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El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó un juicio ciudadano presentado para impugnar la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra de la desginación de Miguel Ángel Mancera como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores.

La queja fue presentada por una militante del partido, ya que indicó que Mancera Espinsa llegó al palacio legislativo de la mano de Acción Nacional, por lo cual había un conflicto con que ahora coordinara la bancada del partido del Sol Azteca.

Los magistrados decidieron que era inviable la pretensión de la quejosa de revocar la resolución intrapartidista, en la cual se determinó que, al no ser senadora, no tenía interés jurídico para impugnar la designación del coordinador parlamentario del PRD.

Señalaron que el fondo de la controversia se relaciona con la materia parlamentaria y no con una cuestión electoral, por lo cual no tenían competencia en el caso.

La Sala Superior concluyó que la designación del coordinador de un grupo parlamentario no trasciende más allá de la organización interna del Senado de la República, y sostuvo que dicho acto está sujeto ordinariamente al control político del partido en cuestión.

 

El grupo parlamentario de Morena en el Senado buscará que los magistrados en el Poder Judicial esten sujetos a la aprobación de evaluaciones de control de confianza, como el detector de mentiras.

Por lo que Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó en tribuna un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa parte de la base de que México vive una crisis de violencia y criminalidad, la cual no se podrá detener hasta erradicar la corrupción y la impunidad que la alimentan y fortalecen, por lo que Morena indica que es necesario establecer evaluaciones de control de confianza a quienes participen en los procesos de ingreso, permanencia y promoción en el Poder Judicial.

“La falta de controles de confianza efectivos sobre servidores públicos que se encargan de la prevención del delito y de la procuración e impartición de justicia, han contribuido de manera importante a condenar al fracaso los esfuerzos para construir un país más seguro y en paz. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad”, manifestó Monreal.

Como parte de su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el gobierno federal no puede reconocer, afirmar o suponer que hay una crisis nacional en materia de seguridad y derechos humanos.

Pese a su afirmación, el funcionario reconoció que el país sí enfrenta problemas y “retos formidables” en la materia tales como la impunidad y los ataques a la libertad de expresión.

“Suponer que México está en crisis, es menospreciar los esfuerzos de miles de mexicanos, de cientos de organizaciones, de un sistema que ha costado muchos lustros consolidar” en el combate a la inseguridad, afirmó el titular de la Segob.

El colaborador del presidente Peña Nieto afirmó que hoy se tiene un país con gobernabilidad democrática, con instituciones fuertes, con una imagen internacional sólida, con finanzas sanas y una economía estable.

Al abordar el tema relacionado al sistema de justicia y a la acción de las policías, el secretario de Gobernación reconoció que existe una debilidad institucional en la que 25% de los municipios carecen de policías y de armas, en tanto 50% de los homicidios violentos ocurren en sólo 57 municipios del país.

Señaló que los programas de protección y defensa de las garantías de las mujeres avanzaron durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto; sobre el trabajo del gobierno federal en materia de derechos humanos, Navarrete Prida refirió a la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se promulgaron en este sexenio. 

 

Con información de Notimex / Foto: Twitter

Luego de que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que él o sus compañeros donarían recursos para la organización de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por el plan de austeridad que implementaron, al llegar este martes a la sede legislativa abrió la posibilidad a que sí se hagan colaboraciones personales para este fin.

“Si la bancada lo decide, por supuesto. Ganamos 103 mil pesos, pagamos el 10% al partido por mes y si tenemos que hacer un mayor sacrificio lo vamos a hacer. No le quede ninguna duda a nadie, porque seremos muy solidarios con el movimiento, para lo que se necesite. Siempre estaremos muy atentos a lo que el movimiento nos indique”, afirmó Monreal a su llegada en bicicleta al recinto legislativo.

Apenas ayer, Monreal declaró que los legisladores no se harían cargo de financiar la consulta que decidirá si se mantiene el proyecto del aeropuerto en Texcoco o se habilita la base militar de Santa Lucía.

“Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el presidente electo y su equipo”, declaró Monreal.

La aseguradora MetLife erogó 400 millones de pesos por concepto del Seguro de Separación Individualizado de los 2,040 empleados del Senado que renunciaron o fueron despedidos.

De acuerdo con información obtenida por el periódico Excélsior, las personas que aún conservan la relación laboral no pueden retirar su dinero.

Esto se debe a las condiciones del contrato que establece que el recurso sólo puede ser entregado si el trabajador fallece, se incapacita totalmente, renuncia o es despedido.

Los empleados protestaron el viernes pasado para exigir el recurso ante la aplicación del plan de austeridad, que representó una pérdida de 75% de ingresos extraordinarios.

Tras una reunión con los ejecutivos de MetLife y autoridades del Senado, la aseguradora ofreció la posibilidad de retirar 50% del recurso en seis meses, luego de la firma de un convenio modificatorio del contrato.

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, compareció esta tarde ante el Senado de la República con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Al ser cuestionado sobre la situación que el país atraviesa en materia económica, Guajardo defendió que durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto los precios de diversos productos de la canasta básica se han mantenido sin aumentos en beneficio de los mexicanos.

Durante la ronda de preguntas y posicionamientos de los grupos parlamentarios, el senador Víctor Fuentes del PAN cuestionó al secretario que durante la presente administración el precio de la gasolina aumentó considerablemente, siendo que el ex presidente Felipe Calderón dejó el precio del litro en 12 pesos.

“En fin, aquí hay que medir, los pobres no comen gasolina, comen tortilla, leche y huevo”, respondió Guajardo.

Guajardo siguió con su respuesta al señalamiento argumentando que el pollo, en la administración del presidente Calderón subió 58%, mientras que en lo que va del presente sexenio sólo subió 19.9%.

Otro de los ejemplos que puso fue el precio de la tortilla, la cual dijo que en el sexenio anterior subió 66.2% y en el actual ha subido 17%. “Así nos la podemos seguir” advirtió el funcionario.

Guajardo advirtió que no era su estilo hacer ese tipo de comparaciones, aunque dijo “a veces es necesario, debido al tono de las participaciones. No es mi estilo el contraste de confrontar sexenios, todos debemos asumir nuestra responsabilidad como funcionarios públicos”.

En otros temas, el titular de Economía habló sobre la negociación para modernizar el acuerdo de libre comercio de América del Norte. Reconoció que el mayor reto profesional que el equipo negociador del Gobierno mexicano  fue realizar una negociación que empezaba en posiciones muy difíciles.

“Este acuerdo es claramente diferente al original, porque los derechos laborales, los ambientales y el capítulo anticorrupción le dan una calidad superior. El capítulo laboral garantiza que no es la aplicación extraterritorial de leyes laborales, sino el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales, y sujetos a sanciones comerciales en  caso de incumplimiento”, indicó el funcionario.

El Tratado Estados Unidos, México, Canadá (USMCA) es uno de los logros más importantes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que da un horizonte de tranquilidad a la economía mexicana, afirmó este martes el canciller Luis Videgaray.

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que México no negocia a través de redes sociales ni con aspavientos, sino a través de profesionales y técnicos especializados.

“Y hoy tenemos algunos resultados a la vista. El más importante de ellos es el Tratado Estados Unidos, México, Canadá, que sustituirá, si así lo decide este Senado, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es sin duda un logro importante que hoy da un horizonte de tranquilidad a la economía mexicana y a los trabajadores, y a las familias de México”, aseveró.

De acuerdo con Videgaray Caso, éste es un camino que no está completo, sino que es un trabajo que apenas empieza, ya que corresponderá al Senado de México tener la última palabra respecto a este instrumento.

“Y asimismo, persisten con el gobierno de Estados Unidos diferencias importantes, diferencias algunas que son irreconciliables, pero, insisto, México hoy tiene la certeza de que actuando como país soberano, apegado a los que marca nuestra constitución y con certeza sobre nuestros objetivos y límites siempre el interés de México salta avante”, afirmó Videgaray.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, propuso una lista de nueve temas para que se incorporen a la Agenda Legislativa de este periodo ordinario de sesiones, los cuales dijo representan demandas sociales urgentes, prioridades de los grupos parlamentarios o propuestas del gobierno electo.

Entre los temas que propuso figuran la eliminación del fuero, la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos colegiados del Estado, seguridad social para parejas del mismo sexo, así como la  obligación del Estado a impartir educación superior.

Además, de la extinción de dominio en casos de corrupción, la reorganización de la Administración Pública federal, la legislación secundaria en materia laboral, el nuevo catálogo de delitos graves y la concreción de la Fiscalía General de la República.

Batres consideró que estos puntos cuentan con “un alto grado de consenso” entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Senado, la sociedad mexicana y entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, por lo que la lista fue enviada a la Junta de Coordinación Política,para que se de paso a un acuerdo de Agenda Legislativa de consenso entre las diversas fuerzas políticas.

 

Este sábado, el Senado de Estados Unidos confirmó por una estrecha mayoría republicana al juez conservador Brett Kavanaugh como nuevo miembro vitalicio del Tribunal Supremo en medio de una descomunal polémica por las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el magistrado.

El juez salió adelante con el apoyo de 50 senadores y el rechazo de 48 entre gritos de personas que se apostaron afuera del Capitolio para protestar en contra de la designación.

El nombramiento de Kavanaugh culmina el giro a la derecha de la más alta instancia judicial estadounidense, crucial para la sociedad por sentencias como la del aborto o el matrimonio homosexual.

El proceso de confirmación de Kavanaugh, un juez federal de apelaciones de Washington de 53 años, había proseguido su curso normal hasta el 13 de septiembre, cuando la senadora demócrata Dianne Feinstein anunció que había trasladado al FBI “información” sobre Kavanaugh.

A la mañana siguiente,The New Yorker publicó que la información consistía en el relato de una mujer que aseguraba que el nominado por Donald Trump al Supremo la había intentado violar más de tres décadas atrás. Luego de esto, al menos dos mujeres más, se sumaron acusando a Kavanaugh de abusos de mayor o menor gravedad, supuestamente ocurridos en su época de estudiante de Derecho en Yale.

Cientos de personas se dieron cita en Washington para protestar ante la probable confirmación de Brett Kavanaugh, el juez elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Tribunal Supremo, en medio de la polémica generada por presuntos abusos sexuales cometidos por el magistrado hace décadas.

Los manifestantes se congregaron desde primera hora de la mañana de este sábado en los sitios aledaños al Capitolio, donde esta tarde el Senado estadounidense decidirá si confirma o no la candidatura de Kavanaugh, acusado en las últimas semanas de haber abusado sexualmente de cuando menos tres mujeres.

Otro numeroso grupo se concentró enfrente de la sede del Tribunal Supremo estadounidense, situado a una calle del edificio parlamentario.

Las cerca de 500 personas que se congregaron en estos emblemáticos edificios para quejarse por la probable confirmación del magistrado portaban pancartas con mensajes como: “Kavanaugh no está en condiciones de servir” o “Creemos a las supervivientes”, en referencia a las presuntas víctimas del juez.

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes por un estrecho margen avanzar a una votación final la nominación del candidato de Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, quien enfrenta acusaciones de agresiones sexuales.

La cámara alta votó a favor por 51 a 49, con una senadora republicana, Lisa Murkowski, oponiéndose y el demócrata Joe Manchin dando su aprobación, en este procedimiento preliminar que solo da una idea sobre el voto final que debería realizarse el sábado.

Con esta votación, el Senado tendrá  30 horas de debate parlamentario antes del voto definitivo.

Sin embargo, una de las senadoras indecisas, la republicana de Maine Susan Collins anunció poco antes del voto que dará a conocer su decisión final por la tarde de este viernes.

Bajo las reglas del Senado es posible que un legislador vote a favor al cierre de debate, pero vote en contra del nominado en el voto final, o viceversa.

 

Con información de Agencias / Foto: Archivo APO

El plan de austeridad en el Senado ya ha generado la renuncia de alrededor de 700 empleados, cuyos finiquitos entregados suman 650 millones de pesos.

Esta cifra representa 50.4 millones de pesos más a los 599.6 millones que se estimaba ahorrar en este periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con información del periódico Excélsior, la renuncia de los trabajadores se dio por la aplicación de las medidas de austeridad en la Cámara, pues eso implicó que se les retirara el bono de productividad y el bono extra de aguinaldo, así como vales de despensa, lugares de estacionamiento, seguros de vida y el seguro de separación individualizado.

Según los informes, una de las prioridades de los empleados que renunciaron fue la finalización de su seguro de separación individualizado, en donde tenían ahorros superiores al millón de pesos. Ese dinero sólo se puede recuperar cuando los trabajadores se jubilan, renuncian o mueren.

 

 

Con información de Excélsior

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores presentó una propuesta para modificar el artículo 108, con la que buscan que el Presidente de la República pueda ser sujeto a responsabilidad penal por delitos electorales, de corrupción y contra la humanidad.

Salomón Jara Cruz, vocero de la fracción de Morena, indicó que es necesario que la figura presidencial ya no sea una persona con derecho a inmunidad, como ha sucedido en los últimos años.

El senador indicó que hoy nuestro país ha iniciado una nueva época de cambio político, en donde se están impulsando acciones legislativas que transparenten y permitan que en México no haya ningún tipo de inmunidades ni privilegios.

La propuesta que presentaron tiene como objetivo que el titular del Ejecutivo en funciones sea sometido a proceso cuando incurra en actos de corrupción o cuando la autoridad competente compruebe su participación en algún tipo de delito electoral vigente, lo que comúnmente se conoce como fraude electoral.

“El fraude electoral, en el caso de México, ha sido una práctica común, a lo largo de la historia, en la que los titulares del Poder Ejecutivo se inmiscuyen en asuntos electorales, especialmente cuando se trata de una contienda para renovar la Presidencia de la República; sólo recordemos el caso cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución y la Ley Electoral al haber realizado propaganda gubernamental durante el periodo de veda”, señaló el legislador.

Jara Cruz añadió que su propuesta también trata de incorporar otros supuestos, como la responsabilidad penal por la comisión de algún delito contra la humanidad.