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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este viernes que se combata la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial, esto luego de que se diera a conocer la tarde de ayer la suspensión de un magistrado por inconsistencias en su situación financiera.

Tras señalar que si bien no se puede condenar a nadie sin que se presenten pruebas o seguir un proceso como lo establece la ley,  destacó que es un hecho inédito que por presunta corrupción se destituya a un magistrado, ya que antes ese Poder era como “el Castillo de la Pureza».

“Me parece muy bien porque ha existido la Judicatura y nunca se castigaba a jueces, magistrados, a ministros, menos, y cómo sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores; pero en el Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el Castillo de la Pureza, por eso lo celebro, qué bueno que se ventile este asunto, pese a la polémica», apuntó.

AMLO pidió que no se «rasgue las vestiduras» pues insistió en que ya se acabaron los tiempos en que no se podía tocar a alguien, o que había intocables.

En el caso del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien acusó al expresidente Felipe Calderón de haber ejercido presión en su sexenio en los casos de la Guardería ABC y de Florence Cassez, López Obrador dijo que no intervendrá pero que tiene plena confianza en el ministro.

“Respeto su punto de vista, yo no me meto en eso; yo la opinión que tengo del ministro Saldívar, presidente de la Corte, es que es un hombre íntegro, que le tengo confianza, es lo que le puedo decir, nada más pero ya meterme a debates sobre otros temas, no; sí lo considero una gente honorable, de bien, me da confianza, si no, no lo diría», remató el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que no tiene información de que el ministro Eduardo Medina Mora haya asesorado a algún grupo para interponer amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente fue consultado si se investigará si Medina Mora asesoró a quienes interpusieron amparos contra la nueva terminal aérea en Santa Lucia, Estado de México.

“Yo lo que hable fue de sabotaje legal, nuestros adversarios se pusieron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, se reunieron como 16 despachos coordinados para eso: lanzar amparos es lo que alcancé a saber», contestó.

Sin embargo, López Obrador comentó que no tiene información de que Medina Mora, quien renunció al cargo la semana pasada, o algún otro ministro, hayan apoyado estas acciones, varias de las cuales fueron promovidas por algunas organizaciones civiles.

Sobre el tema de la renuncia de Medina Mora, el presidente dijo que el Senado resolverá hoy sobre si es aceptada o no, y aprovechó para decir que la situación del ministro no se equipara a cuando un ministro pasa a retiro, por lo que no puede seguir recibiendo un sueldo.

“No creo que se equipare a cuando un ministro termina su función, que pasa a retiro, que se tiene una pensión autorizada, este no es el caso, pero hay que verlo legalmente», expresó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó las versiones que han circulado en los últimos días respecto a que la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, es una venganza política.

“No, nada de eso, es una investigación y el tomó libremente su decisión de renunciar Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR)», dijo AMLO sobre los proceso que se siguen en la Fiscalía en contra del ministro.

López Obrador aseguró que él no es como los políticos de siempre, y enfatizó que él es demócrata.

Volvió a arremeter en contra del conservadurismo que dijo, es muy hipócrita. Insistió en que la doctrina de los conservadores es la hipocresía. Acusó que confiscaron poderes durante el periodo neoliberal.

Sobre si ya tiene los nombres que propondrá para ocupar el vacante en la SCJN, AMLO dijo que va a proponer a gente honesta, que no sean corruptos, «que no sean mercaderes, que no sean traficantes de influencia».

Sin embargo, pidió esperar a que el Senado de la República decida sobre si se acepta la renuncia de Medina Mora, y con.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debió a que atenderá algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR, no podemos culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a instancias judiciales», expresó AMLO en su conferencia matutina.

Agregó que puede haber todas las investigaciones abiertas, pero serán la Fiscalía General y después los jueces, los que resolverán si hay delitos o no, y si se tiene que juzgar o no.

Tras señalar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le informó que existían depósitos financieros sospechosos de Medina Mora y por ello le pidiera que se presentaran las denuncias ante la FGR, indicó que son investigaciones que corresponden al Ministerio Público.

La renuncia de Eduardo Medina Mora, de 62 años, fue enviada por AMLO al Senado, que debe dar su aval para hacerla efectiva.

Respecto al posible reemplazo de Medina Mora en la Suprema Corte, López Obrador afirmó que aún no ha decidido cuál será la terna que enviará al Senado, pero anticipó que puede estar integrada tanto por hombres como por mujeres.

Recordemos que con la renuncia de Medina Mora, López Obrador propondrá por tercera ocasión una terna en menos de un año.

En diciembre pasado envió la primera, de la que resultó electo el ministro Luis González Alcántara. En febrero de 2019 envió la segunda, de la que el Senado eligió a la ministra Yasmín Esquivel.

Eduardo Medina Mora presentó esta tarde su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Medina-Mora ingresó al alto tribunal en marzo de 2015 y su periodo vencería en 2030. Su dimisión es un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994, que conformó la SCJN actual.

De acuerdo con el Artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Corte proceden por causas graves y una vez presentadas se someten para su aceptación al presidente de la República, quien en caso de aceptarla, la envía al Senado para su aprobación.

El Ministro Medina Mora se ha desempeñado como director general del CISEN, además ha sido Secretario de Seguridad Pública Federal, Procurador General de la República y embajador de México en Reino Unido y Estados Unidos.

El artículo 98 también señala que ante la falta de un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente de la República someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del senado.

El Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC) celebró la decisión unánime de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida en un amparo en revisión, que resuelve que la Secretaría de Salud y la COFEPRIS deben emitir los lineamientos para regular el cannabis medicinal.

Al respecto econocieron la rápida respuesta de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS que han confirmado que acatarán a cabalidad la sentencia emitida por la SCJN e informaron que han empezado el trabajo de coordinación entre la SS, la COFEPRIS, la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) para desarrollar los nuevos lineamientos.

«Esta decisión tendrá un impacto positivo para que los pacientes que hoy requieren tratamiento de cannabis medicinal para tratar diversos padecimientos puedan tener acceso más sencillo y menos oneroso a estos productos que han demostrado su eficiencia para mejorar su calidad de vida», indicó el GPIC.

El Grupo Promotor de la Industria de Cannabis consideró que la decisión de la Corte de incluir a toda la cadena de suministro para los productos medicinales, desde la obtención de la semilla, su almacenamiento, la siembra y cosecha del cannabis, su transportación y comercialización, abren una oportunidad para el desarrollo de la industria en México.

Indicaron que dicha industria promoverá inversiones y generará empleos, como hoy en día ya sucede en otros países.

A través de su cuenta de twitter, este miércoles la Secretaría de Salud informó que que acatará la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de crear un reglamento para uso medicinal de mariguana.

La dependencia señaló que se asegurará de que se le brinde tratamiento médico integral al menor involucrado, en absoluto respeto al derecho humano de protección de la salud por parte del Estado.

Horas antes, la SCJN, le ordenó a la dependencia emitir en un plazo no mayor a 180 días un reglamento que permitiera el uso de cannabis con fines medicinales.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Salud emitir en los próximos meses un reglamento que permita el uso de cannabis con fines medicinales.

Esta orden es resultado de un caso presentado ante la Corte, que encontró violaciones a los derechos humanos de un niño que requiere utilizar derivados de la planta como THC (tetrahidrocannabinol).

En un comunicado, la Suprema Corte informó que dio a las autoridades un plazo máximo de 180 días para crear el nuevo marco regulatorio.

A finales de 2018, el Senado retomó el tema de la despenalización en el uso de la planta con fines medicinales. La iniciativa, estancada en el Congreso hasta ahora, contempla una regulación nacional a la cadena de producción entre otras cosas.

Una vez aprobado el proyecto, se crearía el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis que regularía al sector y el destino de los impuestos generados por la venta de productos derivados de la planta.

Al declarar inaugurado el Segundo Periodo de Sesiones del Alto Tribunal, el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que toca a la Suprema Corte y al Poder Judicial la defensa del orden constitucional y de los derechos humanos.

El Presidente de la SCJN sostuvo que el Tribunal debe “actuar con la mayor responsabilidad a partir de argumentos sólidos que justifiquen sus decisiones y mediante el respeto a la doctrina construida en los precedentes. Sólo así se fortalecerá su legitimidad social y política y confirmará la independencia que le garantiza la norma constitucional”.

Aseguró que esta Suprema Corte no debe estar en búsqueda de la popularidad, aunque sí está obligada a que sus resoluciones sean claras y se comuniquen y expliquen de manera adecuada a la ciudadanía.

Señaló que el Tribunal Constitucional acreditará su independencia y autonomía y su compromiso con los valores, principios y derechos humanos establecidos en la Constitución.

Adelanó que algunos asuntos relevantes que se analizarán en la Suprema Corte son: la Controversia Constitucional relativa al financiamiento público a las estancias infantiles; la Controversia Constitucional sobre la distribución de las participaciones del llamado fondo minero; las Controversias Constitucionales sobre la validez de la Norma Oficial Mexicana que establece el acceso al aborto en casos de violación; la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad sobre salud y educación sexual, así como distribución de anticonceptivos en el estado de Veracruz; la Acción de Inconstitucionalidad relativa al tema de gestación subrogada; la Acción de Inconstitucionalidad sobre la consulta previa a personas con discapacidad, tratándose de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down.

Otros asuntos que se atenderán son las Controversias Constitucionales en las que se analizarán los derechos contemplados en la Constitución de la Ciudad de México, tales como el derecho al agua, seguridad ciudadana, sistema educativo, uso medicinal de cannabis, derechos de migrantes, justicia cívica y derechos laborales, entre otros.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo que el tribunal constitucional del país no debe estar en busca de popularidad con sus decisiones.

Durante la sesión de inauguración del segundo periodo de sesiones de la SCJN, el ministro presidente pidió que la valoración del trabajo de este órgano se haga a la luz de las decisiones que toma.

Arturo Zaldívar dijo: “Esta Suprema Corte no debe estar en búsqueda de la popularidad, pero sí está obligada a que sus resoluciones sean claras y que se comuniquen y expliquen de manera adecuada a la ciudadanía.

“Estoy cierto de que este Tribunal Constitucional acreditará, como lo ha hecho siempre, su independencia y autonomía, y su compromiso indeclinable con los valores principios y derechos humanos establecidos en la Constitución”.

Además, el ministro presidente recordó que, en una democracia constitucional como la que tiene México, toca a la Suprema Corte y Poder Judicial ejercer la defensa del orden Constitucional y los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Consideró que esto obliga a los ministros del Tribunal Constitucional a actuar con la mayor responsabilidad, a partir de argumentos sólidos que justifiquen sus decisiones y mediante el respeto a la doctrina construida con precedentes.

La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali, en contra de reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California.

Dicha modificación permite la extensión de mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

La Comisión, integrada por los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, dos de los magistrados designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicaron que las controversias eran desechadas por «notoria improcedencia».

Las controversias interpuestas argumentaban que no se convocó a los Ayuntamientos referidos a la Comisión de Dictaminación respecto de la iniciativa de la que ya es llamada la #LeyBonilla.

Los Ministros concluyeron que las controversias fueron promovidas en contra de «actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general», por lo que no eran procedentes.

Recordemos que la noche de ayer el Congreso de Baja California resolvió el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a reconsiderar la extensión de mandato.

Sin embargo, al pedir respetar su autonomía, independencia y soberanía, los legisladores locales validaron la reforma.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Segunda Sala, determinó que el derecho de réplica no tiene la finalidad de resolver si el ciudadano tiene la razón o no sobre si la información difundida es falsa o inexacta, sino lo que busca es un balance entre los medios de comunicación y las personas referidas.

Al resolver el amparo en revisión 1173/2017, la Suprema Corte resolvió que el derecho de réplica permite a través del mismo medio en que fue divulgada la información, que la persona aludida pueda presentar una versión propia de los hechos, y así los receptores tengan mayores elementos para formarse una opinión al respecto.

El Alto tribunal estableció que la ley que regula el derecho de réplica, exija que el nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono del responsable de recibir y resolver las solicitudes de réplica estén publicados en el portal electrónico de los sujetos obligados: medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes, entre otros.

Señaló que la publicación de los datos del responsable, no vulnera el derecho a la vida e integridad de las personas dedicadas al periodismo o al proceso informativo, toda vez que puede publicarse la dirección de la persona moral o en caso de una persona física, basta con la publicación del correo electrónico.

En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal


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