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En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la lluvia de amparos que buscan frenar los proyectos de la Cuarta Transformación.

AMLO advirtió que enviará “con todo respeto” un oficio a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Con todo respeto, si tenemos información no nos vamos a quedar callados. Voy a enviar un oficio al presidente de la Corte, que es el mismo tiempo el presidente de la Judicatura, con todo respeto y sin ninguna injerencia en las funciones del Poder Judicial, pero eso lo voy a hacer todas las veces que sean necesario, lo mismo en los amparos del aeropuerto, los amparos en la refinería, el Tren Maya”, dijo.

López Obrador insistió que en el proyecto para construir un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía “no se viola ningún amparo”.

“Vamos a cumplir y en dos años va a estar terminado el nuevo aeropuerto como lo dijimos y no sólo eso, ya empezamos a rehabilitar el actual aeropuerto, las pistas, no se nota de que se está trabajando porque lo estamos haciendo en la noche, muy tarde hasta la madrugada, pero estamos mejorando las pistas, mejorando todo lo que es el actual aeropuerto y se inició ya la remodelación, se van a mejorar todos los espacios”, aseguró el presidente.

Tras la convocatoria que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para acompañarle al “Acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos” que se realizará mañana en Tijuana, Baja California, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que no asistirán sus ministros.

“Hacemos del conocimiento de la opinión pública las razones que tuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, sin perjuicio de su solidaridad con la causa del evento, no asistir al mismo”, informaron.

La razón que dio la Suprema Corte, es que fijar la política exterior del Estado mexicano es una atribución que la Constitución le otorga al Presidente de la República en coordinación con el Senado de la República.

Por ello recalcó el Poder Judicial Federal no tiene facultad alguna en materia de política exterior, además de que, dado que es importante preservar su autonomía e independencia ante la eventualidad de futuras controversias en relación con medidas que pudiera adoptar el gobierno mexicano en materia comercial, se consideró prudente que los Ministros no asistan al acto al que fueron convocados.

Sin embargo, a través del comunicado emitido, desearon a AMLO el mayor de los éxitos en la conducción de la política exterior y, dijeron que se suman a la solidaridad del pueblo de México en un tema que debe de unir a todos por encima de las diferencias.

Luego de que la tarde de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se quedara a un voto de invalidar en su totalidad la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero ordenara establecer los parámetros para fijar el salario del presidente, fue el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien contestó.

“Quieren que se justifique el por qué el presidente va a ganar 108 mil pesos mensuales, pues claro que lo vamos a justificar”, advirtió AMLO.

Reconoció que, al no poder invalidar la ley, los Ministros de la Suprema Corte pidieron que se fundamente lo que establece el artículo 127 de la Constitución acerca de que nadie debe de ganar más que el presidente.

López Obrador insistió que a los Ministros les parece “poco” el monto que se fijó para el presidente, que dijo, es como 30 veces el salario mínimo. Al respecto recordó que algunos servidores públicos ganaban hasta 500 veces más que el salario mínimo.

AMLO se lanzó en contra de los Ministros de la SCJN, pues dijo que en total recibían 600 mil pesos mensuales, por lo que, al negarse a dejar de ganar dicha cantidad, se estaba desencadenando “todo este debate”.

Y es que ayer, siete Ministros se pronunciaron por la invalidez total de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por considerar que incurre en diversas omisiones legislativas, consistentes en no establecer parámetros y lineamientos para la fijación de los salarios del Presidente de la República y de los otros servidores públicos federales, así como no contener un apartado especial para los juzgadores.

Sin embargo, al no haberse alcanzado la mayoría calificada de al menos ocho votos, el asunto se desestimó y se procedió a analizar a fondo algunos artículos.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de mayo, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional se abordaron estos temas:

  • El presidente informó que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que firmó ayer para renunciar a su facultad de condonar impuestos a grandes contribuyentes.
  • AMLO  anunció que ya entró en funciones el «Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado», el cual será dirigido por Ricardo Rodríguez Vargas, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
  • El presidente confirmó que las camionetas donadas por el rey de Jordania serán entregadas a la Guardia Nacional.
  • Ricardo Rodríguez Vargas refirió que los autos que se subastarán en Los Pinos el próximo domingo van desde un Lamborghini Murciélago, dos modelos Porsche, vehículos blindados, dos Corbett y hasta un «vochito».
  • AMLO aseguró que su gobierno atenderá la solicitud de los ministros de la Corte para fundamentar «el por qué el Presidente va a ganar 108 mil pesos mensuales» y criticó que había funcionarios que percibían hasta 500 veces más que un salario mínimo.
  • El mandatario consideró que la dirección del Palacio de Bellas Artes debe reconocer si hubo error en la celebración de un evento religioso en el recinto; sin embargo, consideró que basta con una disculpa, pues aseguró que «todos debemos de ser tolerantes».
  • López Obrador calificó como «muy buena» la reunión que tuvo ayer con líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que revisará un documento que le entregaron los maestros y anunció que el próximo lunes dialogarán otra vez.

 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyeron esta tarde el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, quedándose a un voto para anular por completo dicha Ley.

Siete Ministros se pronunciaron por la invalidez total de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por considerar que incurre en diversas omisiones legislativas, consistentes en no establecer parámetros y lineamientos para la fijación de los salarios del Presidente de la República y de los otros servidores públicos federales, así como no contener un apartado especial para los juzgadores.

Sin embargo, al no haberse alcanzado la mayoría calificada de al menos ocho votos, el asunto se desestimó en este punto y la SCJN procedió a analizar a fondo los artículos.

Al respecto, el Pleno invalidó los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), párrafo último, y 7, párrafo primero, fracción I, inciso a), II y IV, de la ley, por estimar que permiten el establecimiento discrecional de remuneraciones.

El Pleno hizo una interpretación en el sentido de que los créditos y préstamos a que alude el artículo 12 de la ley no podrán ser considerados como parte integrante de las remuneraciones de los servidores públicos. «La ley impugnada contiene una redacción imprecisa, que permite interpretar que el legislador ordinario considera a los créditos y préstamos como parte integrante de las remuneraciones de los servidores públicos, en contravención a lo que señala la Constitución».

Adicional, la SCJN invalidó los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, donde se establecían penas por hacer pagos de sueldos y prestaciones en exceso o por no reportar aquéllos recibidos en exceso, por considerar que violan el principio de taxatividad en materia penal.

La Corte ordenó al Congreso de la Unión que durante el próximo periodo ordinario de sesiones, legisle sobre las partes de los artículos 6 y 7 que fueron invalidadas, para lo cual otorgó un plazo de 90 días.

Los Ministros aún deben discutir y resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; integrantes de la Cámara de Senadores; el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otras.

Ante las denuncias que se han hecho por parte de la CONAGO en contra del Poder Judicial respecto a supuestos actos de corrupción de jueces federales, fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien fijó postura.

“Los hechos que se denunciaron en la CONAGO, particularmente en el Estado de Jalisco, resultó que era un juez local, no un juez federal, entonces, ese hecho que se denunció no está dentro de la competencia del Poder Judicial”, señaló el ministro en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Reiteró que desde su llegada a la presidencia de la Corte hace cuatro meses, anunció que iniciaría una política de cero tolerancia contra actos de corrupción, la cual se ha cumplido al pie de la letra, y como ejemplo dijo, se ha destituido a varios jueces y magistrados.

Insistió en que se han iniciado diversas investigaciones de procesos de disciplina particularmente en el estado de Jalisco, pues reconoció que es uno de los Circuitos donde se tienen mayores reportes de “problemas de diversa índole”.

Subrayó que se inició una renovación del Circuito, «pues consideraron importante hacer cambios en las adscripciones para tener “sangre nueva en el Circuito”; afirmó que también se han iniciado investigaciones y procesos disciplinarios con algunos magistrados y juzgadores de dicho Circuito.

Señaló que la revisión se está llevando a cabo en todo el país, y cuando se tienen indicios, información de que pudiera haber actos de corrupción o actos indebidos, se procede de inmediato.

Finalizó enfatizando que, así como se actúa en casos de posibles actos de corrupción, también se ha procedido a defender a aquellos jueces y magistrados que están actuando conforme a derechos, que están actuando aplicando la Constitución, que están protegiendo los derechos humanos.

Incluso dijo, hay zonas del país en donde los jueces y magistrados están en situaciones de peligro grave, están arriesgando su vida y su integridad física. No obstante, afirmó, “están realizando su trabajo con valentía, defendiendo la Constitución y los derechos humanos de todos”.

El líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa para ampliar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el proyecto de decreto, publicado en la Gaceta del Senado, el objetivo es crear una sala especializada en temas de anticorrupción, porque la sociedad solicita una eficiente impartición de justicia que se vea reflejada en el combate efectivo a la corrupción.

En la exposición de motivos, de acuerdo con información de la segunda sala de la SCJN, en 2016 quedaron sin resolver 1,189 expedientes; en 2017, 1,006 y en 2018, 594. “Lo anterior refleja un cúmulo de asuntos que se someten cada año al conocimiento de la sala en materia administrativa y laboral, que no son resueltos en tiempo, debido a la gran carga de trabajo”, se señala.

La iniciativa propone que la creación de la nueva sala cuente con la competencia en materia de anticorrupción, incluyendo cuestiones derivadas de la responsabilidad administrativa y delitos que tengan por origen hechos o actos de corrupción en los que participen servidores públicos y particulares.

Asimismo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, al ser la sala encargada de determinar los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos, y en materia de recursos de revisión administrativa interpuestos contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces.

Esta nueva sala se conformaría por cinco nuevos ministros, por lo que se propone modificar la composición actual del pleno de la SCJN, pasando a 16 miembros.

Este medio día, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien afirmó que a reunión fue “cordial, afectuosa, respetuosa”.

“Tratamos diferentes temas de interés nacional, como Poderes del Estado, en un marco de respeto a la independencia de los ámbitos de competencia de los dos Poderes y, particularmente, el señor Presidente me reiteró su compromiso de respeto a la independencia y a la autonomía de la Suprema Corte y del Poder Judicial”, declaró el ministro a la prensa al finalizar el encuentro.

Al ser cuestionado sobre si el presidente le pidió combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, Zaldívar indicó que “el señor Presidente no tiene por qué pedirme eso”, ya que enfatizó “es una convicción personal”.

Sobre si se habló del tema de los salarios y los amparos que hay respecto a dicha ley, el ministro presidente dijo que no se trataron temas específicos.

Durante el encuentro con los medios, una ciudadana exigió que “la Suprema Corte respete y garantice la división de poderes, eso es lo que estamos exigiendo”; ante el planteamiento de la ciudadana, el ministro presidente de la SCJN indicó que hasta ahora no hay ningún elemento que haga pensar que la división de poderes esté en riesgo.

“La Suprema Corte es y será autónoma e independiente, una relación cordial y respetuosa con el Presidente no implica en los más mínimo sumisión”.

Finalizó indicando que cuando alguien tenga un solo caso en que la Corte no haya sido independiente, entonces será momento de reclamar; dijo que es “profundamente injusto” que por rumores y suposiciones se hagan afirmaciones de una supuesta vulneración a la división de poderes.

 

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la elección de Yasmín Esquivel como nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, de la Escuela de Derecho de la UNAM, con maestría, con doctorado”, dijo AMLO al ser cuestionado al respecto.

El mandatario recordó que Esquivel Mossa se ha desempeñado en cargos relacionados con el Poder Judicial, en áreas de administración de justicia; además aplaudió que haya sido elegida de manera democrática por parte de los Senadores.

Ante los señalamientos que se hacen sobre que: “el poder de los poderes es el Ejecutivo y el presidente”, AMLO descartó que sea así, por lo que no hubo línea para la elección de quien ocuparía el lugar que deja la Magistrada Margarita Luna Ramos. “La línea es que no hay línea”.

Explicó que tal como lo establece la ley, él cumple con enviar las propuestas al Senado; relató que, en algunos casos, cuando elige a alguien, entra en contacto con él o ella y les informa que los propondrá, advirtiéndoles que “te voy a proponer, pero no me voy a meter, van a ser los legisladores (…) si aceptas así adelante”.

Recordó que cuando era opositor, y se iba a integrar el consejo del INE, el advirtió las prácticas que se daban entre los partidos y las autoridades, pues «pronosticó» que iban a ser cuatro para un partido y tres para otro, que era como se hacían las designaciones.

Sobre el supuesto conflicto de interés en el que incurre la ahora nueva Ministra de la Suprema Corte, al ser esposa del empresario José María Riobóo, quien a su vez es asesor de la presidencia, AMLO reconoció que si bien le ha ayudado mucho, no tiene ningún cargo dentro de su gobierno.

 

Durante la conferencia matutina de este miércoles 13 de marzo, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, se abordaron estos temas:

  • AMLO celebró la elección de Yasmín Esquivel como ministra de la SCJN
  •  El presidente descartó que haya conflicto de interés por ser esposa del ingeniero José María Riobóo.
  • AMLO reveló que no hay denuncias por los contratos de compra de medicamentos del sexenio de Enrique Peña Nieto.
  • Sobre los 500 amparos interpuestos para mantener en operación las estancias infantiles, López Obrador declaró: ‘acataremos lo que digan jueces’.
  • AMLO rechazó que haya una contradicción con Hacienda por la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, dijo que sí hay presupuesto.
  • El presidente expresó que desconoce los supuestos nexos de un exalcalde con el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, tras la difusión de algunos audios.
  • Al ser cuestionado por una supuesta operación de cuentas en redes sociales que ataca a los críticos del gobierno respondió: ‘no tenemos bots, no faltamos al respeto a los medios’.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó “por notoriamente improcedente” el amparo en revisión que solicitaron los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el cual se buscaba su repatriación.

La defensa alegó que al ser extraditado su cliente a Estados Unidos se cometieron errores técnicos en el procedimiento ya que fue entregado a una Corte de Distrito de Nueva York que no lo requería en la petición realizada por el gobierno estadounidense.

Recordemos que apenas en febrero pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte desechó dos recursos más de reclamación que la defensa interpuso y en los que también se solicitó la repatriación del narcotraficante.

En ese sentido, el mes pasado, la madre del capo mexicano, Consuelo Loera, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) interceder por su hijo para que fuera repatriado a nuestro país.

“Yo tengo fe y la confianza de que él haga algo por mi hijo (…) lo extraño mucho, deseo verlo yo, mi petición es que me permitan ir a verlo y que lo trasladen para México”, dijo la señora Loera en el marco de la visita que AMLO hizo a Badiraguato, Sinaloa.

 

Luego de que se aprobara el dictamen sobre la elegibilidad de las integrantes de la terna presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ocupar la vacante de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguna de sus integrantes obtuvo el respaldo de los Senadores para llegar al cargo.

En votación, el Pleno emitió 122 votos, de los cuales 66 fueron en respaldo a Yasmín Esquivel Mossa, por quien el grupo parlamentario de Morena ha estado cabildeando con el resto de las bancadas.

14 votos se registraron para Loretta Ortíz, mientras que Celia Maya obtuvo cero votos. 18 de los votos emitidos fueron declarados nulos y 24 fueron en contra de la terna.

Luego de conocerse el resultado de la elección, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, solicitó un receso de 30 minutos, para llevar a cabo una reunión «extraordinaria» con la Junta de Coordinación Política y así lograr llegar a un acuerdo.