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El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Secretaría de Desarrollo Social cambiará de nombre. Una vez que él asuma la presidencia, dicha dependencia se transformará en Secretaría de Bienestar y su titular será la agrónoma María Luisa Albores.

En un video publicado en sus redes sociales, AMLO habló desde la Selva Lacandona, entre Ocosingo y Palenque, en Chiapas, donde se sembrarán 1 millón de árboles frutales y maderables.

“Hoy hicimos trabajo de campo para terminar de redondear el proyecto de la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, que nos permitirá mejorar el medio ambiente y crear 400 mil empleos, entre otros beneficios”, dijo López Obrador.

El próximo presidente señaló que este proyecto constará de dos etapas, en la primera, que arrancará en 2019, se generarán 200 mil empleos permanentes bien remunerados, y en la segunda, que será en 2020, se crearán otros 200 mil puestos de trabajo.

López Obrador agregó que estarán a cargo del programa: el senador, Javier May, quien será subsecretario de Bienestar; y Hugo Chávez, director técnico del programa de árboles frutales.

“Este es uno de los 25 programas que se van a llevar a la práctica, porque hay 100 millones de hectáreas de propiedad social, mucha superficie abandonada, convertida en tierra ociosa”, manifestó Andrés Manuel.

De acuerdo con el periódico Reforma, diversas empresas ligadas al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, así como a sus familiares obtuvieron beneficios con el paso del priista por el Senado y por dicha dependencia.

El rotativo señala que al menos tres empresas vinculadas a Pérez Magaña se han visto beneficiadas con contratos, los cuales fueron obtenidos vía Transparencia.

Esas tres firmas, en una de las cuales Pérez Magaña es dueño al 50%, “han obtenido cada vez más contratos de obra pública, la mayoría en su natal Tuxtepec, Oaxaca, municipio que gobernó de 2002 a 2003, cuando pidió licencia para buscar una diputación federal”.

Según Reforma, las tres empresas son: Constructora y Arrendadora de la Cuenca y de Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, que opera su hermano Rolando; así como Comercializadora Tres Hermanos, que fundó su padre, operada por su hermano José Alberto.

Entre 2014 y 2017, las tres compañías lograron contratos por 500 millones de pesos.

Dichos contratos han sido asignados por la SCT, la Sedesol, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el Gobierno de Oaxaca.

Cabe señalar que, en 2010 el diario publicó que como secretario de Obras Públicas de Oaxaca, Pérez Magaña benefició directamente a las mismas empresas constructoras de su familia con por lo menos seis licitaciones y una invitación restringida.

Muna Dora Buchahin, una de las directivas de la Auditoría Superior de la Federación involucrada en el descubrimiento del esquema de defraudación que dio pie a la investigación periodística “La Estafa Maestra”, fue requerida a separarse de su cargo por un supuesto tema de conflicto de interés.

En una carta difundida por el portal Aristegui Noticias, Buchahin, titular de Auditoría Forense, informó que el pasado 23 de mayo, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano, le notificó que tenía que abandonar su puesto a más tardar este pasado 31 de mayo.

De acuerdo con Buchahin, el anuncio le resultó sorpresivo debido a que tiene 13 años trabajando en la institución y a que la determinación se atribuyó a una decisión exclusiva de David Rogelio Colmenares Páramo, recién nombrado titular de la ASF. La funcionaria reiteró que su labor al frente de la Auditoría Forense permitió el descubrimiento de esquemas de defraudación y simulación que incluso alcanzaron reconocimiento internacional.

“Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poca digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”, se lee en un fragmento de la misiva.

De acuerdo con la funcionaria, quien decidió formalizar su salida hasta el próximo 21 de junio, reportes elaborados desde 2012 por su dirección evidenciaron el modus operandi de esquemas de defraudación que involucraron a funcionarios de Sedesol, Sedatu, universidades públicas y proveedores externos. Los montos detectados en esas operaciones superan los 7 mil 700 millones de pesos.

Posteriormente, la ASF indicó en un comunicado que la solicitud de renuncia obedece a un presunto caso de conflicto de interés, pues se detectó que una empresa encabezada por Buchahin prestó servicios para la dependencia y otras entidades públicas. Además, otras empresa de la que sería socia también se encargó de asesorías a empresas auditadas por la dependencia.

José Antonio Meade, candidato de la coalición ‘Todos por México’ a la Presidencia de la República, ofreció duplicar el apoyo del Programa de Pensión para Adultos Mayores.

Meade señaló que su propuesta prevé que los beneficiarios de ese programa reciban mil 160 pesos mensuales en lugar de los 580 que perciben actualmente.

“Como Presidente, duplicaré el apoyo del Programa de Pensión para Adultos Mayores, de $580 a $1160 mensuales. Para #AvanzarContigo debemos asegurar la tranquilidad de quienes siempre se esforzaron. Este es mi compromiso”, escribió en su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK.

El candidato también publicó un video en el que prometió incrementar la ayuda anualmente a la par de la inflación y cuando el pensionado fallezca, la mitad de la pensión se le otorgará a su cónyuge.

“Quienes han trabajado toda su vida merecen la tranquilidad de que pasarán sus años de retiro de una manera digna y tranquila, por eso durante mi gobierno se duplicará la pensión de adultos mayores de Sedesol”, insistió.

El abanderado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, estará el día de hoy en actos de campaña por el estado de Puebla.

José Manuel Romero, quien fungía hasta esta mañana como Director General del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), anunció su renuncia al cargo para sumarse a la campaña presidencial de José Antonio Meade.

 

 

A través de su cuenta de Twitter, el ahora ex funcionario indicó que hoy dejaba el cargo, agradeciendo  la confianza del Presidente Enrique Peña Nieto y del Secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, dependencia del que depende el Instituto, por haberle confiado la responsabilidad de dirigir el IMJUVE.

 

Informó que este mismo martes se integraba al equipo de campaña del aspirante presidencial priísta como coordinador de juventud.

 

Además de la incorporación de Romero, la oficina de Meade informó sobre el nombramiento Bárbara Botello, como coordinadora de vinculación estratégica municipal. La originaria de Guanajuato se desempeña como Diputada Federal.

 

El PRI y el PAN presentaron sus nuevos spots ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que refuerzan los ataques a sus respectivos candidatos presidenciales, solo que ambos partidos decidieron utilizar la misma fórmula de spots.

 

 

El PRI relata en su nuevo spot, las irregularidades que se le han señalado a Ricardo Anaya sobre su patrimonio, su nivel de vida respecto a sus ingresos, y la compra-venta de una nave industrial en Querétaro. El spot lanza acusaciones de que el panista lava dinero, miente en sus declaraciones patrimoniales y de haber creado empresas fantasmas.

 

 

Por su parte el PAN comienza su spot llamando a José Antonio Meade el ‘padre del gasolinazo’, y también denuncia las irregularidades del ex titular de Hacienda cuando estuvo al frente de Sedesol, las cuales afirma el spot, fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

Ambos spot finalizan con la frase: “¿y esta persona está en la cárcel? No, porque es el candidato del (caso 1) PRI, Partido Verde y Nueva Alianza; (caso 2) del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano”.

 

Al respexto Meade declaró que los del PAN eran unos ‘genios’ al copiar el spot que asegura ellos presentaron primero.

 

Luego de que miembros del Frente retaran al equipo de campaña de José Antonio Meade a demostrar que efectivamente fueron sancionados 486 servidores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión del candidato derivado de las irregularidades que reportó, fue la Secretaría de la Función Pública (SFP) quien salió en defensa del priísta.

 

La dependencia informó  que en el marco de las investigaciones emprendidas derivadas de la auditoría correspondiente al programa de Adultos Mayores tal como lo dijo Meade, iniciada en enero de 2016, respecto del ejercicio 2015,  acreditó que hubo promotores sancionados, pues se detectó que plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios del programa.

 

Ante ello, la SFP determinó suspender de manera precautoria a  468 servidores públicos, que desempeñaban sus labores en 30 entidades federativas de la República Mexicana, para continuar con las diligencias correspondientes.

 

La SFP detalló que a través del Órgano Interno de Control, informó a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedesol, quien a su vez presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual inició las investigaciones correspondientes contra los promotores y quien resulte responsable.

 

Sin embargo no reveló los nombres ni documentos que acrediten tal afirmación, además de que ha sido criticada por mencionar que la suspensión fue de manera precautoria, pues eso da pie a que dichos funcionarios pudieron ser restituidos en su cargo.

 

Esta tarde en conferencia de prensa, el Secretario de Comunicación del PAN, Fernando Rodríguez Doval, insistió en que es falso que se hayan sancionado a 468 servidores públicos por los desvíos de más de 500 millones de pesos cuando Meade fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); y denunció que el ahora candidato presidencial incurrió en acciones y omisiones establecidas en la ley.

 

 

Acompañado de figuras del Frente, el panista afirmó que ni Meade ni ninguno de sus voceros han negado los desvíos millonarios en Sedesol, y dio a conocer que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, Meade incurrió en diversas violaciones, pues tal como lo establece el artículo 19, el titular o Contralor Interno tenían que denunciar ante el Ministerio Público cualquier hecho del que tuvieran conocimiento que implicara una responsabilidad penal.

 

Acusaron que si Meade tuvo conocimiento de estas irregularidades, tal como lo han reconocido él y sus voceros, no bastaba con que los remitieran al órgano interno de control, sino que debía denunciarlo ante el Ministerio Público, pues fueron casos que involucraron delitos.

 

Los Frentistas pidieron a José Antonio Meade dar la cara y asumir las consecuencias, y retaron a los voceros del candidato del PRI a dar a conocer la lista de los 468 funcionarios que supuestamente se sancionaron y que tanto han presumido.

 

 

Sobre la actuación de la PGR, aseveraron que aunque la ASF presentó cuatro denuncias penales, ésta no ha actuado con celeridad para investigar los hechos, lo cual confirma que está al servicio del PRI en esta campaña electoral, persiguiendo a sus opositores y protegiendo a sus aliados, entre ellos, a su propio candidato presidencial.

Luego de que la noche de ayer el PRI emitiera un comunicado en el que negara las acusaciones que miembros de la coalición “Por México al Frente” hicieran sobre la gestión de José Antonio Meade al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), esta mañana el PAN volvió a lanzar un nuevo ataque.

 

La dirigencia nacional del PAN indicó que es totalmente falso que cuando Meade estuvo al frente de la Sedesol se suspendiera a 468 servidores públicos, consecuencia de la realización de auditorías tal como el PRI lo resaltó en su última comunicación.

 

Subrayaron que si se revisa el Registro Público de Servidores Públicos sancionados, no aparece en ninguna parte esta relación de servidores públicos supuestamente suspendidos entre agosto de 2015 y septiembre de 2016. Adicional señalaron que de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, de 2014 a 2016, en la Sedesol se sancionó a un total de 21 servidores públicos; de estos, 13 fueron sancionados por abuso de autoridad y 8 por negligencia administrativa.

 

Subrayaron que es totalmente falso que a solicitud de Meade se haya sancionado a 468 servidores públicos de la Sedesol. Negaron que haya habido las sanciones que el tricolor presumió, y por el contrario acusaron que Meade no solamente fue copartícipe de los fraudes, sino que también fue tapadera de episodios anteriores.

 

Pidieron que el ahora candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, debe responder por los desvíos multimillonarios de recursos, cuyos destinatarios debieron ser las personas más pobres de México.

 

La dirigencia nacional del PRI indicó que la coalición “Por México al Frente” intenta engañar una vez más a la opinión pública al querer imputar hechos derivados de contratos que fueron firmados antes de la llegada del ahora candidato presidencial, José Antonio Meade, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

 

A través de un comunicado indicó que los contratos suscritos con Universidades en el ejercicio fiscal 2015 fueron celebrados previamente a su llegada a la dependencia tal como lo indicaran los voceros del Frente, ante los cuales Meade impulsó acciones para revisar todos los programas sociales de la dependencia y solicitó al Órgano Interno de Control se llevaran a cabo las respectivas auditorías.

 

Precisó que durante su gestión se realizaron auditorías que derivaron en la suspensión de 468 servidores públicos y en la presentación de diversas denuncias penales.

 

Hicieron un llamado a Ricardo Anaya y a su equipo de campaña, a no intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones que han sido formuladas en su contra por haber sido beneficiario de un esquema de lavado de dinero mediante el uso de empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha calificado como fantasmas.

 

Tras los señalamientos que se han hecho en los últimos días sobre los presuntos desvíos de recursos en el Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, el candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, reconoció que cuando él asumió en la Secretaría, detectó irregularidades en el manejo de los recursos, mismos que denunció.

 

Meade indicó que cuando tomó las riendas de Sedesol, tras la salida de Robles Berlanga, sí encontró irregularidades correspondientes al programa de adultos mayores, por lo que procedió a hacer las denuncias correspondientes, que derivaron en la sanción de 460 funcionarios involucrados en el caso.

 

“A mí me tocó, cuando estuve en Sedesol, hacer una investigación que se tradujo en que se suspendieron servidores públicos”, dijo esta tarde el ex titular de Hacienda luego de ser cuestionado sobre si se deslindaba de las acciones de su excompañera de Gabinete.

 

Indicó que lo que a él lo corresponde es el deslinde de responsabilidades, más que de funcionarios, “el resto del deslinde le toca a la autoridad competente y hay que ser respetuosos de ella. La que tiene que deslindar la responsabilidad es la Auditoría Superior y la PGR”.

 

El equipo de campaña de Meade, reiteró en conferencia de prensa que durante su gestión como Secretario de Hacienda, el ahora candidato no firmó ninguno de los contratos que son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que involucran a Rosario Robles, por lo que rechazaron los señalamientos que se le han hecho.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APAO

Este miércoles, Rosario Robles, actuar titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se presentó en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a las acusaciones que se le han hecho por presuntos desvíos de recursos cuando ejerció la titularidad de Sedesol y ahora en Sedatu.

 

 

La funcionaria federal aseguró que no existe una relación entre las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y su persona, por lo que pidió le sea otorgado el derecho de réplica que la Ley le concede ante las notas periodísticas difundidas por el diario Reforma.

 

Indicó que en ambas dependencias, giró instrucciones para que en las áreas observadas por la ASF se hicieran las investigaciones pertinentes para aclarar si había alguna responsabilidad de carácter administrativo. Sostuvo que “si se desprenden responsabilidades penales contra cualquier funcionario público, incluida yo, he sostenido y sostengo, se actúe con todo el peso de la ley”.

 

Tal como adelantó la tarde de ayer a través de sus redes sociales, pidió al periódico Reforma presentar los contratos que se mencionan en su investigación; los documentos que acrediten las transacciones financieras entre las empresas mencionadas y ella, así como documentos que probarán que Rosario Robles desvió 1,300 millones de pesos.

 

Robles afirmó que no existe ninguna documentación y no hay ninguna prueba que la vincule con una triangulación de recursos. “Estoy aquí porque siempre he dado la cara ante este tipo de situaciones, porque siempre he sostenido que la que nada debe, nada teme”.

 

Refirió que incluso el encargado del despacho de la ASF afirmó que “los informes de las auditorías están siendo publicados. No hay imputaciones de carácter personal, nosotros como Auditoria Superior de la Federación no determinamos culpables, no podemos asegurar aquí ninguna clase de presuntos culpables”.

 

 

A su llegada a las oficinas de la PGR, la funcionaria federal fue abordada por el Diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez  Máynez, quien le entregó un expediente en el que aseguró se sustenta el desvío de recursos e incluso se mencionaba su participación en los desfalcos, por los cuales él interpuso dos denuncias, de las cuales la PGR ha hecho caso omiso.

 

Por su parte Robles cuestionó que en los documentos recibidos existiera alguno que la vinculara, y dijo que en caso de que así fuera, se necesitaba fueran presentadas las denuncias ante las instancias correspondientes. “Queremos pruebas”, remató.

 

Tal como lo reveló este lunes el diario Reforma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la tercera entrega de resultados correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, en la que se incluían tres que se realizaron a la Sedesol y la Sedatu, dependencias que ha encabezado Rosario Robles.

 

La ASF concluyó que los recursos que podrían haberse desviado ascienden a 2 mil 130.9 millones de pesos, ejercidos entre2014 y 2015.

 

En el informe se detalla que desde Sedesol se desviaron presuntamente 955 millones 311 mil pesos en 2014 y 2015; mientras que desde la Sedatu, el presunto desvío alcanzó los mil 175 millones 675.6 miles de pesos, durante los años 2015 y 2016.

 

Se detalla que el esquema de simulación que se empleó para el aparente desvío de recursos fue el haber firmado convenios con las diferentes entidades públicas para servicios relacionados con el diseño, producción y difusión de mensajes institucionales, los cuales nunca se realizaron aunque las dependencias federales sí pagaron por ellos.

 

Los recursos fueron dispersados a diferentes empresas, detectándose casos en los que las empresas tenían relación entre sí, ya sea por tener el mismo apoderado legal o el mismo domicilio fiscal.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO