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Los senadores aprobaron una reforma a la Ley Federal del Trabajo que estipula un salario base para los deportistas profesionales del país, lo que ahora tendrá que ser discutido en la Cámara de Diputados para que se concrete.

“El objetivo era establecer un salario base para todas las personas deportistas profesionales y de ahí en adelante será el nivel de entretenimiento, competitividad y el mercado los que establezcan las diferencias. Lo que no podíamos permitir era que haya un salario base distinto para trabajos iguales”, explicó la senadora Patricia Mercado, una de las impulsoras de la iniciativa.

Si los diputados aprueban en los próximos días esta reforma, los atletas profesionales mexicanos tendrán unos ingresos bases iguales que determinará la Secretaría del Trabajo cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Junto a esta nueva estipulación, la iniciativa aprobada este martes incluye establecer protocolos para la atención de casos de violencia de género, hostigamiento y acoso laboral que cada equipo femenino tendrá que registrar ante su respectiva federación.

“El segundo gran objetivo era promover y obligar a las ligas, sobre todo a las femeniles, a establecer protocolos contra el acoso y la violencia. Estamos dando 180 días en las ligas femeniles y a las organizaciones para registrar sus protocolos” añadió Mercado.

La aprobación de la reforma pone fin a un largo debate que empezó en noviembre pasado en México con la aprobación en comisiones del Senado de la reforma para establecer un salario base en el deporte profesional local.

Dicha propuesta generó críticas como la de Mariana Gutiérrez, directora de la liga de fútbol mexicano; quien dijo que esta reforma ponía en riesgo la viabilidad de la competición e incluso la posibilidad de que México perdiera la sede del Mundial masculino del 2026.

Tras lo dicho por la directora en una carta enviada al Senado, los legisladores decidieron abrir debates en los que se escucharon opiniones de ligas, empresas, deportistas y organizaciones feministas para llegar a un consenso.

Comisiones en el Senado aprobaron un proyecto para establecer igualdad salarial entre los deportistas profesionales, hombres y mujeres, así como para garantizar sus derechos laborales.

Las Comisiones del Trabajo y Previsión Social, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el proyecto para proteger los derechos laborales de las y los deportistas profesionales.

Se trata de un dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo, derivado de varias propuestas presentadas por distintos Grupos Parlamentarios, que tiene el objetivo de mejorar los derechos y las condiciones de trabajo de las personas deportistas profesionales, con miras a que éstas puedan ejercer libremente sus derechos sin distinción de la industria deportiva a la que presten sus servicios.

Las comisiones que presiden el senador Napoleón Gómez Urrutia, la senadora Martha Lucía Micher Camarena y el senador Rafael Espino de la Peña avalaron las reformas por mayoría.

“Es urgente homologar los salarios de las y los deportistas, pues la remuneración es extremadamente desigual”, dijo el senador Napoleón Gómez Urrutia. Puso como ejemplo la brecha salarial que existe entre la liga masculina de fútbol y la liga femenina.

“En el caso del fútbol, la liga mexicana de varones recibe en promedio, mensualmente 643 mil pesos mientras que el salario mensual de una jugadora, de la misma liga, es de tres mil 700 pesos”, argumentó el senador.

En el decreto quedó establecido que “será violatoria del principio de igualdad de salarios, la disposición que estipule salarios base distintos para trabajos iguales, por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de los deportistas profesionales”.

Para establecer la igualdad en la paga de las y los deportistas, organismos como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de los Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte formularán en conjunto y publicarán, en un plazo de 180 días, una política salarial y un salario base.

La senadora Patricia Mercado detalló que para establecer el salario mínimo base, las autoridades competentes considerarán “experiencia, mercado o espectáculo para fijar su ingreso. Se tendrá que consultar a expertos y hacer los estudios necesarios para contemplar diversos factores y determinar dicha remuneración”, precisó.

Los legisladores también aprobaron que las entidades empleadoras deben inscribir a las y los deportistas profesionales a la seguridad social, aportar las cuotas para fondo de vivienda y proveerles un servicio médico especializado.

Tras conocer el proyecto aprobado por los senadores, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) junto con las ligas masculina y femenina reconocieron en un comunicado “una deuda histórica y social en nuestro país respecto a lograr un piso parejo para las mujeres en diversos ámbitos laborales”.

Los dirigentes de la FMF y ambas ligas solicitaron “ser incluidos en el debate público y ser escuchados en el Senado, junto a otras federaciones deportivas” para concretar “acciones congruentes que permitan la viabilidad de la equidad salarial”.

FOTO: X @LigaBBVAFemenil

Luego de que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitara un informe sobre el Quién es Quién en los sueldos, referencia a cuánto cobran los servidores públicos, esto en un intento por evidenciar a quienes ganan más que el mandatario, pese a lo estipulado en Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Y aunque lo que AMLO intentaba era demostrar como algunos de los titulares de organismos que han resistido los embates del gobierno federal y han sido blancos de críticas del presidente, tales como el INE, COFECE o IFT ganan más que él, lo que se observó es que servidores propuestos a su cargo por el propio López Obrador también incumplen con lo expuesto en el Art. 6 de la citada Ley.

El presidente López Obrador percibe un ingreso de 136 mil 700 pesos mensuales netos, por lo que ningún servidor público debería de recibir una remuneración mayor a dicho monto.

Sin embargo, entre los funcionarios que fueron exhibidos por incumplir con la política impulsada por el presidente, se encuentran los consejero de la Judicatura Federal, quienes reciben un salario mensual de 286 mil 600 pesos; seguido del Magistrado presidente del Tribunal Electoral (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, quien tiene un ingreso de 286 mil 500 pesos.

Le siguen los ministros de la Suprema Corte (SCJN) con un ingreso de 284 mil 500 pesos; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova con 240 mil 500 pesos; el comisionado presidente de la COFECE, que por ahora se encuentra vacante, con un ingreso mensual de 206 mil 400 pesos; el titular del IFT , que de forma interina ocupa Javier Juárez Mojica con 197 mil 700 pesos y la comisionada presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra con 151 mil 300 pesos.

En la lista que fue exhibida en la mañanera, como los que no cumplen con la Ley, aparecen los propuestos por López Obrador, tales como la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, quien percibe un ingreso mensual de 248 mil 500 pesos; la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Graciela Marquez Colin, con 149 mil 700 pesos, y el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero quien recibe un ingreso de 146 mil 600 pesos.

En el caso del INEGI, el IFT, COFECE, INE y Banco de México se aclaró que son servidores públicos que se encuentran amparados para poder percibiendo su ingreso actual.

En la lista de quienes sí cumplen con la Ley, se colocó a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien percibe un ingreso igual al de López Obrador (136 mil 700 pesos, seguido de los secretarios de Estado con un sueldo de 135 mil 400 pesos; el director del INDEP, Ernesto Prieto Ortega, quien gana 134 mil 800 pesos; el comisionado de la CRE con 134 mil 200 pesos; el director del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi Bocanegra, con 133 mil 100 pesos; la directora del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla con 132 mil 400 pesos; Manuel Bartlett, director general de la CFE con 132 mil pesos, entre otros.

El gobierno federal dio a conocer esta mañana los detalles sobre de la estrategia para el fortalecimiento al salario del sector educativo, el cual tendrá una inversión de 25,000 millones de pesos, para incrementar el sueldo de más de 1.18 millones de maestros de todos los niveles del sector público.

“Es algo que surge de una buena voluntad y de un buen deseo de aplicar justicia para los maestros”, dijo Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

El aumento salarial será adicional al plan base del gobierno que contempla un 3.5% de incremento anual en sueldos y salarios más un crecimiento de 1.8% en prestaciones, detalló Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.

El ajuste contempla aumentos adicionales escalonadas de entre 1% y 3% para quienes ganen menos de 20,000 pesos mensuales, además de un incremento general del 1%.

Así, el salario promedio de los maestros con ingresos menores a 20,000 pesos mensuales se incrementará en un 7.5% aproximadamente, apuntó Ramírez de la O.

Con ello, el gobierno va a “fortalecer las remuneraciones, sesgando en beneficio de los que menos ganan”, sostuvo el funcionario.

“Implementando esta política de bienestar, los trabajadores en activo verán un aumento de su salario base de cotización y por ende van a tener un aumento en las contribuciones para su retiro”, añadió el secretario de Hacienda.

El objetivo es que el salario promedio de los maestros se acerque a los 14,300 pesos mensuales, como ocurre con el sueldo medio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar de 14,300 pesos mensuales, lo cual hace equiparable el salario de magisterio con el que salario del Seguro Social”, apuntó Ramírez de la O.

Ayer, el presidente encabezó la celebración por el Día del Maestro, evento en el que se comprometió a mejorar la situación económica de los docentes.

Los detalles, dijeron, se darían a conocer este lunes, aunque la SEP adelantó que el aumento “es fruto del proceso de austeridad y de ahorro en la Administración Pública Federal (APF)”.

Ayer también se anunció que, durante el próximo ciclo escolar 2022-2023, se realizará un proceso de capacitación dinámico y continuo para el conocimiento y apropiación del nuevo marco curricular y el plan y programas de estudio.

En Broojula, Marco Fernández, profesor-investigador el Tecnológico de Monterrey, e investigador asociado de México Evalúa, nos ayuda a entender cuál es la situación del magisterio, y los retos y oportunidades que tiene el gobierno federal para atender el sector educativo.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este jueves que 17 clubes del fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ocho personas físicas serán multados por prácticas monopólicas.

“El pleno de la Comisión impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga Mx por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas, y por coadyuvar en la realización de estas, a la FMF y a 8 personas físicas”, explicó la autoridad.

En la Liga MX femenil, el ente regulador de competencia concluyó que los conjuntos, entre los que se encuentran el América, fijaron un salario máximo a la jugadoras.

Según la investigación, al inicio de la Liga en 2017 los clubes acordaron que las futbolistas mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos al mes, las menores de 23 años 50 pesos y las de las categorías sub’17 no tendrían ingresos sino sólo ayuda como transporte y comida.

En la temporada 2018-2019, La Liga Mx informó que el tope subió a 15,000 pesos  al mes y que los apoyos en especie no podían superar los 50 mil pesos por torneo.

“Imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras profundizó aún más la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas”, criticó la comisión.

La COFECE aseguró que la FMF persuadió a que los equipos cumplieran con estos salarios con comunicados y al realizar verificaciones.

“La práctica, cuya duración fue de noviembre de 2016 a mayo de 2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los clubes, que tuvo el objeto y efecto de manipular los precios -en este caso los salarios de las jugadoras- y evitar que los clubes compitieran por su contratación mediante mejores salarios”, explicó la Comisión.

En el caso de la Liga varonil, la COFECE determinó que los equipos mantuvieron derecho sobre futbolistas a los que recién se les venció el contrato y si otro conjunto quería contratarlos debía negociar con ellos.

“La duración de esta conducta fue de por lo menos 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor”, afirmó la autoridad.

El total del daño estimado al mercado por ambas prácticas fue por 83 millones 375 mil pesos y los equipos que pagarán la multa son América, Pachuca, Cruz Azul, Morelia, Guadalajara, Santos Laguna, Tigres UANL, Toluca, Pumas UNAM, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla.

En respuesta, la FMF y la Liga MX informaron que fueron notificadaos sobre la resolución de la COFECE, e indicaron que tal como se informó en su momento el derecho de retención de jugadores al que se refería la Comisión, denominado “Pacto de Caballeros” concluyó en 2018, como resultado de las pláticas y negociaciones entre la FMF, la Liga MX y la AMF Pro. Mientras que el tope salarial concluyó en mayo de 2019.

Así, dijo que ambas prácticas fueron erradicadas previo a la determinación emitida por la COFECE respecto a un posible incumplimiento con el marco normativo de competencia económica.

Autoridades a cargo del proyecto indicaron que los trabajos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que iniciaron el 17 de octubre de 2019, presentan un avance del 69% de la obra con un ejercicio de 40 mil 995 millones 288 mil 230 pesos distribuidos en mano de obra, materiales, maquinaria, combustibles, acarreos y gastos generales.

El ingeniero y comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez recordó que tal como lo ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), les quedan 886 días para la culminación del proyecto, pues se estará entregando e inaugurando el próximo 21 de marzo de 2022

Subrayó que no se va a ejercer ningún recurso adicional que el presupuesto establecido para la construcción del nuevo aeropuerto.

“No rebasará el presupuesto autorizado, aun cuando en dos años de obra ha tenido que afrontar múltiples incrementos en los costos de materiales”, dijo el comandante. Destacó que dichos incrementos han sido afrontados con una eficiente administración de recursos.

Insistió en que no se rebasará el presupuesto estipulado de 75,000 millones de pesos, y aseguró que la obra es viable técnica, legal, social y financieramente hablando.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que con el nuevo aeropuerto se están realizando ahorros por 125,000 millones de pesos respecto a lo que iba a costar el cancelado aeropuerto de Texcoco, obra del anterior gobierno federal. Señaló que esa cifra es cercana a lo que costará el Tren Maya, otra de las obras prioritarias de su administración.

Respecto a la nota que publicó el periódico El Universal, sobre un supuesto cobro de un porcentaje del salario que hacían a los trabajadores para que siguieran trabajando en la construcción del aeropuerto, López Obrador aclaró que se trata realmente de las retenciones por impuesto sobre la renta y de las cuotas de seguro social.

“¿Cómo se integra el salario real? 67% de salario es lo que se la paga al trabajador, al trabajador se le paga completo; sin embargo, su salario integrado es mucho mayor porque la Sedena, como patrón, tiene la obligación conforme a la Ley del Seguro Social de determinar las cuotas obrero patronales, enterarlas; el importe total al Seguro Social, esto más o menos es el 16%”, explicó el general Gustavo Vallejo, quien añadió que también deben retener y enterar a Hacienda del Impuesto Sobre la Renta, por lo que si se suman ambos conceptos, la Sedena debe aportar un 33%.

En ese sentido el presidente López Obrador refirió que ese es el 30% de “moches” de los que hablaba El Universal, corresponde a estas retenciones.

Las autoridades también informaron que se han generado 116 mil 015 empleos directos, de los cuales 29 mil 491 se encuentran activos; el pago de mano de obra corresponde al 26.94% del gasto total ejercido, es decir, 11 mil 045 millones 247 mil 735 pesos.

Recordaron que el futuro aeropuerto tendrá capacidad para unos 20 millones de usuarios al año en una etapa inicial, y espera recibir hasta unos 85 millones en varias etapas de construcción que se cumplirán en las próximas tres décadas 2030, 2040 y 2050.

El ingeniero y comandante Gustavo Ricardo Vallejo Suárez aseguró que será un aeropuerto de clase mundial que contará con una red de transporte multimodal para asegurar que la conectividad y la movilidad sean eficientes y seguras.

“Tendrá una capacidad de crecimiento hacia 50 años en adelante. Así se ha proyectado y así se está construyendo. Va a otorgar a la industria aérea una nueva plataforma con lo mejor del equipamiento y tecnologías para atender el creciente mercado doméstico internacional de pasajeros y carga entre México y de México con el mundo”, apuntó.

Santa Lucía operará a la par del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y con el de Toluca en el Estado de México.

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó abrir una investigación de oficio para comprobar si consejeros y directivos electorales violan o no la Constitución al mantener sueldos más altos que el del Presidente de la República.

Jesús George Zamora, titular de dicho Órgano, dijo que investigará si la Junta General del INE debió esperar o no a que se emitiera la sentencia de controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Adicionalmente, señaló, se tratará de comprobar si la excepción aplica al salario del superior jerárquico, que en el INE son los consejeros electorales y que podrían tener en el Presidente de la República a su superior jerárquico.

Para el Órgano “existe una posible, quiero recalcar la palabra posible, violación a la Constitución y también podría existir una violación al acuerdo del Consejo General del 2019 por posiblemente exceder los alcances del mismo, porque lo amplían a servidores electorales que no cabrían en la excepción de tener un trabajo especializado”.

El titular del Órgano exhortó a los diferentes titulares de las áreas del INE a no darse por “sorprendidos” cuando la unidad les pida informes sobre la aplicación de salarios.

A su vez hizo un llamado a que este año los consejeros electorales y directores del Instituto no apliquen el manual de percepciones en el que se establece que pueden ganar más que el Presidente.

“Respetuosamente sugerir a todos los integrantes de la junta reflexionar sobre la aplicación del acuerdo que emitieron, para que se puede evaluar, reflexionar, la suspensión de este acuerdo hasta en tanto se resuelven las controversias”, remató.

Con motivo del Día del Trabajo, que se conmemora este miércoles 1 de mayo, la bolsa de trabajo online OCCMundial presentó su encuesta sobre la percepción de los profesionistas mexicanos con respecto a su situación laboral y a las oportunidades de empleo que hay en el país.

75% de los encuestados afirmó no estar satisfecho ni feliz con su actual situación laboral. El 95% dijo que buscan un nuevo o un mejor empleo.

La mitad de los encuestados que dijo estar buscando empleo dijo que requieren un cambio laboral de manera inmediata, mientras que 27% afirma que lo hará en cuanto se presente una oportunidad y 9% está pensando en hacerlo en un plazo de tres meses.

Al preguntarles lo que creen que se necesita hoy en día para tener mejores oportunidades laborales, 40% considera que se requiere capacitación y actualización constante; 23% dice que el dominio del idioma inglés; 13% asegura que mayor nivel de especialización; 12% desarrollar nuevas habilidades; 8% tener un mayor nivel educativo; y 3% considera que certificaciones en competencias básicas.

Con referencia a los factores que deben ofrecer las empresas para atraer y retener al mejor talento, los encuestados mencionaron: oportunidades de crecimiento (71%); balance vida-trabajo (68%); prestaciones superiores a las de la ley (52%); programas de capacitación (49%); buena cultura organizacional (31%) y flexibilidad (28%).

Sobre las oportunidades laborales actuales en México, 38% afirma que se han mantenido igual a pesar del cambio de gobierno. En cuanto a sus perspectivas para los siguientes cinco años, 16% percibe que México podrá tener mejores oportunidades en los siguientes cinco años y 15% que se mantendrán igual. En comparación a lo respondido por los encuestados el año pasado, el optimismo este año es menor, pues en 2018 el 27% consideraba que nuestro país podría tener mejores oportunidades en los siguientes cinco años contra 16% que lo percibe en esta ocasión.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Presidencia de la República dar a conocer los nombres, estado de adscripción, clave de nivel salarial, ingreso mensual bruto y neto, así como los recursos presupuestados para el pago de aguinaldos de los llamados superdelegados.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la transparencia es una vía fundamental para rendir cuentas a la población sobre los resultados de los programas sociales prioritarios del gobierno federal.

“Para ir un paso más adelante, el gobierno federal podría hacer un ejercicio de transparencia proactiva clarificando los criterios utilizados para nombrar a los nuevos delegados, las reglas que cuidarán su participación en el manejo y vigilancia de recursos públicos federales, así como los mecanismos de seguimiento y control social de los programas de desarrollo que estarán a su disposición”, subrayó Salas Suárez.

Y es que un particular solicitó, con respecto a la figura de los Delegados de Programas para el Desarrollo, datos como la denominación correcta de dicho cargo; los nombres de quienes ocupan el cargo y el estado de adscripción; el ingreso mensual bruto y neto desglosando percepciones y deducciones, entre otros.

En respuesta, la oficina de la Presidencia señaló ser incompetente para contar con la información requerida, limitándose a entregar un vínculo a través del cual podría consultar la normativa referida.

Ante la respuesta recibida, el particular interpuso el recurso de revisión ante el INAI, a través del cual señaló no estar conforme con la incompetencia esgrimida, e indicó que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece lo correspondiente, para la Presidencia y la Secretaría del Bienestar, respecto de la figura de los superdelegados.

La Oficina de la Presidencia reiteró su respuesta original y señaló a la Secretaría de Bienestar como la responsable de coordinar a las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de las Entidades Federativas.

En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez manifestó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, para su coordinación, el Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República.

 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la que decida quien tiene la razón respecto al recorte de salarios para que nadie gane más que el presidente.

“No es un asunto de no querer disminuir los salarios. Es un asunto de que en un Estado democrático de Derecho un órgano constitucional autónomo es el que decide cómo, con base en las leyes, se disminuyen los salarios, no alguien por fuera”, refirió.

“Eso es una vulneración a nuestra autonomía y por eso hemos apelado a la justicia federal. Quién tiene razón en esta materia, lo va a decir, como ocurre en una democracia constitucional, la Suprema Corte de Justicia y los jueces de amparo”, añadió el consejero presidente.

Según el diario Reforma, Córdova indicó que el INE revisa cada amparo interpuesto por funcionarios del órgano electoral.

Asimismo, señaló que si alguien está protegido por la justicia federal respetarán la resolución del juez.

Finalmente, explicó que la controversia constitucional interpuesta por el INE fue debido a que consideran que se está violando la Carta Magna.

El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella Castell, dio a conocer este jueves los ajustes que llevará a cabo, tanto en información, prestaciones y salarios, ante el recorte presupuestal que se le impuso al Instituto.

Indicó que solicitaron recursos por 17 mil millones de pesos, de los cuales, la Cámara de Diputados les aprobó 12 mil millones, 500 millones de pesos pesos, por lo que se vería obligado a cancelar o suspender una serie de proyectos.

Al respecto, el presidente del INEGI no descartó que la posibilidad de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte presupuestal; “nos reservamos el derecho a hacerlo”.

Detalló que a 68 altos funcionarios del INEGI se les redujo el salario, más de ocho mil perdieron su seguro de separación individualizada y más de 12 mil se quedaron sin seguro de gastos médicos mayores. Reconoció que los sueldos en el Instituto varían entre los 10 mil a los 106 mil pesos mensuales.

Los proyectos que resultaron afectados son:

  • La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED).
  • La Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH).
  • La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.
  • La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID).
  • La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).
  • El Censo Agropecuario.
  • La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
  • La Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO).
  • La Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP).
  • La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).
  • La Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN).
  • La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
  • La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.
  • La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).

Santaella Castell remató asegurando que pese al recorte, el INEGI mantiene su compromiso de autonomía técnica y de gestión.

 

Miles de trabajadores federales estadounidenses protestaron hoy en diferentes ciudades de Estados Unidos para reclamar el fin del cierre de la Administración, que lleva 20 días parcialmente paralizada debido a las diferencias políticas entre el presidente  Donald Trump, y la oposición demócrata.

“Miles de estadounidenses que trabajan arduamente están siendo excluidos de sus puestos de trabajo por ninguna otra razón que la política del miedo. ¡Vergüenza de Senado! ¡Vergüenza de Casa Blanca!”, exclamó Richard Trumka, el presidente de AFL-CIO, la mayor plataforma sindical del país.

Varios centenares se concentraron hoy enfrente de La Casa Blanca para pedir a Trump que reabra la Administración, con pancartas en las que se podían leer mensajes como “Quiero volver a trabajar” o “Congreso: haz tu trabajo y así podemos hacer el nuestro”.

Otras ciudades, como Filadelfia (Pensilvania), Ogden (Utah) o Denver (Colorado), también fueron escenarios de diversas manifestaciones de sindicatos.

Para hacer frente a la suspensión de pagos, miles de empleados federales han decidido optar a los subsidios de desempleo, a pesar de que técnicamente sí tienen trabajo. Más de 4,700 trabajadores públicos se anotaron en las listas de desempleo en la última semana de diciembre.

De este modo, los empleados sí recibirán una compensación económica por estar oficialmente desempleados.

El Gobierno de Trump afronta desde el 22 de diciembre el cierre del 25% de la Administración, situación que afecta a unos 800,000 empleados que han dejado de percibir su salario.

 

Luego de que se anunciara que a partir del 1 de enero del próximo año, el Salario Mínimo General Nacional (SMG), será de 102.68 pesos diarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que con dicha decisión se inicia una nueva etapa en la política salarial del país.

“Se ha logrado por unanimidad. La Comisión de Salarios Mínimos acordó ese nuevo salario de manera unánime (…) Significa, en esencia, el acuerdo de los tres sectores de la producción: la participación del sector privado, del sector obrero y del sector público, del gobierno”, dijo el mandatario.

Recordó que durante décadas el Salario Mínimo cayó en detrimento de la  economía familiar; al respecto dijo que hay quienes sostienen que se perdió el 70% del poder adquisitivo del salario en estos últimos 30 años. Incluso dijo, el propio Banco de México reconoce una pérdida del 60%.

Destacó que el nuevo salario mínimo significa un paso contundente hacia la recuperación del valor de la fuerza laboral; enfatizó que además de fortalecer al gobierno y ala sociedad, fortalece la imagen de nuestro país en lo interno y en lo externo. “Es un acto de madurez política, de mucha responsabilidad, de conciliación, de acuerdo; un acto que da confianza para seguir adelante y mejorar las condiciones económicas y las condiciones sociales y laborales en nuestro país.”

López Obrador subrayó que el gobierno federal mantiene el compromiso de tomar decisiones responsables, y adelantó que con el nuevo tope del Salario Mínimo, se va a aumentar el consumo, debido a que mejorarán los ingresos. Refirió que su gobierno siempre actuará con cautela, y en este caso, no se trató de aumentar el salario por decreto, lo que dijo, habría sido actuar de manera  irresponsable.

 

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicó que no pidió a los empresarios bajar los altos salarios de los ejecutivos de sus negocios.

Tras la polémica generada por los supuestos dichos de la funcionaria del Gobierno de México, Sandoval acusó que no exigió a los patrones una reducción salarial, sino que llamó a la reflexión sobre la brecha salarial existente en México.

“Aclaro que una servidora jamás ‘pidió’ ni ‘exigió’ a los empresarios bajar los altos salarios de sus ejecutivos, sino que, dentro del marco de un diálogo libre y respetuoso con los Senadores, invité a generar una reflexión plural y democrática sobre el tema”, explicó.

La titular de la SFP aseguró que sus dichos no son parte de una nueva política pública o “moral” del Gobierno de México, sino meramente reflexiones para el debate público.

“¿No creen que el sector privado también haría bien en reducir la brecha salarial, apoyar la economía de los trabajadores así como limitar el derroche en gastos suntuosos poco productivos, tal y como lo está haciendo desde ahora el Gobierno Federal?”, indicó.

“Me parece que todos tenemos responsabilidad en cerrar la terrible brecha de desigualdad que hoy lastima tanto a México. Los sectores público y privado deberíamos trabajar juntos para subir los salarios de todos los trabajadores y generar justicia social“, concluyó la funcionaria en una publicación hecha en su cuenta de Facebook.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este jueves a trámite los recursos de reclamación presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado de la República en contra de la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos dictada el viernes pasado.

Además, la Corte planteó que si alguno de los ministros considera necesario sesionar de forma extraordinaria durante el periodo de receso, que inicia este viernes, presente su solicitud a la presidencia del máximo tribunal a más tardar a las 14:00 horas del 14 de diciembre.

Cabe recordar que el viernes pasado, el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual señala entre otros puntos, que ningún funcionario puede obtener un salario mayor al que perciba el presidente de la República.

Pérez Dayán admitió ese día a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la oposición en el Senado de la República, en la que se expone que la suspensión de la legislación no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos como así lo consideren pero sí prohíbe utilizar la Ley de Salarios impulsada por Morena para fijar los mismos.

Este lunes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo que respetará los fallos de los magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos para evitar la reducción de sus salarios y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección en Puebla. No obstante, precisó que el Poder Legislativo tendrá la última palabra.

Ante la oposición de varios funcionarios públicos a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, el tabasqueño comentó que su Gobierno está comprometido a que funcione un auténtico Estado de Derecho y que no exista un poder que subordine a otros poderes.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que decidieron promover la reducción de salarios de altos funcionarios públicos porque “son salarios exagerados, son ofensivos” en el país y de manera particular en el Poder Judicial.

López Obrador recordó que la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos ya fue aprobada por el Poder Legislativo, pero “están en su derecho” quienes han recurrido a amparos para evitar la reducción salarial. Dijo que respetará la decisión de magistrados, porque quiere que haya Estado de Derecho.

Asimismo, el mandatario refirió que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección en Puebla.

“Lo dije con toda claridad, porque ya también basta de los formalismos hipócritas. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir porque vengo de un movimiento donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas, sin embargo, ya fue una decisión que tomó el Tribunal Electoral”, señaló.