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Esta tarde, en sesión solemne, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presidió la investidura de Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra

Zaldívar hizo entrega de la credencial y distintivos correspondientes a la extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Zaldívar afirmó que hoy es un día histórico, pues por primera vez desde la reforma de 1994 habrá tres ministras en el máximo tribunal. El ministro presidente consideró que esto es un paso muy importante hacia la paridad de género.

Ríos-Farjat refrendó la autonomía con la que se ha desempeñado toda su vida respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de «los poderes fácticos de cualquier índole».

Resaltó que a lo largo de su vida laboral, se ha conducido con autonomía en su vida profesional y entera, «mi pensamiento , mis elecciones y mis decisiones». La ministra advirtió que la independencia radica en una disposición del espíritu y no en una procedencia.

Ríos Farjat sostuvo también que la sola existencia de un catálogo de derechos no los garantiza, y por el contrario, es necesario un entorno político plural y democrático que permita la movilidad social.

Al inaugurar el Primer Periodo de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) correspondiente al año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que su independencia y autonomía están garantizadas.

En sesión solemne de apertura, el presidente Arturo Zaldívar aseguró que a lo largo del año habrán de resolverse asuntos de la mayor relevancia para la vida de las personas y para la democracia del país, lo que se hará con independencia y responsabilidad.

Entre los temas que serán discutidos enumeró la objeción de conciencia, la #LeyBonilla, la gestación subrogada, el matrimonio de personas con discapacidad intelectual, la igualdad de género y el indulto a padres y madres privadas de libertad.

Garantizó que estos asuntos serán decididos con absoluta libertad , argumentación y votos de los ministros: «lo que determina la independencia de un Tribunal no es en sentido de la sentencia».

Añadió que la independencia y la legitimidad de un tribunal constitucional está en los argumentos y razones que justifica la resolución. En ese sentido dijo que las resoluciones que dicte la Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles, y podrán no gustar a todos, pero las argumentaciones de los ministros sostendrán la legitimidad de que están cumpliendo con su obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas.

En su discurso, el ministro presidente sostuvo que «en un Tribunal como el nuestro, que debate públicamente, serán los argumentos que den los ministros para sostener su voto los que determinarán la legitimidad de la decisión».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la elección por parte del Senado de la República, de Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Si bien el mandatario federal aplaudió la designación, también destacó el perfil de las otras dos candidatas que junto con Ríos-Farjat integraron la terna para sustituir al ministro Eduardo Medina Mora: Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Mauri.

“Las tres propuestas son muy buenas, ciudadanas profesionales, muy buenas abogadas, las tres, a las tres las felicito y ya se decidió que sea la licenciada Margarita», expresó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En este contexto, AMLO se congratuló también porque cada vez haya más participación de las mujeres en diversos sectores de la sociedad, y afirmó que “vamos a seguir manteniendo mujeres en el gobierno».

Respecto a la salida de Margarita Ríos Farjat del Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó que próximamente se reunirá con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para analizar quién la sustituirá en el cargo.

Recordemos que la tarde de ayer, durante el proceso de elección, Ríos-Farjat obtuvo 94 votos a favor, mientras que Ana Laura Magaloni Kerpel registró 25 y Diana Álvarez Maury obtuvo 1. No se registraron abstenciones entre los votos de los Senadores, pero sí dos votos nulos.

El Pleno del Senado eligió esta tarde, con mayoría calificada, a Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ríos-Farjat obtuvo 94 votos a favor, mientras que Ana Laura Magaloni Kerpel registró 25 y Diana Álvarez Maury obtuvo uno. No se registraron abstenciones, pero sí dos votos nulos.

Ríos-Farjat se desempeñaba hasta este jueves como directora del Servicio de Administración Trinutaria. El nuevo encargo de la jurista será por un periodo de 15 años.

Remplazará en la corte a Eduardo Medina Mora, quien renunció al cargo a inicios de octubre pasado.

La oposición se manifestó en contra de dos de las integrantes de la terna, pues afirmaron que había un claro conflicto de interés ya que tanto Ríos-Farjat como Álvarez Mauri son colaboradoras del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, señalaron que sólo Ana Laura Magaloni contaba con la independencia que el cargo requería.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD y el excandidato del PRD a la gubernatura por el estado de Baja California, Jaime Martínez Veloz reconocieron la opinión técnica que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la violación constitucional que se cometió en Baja California al ampliar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior luego de que Magistrados del TEPJF emitieron una opinión técnica y concluyeron que el Decreto 351 con el que se amplió el periodo gubernamental en el estado, trasgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados.

Martínez Veloz sostuvo que la conclusión del Tribunal es importante, porque establecen los criterios y la jurisprudencia que existe en la entidad y con ello se convalidan los argumentos de quienes han demandado persistentemente el «atropello» a la legalidad.

El excandidato perredista dijo que la SCJN debe emitir una resolución tomando en cuenta la opinión de las instancias correspondientes en materia electoral, debido a que aporta elementos necesarios para que los ministros de la Corte puedan fundamentar la resolución legal.

Cabe señalar que la sala superior y el pleno de la SCJN han sostenido que “el principio de no reelección implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante una ampliación con esos efectos”.

Por su parte el presidente del PAN, Marko Cortés, también reconoció la resolución de la sala superior del TEPJF,  peus dijo, dejaron en claro lo que el partido dijo desde un principio.

“Lo que falta es que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional para que entonces todo mundo en Baja California tenga certidumbre y se deje de estar especulando en un gobierno que claramente es de 2 años”, declaró.

El Cortés Mendonza indicó que el PAN ya se entrevistó con el Ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, para presentar los argumentos legales del caso y también se harán visitas a los demás ministros para el mismo fin.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó como inconstitucional la llamada #LeyBonilla, con la que se amplió de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California.

El TEPJF indicó que con la #LeyBonilla se violan los principios constitucionales de certeza, de no reelección, así como el derecho a votar y ser votado. Adicional señaló que se aparta de la regularidad constitucional.

Los magistrados incluyeron su determinación en un escrito de opinión que dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien lleva a cabo el análisis de los recursos de inconstitucionalidad contra la #LeyBonilla.

Entre los puntos que destacaron los magistrados para determinar como inconstitucional la ley, es que se vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que enuncia la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

“El Decreto impugnado se publicó el 17 octubre de 2019, mientras que el proceso electoral en el Estado de Baja California inició el 9 de septiembre de 2018 y concluyó el 7 de octubre del año siguiente, es decir, la reforma entró en vigor una vez concluido el proceso electoral, de ahí que no se cumple con la temporalidad mínima de 90 previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones”, detallaron los magistrados.

Fue el ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, quien solicitó al Tribunal Electoral una opinión técnica sobre la constitucionalidad o no de la Ley, con el fin de contribuir al análisis que realizan.

Finalmente, el Tribunal aclaró que las opiniones emitidas respecto a temas con contenido electoral no son vinculantes, aunque aportan “elementos adicionales para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.

El pleno del Senado de la República recibió este martes de manera formal la terna para designar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suplirá a Eduardo Medina Mora.

La terna fue enviada por el Ejecutivo federal y se turnó a la Comisión de Justicia que hará el dictamen de idoneidad del cargo, para el cual se propone a Diana lvarez Maury, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos-Farjat.

En el documento enviado al Senado se asegura que la terna está integrada por ciudadanas que cumplen con los requisitos señalados por la Constitución, así como con la experiencia profesional y académica que demanda ser ministra de la SCJN.

Destaca que cualquiera de ellas estará a la altura de los desafíos que debe enfrentar la Suprema Corte como garante del orden constitucional y Estado de Derecho en el país.

Álvarez Maury es licenciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Business Administration por la Universidad de las Américas; se desempeña actualmente como subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Magaloni Kerpel es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con estudios de especialización judicial por el Instituto de Especialización de la Suprema Corte. Además, es presidenta de la Comisión Técnica para la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por su parte, Ríos-Farjat es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales y maestra en Derecho con especialidad en fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León; es doctora en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Funge como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la llamada #LeyBonilla, que busca extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH.

La activista señaló que el recurso debe ser considerado por los ministros al emitir su fallo, pues la extensión del mandato del actual ejecutivo estatal, afecta no sólo a la entidad, sino a todo el federalismo mexicano.

Por lo anterior subrayó que la #LeyBonilla es ilegal, y lamentó que siga vigente, por lo que urgió a la Suprema Corte a que la anule.

Morera indicó que con su escrito apoyan el recurso de la CNDH, porque la mencionada ley vulnera los valores democráticos, como el respeto del voto, ya que el Congreso estatal suplanta la voluntad de los electores, al elegir de facto a un gobernador por tres años más, sin mediar elecciones.

Además, con ella se vulnera la idea de la soberanía popular y contraviene normas constitucionales, pues no fue promulgada, y se publicó 90 días antes del proceso electoral, pese a que incidía en la periodicidad del cargo electo.

La activista instó a la Corte a resolver la acción, pues a 26 días del inicio del cargo de Jaime Bonilla, los ciudadanos aún reclaman la forma inconstitucional en la que éste amplió su mandato.

Finalizó al decir que la intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar a las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada.

Jaime Bonilla asumió como nuevo gobernador de Baja California en el primer minuto de este viernes, envuelto en la polémica por la llamada #LeyBonilla, que le permitirá, hasta ahora, gobernar por cinco años y no por dos, que fue el periodo por el cual la gente lo eligió el pasado 2 de julio.

Desde la noche de este jueves, los más de 100 invitados comenzaron a llegar al Congreso estatal, donde Bonilla arribó para rendir protesta como mandatario estatal. Indicó que no le iba a dar a su antecesor ni un minuto más en el poder, por lo que decidió hacer el acto protocolario lo antes posible.

Entre los invitados estuvieron familiares del morenista, integrantes de su gabinete y funcionarios, entre los que destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llamó la atención que el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid no acudió al acto protocolario, ni envió a representante alguno. Medios locales reportaron que según colaboradores del gobierno estatal, el panista no recibió la acreditación correspondiente para ingresar al Congreso.

Luego de rendir protesta, Bonilla se dirigió al edificio estatal, aunque se detuvo para pronunciar unas palabras. Ahí dijo que se acababa el tiempo de corrupción del panismo en Baja California, quien gobernó por 30 años el estado.

Bonilla indicó que su gobierno no será de ocurrencias, por lo que en un mes se sabrá si está funcionando o no; en relación a la polémica por la #LeyBonilla, el morenista dijo que si la autoridad resuelve que su mandato durará cinco años, se someterá a la revocación del mandato.

Dijo a sus adversarios que se «despreocupen» pues no busca perpetuarse en el poder. Refirió que el «pueblo pone y el pueblo quita».

Bonilla inicia su gobierno con seis impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo esta última quien tendrá que resolver si su mandato será por cinco años, o se respetarán los dos años que marcó la convocatoria emitida por la autoridad electoral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por la administración estatal contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de dos a cinco años del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

La admisión de la controversia se da a la par de que cuatro excandidatos presentaron el recurso «Amicus Curiae» ante dicha instancia para impedir se amplíe el periodo de Bonilla.

El ministro José Fernando Franco González Salas otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad, para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

No obstante, el ministro negó la suspensión que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN), con la que buscaba frenar la toma de protesta de Bonilla Valdez como gobernador de Baja California. Reiteró que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir, en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos.

En tanto, cuatro de los cinco excandidatos a la gubernatura de Baja California presentaron en la SCJN el recurso «Amicus Curiae» contra la #LeyBonilla. El exaspirante perredista Jaime Martínez Veloz aclaró que con esa impugnación no se pretende evitar la toma de protesta del gobernador, prevista para el 1 de noviembre, sino que el bando solemne que emita el gobierno estatal se realice en los mismos términos que emitió el Instituto Electoral de Baja California, tal como lo establece la Constitución local.

Acompañado por el exabanderado panista, José Óscar Vega Marín, Martínez Veloz dijo que también estarán a la espera de que los ministros les otorguen una audiencia para presentar lo que a su derecho corresponda. El escrito fue entregado en la Oficialía de Partes de la Corte y está firmado también por los excandidatos Ignacio Anaya, del partido local de Baja California, y Enrique Acosta, del Partido Revolucionario institucional (PRI).

Recordemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) también presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Fernando Franco González Salas, admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada #LeyBonilla, la cual busca extender el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo en Baja California, de dos a cinco años.

El ministro resolvió que «se tiene por presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”.

Los recursos legales fueron presentados por los partidos de oposición: el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En la resolución, González Salas negó conceder una suspensión para impedir que Bonilla Valdez toma protesta el próximo 1 de noviembre, esto al considerar que fue el triunfador en las elecciones pasadas.

“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, estableció el Ministro en el acuerdo publicado por la SCJN.

González Salas subrayó que el hecho de que el Gobernador entre en funciones el próximo 1 de noviembre no significa que se hayan consumado los efectos de la #LeyBonilla, dado que su aplicabilidad es de» tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”.

El gobierno del Baja California interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de la próxima administración estatal de dos a cinco años.

Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, informó que el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, presentó el pasado lunes el recurso legal, junto con un equipo de asesores, contra la ley que extiende la administración de Jaime Bonilla hasta el 2024.

Explicó que “en el caso del gobierno de Baja California, el instrumento jurídico por el que podemos impugnar este tipo de actos es la controversia constitucional, la cual fue ingresada. Esperamos que en un escenario óptimo resuelvan, antes de que inicie el nuevo gobierno, para dar certeza jurídica».

El juicio fue turnado al ministro Fernando Franco y se prevé que la Corte resuelva antes del próximo 1 de noviembre, cuando Bonilla Valdez rinda protesta como gobernador.

Hay que recordar que la #LeyBonilla fue publicada el jueves 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor el día 18; también después de la consulta ciudadana realizada el 13 de octubre por el Congreso, en la que el 84.25% de los participantes avaló que la próxima gubernatura se amplíe en cinco años.

El mismo viernes 18 de octubre, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, por separado, interpusieron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley.

La #LeyBonilla ha provocado duras críticas de organismos como la Coparmex o el Instituto Nacional Electoral (INE). Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “chicanadas» los obstáculos del Congreso de Baja California para la publicación de dicha ley, e indicó que le daba pena meterse en ese asunto.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid publicó este jueves en el Periódico Oficial del Estado la reforma avalada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, que iniciará el próximo 1 de noviembre.

La reforma entrará en vigor este viernes, por lo que las instancias que así lo consideren podrán interponer recursos jurídicos que correspondan para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del próximo lunes 21.

Esta mañana, Vega de Lamadrid dio a conocer que hoy quedaría publicada dicha reforma.

«La publicación de la ley me informan que se hará el día de hoy, hoy se publica la ley en el transcurso del día», señaló en un breve encuentro con los medios.

Recordemos que el mandatario estatal confirmó a #Xacto con Ana Paula Ordorica, que esta misma semana publicaría la ley para poder impugnarla.

 

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