El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, se presentó esta mañana en Palacio Nacional, para participar en la conferencia del presidente, en la que confirmó que hay 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por daños a Segalmex equivalentes a 9 mil 500 millones de pesos (mdp).

El funcionario informó que, con base en los resultados de diversas auditorías, en denuncias presentadas por servidores públicos, se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Función Pública, además de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El propósito del grupo de trabajo fue investigar, dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos y la falta de rendición de cuentas en Segalmex, Liconsa y Diconsa.

Salcedo Aquino detalló que la dependencia que encabeza tiene abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en Segalmex, y refirió que hay 38 denuncias presentadas ante la FGR por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, la SFP y la propia Fiscalía.

Afirmó que dichas denuncias están en etapa de investigación a pasos de ser judicializadas, y precisó que principalmente son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de que se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.

Dijo que a la fecha, un ex servidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 mdp de la institución sin respetar la normativa, aunque enfatizó que los recursos que ya fueron recuperados, en tanto los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.

Refirió que la SFP realizó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, en 2019, hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos, mientras que este año se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios.

Añadió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020, promovió diversas acciones a las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465.8 mdp.

En total, los montos observados por la SFP y por el órgano auditor superior suman alrededor de 9 mil 500 mdp, aunque dijo que esto no significa necesariamente que representen un daño patrimonial, debido a que se encuentran en proceso de aclaración, documentación o, en su caso, recuperación.

Respecto a la dictaminación de los estados financieros que realizan firmas de auditoría independientes, informó que se observó un incremento en las inconsistencias en el registro de las operaciones y casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores.

Ello ocasionó que en el caso de Liconsa, se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021; Diconsa obtuvo opiniones con salvedad en 2019 y con abstención en 2021, y Segalmex ha mantenido dictámenes con abstención.

Añadió que con motivo de las investigaciones se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas de las tres entidades de la República, sin descartar acciones legales y administrativas que resulten en su contra.

“La SFP actúa como coadyuvante en las indagatorias vigentes. Asimismo, acompaña, en coordinación con la SHCP, a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades, para atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras, y sentar así las bases para una gestión eficaz y honesta”, sostuvo Salcedo Aquino.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que los presuntos actos de corrupción en Segalmex se investigan bajo la política de cero impunidad.

“No hay impunidad para nadie ni para mis hijos ni para mi familia ni para nadie. El que cometa un delito y, sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí”, expresó.