Tag

SCJN

Browsing

Durante la conferencia que ofreció esta tarde desde su casa de transición, Andrés Manuel López Obrador insistió en que habrá ahorros significativos en el país, gracias a la política de austeridad a la que se estaría sumando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al ser cuestionado sobre si en su encuentro con los Ministros de la Suprema Corte se habló sobre el recorte a sus sueldos, López Obrador indicó que lo que habrá es una política de austeridad, mas no una imposición.

Informó que los Ministros están haciendo un ajuste en el presupuesto que presentarán al Legislativo para el próximo año,  en el cual estarán proponiendo un ahorro de 5 mil millones de pesos.

“Lo que van a proponer para el 2019, una disminución de 5 mil millones de pesos, pero además se habló de los sueldos y de manera muy respetuosa se les dio a conocer que se presentaría la ley reglamentaria al Articulo 127”, sostuvo el tabasqueño.

Aclaró que al hablar de los recortes a los sueldos, no hubo ninguna confrontación, sino que se habló de ese tema con mucha responsabilidad y mucho respeto.

Al recordarle que durante su campaña acusó a los Ministros de ganar más de 600 mil pesos, AMLO indicó que prefería no polemizar en esos temas, pues ahora ha percibido una actitud mucho más receptiva.

Respecto a la política de austeridad, adelantó que Morena no aceptará los 1,400 millones de pesos que por concepto de prerrogativas la Ley le destinaría,  sino que propondrán al Congreso reducir dicho recurso en un 50%.

Dijo que llegado el momento, informará cuánto se va a ahorrar en total con la política de austeridad en las diversas áreas y dependencias, dinero que se destinará a programas de bienestar para las personas que más lo necesitan.

 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en conferencia de prensa que la reunión que sostuvo esta mañana con los Ministros de la Suprema Corte “fue una reunión respetuosa entre un poder constituido y otro poder que vamos a representar”.

AMLO destacó que se están poniendo de acuerdo. “Así como estuvimos ayer con el presidente, hoy con los ministros, y hay muy buena relación. Hay entendimiento con estos poderes”.

Y recordó: “Ayer mismo les comentaba que le planteé al Presidente que nos ayudara instruyendo a los Secretarios de Defensa y Marina para que nos entrevistaramos con ellos y empezar a tener información sobre estas Secretarías”.

El tabasqueño destacó que “la transición se está llevando a cabo en muy buenos términos y así vamos a continuar”.

Previamente, a través de su cuenta de twitter, López Obrador había señalado que la reunión que tuvo con los ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desarrolló con respeto y bajo el principio de la separación y equilibrio de poderes.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó poco antes de las 9 de la mañana a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se reúne este viernes con los ministros.

El encuentro se da en la sede del máximo tribunal del país, donde desayunará en privado con los jueces y el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales. Sin ofrecer declaraciones a los medios, el tabasqueño entró al recinto por el estacionamiento de la calle Venustiano Carranza en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Se prevé que tras la reunión, tanto el mandatario electo como los ministros ofrezcan un mensaje a medios de comunicación.

Este acercamiento con el poder judicial ocurre un día después de la segunda reunión entre el próximo presidente y el actual presidente, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional.

Se ha informado que el día de mañana, el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obradro (AMLO) se reunirá con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de una nota informativa se confirmó que AMLO sostendrá un desayuno privado con los Ministros, el cual estará encabezado por el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales.

Recordemos que a principios de la semana pasada, López Obrador indicó que tan pronto recibiera la constancia como ganador de la elección presidencia, solicitaría una audiencia con los Ministros de la SCJN.

“En unos días más, cuando yo sea presidente electo, voy a buscar a los ministros de la Corte. Les voy a pedir una audiencia, no lo he hecho ahora porque no tengo todavía el certificado, el diploma, el papel, no sé cómo se llame, la constancia”, dijo el tabasqueño en una de sus conferencias.

El encuentro se da en el marco de los anuncios que AMLO ha hecho acerca de la reducción de sueldos a funcionarios púbicos, que según el morenista, los Ministros, consejeros de la Judicatura y Magistrados del Tribunal Electoral, son los mejores pagados del país, ganando más que el Presidente de la República.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

La Suprema Corte de Justicia  de la Nación (SCJN), resolvió esta tarde conceder un amparo al ex aspirante a candidato independiente a la Presidencia, Armando Ríos Piter, para protegerlo contra cinco artículos de la Ley General de Salud, que le prohibían el consumo y cultivo de marihuana.

El también Senador con licencia interpuso el amparo ante la negativa de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que en 2016 le negó un permiso para cultivar y consumir su propia marihuana.

Con la resolución de la Suprema Corte, la dependencia tendrá que expedirle un permiso para que pueda cultivar su propia planta, siempre y cuando no sea con fines de comercialización o distribución, así como para que pueda consumirla.

El proyecto de sentencia fue presentado por el ministro José Ramón Cossío, argumentando que ya había casos previos que podrían sentar una base para pronunciarse de nueva cuenta en este caso.

En 2015, la Corte concedió un amparo a cuatro personas de la organización SMART, mientras que el pasado mes de abril otorgó un segundo amparo en el mismo sentido a abogado Ulrich Richter Morales.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’, afirmó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no han hecho nada en beneficio de México.

En Atlacomulco, Estado de México, el tabasqueño preguntó: “¿Saben de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México, se han enterado de algo que hayan resuelto a favor del pueblo? Nada, respondió.

El tabasqueño criticó que los ministros perciban actualmente un salario de 650 mil pesos, los senadores uno de 500 mil, los diputados federales 400 mil y los diputados locales hasta 300 mil pesos al mes.

Por esto, dijo que de ganar la presidencia de la República, el próximo 1 de julio “ya no van a haber los sueldos que hay ahora”, reiteró que “se va a acabar la corrupción, se va a acabar la robadera”.

Con el apoyo de ocho votos a favor de la propuesta del Ministro Javier Laynez Potisek, se invalidó el precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que el Ministerio Público tiene facultades para congelar cuentas y activos durante sus investigaciones por considerarlo violatorio del debido proceso.

De igual forma invalidaron la posibilidad de aseguramiento de bienes que establece que, cuando el producto o el objeto del delito hayan desaparecido por causa atribuible al imputado, el Ministerio Público puede ordenar el embargo de sus bienes con la intención de cubrir el monto correspondiente.

El análisis de estas dos acciones de inconstitucionalidad, son el resultado de las promociones que interpusieron las Comisión de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La SCJN determinó que es ilegal realizar embargos sin que hayan sido dictados por orden judicial.

El debate se centró en los alcances de retroactividad, ya que existen personas que actualmente están bajo investigación y que puedan exigir, de manera retroactiva, que se les devuelvan sus bienes y cuentas bancarias aseguradas.

A través de la asociación “Por México Hoy” que dirige, el líder de las izquierdas en México, Cuauhtémoc Cárdenas, presentó esta tarde un Amicus Curiae con los elementos jurídicos que asegura prueban la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

 

 

Cárdenas indicó que la Ley de Seguridad Interior permite que mediante una decisión unilateral del Ejecutivo Federal se mantengan las Fuerzas Armadas en las calles realizando funciones para las que no fueron entrenados.

 

“De esta manera, dicho ordenamiento nos regresa al Estado absolutista en donde no existe el principio de división de poderes y fortalece desmedidamente a las fuerzas armadas para crear por medio de una ley secundaria un tipo de Estado diferente: un Estado policíaco-militar”, señaló.

 

La asociación afirmó que el actual gobierno quiere una Ley de Seguridad Interior para deconstruir el orden constitucional y el Estado nacional, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre y los derechos humanos, entregando el control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas, a través de una modalidad totalitaria y autoritaria.

 

Indicaron que al presentar el instrumento jurídico, buscan un modelo de seguridad ciudadana que permita generar una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes con el máximo respeto a los derechos humanos; con una administración de justicia  fortalecida, sin corrupción ni impunidad; y con un sistema penitenciario que tienda a la verdadera recuperación e inserción social del detenido.

 

Al considerarlas “notoriamente improcedentes”, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, desechó las controversias constitucionales presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

 

Pese a que los organismos argumentaron que la Ley invadía su competencia al ser un riesgo para los datos de las personas que acuden a ellos a denunciar violaciones a los derechos humanos, el Ministro refirió que como se ha hecho constar en casos previos, los órganos autónomos estatales no pueden presentar controversias constitucionales, y en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, sólo pueden presentarlas cuando se impugna una ley local y no una federal.

 

Se espera que dentro de este criterio, sea declarada inválida la controversia presentada por la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.

 

Recordemos que el Ministro también desechó una acción de inconstitucionalidad que presentó Movimiento Ciudadano al indicar que los partidos políticos sólo pueden impugnar leyes electorales.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, admitió la acción de inconstitucionalidad que presentaran la tarde de ayer los diputados de oposición en contra de la Ley de Seguridad Interior.

 

Con dicha admisión, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal tienen 15 días para presentar sus informes correspondientes, y hacer llegar a la Corte todos los antecedentes relacionados con el proceso de la Ley que se aprobó a finales del año pasado.

 

Y si bien la admisión del recurso legal no suspende la vigencia de la Ley de Seguridad Interior, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a que durante el tiempo en que la SCJN resolviera los alegatos que pudieran derivarse de la Ley, no emitirá ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

 

Con información d Reforma / Foto: Archivo APO

El senador de Morena, Zoé Robledo, advirtió que Estados Unidos intenta imponerle a México una Ley de Seguridad que únicamente le conviene a esa nación.

Las declaraciones se produjeron horas antes de que Robledo acudiera junto otros senadores del PT-Morena, PAN y PRD, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior.

“A nosotros nos parece que ésta es la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley ‘Trump’ de Seguridad; si la ONU, la oposición mexicana, la opinión pública, todos estamos en contra de la ley, el único aliado que le queda a este Gobierno son los Estados Unidos”, indicó Zoé Robledo.

 

El legislador destacó que como parte de un acuerdo con Estados Unidos, la política de seguridad de México estará sobre la mesa de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Pareciera que ésta es la ley que les están pidiendo desde Estados Unidos, que en la mesa de negociaciones del TLC está la política de seguridad de México y lo que pida Trump se lo están dando”.

Aseguró que la Ley de Seguridad Interior conviene únicamente a Estados Unidos. “Cuando dice Trump que si no hay muro, no hay Tratado, en realidad lo que está diciendo es que si esta ley se cae, no habrá tampoco Tratado”, remató el militante de Morena.

 

Los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano informaron que presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que promovió el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y su partido.

 

Los partidos indicaron que ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determinará si los artículos de la Ley son válidos, pues señalan que están en conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

 

Acusaron al gobierno federal de que la Ley de Seguridad Interior “en vez de superar la política de militarización, la pretende hacer permanente”. Los cuatro partidos consideraron también como “un grave error y un abuso de las mayorías en ambas cámaras (Diputados y Senadores)” haber aprobado la Ley.

 

El recurso legal se logró luego de conseguir 188 firmas, de las 167 que necesitaban para que fuera una realidad la acción de inconstitucionalidad.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior.

 

El pleno del instituto aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar los artículos por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la Constitución.

 

Sobre los artículos, el INAI advierte lo siguiente:

  • El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.
  • Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.
  • Establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.

 

Se indicó que “el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios constitucionales de máxima publicidad, de reserva temporal y de excepcionalidad respecto del principio de máxima publicidad”.

 

Sobre el artículo 31 de la Ley, el INAI señaló que:

  • Establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
  • Prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.
  • No se advierte disposición que garantice el cumplimiento de los principios y deberes para garantizar el derecho de protección de datos personales con las instancias encargadas de la seguridad interior, como sujetos obligados a la Ley General de Protección de Datos Personales.
  • Existe ambigüedad en la regulación de las condiciones, requisitos y reglas para transferir información a petición de las autoridades en materia de seguridad interior, que vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI.

 

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que “los siete comisionados nos hemos ceñido, exclusivamente, a señalar los artículos que, de esta Ley de 34 preceptos nos preocupan, y consideramos merecen una revisión constitucional del más alto tribunal del país para, en su caso, ser purgados de los vicios que visualizamos”.

Acuña Llamas aseguró que toca a otras instituciones, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer valer acciones integrales, “del conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto, por la Ley de Seguridad Interior que ha sido promulgada”.