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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra «los que resulten responsables» de dañar a la Hacienda Pública por contratos «fraudulentos» entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

«Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación», dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

«Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas», insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

«Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria», dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España «por qué están actuando así».  Aun así, adelantó que va «a defender el interés público» ante la Corte, aunque «lleve tiempo», pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

«Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?», remató.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la política de la Secretaría de Energía (Sener) que limita la producción eléctrica renovable de los privados.

En lo que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la semana pasada presentó una controversia constitucional.

El efecto es «que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo», indica este lunes la lista de notificaciones de la SCJN.

Esta es la primera vez que la Suprema Corte reacciona a la política de la Sener.

En el último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido el acuerdo y el del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Con el argumento de garantizar la «confiabilidad» y «estabilidad» del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas «intermitentes» para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Cofece impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

En particular, la Cofece consideró que es «contraria» a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.

La SCJN admitió a trámite el recurso de la Cofece el jueves pasado, aunque lo notificó de manera pública este lunes.
«La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente», explica la notificación.

Tras conocer la decisión, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió que el «Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético» en México.

«El Gobierno de México es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del SEN», publicó Nahle en sus redes sociales.

La SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de la Sener.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó este miércoles que el  proyecto para la construcción de una planta energética en el municipio de Tuxpan se mantendrá y será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien licitará su construcción.

El anuncio de García llega luego de que Iberdrola informara su decisión de cancelar la inversión de 1,200 millones de dólares en un proyecto de 1,204 megavatios y que habría supuesto la creación de 2,000 empleos.

«Desde acá por Tempoal me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle,  secretaria de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan  se mantiene, pero que es de la CFE y la empresa del Estado licitará  su construcción, donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de  trabajar», dijo el gobernador en sus redes sociales.

Hace una semana López Obrador calificó de «saqueo» la acción de las  compañías españolas del sector mexicano en los últimos años,  acusando que mantenían precios «elevadísimos» en la energía eléctrica. Específicamente se lanzó contra Iberdrola.

Criticó que la empresa haya decidido contratar a la exsecretaria de Energía Georgina Kessel y al expresidente Felipe Calderón.

Recordemos que hace un año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reiteró ante el gobierno federal los planes de la compañía para invertir hasta 5,000 millones de dólares durante los próximo años.

La construcción de la planta debía comenzar este 1 de agosto, pero tras casi un año sin poder cerrar un acuerdo con la CFE para el suministro de gas, la empresa habría comunicado el alcalde de Tuxpan la suspensión de la obra.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este lunes que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), emitida por la Secretaría de Energía, al considerar que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución.

La COFECE consideró que la Política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

«El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia (…) la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica», dijo la COFECE este lunes a través de un comunicado.

La Comisión dijo que se incide de manera grave y trascendente su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.

Precisó que solicita a la Suprema Corte pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado.

Finalmente indicó que si bien reconoce que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no sucede con la Política impugnada.

La Secretaría de Energía (Sener), que encabeza Rocío Nahle, aseguró que “combatirá” de decisión de un juez de suspender el acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que días atrás había publicado.

Y aunque dijo que el gobierno federal respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos, adelantó que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de dicho acuerdo.
“La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la dependencia. “La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado”.
Afirmó que la Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa.
Señaló que la realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que dijo que la Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece.
«Ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos», dijo la Sener.

Recordemos que las nuevas disposiciones llevaron a Canadá y la Unión Europea a plantear formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su preocupación a través de cartas diplomáticas. Además, los principales grupos empresariales argumentan que las normas golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable.

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar «un trato justo» para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

Un juez federal otorgó este lunes siete suspensiones definitivas a igual número de empresas que pidieron frenar el acuerdo del gobierno federal, publicado por la Secretaría de Energía (Sener) que impide la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables.

El juez Rodrigo de la Peza, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, aprobó dichas suspensiones.

Las resoluciones frenan por «tiempo indefinido» la entrada en vigor del acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la decisión del juez, el gobierno puede impugnar las suspensiones definitivas, pero el fallo puede tardar meses, mientras que la medida estará vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovieron las empresas y por lo tanto el acuerdo no se podrá aplicar.

El pasado martes, las empresas energéticas presentaron recursos de amparo ante este juzgado contra el polémico acuerdo del Cenace, gestor público del sistema eléctrico, que obliga a frenar la puesta en marcha de centrales solares y eólicas.

Entre los demandantes están la empresa española FV Mexsolar XI, que construye un parque solar en el estado de Veracruz, y la mexicana Dolores Wind.

El juez tiene en trámite más de 20 amparos y se prevé que mantenga el mismo criterio.

Se apuntó que las resoluciones solo aplican a las empresas a las que se le concedió la suspensión definitiva y no sirven para anular el polémico acuerdo que a finales de abril obligó a frenar «las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación comercial».

Hace una semana, cuando otorgó las suspensiones provisionales, el juez señaló que el acuerdo de Cenace «representa un retroceso en la transición energética del país», además de que vulneraba los derechos a la libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano.

Tras publicarse el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema
Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia del COVID-19, Canadá y la Unión Europea enviaron sendas cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expresando sus reservas.

Dicha medida afectará proyectos eléctricos en 18 estados con una inversión total de más de 30,000 millones de dólares, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Además, peligran 44 proyectos en construcción con más de 6,400 millones de dólares de inversión, denunciaron la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Además de dicho acuerdo, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la cual estableció una limitación sin fecha a las energías renovables, ya que por su intermitencia «exponen a daños financieros al SEN, así como a los usuarios finales».

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió estos acuerdos para favorecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a «la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales» y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas «en tanto no afecten a la confiabilidad» del sistema energético. La notificación también establece que «deberá otorgarse la licencia correspondiente» a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para «un futuro inmediato».

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

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Al presidente no le gustan ni las energías limpias ni las inversiones privadas. Las primeras quizás porque no las entiende, las segundas porque ve cualquier inversión privada como la mano del cerdo capitalista que abusa del pueblo y se enriquece a su costado.

Por ello hemos visto como su gobierno ha cometido tres atropellos concretos, tres strikes, en contra de las energías limpias y la inversión privada en el sector que, por el momento, las tiene ponchadas.

STRIKE 1: Resolución que modificó los términos para la estricta separación legal de la CFE que se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016. Con esta separación legal se lograba dividir subsidiarias y filiales de la CFE para que financieramente se supiera en donde tenía pérdidas, en donde utilidades y pudiera participar en el mercado en igualdad de circunstancias. En marzo del 2019 se modifican estos términos y así la CFE, bajo la batuta de Manuel Bartlett, puede auto regularse, ósea, hace opaco en donde hay pérdidas; en donde ganancias y permite manipular los precios del recientemente creado mercado eléctrico mayorista.

STRIKE 2: Facilitar a la CFE que su generación hidroeléctrica y nuclear obtuvieran CELs (Certificados de Energía Limpia) a pesar de no ser inversiones nuevas. En octubre del 2019, la SENER publicó reglas para que las hidroeléctricas y centrales nucleares de la CFE obtuvieran CELs aun sin ser inversiones nuevas. Los CELs fueron hechos para impulsar inversión en nuevas centrales limpias y así asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en cuanto a reducción de emisiones, bajando y estabilizando el precio de la energía eléctrica en el largo plazo. La necesidad de generar certificados les dio un valor de mercado. Al hacer el cambio la SENER, desvirtuó el propósito de estos certificados y los devaluó en beneficio de la CFE y en perjuicio de los inversionistas.

STRIKE 3: Cambios regulatorios al uso de energías.

Éste último strike que ocurrió el viernes pasado ponchó la posibilidad de que en México se utilicen las energías más limpias y de mejor precio en el mercado de un plumazo. Es un cambio que primero es ilegal, porque no cuenta con la revisión y visto bueno de la COFECE ni de la COFEMER.

En segundo lugar, es un documento que se soporta en una enorme mentira. SENER y CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) argumentan que las empresas de energía solar y eólica generan energía de manera intermitente y por ello hay alteraciones en la red de suministro, lo que genera inestabilidad. Esto es una enorme mentira porque las empresas que obtienen su contrato de interconexión para proveer energía al Sistema Eléctrico Nacional lo reciben una vez que el CENACE se los otorga habiendo cumplido con tres estudios que demuestran que han invertido en equipo de protección a la red que hacen que la corriente sea asíncrona, lo que elimina estas oscilaciones.

Es además una manipulación del mercado que, en lugar de favorecer primero a las energías más baratas y limpias como suministro para el sistema eléctrico nacional en beneficio de los usuarios finales, como son la eólica y la solar, da prioridad a la más cara y sucia, que es el combustóleo que le suministra Pemex a la CFE para que sean sus centrales las primeras en ser despachadas, no importando si utilizan insumos caros y sucios.

Por último, es la forma más clara en que México como país está decidiendo incumplir con sus compromisos ambientales pactados y firmados, como el Acuerdo Climático de Paris. En las refinerías en donde se produce combustóleo, un residuo de la refinación de petróleo que contiene más de 4% de azufre, que cuando es quemado para generar energía se ha documentado un impacto en la salud de los habitantes que viven en sus alrededores.

Y por si fuera poco, en este tercer strike el gobierno quizás no se ha dado cuenta (o si sí, no le importa) que se está dando un balazo en el pie porque varias de las empresas que han invertido en energías renovables tienen créditos con la Banca de Desarrollo. Si estas empresas quiebran, no le van a pagar a Banobras; Nafin, etc.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, solicitó el reemplazo inmediato del gabinete energético del gobierno federal, encabezado por la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, y los directores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Octavio Romero Oropeza y Manuel Bartlett Díaz, respectivamente.

A nombre de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks indicó que el reemplazo de los funcionarios es necesario “ante la incompetencia, el manejo ideológico y tratar de rescatar por decreto a Pemex y CFE de sus muy serios problemas económicos”.

Los panistas calificaron el acuerdo de la Sener por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, como “la primera auténtica estatización” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dado que frena la inversión privada en energías limpias o renovables.

El diputado panista indicó que más allá de la cadena de irregularidades para la entrada en vigor de la medida, una de las más graves y directas afectaciones sobre la población mexicana es el desplazamiento de la generación limpia de electricidad para regresarnos al carbón y el combustóleo, altamente contaminantes”.

Afirmó que “una vez más se vuelve a atropellar el Estado de derecho y la certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que enfrentan la incongruencia de que todo lo que acuerdan en un contrato se puede venir abajo de la noche a la mañana».

Acusaron que por si fueran suficientes los casos del aeropuerto de Texcoco y de la cervecera Constellation Brands, ahora se elimina la posibilidad de instalar plantas de energía limpia como la eólica y la solar, que resultan más baratas y sin impacto al medio ambiente.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el pasado viernes, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.

Acusó que con dicho acuerdo, la Secretaría de Energía (SENER) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.

Explicó que dicho Acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, por lo que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de $30,000 millones de dólares.

Señaló que pese a la oposición de representaciones diplomáticas y participantes de la industria, el acuerdo atenta contra los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional; además de que no sólo discrimina a las energías renovables, sino también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

«Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía».

Adelantó que agotará los recursos jurídicos, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el acuerdo de la Secretaría de Energía ahuyentará importantes inversiones en el país, además de que desatiende las obligaciones adquiridas por México en diversos acuerdos comerciales con la Unión Europea y Norteamérica, y de forma específica, el T-MEC.

Acusó al gobierno federal, de permitir a través de la SENER, de cambiar de forma repentina las Reglas del Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron millonarias inversiones, a partir de que entro en vigor en 2014, la Reforma Energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias.

«Desde el sector privado, exhortamos a la SENER y la CONAMER para que en los términos de la legislación aplicable, suspendan los efectos del Acuerdo, y se de seguimiento a la consulta pública, para que los interesados en el sector tengan la oportunidad de retroalimentar y reorientar la norma, en beneficio del mercado eléctrico y la competitividad del País».

Como ha venido sucediendo desde la expedición del  Decreto Legislativo en 2002, que establece el horario estacional, este domingo 5 de abril inicia el Horario de Verano, que consiste en adelantar una hora los relojes.

La recomendación de las autoridades es que el sábado, antes de ir a dormir, se adelante una hora los relojes, con el fin de que el domingo se despierte con el nuevo horario.

El cambio de horario entrará en vigor en todo el país a excepción de los estados de Sonora y Quintana Roo, así como los 33 municipios de la franja fronteriza norte los cuales son: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo en Coahuila; Anáhuac y Los Aldama en Nuevo León; Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso en Tamaulipas.

El horario de verano se dará en el marco de la contingencia sanitaria que se vive en el país con motivo de la pandemia del Covid-19.

Recordemos que la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al tema del horario de verano, al ser cuestionado sobre su intención de mantenerlo o echarlo para atrás, pues en repetidas ocasiones ha calificado dicha modificación como de corte neoliberal y tecnocrático.

Indicó que no se iba a modificar nada hasta que no se tuviera el dictamen técnico que solicitó a la Secretaría de Energía, para verificar si el cambio de horario significaba ahorros significativos.

«Vamos a actuar así, con apego a lo que nos digan los técnicos, los especialistas, pronto vamos a dar a conocer aquí ese resultado», indicó.

Sin embargo, la Secretaría de Energía confirmó el inicio del horario de verano, sin que mencionara el dictamen que realizó y los resultados obtenidos.

Sobre el cambio de horario, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) adelantará una hora todos los relojes en sus pantallas de información de vuelos en punto de las 02:00 horas.

«El ajuste se hará en las 397 pantallas (252 en Terminal 1 y 145 en Terminal 2) que publican información de vuelos y se ubican en los pasillos de llegadas y salidas de pasajeros, tanto del área nacional como internacional, conocidos como ambulatorios; en salas de última espera y espacios comerciales. Es importante señalar que las aerolíneas nacionales y extranjeras reprogramaron con anticipación sus itinerarios de vuelo, de acuerdo con el nuevo horario e informarán a sus pasajeros del cambio», dijo la SCT.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, aseguró que la rehabilitación de las seis refinerías del país estará al 100% en 2020; informó que las que tienen mayor avance son las de Oaxaca y Tamaulipas.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la funcionaria presentó una gráfica sobre las tareas de mejora, y señaló que hasta el momento las de mayor avance, 72%, son las de Salina Cruz, Oaxaca, y Francisco I. Madero, Tamaulipas.

Agregó que con 71% de avance está la de Salamanca, Guanajuato; mientras que la de Minatitlán, Veracruz, registra 52%, y la de Cadereyta, Nuevo León, 48%. Nahlé García reconoció que la más atrasada es la de Tula, Hidalgo, que lleva una rehabilitación de 37%.

«Cuando llegamos prácticamente las refinerías no tenían mantenimiento, estaban muy descuidadas; los almacenes los encontramos vacíos, se ha hecho un gran esfuerzo por parte los trabajadores de la dirección de Petróleos Mexicanos», expuso.

La funcionaria federal sostuvo que a pesar de que el mantenimiento para las refinerías debía ser anual, sólo se les daba atención cuando había una emergencia.

«El presidente (López Obrador) nos recomendó muchísimo que nos apoyáramos en los jubilados, quienes pasaron toda su vida en la refinería», comentó la titular de la Sener, esto al decir, que entre los encargados de volver a poner en funcionamiento las refinerías está el ingeniero Juan Manuel Rocha, que tiene 33 años de experiencia en el ramo, además de que colaboran trabajadores petroleros jubilados.

Afirmó que «hay un grupo de jubilados, entre cuatro y cinco, que tienen una experiencia muy grande que están ayudándole a los gerentes que actualmente están en las refinerías.

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, se reunió este jueves con el empresario Carlos Slim.

“Hoy recibimos en la Secretaría de Energía al empresario Carlos Slim. Una reunión muy productiva y técnica con visión de la política energética diseñada en el Gobierno de México. La coincidencia total en producir y construir en el sector para generar valor agregado”, escribió Nahle en su cuenta de Twitter.

La funcionaria no dio más detalles de la reunión y hasta ahora la oficina de prensa de la Sener no ha brindado más información al respecto.

Esta es la segunda reunión que se hace pública entre el empresario y funcionarios del Gobierno federal, después de que el martes pasado asistió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Slim fue uno de los empresarios relacionados en la negociación de los siete gasoductos por los que en julio se dio inicio a un proceso de arbitraje internacional. Su compañía Carso Energy actualmente construye el gasoducto Samalayuca- Sásabe.

Según el presidente López Obrador, el empresario fue el primero en llegar a un acuerdo sobre dicho tema con la Comisión Federal de Electricidad.

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, asistió esta mañana a la conferencia matutina de la Presidencia de la República, para informar sobre el avance del proyecto de construcción de la nueva refinería de Pemex que estará en Paraíso, en Dos Bocas, Tabasco.

Destacó que la ubicación de la nueva refinería se decidió al considerar la cercanía de almacenamiento y distribución del crudo, pues ahí es donde llega más de un millón de barriles de petróleo al día. Indicó que Dos Bocas tiene una cercanía con los sistemas de distribución de los productos, por lo que no se requerirá desarrollar infraestructura externa para enviar productos hacia el Valle de México.

Otro aspecto que se consideró es que el terreno donde se construirá la refinería es propiedad de Pemex, es propiedad federal, por lo que no se desembolsó un solo peso para su adquisición.

Nahle dijo que con la refinería se va a contribuir a la recuperación de la autosuficiencia energética, y se va a garantizar el abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable.

«Vamos a detonar el desarrollo económico en el sureste de México, vamos a contar con combustibles limpios, más limpios al producir gasolinas y diésel de ultrabajo azufre, que es la nueva norma internacional; y, por supuesto, también va a haber un impacto positivo en la industria y la sociedad mexicana debido al incremento de empleos e infraestructura, todo esto conlleva una nueva infraestructura de este tamaño», sostuvo la funcionaria.

Explicó que el proyecto se está desarrollando en tres etapas, actualmente se trabaja en la preparación del sitio que es de más de 500 hectáreas: mejoramiento de suelos, terracería, la residencia de obra, el despalme, el desmonte y la construcción.

Detalló que la refinería va a tener 17 plantas de proceso, va a tener almacenamiento y la integración de servicios auxiliares. En ese sentido dijo que el tiempo mínimo de vida útil de la refinería será de 20 años y se va a producir gasolina, diésel, propileno, gas licuado, coque y azufre.

Reiteró que los recursos totales requeridos para la construcción de la refinería serán de un máximo de 8 mil 134 millones de dólares, de ellos, 4 mil 587 serán para la construcción de las plantas, 2 mil 191 para servicios auxiliares y mil 300 de acondicionamiento y planificación.

Precisó que al mismo tiempo que se está acondicionando el sitio, se está haciendo la ingeniería de detalles, la ingeniería de construcción, además de que los paquetes ya se licitaron. Dijo que en cada licitación participaron el menos tres empresas.

Informó que el proceso de construcción comenzará el próximo 1 de agoto, pues las empresas tienen que empezar a hacer la ingeniería de detalle, que enfatizó, es trabajo de escritorio, no un trabajo que requieran ir al predio en donde se está acondicionando la refinería.

En ese sentido dijo que para el acondicionamiento del sitio, el Manifiesto de Impacto Ambiental ya está probado desde hace tiempo.

Sobre el resto de los estudios que la ley señala para poder iniciar con la construcción, específicamente el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que debe expedir la Semarnat, Nahle señaló que han cumplido con el 100% de los requisitos.

«Se entregaron más de cinco mil hojas de estudio de MIA, todos los estudios que solicita lo que es una Manifestación de Impacto Ambiental para esta obra, todo se entregó, mecánica de suelos, sismología, todos los estudios que se tuvieron que realizar están entregados. Nosotros no le vemos ningún problema y estamos dándole tiempo a que la Semarnat, la ASEA, hagan la propia evaluación», precisó.

Remató indicando que la Semarnat ya están en evaluación y como fecha límite para entregar los resultados tiene a más tardar el 12 de agosto.

La tarde de este viernes, la Secretaría de Energía dio a conocer a las seis compañías que fueron las ganadoras de los paquetes que conforman la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

El consorcio formado por las compañías, Fluor Enterprises e ICA Fluor se adjudicaron el paquete 1 de la refinería, que consiste en la planta combinada y coquizadora de productos.

Los paquetes 2 y 3 a Samsung Engineering y Asociados Constructores DBNR.

El segundo contiene la edificación de plantas hidrodesulfuradoras de diésel; las hidrodesulfuradoras de gasóleos y naftas.

El tercero abarca la planta de desintegración catalítica, la recuperadora de azufre y la productora de hidrógeno.

Los paquetes 4 y 6 fueron otorgados a Kellogg Brown and Root en conjunto con Constructora Hostotipaquillo.

En este caso, el cuarto se trata de la planta generadora de gases y las plantas regeneradoras de aminas, entre otras cosas. El sexto está formado por los servicios de integración, edificios y la urbanización interna.

El quinto paquete solo toma en cuenta lo referente al almacenamiento y manejo de producto. Según un comunicado de la dependencia federal, la contratación de esta sección iniciará a principios de 2020.

La Sener invitó inicialmente a siete empresas para competir por la construcción, pero la firma Bechtel decidió abandonar el proceso de licitación.

De las siete empresas, solo una es mexicana: ICA Fluor. Tres de estas son de origen estadounidense, y de Italia, Escocia y Corea.