgullo: lo poco que tengo es producto de mi trabajo, apuntó”.

En su escrito, sostiene que es ridículo que se haya pedido privarla se su libertad con el argumento de que hay riesgo de que evada la acción de la justicia sin presentar ninguna prueba que lo demuestre, violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías fundamentales.

La exfuncionaria federal explicó que la misiva a Gertz Manero obedece a que “conociéndolo bien, estoy segura de que usted no ha sido informado de la mentira y los delitos que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de mi libertad”.

Rosario Robles está recluida en el Centro Femenil de Reinsersión Social de Santa Martha Acatitla desde agosto pasado, en el marco de investigaciones sobre la llamada “Estafa Maestra” cuando encabezó la Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Adicional, ayer lunes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados notificó formalmente a Robles Berlanga sobre el inicio de un procedimiento de juicio político en su contra, con lo cual tiene un plazo de siete días para comparecer, ya sea de forma personal o mediante escrito.

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados ratificaron el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo, para avanzar en el Juicio Político en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas de legisladores de todos los grupos parlamentarios, la mayoría ratificó la resolución que considera que existen los elementos probatorios para enjuiciar políticamente a Rosario Robles por su responsabilidad en la llamada “Estafa Maestra”, por el desvío de más de siete mil millones de pesos del erario público.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, aseguró que en este proceso “no hay venganzas ni cacerías de brujas”, y si no hay otros procedimientos de juicio político, es porque no hay más denuncias, porque no hay otros servidores públicos acusados.

Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas solo dos cumplieron con la normatividad para avanzar en la Subcomisión de Examen Previo; por ello, con base en esas dos, las Comisiones Unidas resolvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de demandas de juicio político en contra de los servidores públicos vence un año después de que se han separado o han concluido su encargo, mismo que se cumple, para el caso de quienes participaron en la administración anterior el domingo 1 de diciembre.

La morenista coincidió con la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, quien sostuvo que los delitos que se le imputan no son graves y podría enfrentar su proceso en libertad. Añadió que junto con Robles, también deberían ser procesados el expresidente Enrique Peña Nieto; Alfredo del Mazo, quien era, en ese tiempo, director de Banobras; medio centenar de funcionarios y los titulares de ocho universidades y 11 instituciones del gobierno federal.

Por su parte la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, les respondió que, si bien Rosario Robles ya está siendo procesada, es porque se ha cumplido el compromiso presidencial de acabar con la impunidad y si se encuentra inhabilitada, no fue por este caso, sino por haber mentido en su declaración de situación patrimonial.

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de juicio político contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el presunto desvío de siete mil millones de pesos, relacionado a la llamada Estafa Maestra.

La resolución surgió a partir de dos peticiones de juicio político presentadas en 2013 por diputados del PAN y PRD, y la más reciente por la diputada Tatiana Clouthier, en contra de la también titular de la Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La diputada presidenta de la subcomisión y de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, indicó que mañana sesionarán en comisiones unidas con la de Justicia, para que se le dé trámite a la resolución, y ésta pueda entrar a la Sección Instructora, que tiene 60 días para hacer el análisis del documento “y ellos definirán si se va al pleno y se vota en el pleno y posteriormente se le hace del conocimiento al Senado”.

La legisladora reconoció que es un proceso bastante largo que, de acuerdo a los plazos, estaría concluyendo en el mes de febrero.

Finalmente, Rocío Barrera comentó que como consecuencia del juicio político, se podría ampliar el tiempo de inhabilitación que ya enfrenta Rosario Robles.

Al respecto, Mariana Moguel, hija de Robles Berlanga, utilizó la cuenta de Twitter de la exfuncionaria para señalar que la decisión “fast track” de iniciar juicio político confirma “la venganza política en su contra”.

Lamentó que sin una condena judicial de por medio, la Cámara de Diputados haya emitido una sentencia por el simple hecho de que hay quienes la quiere fuera del mapa político.

El equipo legal de Rosario Robles solicitó ante el Consejo de la Judicatura Federal la recusación del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien, dicen, “está legalmente impedido” de seguir conociendo del caso de su defendida, al considerar que se actuación ha sido imparcial, ilegal y con ánimo de animadversión en perjuicio de la exsecretaria de estado y sus abogados.

El equipo encabezado por los abogados Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés recordó que fue el 13 de agosto de 2019, cuando se llevo a cabo la audiencia inicial en la que, entre otras determinaciones jurisdiccionales, se decretó en contra de Robles Berlanga, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Posteriormente Inconformes, interpusieron el recurso ordinario de apelación que recayó en el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien el pasado 21 de octubre de este año, ordenó la reposición de la continuación de la audiencia inicial, únicamente en la parte conducente a la fijación de la medida cautelar.

“La audiencia se llevó a cabo el 23 de octubre y pese a los ordenamientos del Magistrado Ricardo Paredes Calderón, Delgadillo Padierna determinó de manera incorrecta reiterar la medida cautelar excepcional de prisión preventiva”, expuso la defensa de la excolaboradora de Enrique Peña Nieto.

Denunciaron que durante el desarrollo de dicha audiencia de reposición, el comportamiento evidenciado por Delgadillo Padierna hacia su clienta, “no ha sido digno de la alta investidura que porta, ni acorde con los parámetros constitucionales convencionales y legales que rigen la actuación judicial; en razón de que durante el desarrollo de esa breve audiencia –al igual que en las anteriores- ha evidenciado un comportamiento agresivo, grosero y parcial en contra de la imputada y su equipo de letrados”.

Dado el comportamiento de Delgadillo Padierna, el equipo de la extitular de Sedatu y Sedesol indicó que el juez “está legalmente impedido” para “seguir conociendo el caso, pues señalan que la forma en que se ha conducido en las audiencias “denota una total pérdida de la imparcialidad, objetividad y respeto con los que debía actuar como órgano rector del proceso y garante de la legalidad en el mismo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana en que la estrategia de su gobierno para enfrentar la inseguridad y la violencia es distinta a la de otros sexenios ya que atiende las causas que la originan, además de que la población la respalda y confía en ella.

“Después de lo de Culiacán, la gente nos sigue teniendo confianza y apoya la estrategia que estamos aplicando”, dijo en la mañanera de hoy, donde sostuvo que en términos cuantitativos para vivir en paz se necesita que haya bienestar, lo que representa un 80%, mientras que el 20% restante es no permitir la corrupción ni la impunidad.

López Obrador sostuvo que en seguridad se está cambiando de paradigma y es otra política la que se aplica, “por eso vamos bien, porque hay más bienestar y esto va a ayudarnos para conseguir la paz”.

El presidente anunció que presentará un informe detallado de los hechos del pasado 17 de octubre en Culiacán, y detalló que lo entregará a la Fiscalía General de la República (FGR), al Poder Legislativo y a los ciudadanos.

“Vamos a presentar un reporte cronológico de cómo se dan las acciones, cómo sale el Gabinete de Seguridad hacia Culiacán, cuándo se me informa sobre la decisión que habían tomado y qué respondo”, explicó el mandatario.

Un juez de control del Reclusorio Preventivo Sur determinó que Rosario Robles continuará enfrentando su proceso en prisión preventiva justificada.

El abogado defensor de la exfuncionaria federal, Julio Hernández, consideró que se trató de una resolución con el hígado, producto del resentimiento que la familia viene arrastrando de años.

El juez que se encargó de ratifidcar la medida contra Robles fue Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien fue el encargado de imponerle la pena en agosto pasado. Delgadillo Padierna es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, por lo que se ha señalado un claro conflicto de interés.

El juez insistió  en que el peligro de que Robles se fuge de la justicia “es elevado”.

“Ustedes vinieron aquí a mentir, a decir mentiras”, dijo Delgadillo en la audiencia de esta tarde en las instalaciones del reclusorio Sur.

Ante su decisión, la defensa de Robles le recordó al juez su parentesco con la diputada de Morena, y le exigieron que por “congruencia y ética profesional” se excusara del caso.

La próxima audiencia en el caso será el 13 de diciembre próximo, por lo que Robles sumará 4 meses recluida en Santa Martha Acatitla.