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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que buscará la “vía legal” para que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad pública después de 2024, pese a su promesa de no hacerlo y que en la Constitución se establece que los militares deben volver a sus cuarteles dentro de dos años.

“Que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como la Defensa, que contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública”, respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

En 2019, el Congreso aprobó reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, que establecía un cuerpo de seguridad con mando civil, que sustituiría a la Policía Federal, además de que se incluyó un artículo transitorio que señala que los militares apoyaran en tareas públicas hasta 2024 mientras se consolidaba la corporación.

Sin embargo, ahora parece que la idea no le agrada a López Obrador y sostuvo pretende reformas para que la Guardia Nacional se traslade al Ejército y las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública pasado el tiempo estipulado.

Al reconocer que enfrenta el bloqueo de la oposición, dijo que lo ideal sería una reforma constitucional, por lo que analizan leyes secundarias que le permitan dichos cambios, tal y como sucedió con la reforma eléctrica,

“Una reforma constitucional eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscar la forma porque nos están bloqueando otra vez (en el Congreso), hay la intención de que no podamos hacer nada”, comento López Obrador al recordar la moratoria constitucional que la alianza Va por México anunció semanas atrás.

El mandatario argumentó que las leyes del país impedían a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad públicas porque estaban enfocadas en la seguridad del Estado y del territorio, por lo que cuando participaban en temas de seguridad lo hacían de “manera informal, violando la constitución”.

Sostuvo que, en la actualidad, garantizar la seguridad pública es lo más importante, ya que se agravó por la guerra que sexenios pasados declararon al narcotráfico, por lo que se tiene que evitar que la Guardia Nacional se corrompa.

“No quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que se corrompió”, expresó.

Enero cerró con 2,379 víctimas de homicidio doloso, lo que representa una media de 76.6 crímenes al día, según las cifras proporcionadas por el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo mexicano.

El número de homicidios dolosos en enero es superior a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado, cuando se registraron 2,376.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), enero de 2019 fue el más violento desde que se tiene registro, con 2,853 asesinatos.

Entre el viernes y el domingo, los tres últimos días de enero, se registraron un total de 226 asesinatos, principalmente en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Además, Estado de México figura en la lista de las entidades mexicanas más violentas durante el mes pasado,

El día de enero con más muertes violentas registradas fue el 23, con 98. De ellas, 16 se cometieron en Guanajuato y 14 en el Estado de México.

México superó las mil víctimas de homicidio doloso en los primeros 14 días de enero. A esa fecha, se habían confirmado 1,033 asesinatos, una cifra prácticamente igual a la registrada en los primeros 14 días de enero de 2020, cuando se contabilizaron 1,038 asesinatos.

Las cifras del conteo diario que realiza el gabinete de seguridad, presentan una subestimación del 15% con respecto a las del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) designó a Ricardo Mejía Berdeja como subsecretario de Seguridad Pública.

Según lo informado por el secretario, AMLO encomendó a Mejía Berdeja cumplir sus funciones con apego a la Constitución y articular esfuerzos con los tres niveles de gobierno en favor de la ciudadanía.

Mejía Berdeja se venía desempeñando como Jefe de la Oficina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que la dependencia resaltó que cuenta con una amplia experiencia en la administración pública en áreas de seguridad ciudadana, derechos humanos y combate a la corrupción.

El ahora subsecretario fue diputado federal en la LXII Legislatura y diputado local en los congresos de Coahuila y Guerrero, en este último presidió la Comisión de Seguridad Pública y la del caso Ayotzinapa.

Dentro de su trayectoria administrativa fungió como representante de Participación Social y Secretario Auxiliar del Director General de Participación Social y Orientación Legal en la Procuraduría General de la República.

Además fue asesor del Coordinador General de Protección Civil y Secretario Técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres en la Secretaría de Gobernación, y Coordinador de Análisis y Prospectiva en el Gobierno de Coahuila.

Durazo expuso que Ricardo Mejía tendrá atribuciones para participar en la implementación de políticas y programas de la dependencia, y quedará bajo su supervisión el funcionamiento de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica (que incluye Plataforma México).

Además de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada; y la Secretaría Técnica de las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario.

El presidente del Senado de la República, Martí Batres, llamó a todas las bancadas a respaldar la creación de la Guardia Nacional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y así garantizar seguridad y tranquilidad a los mexicanos.

Al inaugurar este lunes las audiencias públicas para analizar la reforma constitucional bajo el esquema de Parlamento Abierto, destacó que la conformación plena de dicha institución permitiría lo que se ha pedido desde diversos ámbitos de la sociedad: sacar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.

“Lejos de ser un instrumento de militarización sería un instrumento para la desmilitarización de la seguridad pública”, sostuvo.

El morenista afirmó que “es momento de tomar decisiones” en un tema prioritario para la ciudadanía; indicó que al país le urge tener seguridad y tranquilidad y por lo tanto necesita un cuerpo de seguridad prestigiado y respetado, con una jerarquía reconocida, que incorporé los valores del honor, del orgullo, de pertenencia, que inspiren confianza y sensación de protección.

Precisó que una vez articulada la Guardia Nacional, de los cerca de 300 mil elementos de las Fuerzas Armadas, sólo quedarían en labores de seguridad los cerca de 35 mil elementos de la Policía Militar y los dos mil elementos de la Policía Naval. Es decir, a penas un poco más del 10% de la fuerza del Ejército permanente.

Sobre las observaciones de que la presencia de militares en tareas de seguridad pública se traduce necesariamente en violación a derechos humanos o represiones, pidió no hacer juicios absolutos.

“De la mayoría, esperamos buenos oficios; de la oposición, disposición al acuerdo”, expresó Batres luego de destacar que la decisión que se tome y el legado en esta materia es responsabilidad de todos, lo mismo que coadyuvar en la seguridad de los ciudadanos.

Luego de que este viernes asumiera como gobernadora constitucional del estado de Puebla, Martha Erika Alonso informó que Jesús Rodríguez Almeida asumió como Secretario General de Gobierno.

Rodríguez Almeida fungió como secretario de Seguridad Pública en el gobierno capitalino del 2012 al 2014, esto durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.

Y fue justo a Mancera a quien sustituyó luego de que este renunciara a la Procuraduría General de Justicia de la capital.

Entre los nombramientos que Alonso Hidalgo hizo, aparecen Fernando Rosales Solís como Secretario de Seguridad Pública; Eduardo Homero Tovilla Lara como Secretario de Finanzas y Administración; Francisco Rodríguez Álvarez como Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y Aurelio Miguel Robles Bárcena al frente de la Secretaría de Educación Pública estatal.

Susana del Carmen Riestra Piña fue nombrada titular de la Secretaria de Desarrollo Social; Alejandro Cañedo Priesca de la Secretario de Cultura y Turismo; Vilma Cristina López Hernández como Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes; Luis Banck Serrato, Jefe de la Oficina del Ejecutivo y Jorge David Rosas Armijo como Secretario Particular.

La mandataria estatal dijo que la inseguridad es uno de los principales retos de la entidad, por lo que indicó que implementará una estrategia integral y eficaz contra la delincuencia, así como que reforzará el sistema de prevención de delito y procuración de justicia.
“Vamos a acabar con la impunidad, deteniendo a los criminales, castigando a los corruptos y premiando a quien hace bien su trabajo”, señaló la panista.

 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se detectó un total de mil 400 policías que custodiaban a personas que, por ley, no deberían disponer de dicho servicio

La mandatario local indicó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) se desempeñaban como escoltas de funcionarios, dependencias y empresas sin costo alguno, por lo que como parte de las acciones que su administración han emprendido para combatir la corrupción, se procedió a retirar dichos servicios.

La acción anunciada implicó el retiro de los elementos de la SSP, así como de los vehículos pertenecientes a la dependencia que se utilizaban para realizar dichas funciones.

“Se acabaron los privilegios y sobre todo no es justo que la ciudadanía no tenga esos policías en las calles y que de manera gratuita estuvieran cuidando a determinadas personas”, dijo Sheinbaum Pardo. Refirió que dichos servicios representaba un costo de 21 millones de pesos mensuales a la ciudad.

Explicó que los elementos regresarán a desempeñar funciones de seguridad pública, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, pues enfatizó, es a ellos a quienes deben de proteger.

Remató indicando que los servicios de escolta eran otorgados a criterio de quien fue secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, en la administración pasada. Denunció que incluso, en los últimos meses de su gestión, aumentaron dichas asignaciones.

 

El Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel De la Rosa Anaya, presentó su renuncia este jueves al Gobernador de la entidad, el panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

 

La información fue confirmada por el Director de Comunicación Social del estado, Raúl Reynoso, quien indicó que De la Rosa sale luego de 10 años en el cargo, y que dirigía la dependencia desde noviembre de 2007.

 

Reynoso anunció desde tempranas horas, que sería Gerardo Manuel Sosa quien llegaría a la Secretaría de Seguridad Pública. Horas más tarde el Gobernador tomó protesta a Sosa, a quien le encomendó “fortalecer el trabajo y la estrategia implementada para brindar seguridad a la ciudadanía, siempre en un esquema de coordinación de los tres órdenes de gobierno y de trabajo conjunto con la sociedad”.

 

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO