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Cerca de 28,000 unidades económicas relacionadas al turismo fueron afectadas por el paso del huracán Otis, que golpeó principalmente el puerto de Acapulco el pasado 25 de octubre, de las cuales, menos del 28% cuentan con un seguro.

De acuerdo con Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), en Guerrero existen 83,801 negocios relacionados al turismo, de estos un 43% están en Acapulco,.

Tejada comentó que de éstos, cerca de 36,000 negocios, entre 8,000 (un 22%) y 10,000 (28%) unidades económicas cuentan con un seguro.

“De 8,000 a 10,000 son los (negocios turísticos) asegurados, entonces pensamos que 26,000 empresas no tendrán ningún tipo de seguro y serán las que tendrán que buscar algún crédito o algún apoyo o de plano no volverán a abrir, que esperemos sea el menor número de empresas”, comentó.

Además, aseguró los trabajadores en Acapulco mantendrán sus ingresos, en gran parte por los grandes consorcios hoteleros y restauranteros, que dijo, son conscientes de la emergencia tras Otis y tiene fondos para hacer frente a este tipo de emergencias previo a su recuperación.

Sin embargo, no descartó que algunas micro, pequeñas y medianas empresas tengan que buscar apoyos por parte del Gobierno o algún crédito con instituciones financieras para solventar estas obligaciones laborales.

Según datos, las aseguradoras estiman que solo 16,000 inmuebles y 20,000 vehículos están asegurados, aunque el daño alcanzó a más del 90% de las viviendas y el 80% de los hoteles.

Según la calificadora Fitch Ratings, las pérdidas catastróficas ocasionadas por el huracán Otis se estiman en 16,000 millones de dólares, tanto económicas como aseguradas, cantidad que estimó insignificante.

En ese sentido, ayer el Gobierno federal estimó en 61,313 millones de pesos el costo para las reparaciones y apoyos sociales en Guerrero tras el impacto del huracán Otis, a poco más de una semana de su severo golpe.

Los reguladores de Nueva York enviaron un requerimiento al agente de seguros de la Organización Trump, una solicitud que surge días después de que el exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, le comentó al Congreso que el mandatario había engañado a las aseguradoras sobre el valor de sus bienes.

La intermediaria, Aon, comentó a The Associated Press que pretende cooperar con la investigación por parte del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, la agencia que regula a la industria de las aseguradoras.

Donna Mirandola, portavoz de la aseguradora, rechazó discutir los detalles del requerimiento. “No comentamos sobre cuestiones específicas de nuestros clientes”, escribió en un correo electrónico.

El Departamento de Servicios Financieros también se negó a comentar al respecto y por su parte, la Organización Trump, no contestó a mensajes en busca de comentarios.

La solicitud de documentos se produce en medio de una serie de investigaciones criminales, civiles y por parte del Congreso al presidente y sus negocios por varias agencias, incluidas dos comisiones de la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata.

El diario The New York Times, que fue el primero en reportar el requerimiento, dijo que la orden de nueve páginas buscó una amplia gama de registros, pero no alegó ningún delito específico. El periódico señaló que el requerimiento buscaba comunicaciones y registros sobre los negocios de Aon con Trump en los últimos 10 años y contratos y registros internos de Aon relacionados con el presidente.

Durante su testimonio ante la Comisión para la Supervisión de la Cámara de Representantes la semana pasada, Cohen presentó tres años de documentos financieros de Trump que, según dijo, mostraban que el mandatario inflaba el valor de sus bienes en parte para reducir las primas de los seguros.

Las fiscalías de California, Massachusetts, Kentucky y Connecticut anunciaron hoy una demanda conjunta por la decisión del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los subsidios a las aseguradoras de cobertura sanitaria amparados en Obamacare.

 

 

 

El fiscal californiano, Xavier Becerra, dijo en rueda de prensa que la acción presidencial anunciada este jueves es un “sabotaje, simple y llanamente” a la actual ley de salud de Estados Unidos, promulgada por su predecesor, Barack Obama, tras sucesivos fracasos republicanos para aprobar una nueva reforma en el Congreso.

 

Becerra dijo que esta decisión, que supone un gran revés para los mercados del sector, quita “dinero de los bolsillos de seis millonesde estadounidenses”.

 

El anuncio de la acción legal fue hecho conjuntamente con los fiscales generales de Kentucky, Andy Beshear; Massachusetts, Maura Healey y Connecticut, George Jepsen. “Para mí y para la gente de Kentucky esta acción no se relaciona con la ley de salud sino con la promesa de ayudar a las personas a que tengan su seguro de salud”, dijo Beshear.

 

Para Healey, la decisión presidencial no solo “trae caos al mercado de seguros sino que está saboteando la ley de salud”. La fiscal de Massachusetts dijo a los legisladores federales que este “es el momento de que el Congreso apruebe una ley que mejore esto”.

 

Jepsen afirmó que la medida afecta “a las familias trabajadoras” pues las tarifas de seguros subirán y que la decisión pretende “claramente desestabilizar y hacer que explote Obamacare”.

Becerra confía en que la acción legal obligue a suspender la decisión presidencial de manera que los subsidios federales a las compañías de seguros se sigan pagando como hasta ahora.

Los fiscales aseguraron que esperan que otros estados se unan a esta acción legal o presenten sus propias demandas.

 

El Presidente Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva que tiene como objetivo permitir que las asociaciones comerciales y otros grupos ofrezcan sus propios planes de salud, medida considerada como una expansión de las opciones de seguro más baratas, mismas que amenazan con desestabilizar los mercados de Obamacare.

En un acto en la Casa Blanca, Trump denunció el “desastre” y la “pesadilla” que ha supuesto Obamacare para los estadounidenses durante mucho tiempo. Pese a que la derogación y sustitución de Obamacare fue una de las promesas de campaña de Trump, hasta ahora los republicanos no han sido capaces de aprobar una nueva ley de salud en el Congreso pese a que tienen el control de ambas cámaras.

 

De acuerdo a la propuesta de la Casa Blanca, el decreto ordenaría a las agencias federales buscar las facilidades para que los ciudadanos puedan comprar un seguro de salud; además de que contemplaría la comprar pólizas a corto plazo, que no tienen que cumplir con las protecciones de Obamacare para aquellos con condiciones preexistentes.

 

Los cambios estarían entrando en vigor a más tardar en seis meses.

 

 

Con información de EFE y CNN / Foto: Archivo APO