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El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso esta madrugada a Rosario Robles, sugirió que se investigue la posible colusión del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario José Antonio Meade en los desvíos millonarios que se cometieron en la administración pasada y por lo que se acusó a Robles Berlanga.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó en la carpeta de investigación que Rosario Robles no alertó sobre las irregularidades detectadas durante sus gestiones al frente de Sedatu y Sedesol.

La defensa de Robles Berlanga indicó que su cliente sí notificó al expresidente Peña Nieto. «Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete», indicaron los abogados.

Al respecto, el juez señaló que «si existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó está encubriendo al ex presidente, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no».

Añadió que si el exmandatario fue notificado por escrito, y no se presentaron dichos documentos, entonces se estaba encubriendo a Peña Nieto.

Sin embargo, el señalamiento hacia el expresidente no fue el único que hizo la defensa de Robles, pues revelaron que en el acta de entrega-recepción de la Sedesol a José Antonio Meade, quien la sucedió en la dependencia, se le informó de las observaciones que hiciera la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y se le indicó que estaban pendientes de solventar.

En ese sentido, el juez pidió a la defensa de Robles que, a más tardar el 16 de agosto próximo, entregue copia certificada o notariada de dicha acta, y así el Ministerio Público determine si investigará al excandidato presidencial por no cumplir su obligación como titular de la dependencia, tras haber sido informado.

Otro de los argumentos de la defensa, fue que muchas de las observaciones que hiciera la ASF, entre ellas los convenios con universidades y radiodifusoras públicas, fueron realizadas entre 2017 y 2018, cuando su cliente ya no era titular de Sedesol. En dichos periodos, Luis Miranda Nava y Eviel Pérez fueron quienes estuvieron al frente de la secretaría.

Roberto Gómez Morales, pasó de ser un chofer de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a convertirse en un millonario funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a cargo de la polémica Rosario Robles.

De acuerdo con un reportaje del noticiero En Punto, de Televisa, Roberto Gómez, de 42 años de edad, es originario de la Ciudad de México, esta avecindado en Chiapas y proviene de una familia que vivía de la venta de tacos en la calle.

Desde hace 15 años trabaja con Emilio Zebadúa González, quien fue oficial mayor en la Sedesol y la Sedatu, con Rosario Robles.

En diciembre de 2012, Roberto Gómez ingresó a Sedesol como chofer de Zebadúa. En 2015, Zebadúa se convirtió en oficial mayor y nombró a su chofer, director general adjunto con un sueldo neto de 63 mil pesos mensuales.

En febrero de 2014, Gómez Morales adquirió el rancho «La Gloria», de 42 hectáreas en el ejido Guadalupe, en el municipio de Huehuetán, en Chiapas. Para adquirir el rancho se cambió el apellido materno y se hizo pasar como hijo de Gloria González Fuentevilla.

En la escritura pública se indica que la señora Gloria González dona a título gratuito, en forma pura y simple a favor de su hijo Roberto Gómez González el inmueble, al cual para efectos fiscales se le asigna un valor de 816 mil pesos.

El acta de nacimiento de Roberto Gómez Morales indica que su madre es otra persona.

Ante el notario público 78 dijo llamarse Roberto Gómez González y para identificarse presentó una credencial de elector pero a nombre de Roberto Gómez Morales, con domicilio en la 31 calle poniente número 2, colonia 5 de febrero, en la ciudad de Tapachula. A pesar de la inconsistencia, el notario aceptó realizar el trámite.

El rancho «La Gloria» no tenía ningún tipo de construcción ni de producción cuando Gómez Morales lo adquirió. Entre 2015 y 2016 se le invirtieron más de 20 millones de pesos para construir casas de descanso con alberca, se instalaron granjas de producción piscícola, de lácteos, de borregos, ganado y cerdo.

El inmueble también cuenta con maquinaría agrícola, camiones de carga y vehículos motorizados.

La Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat le otorgó permisos de aprovechamiento para fines de subsistencia para tener un zoológico de animales exóticos con venados, hipopótamos y guacamayas.

La Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo era erradicar la pobreza alimentaria, quedó únicamente en el plano aspiracional.

Así lo deja ver la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al destacar que ese programa no fue acompañado de una ley para reglamentar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

En el segundo informe de la cuenta pública 2017, del que da cuenta el diario La Jornada, se tacha de inercial la operación del programa, a lo que se suma que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) incluyó 2.3 millones de personas en los registros de condición de pobreza más que la estimación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La ASF recordó que el programa se aplicó en México para cubrir las carencias de la población sin ingresos económicos suficientes y para resolver la desarticulación de los programas de otros sexenios.

Y aunque los diseños normativo, programático-presupuestal, institucional, metodológico y de evaluación que lo conforman, en lo general, fueron congruentes entre sí y con el problema público, a cinco años de haberse implementado, persisten inconsistencias “que han limitado el cumplimiento de los objetivos de erradicar la pobreza extrema alimentaria así como cumplir con la meta de cero hambre para 2018”, señala la ASF.

A esto se suma que en ninguna legislación se definió la población objetivo; tampoco se homologaron los apoyos a otorgar ni se definieron las funciones y responsabilidades entre los gobiernos federal, estatal y local para su aplicación.

«La expresión de que Rosario Robles es inmune, no sé qué tan válida sea en términos de la rendición de cuentas de los que ya se están yendo», afirmó la diputada Tatiana Clouthier, quien habló sobre la comparecencia de la aún titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En entrevista con Grupo Fórmula, Clouthier señaló que habría que seguir el camino para hacer investigaciones en el caso de desvíos y pidió que se juzgue a partir de los hechos y no de las especulaciones.

De igual modo, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, calificó de “muy penosa” la comparecencia de la funcionaria.

En un breve comentario en sus redes sociales, la diputada comentó que es “peligroso” ocupar tanto tiempo un cargo como funcionario alejándote de la gente y queriendo tapar el sol con un dedo.

Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, afirmó que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, comparecerá ante Comisiones el próximo 31 de octubre.

Cabe señalar que en la programación de comparecencias con motivo del Vl Informe de Gobierno se aprobó la asistencia de Robles pero quedó pendiente la fecha en la que lo haría.

A diferencia de los secretarios que han asistido en recientes fechas a comparecer ante el Pleno del Senado, Rosario Robles lo hará en Comisiones Unidas, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Puntos constitucionales.

«El miércoles 31, a Comisiones la Secretaria de SEDATU, a Comisiones Unidas; viene también a Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Justicia», indicó Monreal.

La solicitud de integrar a Robles a las comparecencias en el Senado, es por la llamada Estafa Maestra por los desvíos de más de 7 mil millones de pesos de SEDATU y SEDESOL, cuando ella estaba al frente.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez Magaña, compareció este martes ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno.

Al reunirse con los legisladores, Pérez Magaña afirmó que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto entrega un legado en materia de política social que se traduce en la reducción de la pobreza extrema y en la disminución de carencias sociales.

“Le cumplimos a la democracia y le cumplimos a los mexicanos”, dijo el funcionario, quien reconoció que los ciudadanos demandan cambios orientados al abatimiento de la pobreza y la desigualdad, por lo que dijo que “los nuevos liderazgos políticos tienen el reto de estar a la altura de estas expectativas”.

Aseguró que en la instrumentación de programas sociales y políticas públicas para combatir la pobreza se superaron esquemas asistencialistas para abrir paso al ejercicio pleno de derechos de la población.

Enfatizó en que de acuerdo a la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre los resultados que se tienen hasta hoy, 2.2 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema; 6.2 millones de personas cuentan con servicio de salud y 4.5 millones de habitantes ya no son pobres y tampoco vulnerables.

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, guardan relación con el ex gobernador de Veracuz, Javier Duarte.

Se señala que en las actas de 5 empresas por las que circuló el dinero saqueado de la Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a su vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales que MCCI documento en una investigación independiente a lo que reveló días atrás el periódico Reforma. Se enfatiza que toda la red tiene su base de operaciones en Chiapas, en donde radica Gómez Méndez.

Recordemos que el diario nacional publicó que entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

Tanto en el caso revelado por Reforma, así como en la red chiapaneca de empresas fantasma que documentó MCCI aparece que se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).

A inicios de 2016, la Sedatu firmó dos acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones.

Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones. Entre esas empresas estaba Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos.

 

Investigación completa AQUÍ

Foto: Investigación MCCI tomada de Proceso

El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que durante su gobierno no se va a perseguir a nadie, especialmente a funcionarios señalados de posibles actos de corrupción, pues indicó que no necesitará legitimarse como lo han hecho los gobiernos anteriores.

Sin embargo explicó que si hay investigaciones abiertas se van a continuar, y precisó que esas investigaciones no corresponderán al ejecutivo decidir cuáles sí y cuáles no, sino que dependerá del poder judicial

Al ser cuestionado sobre si planea llegar hasta el fondo sobre el presunto desvío en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que involucra a su ex titular, Rosario Robles, AMLO insistió en que su gobierno no va a perseguir a nadie,  pues rechazó recurrir a detenciones espectaculares para luego seguir con los mismos actos de corrupción

«Se agarraba a uno, dos, tres, cuatro o cinco… como chivos expiatorios, y luego le seguían con la misma corrupción. Vamos a terminar, acabar con la corrupción», señaló el tabasqueño.

AMLO reconoció que lo único que conocen sobre los presuntos desvíos de Sedesol es lo que se ha publicado en los medios; sostuvo que no es algo que suceda únicamente en esa dependencia, sino que hay muchos casos y dependencias en los que se cometen actos de corrupción.

«Se los dijo así de manera clara y va para todos: si nos metiéramos a eso, no nos alcanzarían las cárceles, ni las Islas Marías», esto en referencia a todos los escándalos que han involucrado a funcionarios de gobierno, a quienes se podría investigar.  Acusó que los medios de comunicación han callado durante muchos años el saqueo que los altos mandos han cometido en contra del país.

Dijo que los que saquean al país, son personajes que están todavía más arriba de Rosario Robles.

Adelantó que sí habrá procesos para investigar todas las irregularidades que se han ventilado en torno al gobierno federal, pero no venganza.

 

El Senado de la República estima presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el desvío de 700 millones de pesos en efectivo realizado en la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, señaló además que se creará una comisión especial para que investigue este caso que ha sido documentado por la Auditoria Superior de la Federación.

Asimismo, confirmó que llamarán a comparecer a Rosario Robles, actual titular de la Sedatu, para que explique estos desvíos realizados durante su administración en dichas dependencias.

Tras una investigación, La ASF detectó el desvío de 700 millones de pesos de la Sedatu y la Sedesol, los cuales fueron transferidos en efectivo a diez domicilios de empresas fantasma.

“Nos reservamos el derecho de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República para que con los elementos de la Auditoría se inicie una indagatoria. No puede mantenerse en una anecdótica mediática. No lo merece el pueblo de México”, dijo Monreal a medios de comunicación.

En el saqueo de más de 700 millones de pesos en efectivo a la Sedesol y la Sedatu, la empresa Servicios Empresariales Helte recibió en sus oficinas 493.6 millones de pesos en costales.

No obstante, quien figura como socio y administrador único de la empresa, Dionicio Domínguez H., trabaja como repartidor de gas desde hace 40 años, por lo que considera haber sido víctima de un robo de identidad.

De acuerdo con el periódico Reforma, Domínguez tiene un salario de 7 mil pesos mensuales más propinas, vive desde hace 20 años en una casa del Municipio de Tecamac, en el Estado de México, y asegura que no tiene ningún otro negocio, ni tiene relación alguna con el dinero que llegó a las oficinas de Helte, en Polanco.

Al igual que Helte, existen otras 75 “empresas” que sirvieron para dispersar los recursos que fueron desviados entre 2014 y 2016 de la Sedesol y de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, según informes de la Auditoría Superior de la Federación.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, rechazó las acusaciones que este martes se publicaron en su contra en un diario de circulación nacional por el presunto desvío de 700 millones de pesos, cuando estuvo al frente de Sedatu y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

«Con relación a mi persona no existe ninguna denuncia por parte de ninguna autoridad. Los servicios que se contrataron tanto por Sedesol como por Sedatu se hicieron al amparo del Artículo primero de la ley de adquisiciones que es totalmente legal», sostuvo en conferencia de prensa.

Explicó que las instancias competentes en verificar que los servicios contratados fueron recibidos, hasta ahora no han probado que eso no hubiera pasado.

«Soy las más interesada en que los Órganos competentes investiguen, seguimos hablando de auditorias que han pasado, que han ya sido superadas, y sin embargo, sin ninguna prueba, sin ningún elemento, sin ninguna posibilidad de vincular esto a mi persona se sigue mal informando y se sigue difamando».

Robles indicó estar a favor de que tal como lo han pedido algunos legisladores, el nuevo gobierno investigue los hechos de los que se le acusa, pues aseguró estar absolutamente tranquila y sin nada que temer, pues su «trabajo lo acredita, mis ingresos lo acreditan, mis bienes que son públicos lo acreditan».

Pidió que si alguien en Sedesol o en Sedatu hizo un mal uso de los recursos públicos, y si hay prueba de ellos, que se proceda conforme a ley, sin embargo dijo que son temas que no se solucionan en los medios, sino en las instancias legales correspondientes.

Lamentó que sin ninguna prueba se manche su nombre al vincularlo con supuestas irregularidades.

 

El senador Ricardo Monreal afirmó que el desvío de 700 millones de pesos imputados a Rosario Robles durante su gestión al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, son ‘la estafa maestra 2’.

«Esto es un escándalo, no es sino un reflejo de la descomposición, que refleja una profunda corrupción, es ‘la Estafa Maestra 2’, y que no debe quedar impune. Yo sí creo que el Senado y el Poder Legislativo deben actuar, porque aquí se pueden constituir comisiones de investigación», dijo el legislador previo al inicio del análisis en la Cámara Alta del Sexto Informe de Gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Monreal destacó que se tienen que emprender acciones en contra de la corrupción, toda vez que no se puede dejar pasar este caso solo «porque ya se van». Advirtió que se está al inicio de una nueva administración y que actos como este no se perdonarán en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el morenista señaló que «el manto de protección» a Robles Berlanga ha sido amplio y Enrique Peña Nieto debe deslindarse. En ese sentido, dijo que desde el Senado estarán citando a comparecer a varios secretarios con motivo del Sexto Informe de Gobierno.

En ese marco, adelantó que propondrá solicitar la comparecencia de la titular de Sedatu, Rosario Robles.

La Auditoría Superior de la Federación detectó un desfalco en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles por un monto de más de 700 millones de pesos.

De acuerdo con el periódico Reforma, el dinero asignado a esas secretarías fue triangulado en efectivo a través de empresas de valores como Tameme, Cometra y Panamericano, hacia diez domicilios.

Este desfalco, se suma al hallazgo de los contratos de servicios otorgados por las dependencias para beneficiar a 76 empresas, dado a conocer en febrero pasado, y donde participaron Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, entre otras instituciones.

Muchas de las direcciones de los domicilios a donde llegó el dinero son consultorios o casas abandonadas, así como negocios ajenos a los institutos gubernamentales o simplemente sitios que no existen.

Es el caso de Servicios Empresariales Helte, que cuenta con una oficina registrada en Sócrates 128-3 en Polanco. La investigación de Reforma comprobó que esta empresa nunca ha tenido domicilio en el edificio que ocupa ese número.

Según los registros, entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregó un total de 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Helte de Polanco donde en realidad hay un consultorio psicológico.

Otros de los domicilios son en realidad una casa-habitación abandonada, un consultorio de rehabilitación, un despacho de fiscalistas, una casa de cambio, una oficina de ADO y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

En el esquema del desfalco, la Radio y Televisión de Hidalgo fue el punto de partida de las transferencias de dinero, una vez que recibió los recursos directamente de Sedesol.

Esta repartición comenzó el 23 de mayo de 2014, dos meses después de que Desarrollo Social firmara un convenio de colaboración de prestación de servicios con RTH.

 

 

Con información de Reforma

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