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El exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, condenado a principios de este año en Estados Unidos por haber aceptado millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, está buscando un nuevo juicio, argumentando que ha encontrado pruebas de que testigos clave mintieron.

Los abogados del exfuncionario mexicano, quien de 2006 a 2012 encabezó la lucha contra los cárteles de la droga, dijeron en un expediente judicial este viernes que también habían encontrado evidencia de que los testigos que cooperaron con los fiscales se habían comunicado inadecuadamente entre sí antes del juicio.

“El señor García Luna fue declarado culpable de cargos de los que es inocente”, escribieron sus abogados en un memorando presentado ante el tribunal federal de Brooklyn, donde se celebró el juicio a inicios de año. “Dejar que se mantenga el veredicto sería una injusticia manifiesta”, agregaron.

Los fiscales deben responder a la petición de la defensa de García Luna, antes de que el juez de distrito Brian Cogan decida en última instancia si ordena o no un nuevo juicio. Todo indica que solicitarán que se desestime la solicitud y se mantenga el proceso que ya se llevó a cabo.

García Luna, de 55 años, es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango jamás acusado de vínculos con el narcotráfico.

Fue condenado por cinco cargos criminales después de que los fiscales dijeran que aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa, liderado en el pasado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de protección, paso seguro para cargamentos de cocaína y avisos sobre próximas operaciones policiales.

García trabajó estrechamente con las agencias de inteligencia y antinarcóticos de Estados Unidos como parte de la ofensiva del expresidente Calderón contra los cárteles.

Los abogados defensores también dijeron que los fiscales no entregaron pruebas que demuestren que la DEA, la CIA y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos realizaron verificaciones de antecedentes de García ni de los servicios de seguridad con los que trabajó mientras estuvo en el cargo.

El juez deberá resolver antes del 1 de marzo si concede el nuevo juicio o no, fecha en que se tiene programado el dictado de sentencia.

En acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó las fechas de inicio y conclusión del periodo de precampañas para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.

El acuerdo, aprobado por mayoría de votos, indica que, con la determinación del inicio y conclusión de las precampañas, considerando el límite máximo establecido en la Constitución y la Ley (60 días), se maximiza la protección de los derechos de los partidos políticos nacionales y, en su caso, coaliciones.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, añadió que, si bien se trata de una situación compleja, implicará mayor compromiso institucional para salir adelante y cumplir con las actividades de fiscalización en tiempo y forma.

“Estamos ante un cumplimiento de sentencia que nos hace tener exigencias diferentes. Sí, tendremos y vamos a encontrar el camino para darle respuesta y cumplir con la calidad que debemos con estos procesos de fiscalización”, garantizó.

Con el nuevo calendario aprobado, las precampañas se celebrarán del próximo 20 de noviembre al 18 de enero de 2024. A la par, hubo otras fechas que se definieron y que quedaron de la siguiente forma:

La fiscalización fue una de las cuestiones que los consejeros electorales alertaron podría verse afectado al modificar el calendario.

Advirtieron sobre el riesgo que implica la reducción de los plazos para la fiscalización del periodo de precampaña, ya que podría restar equidad y certeza no sólo a la labor de la Unidad Técnica de Fiscalización sino, incluso, pondría en riesgo el registro de candidaturas.

Ante este situación, el pleno aprobó la inclusión de un resolutivo que establece  que en caso de que la Unidad Técnica de Fiscalización advierta cuestiones técnicas que le impidan dar cumplimiento al calendario de fiscalización de los informes de ingreso y gastos de precampaña, deberá informarlo inmediatamente a la Comisión de Fiscalización.

Será esta Comisión la que podrá proponer al Consejo General modificar el calendario, a efecto de que se desarrollen adecuadamente las etapas del proceso de fiscalización.

Recordemos que el INE había definido el 5 de noviembre como inicio de las precampañas, fecha a partir de la cual se contabilizarían los 60 días del proceso que la Ley marca.

Sin embargo, la Sala Superior de la TEPJF ordenó modificar los plazos de inicio y fin de las precampañas debido a que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el arranque debía ser la tercera semana de noviembre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este viernes un indulto, si procede, para Roxana Ruiz, joven condenada a más de seis años de cárcel por defenderse de su violador.

“Si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, si hay sentencia se va a facilitar y lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer”, dijo el mandatario en su conferencia al ser consultado sobre el tema.

El anuncio de López Obrador ocurre después de la sentencia que llegó este lunes contra Ruiz, condenada a más de seis años de cárcel y una multa de 285,000 pesos por “homicidio en exceso de la legítima defensa” tras matar en mayo de 2021 a su agresor en el Estado de México.

Según ha relatado la joven, un conocido que se quedó a dormir en su casa porque ya era tarde, se metió a su cama sin su consentimiento, la golpeó, violó y amenazó con matarla, pero ella alcanzó una camiseta y lo asfixió.

“Incluso, la justificación del juez es tremenda, porque (dijo que) pudo haber aminorado la fuerza, fue un exceso de legítima defensa, lo estamos ya viendo nosotros”, añadió López Obrador.

El caso ha despertado una indignación en el país, que vive una ola de violencia, con un promedio de 10 mujeres asesinadas al día entre homicidios y feminicidios, asesinatos por razones de género.

Además, el hecho ocurrió en Estado de México, que lidera las estadísticas de violencia de género con 8 de cada 10 mujeres que han experimentado violencia a lo largo de su vida, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Agrupaciones feministas han convocado este viernes a una marcha en Ciudad de México para exigir que se revoque la sentencia, pero López Obrador prometió apoyo aunque el Poder Judicial no recule.

“Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven”, se comprometió el mandatario.

“No creemos que sea algo coherente, algo justo que me hayan sentenciado a seis años, solo porque piensan que fue un exceso (el uso de la fuerza). Yo no sé cuáles son los límites para que tú te puedas defender”, dice Roxana Ruiz.

Originaria del estado de Oaxaca, Ruiz recibió esta semana una sentencia a 6 años, dos meses y siete días de prisión como reparación del daño, después de que en mayo de 2021 se defendió de su agresor.

El argumento de la jueza, dice su abogado Ángel Carrera, es que se “excedió en su defensa”, lo que consideran totalmente injusto pues antes ya había ocurrido una violación y estaba en riesgo su vida.

“No sabemos si hay un manual en el que Roxana tendría que haber actuado de diferente manera, si hay pasos, hasta qué momento hay que parar en una legítima defensa”, considera.

En esa ocasión, cuenta Carrera, la acusaron de los delitos de homicidio y de violar las leyes de inhumación y exhumación. Aunque la absolvieron de este último, reclasificaron el primero como homicidio simple con exceso de defensa.

La lucha que prosigue es para que Roxana no vuelva a pisar la cárcel, por lo que están en proceso de apelar la sentencia.

“Este es un precedente para las mujeres. Si subsistiera este fallo simplemente las mujeres no tendrían manera de defenderse o pensarían: ‘aunque me defienda voy a ir a la cárcel’, que es el caso de Roxana”, apunta Carrera.

Roxana también considera que, si regresa a la cárcel, su sentencia marcará un precedente para cualquier otra mujer que sea violada.

“No debería ser así porque ¿cuál es ahora el mensaje que manda el sistema judicial aquí? Que las mujeres tenemos de dos: o estar presas o estar muertas”, dice la joven de 23 años, aún con enojo.

La defensa de Genaro García Luna, declarado culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico en Nueva York en febrero pasado, anunció que pedirá una repetición del juicio contra el exsecretario de seguridad pública, tras obtener nueva pruebas.

“Desde el veredicto, varias personas, entre ellas antiguos agentes de las fuerzas del orden, se han puesto en contacto con nosotros para facilitarnos nuevas pruebas favorables a la defensa que podrían dar lugar a la presentación de una moción en virtud de la norma 33 (para pedir la celebración de un nuevo juicio)”, asegura el abogado de García Luna, César de Castro, en un escrito dirigido al juez.

Por ello, De Castro y su equipo ha solicitado un aplazamiento de tres meses para que se dicte sentencia.

La defensa asegura que necesita tiempo extra para continuar desarrollando las pruebas para sustentar una potencial moción de acuerdo con la mencionada norma 33 que estipula que el acusado puede solicitar un nuevo juicio si se descubren nuevas pruebas que así lo ameriten.

De aceptarse dicho aplazamiento, también afectaría a la fecha de la sentencia, programada para el 27 de junio.

Recordemos que el pasado 21 de febrero, un jurado declaró culpable a García Luna de cuatro cargos de narcotráfico más un quinto de mentir a las autoridades.

Los declararon culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

García Luna trabajó vivía, desde 2012, en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viajaba habitualmente a México.

El exfuncionario, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, ha estado en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.

El hombre que robó dos perros de la cantante Lady Gaga tras disparar a su paseador fue sentenciado este lunes a 21 años de prisión al cerrar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.

Según explicaron las autoridades, James Howard Jackson disparó en febrero de 2021 al paseador Ryan Fisher mientras caminaba por las calles de Hollywood para robar los dos bulldogs franceses sin saber que pertenecían a la cantante.

La policía de Los Ángeles arrestó en abril del año pasado a cinco sospechosos por el asalto armado, entre los que estaba Jackson.

Aunque Jackson se declaró inocente de un cargo de intento de asesinato, admitió la acusación de infligir grandes lesiones corporales contra el paseador, según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

“El acuerdo de culpabilidad responsabiliza al señor Jackson de haber perpetrado un acto violento y despiadado, y hace Justicia a nuestra víctima”, declaró la Fiscalía en un comunicado recogido por la prensa estadounidense.

Dos días después del robo, y tras el anuncio de Gaga de una recompensa de 500,000 dólares a quien regresara a sus perros, Koji y Gustav, sanos y salvos, una mujer los entregó en una comisaría en perfectas condiciones.

Tiempo después una investigación reveló que la mujer mantenía una relación con el padre de uno de los tres detenidos por el tiroteo, por lo que también fue considerada cómplice del crimen.

Durante el asalto Lady Gaga se encontraba en Roma rodando la cinta “Gucci” bajo la dirección de Ridley Scott.

Luego de que se diera a conocer la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que ordenaba restituir todos los servicios de las escuelas de tiempo completo que el gobierno federal buscaba reemplazar con La Escuela es Nuestra, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el nuevo programa opera con normalidad, pues promoverá los recursos que sean necesarios en contra de la sentencia.

La SEP recordó que el pasado 7 de septiembre, Aprender Primero de la organización Mexicanos Primero obtuvo de dicho juzgado una suspensión definitiva para que las autoridades responsables, en su ámbito de competencia, restauren el servicio de las escuela de tiempo completo.

Sin embargo, dijo que al considerar que los servicios de Jornada Escolar Ampliada y Alimentación son atendidos por medio del programa La Escuela es Nuestra, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la dependencia promoverá un recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria, para que el Tribunal Colegiado revoque la suspensión y la niegue.

Reconoció que actualmente existen 50 juicios de amparo respecto de este tema, en 17 de los cuales se ha dictado el sobreseimiento y en uno hay sobreseimiento firme. Indicó que hay 33 juicios de amparo restantes que se encuentran pendientes de resolución.

“Se espera que los juicios de amparo que se encuentran en trámite sean sobreseídos derivado de que los quejosos no demostraron afectación alguna en su esfera jurídica (…) La Escuela es Nuestra sigue operando normalmente”, puntualizó la dependencia que ahora dirige Leticia Ramírez.

La SEP reiteró que una suspensión provisional y/o definitiva no constituye una sentencia inatacable o la concesión de un amparo, por lo que la SEP tiene derecho de controvertir mediante los recursos legales necesarios y disponibles.

Y es que recordemos que Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó una demanda de amparo en la que señalaba, entre otras cosas, que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes que eran beneficiarios de dicho programa al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas pudieran tener un horario extendido en el que recibían más horas de contenidos y aprendizajes, así como alimentos.

Así, la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó restaurar los servicios de las escuelas de tiempo completo, tal como operaba antes del cambio a La Escuela es Nuestra. Si bien se reconoció que La Escuela es Nuestra cubre algunos de los objetivos de las escuelas de tiempo completo, se señaló que no se lograban satisfacer por completo los beneficios que brindaba el programa.

La jueza precisó que las autoridades violaron el principio de progresividad respecto de los derechos a la educación y a la alimentación de los beneficiarios, además del interés superior de la niñez. El fallo también reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las escuelas de tiempo completo para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos mientras trabajaban.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, informó que la instancia legislativa declaró un receso para buscar una solución al emplazamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para incluir a Movimiento Ciudadano (MC) en la Comisión Permanente, por lo que pedirá una prórroga a dicho tribunal.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, indicó que la prórroga podría ser de una semana, “porque en ese tiempo vamos a seguir discutiendo entre nosotros la solución. Se tienen que sentar los abogados, los representantes de las bancadas y buscar una solución, no es un tema de ya no trabajar”.

El diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, insistió en que las resoluciones dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral, sobre la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, vulnera las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo.

“El órgano jurisdiccional electoral está ordenando a este órgano de gobierno legislativo a cometer un acto ilícito, lo cual no sólo violenta el orden constitucional, sino que pretende orillar a que los coordinadores parlamentarios incumplan la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución”, expresó el morenista.

El legislador sostuvo que el Tribunal vulnera las facultades de la Cámara de Diputados al pretender que sea la Junta de Coordinación Política dé cumplimiento a dicho ordenamiento.

Sostuvo que los argumentos en los que se basó el Tribunal Electoral son absolutamente falsos, ya que afirman que se hace indispensable que todas las fuerzas políticas estén representadas en la Comisión Permanente por la característica de sus funciones para declarar un Presidente provisional ante la ausencia de un Presidente de la República.

Mier Velazco comentó que desde la reforma constitucional publicada en el DOF el 9 de agosto de 2012, la Comisión Permanente ya no tiene facultad para nombrar a un Presidente provisional, cargo que ocuparía el Secretario de Gobernación en tanto el Congreso nombra a un sustituto en el plazo de 60 días, de acuerdo con el artículo 84 constitucional.

El diputado federal concluyó que todos los errores e incongruencias de las resoluciones de la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en esta materia son de tal magnitud que sólo pueden explicarse de dos maneras: una incompetencia injustificable o una parcialidad manifiesta.

Finalmente, el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, se pronunció por respetar las sentencias del Tribunal Electoral y dignificar sus atribuciones, pese a no coincidir con ellas.

“La disputa ahora es porque se respeten las resoluciones de un tribunal constitucional; creo que hay que enmarcar la discusión en ese tema. A estas alturas me parece que ya no es lo más relevante la conformación de la Comisión Permanente, que por supuesto es un tema relevante por la pluralidad que implica este órgano de decisión del Poder Legislativo. Pero me parece que lo más importante es que dignifiquemos las atribuciones que tiene un tribunal constitucional”, externó.

Naason Joaquin García, líder de la Iglesia “La Luz del Mundo”, fue condenado la noche de ayer a 16 años y ocho meses de cárcel por abusos sexuales sobre tres mujeres entonces menores de edad en California, Estados Unidos.

El autollamado Apóstol de Jesucristo se declaró culpable de los tres casos la semana pasada, antes de que iniciara formalmente el juicio. Estaba preso desde junio de 2019, cuando fue arrestado en en aeropuerto de Los Ángeles, y aunque se le impuso una fianza para poder seguir su proceso en libertad, no se cubrió debido al monto en que fue fijada: 90 millones de dólares, la más alta en la historia de California,

El líder evangélico era señalado de haber forzado a diversos fieles de la Iglesia, entonces menores e edad, a realizar actos sexuales al decirles que “si iban en contra de la voluntad o los deseos del ‘Apóstol’ se oponían a Dios”.

Y aunque Naason Joaquin García negó durante mucho tiempo las acusaciones, determinó “declararse culpable” en un acuerdo con la justicia estadounidense por violación sobre dos menores y un acto de agresión sexual contra una niña de 15 años.

Antes de anunciar la sentencia, el juez Ronald Coen pidió disculpas a las víctimas, muchas de las cuáles querían entregar su testimonio en el juicio inicialmente previsto esta semana en Los Ángeles, y reclamaban la pena máxima para el violador.

“Tengo las manos atadas”, explicó el juez a las mujeres. Pero “el mundo las escuchó”, agregó Coen, quien calificó al condenado como un “depredador sexual”.

“Merece quedarse en la cárcel para siempre, pero eso seguiría sin ser suficiente”, dijo una de las víctimas en una declaración leída a la audiencia. “Me quitó la fe (…) Me usó y utilizó mi fe en Dios y mi inocencia”, agregó otra de las afectadas.

Pese a los testimonios y al hecho de que su jefe reconoció los hechos, “La Luz del Mundo” renovó públicamente su respaldo a quien considera como “Apóstol de Jesucristo”.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter tras el anuncio de la pena, la organización acusa a la justicia de haber “fabricado” pruebas contra García y de no haberle permitido tener un juicio justo. No tuvo, según la Iglesia, “otra opción que aceptar un acuerdo” y declararse culpable, como el “mejor medio para proteger a la Iglesia y a su familia”.

“Nuestra confianza en el sigue intacta en todo conocimiento de su integridad, de su conducta y su trabajo”, afirma la dirigencia de La Luz del Mundo.

Un juez estadounidense sentencie este martes a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a 36 meses de prisión, es decir 3 años.

La sentencia impuesta por el juez federal Rudolph Contreras en la corte del Distrito de Columbia es un año menos de lo que pedían los fiscales estadounidenses.

En junio Coronel Aispuro se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero, y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

A mediados de este mes fiscales en el Distrito de Columbia pidieron que se le imponga una sentencia de cuatro años de cárcel y cinco años de libertad condicional. También pidieron que se apruebe una orden para incautarle más de 1.4 millones de dólares, según documentos presentados en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses.

“La acusada cometió un grave delito contra Estados Unidos”, dijeron los fiscales. “Dado el impacto adverso que el tráfico de drogas tiene en la sociedad y los graves efectos perjudiciales de la cocaína, la heroína, la metanfetamina y la marihuana en las comunidades, es importante que el tribunal imponga una sentencia que disuada a otros de socavar el estado de derecho”.

Los fiscales aseguran que Coronel Aispuro se benefició económicamente de las actividades delictivas de su marido. También señalan que en julio de 2015 la esposa de “El Chapo” ayudó a Guzmán a escapar de la prisión del Altiplano, en el Estado de México.

Coronel, una ex reina de la belleza nacida en Estados Unidos que se casó con Guzmán cuando era adolescente, fue detenida en el aeropuerto internacional de Dulles, en las afueras de Washington, en febrero.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró fundado el recurso presentado por Morena en el cual acusó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León por no haber realizado una investigación completa de las infracciones denunciadas contra el excandidato postulado por la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza.

Por unanimidad de votos, con el voto concurrente del magistrado José Luis Vargas Valdez y el voto razonado del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal local y ordenó reabrir la investigación en contra del priísta.

Lo que se buscará es que las autoridades correspondientes recaben los elementos necesarios y emitan una nueva resolución que determine si se confirmará o no la infracción por haber entregado bienes y/o servicios a la ciudadanía durante la campaña electoral, específicamente por la entrega de tarjetas durante su campaña con la promesa de un depósito bimestral.

Recordemos que durante la pasada campaña electoral, Morena denunció a Adrián de la Garza  y a los partidos de la coalición que lo postularon, ya que consideró que las entregas de las tarjetas “Por ti mujer fuerte” y “Por ti en compañía” que prometían el depósito bimestral, incurrieron en infracciones en materia de propaganda electoral y uso del financiamiento público.

La sentencia, propuesta por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, destacó que la prohibición de entregar bienes o servicios al electorado durante las campañas electorales busca garantizar que el voto de la ciudadanía sea libre, en especial el de aquellas personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad, así como impedir la comisión de malas prácticas electorales, como la formación de compromisos clientelares.

En ese sentido, el proyecto de sentencia aprobado estableció que las autoridades competentes para revisar las denuncias sobre distribución de tarjetas u otros materiales que ofrezcan o entreguen beneficios en caso de ganar una determinada candidatura, tienen el deber y la obligación de investigar exhaustivamente los hechos para demostrar si la propaganda electoral de Adrián de la Garza fue válida o formó parte de una estrategia de coacción del voto.

Un tribunal de Moscú confirmó este martes la pena de tres años y medio de cárcel dictada en 2014 contra el dirigente opositor Alexei Navalni, cuya detención a mediados de enero ha motivado la mayor movilización reciente contra el gobierno de Rusia.

Navalni fue detenido el 17 de enero al regresar desde Alemania, donde había estado convaleciente de un envenenamiento sufrido en agosto de 2020. Las autoridades alegaron entonces que el líder opositor había incumplido las medidas excepcionales que mantenían en suspenso una pena dictada en 2014 por acusaciones de fraude.

La jueza Natalia Repnikova determinó que Navalni ingresara a prisión para cumplir con la pena, según la agencia de noticias Sputnik. A Navalni, no obstante, solo le restarían por cumplir dos años y ocho meses, ya que se tendrían en cuenta los diez meses que pasó bajo arresto domiciliario.

Las partes tienen ahora diez días para presentar algún recurso, algo que ya han adelantado que harán los abogados del acusado.

Durante su comparecencia ante la jueza, Navalni ha reiterado sus críticas al gobierno en un duro discurso. “Alguien no quería que volviese a Rusia como un hombre libre. Todos sabemos quién”, ha declarado el impulsor de la Fundación Anticorrupción.

El opositor ha señalado directamente a Putin, al que ha descrito como “envenenador de calzoncillos”, en alusión a la prenda donde se habría puesto el agente nervioso que casi le cuesta la vida. El Kremlin siempre ha negado cualquier responsabilidad en este supuesto ataque.

Según Navalni, no es sólo él quien se sienta en el banquillo, sino toda la oposición. “El principal punto de este juicio no es lo que me pase a mí, meterme en la cárcel no es duro, sino que la principal razón (del proceso) es intimidar a un gran número de personas”, ha señalado.

Al respecto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha vuelto cuestionado las declaraciones de Navalni, alegando que hasta ahora Moscú “no ha recibido nada que demuestre las acusaciones”, según la agencia TASS. En este sentido, ha negado que se pueda hablar de “secreto” para justificar el recelo a compartir datos: “Tenemos razones para creer que es una farsa”.

Keith Raniere, fundador de la secta sexual NXVIM, la cual utilizó como fachada un grupo de autoayuda, fue condenado este martes a 120 años de cárcel en un tribunal neoyorquino después de ser declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban.

El juez de distrito Nicholas Garaufis dictó la sentencia en el tribunal federal de Brooklyn después de una larga audiencia en la que hubo declaraciones de las víctimas.

Los fiscales habían pedido cadena perpetua, mientras que los abogados defensores dijeron que debía enfrentar únicamente 15 años tras las rejas.

Raniere, de 60 años, no mostró remordimiento, y sus abogados le dijeron al juez antes de la sentencia que su cliente no estaba arrepentido “por su conducta o sus decisiones”.

La sentencia culminó varios años de revelaciones sobre el programa de Raniere, NXIVM, que cobró miles de dólares por cursos de superación personal en su sede cerca de Albany, Nueva York, y en sucursales ubicadas en México y Canadá.

Entre los adherentes se encontraban millonarios y actrices de Hollywood dispuestos a soportar humillación y a prometer obediencia al acusado como parte de sus enseñanzas.

Entre los delitos que se le imputaban a Raniere se encontraron: tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, en junio de 2019.

La sentencia supone a efectos prácticos una condena de cadena perpetua para el canadiense, a quien este martes las víctimas presentes en la audiencia llamaron “depredador sexual”, “racista”, “mentiroso” y un “sádico”.

El caso ha acaparado la atención de los medios por la implicación de varias destacadas personalidades como la actriz de Smallville Allison Mack, la intérprete de “Battlestar Galactica” Nicole Clyne, o la heredera del imperio licorero Seagram’s, Clare Bronfman.

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá el proyecto de sentencia a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdez, en el que propone ratificar la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgar el registro de partido político a México Libre.

El coordinador nacional de la organización, Fausto Barajas, se expresó en desacuerdo con el proyecto difundido ayer por el Tribunal, pues dijo, debe haber justicia para los más de 260 mil mexicanos que respaldan a la organización.

Sostuvo que se necesitan “4 votos valientes de 7” durante la discusión y eventual votación que se realizará este miércoles. Exhortó a los magistrados a valorar las pruebas que México Libre presentó para sustentar sus afiliaciones, asambleas y financiamiento.

Barajas reconoció que si el TEPJF decide negar el registro, ya no hay más instancias legales a las cuales acudir para defender sus derechos.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón, quien junto a su esposa Margarita Zavala impulsan México Libre, aseguró que si bien el proyecto del magistrado Vargas Valdez invalida correctamente el criterio “del 5%” que el INE alegó “sin razón” alguna, no valora las pruebas que identifican plenamente a quienes aportaron a través de tarjeta, mediante terminales Clip,

Además, refiere que el proyecto anula arbitrariamente asambleas el propio INE validó en su momento. Señaló que se estarían anulando 112 asambleas válidamente celebradas, sin fundamento, derecho de audiencia ni debido proceso.

“Es injusto (…) ojalá prevalezca razón y justicia en los Magistrados”, dijo Calderón a través de sus redes sociales.

Finalmente, Margarita Zavala pidió a los Magistrados no negar los derechos de todos los ciudadanos que respaldan a México Libre. Sostuvo que en una democracia se debe respetar el esfuerzo humano de participar a través de los cauces pacíficos y legales.

Un tribunal federal confirmó este lunes la condena de 9 años de prisión impuesta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

La resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México fue emitida ante e recurso de apelación presentado por la defensa del expriísta, contra la sentencia del 26 de septiembre de 2018 en la que fue condenado a 9 años de prisión, al decomiso de 40 propiedades y a pagar 58 mil pesos como multa.

Sin embargo, lo que sorprendió este lunes es la decisión de la magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, de anular la medida de decomiso de las 40 propiedades ligadas a Duarte.

La magistrada indicó que la anulación de la medida de decomiso a los inmuebles se debe a que dichas propiedades pertenecen a personas que aún no han sido condenadas.

Duarte cumple este 20202, 3 años de permanecer en prisión, mismos que se tomarán en cuenta sobre la compurgación de su pena, por lo que de los nueve años de condena que recibió, solo le restan por cumplir seis.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó este miércoles la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de adoptar medidas cautelares por la promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La decisión del INE y ahora del Tribunal Electoral se da a partir del análisis de las dos primeras versiones de las cartas para dar a conocer y difundir la implementación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19.

Recordemos que el pasado 30 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió procedente la solicitud de medidas cautelares por las cartas del IMSS firmadas por López Obrador, luego de las denuncias interpuestas por el PAN, PRD y PRI.

Con dicha resolución, se ordenó al IMSS para que en un plazo que no excediera las 24 horas, realizara las acciones, trámites y gestiones suficientes para detener o suspender la elaboración, distribución y entrega de las cartas o documentos, que contengan el formato primero y segundo de la carta denunciada y, en su lugar, si así lo estima pertinente, sustituirlas por cartas o comunicaciones que se ajusten al marco constitucional.

Tras la resolución alcanzada por el INE, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpuso el 2 de mayo un recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador (REP) ante la Sala Superior del TEPJF.

En sus alegatos, el IMSS señaló, entre otros argumentos, que el INE hizo una indebida valoración de pruebas, que se extralimitó en sus funciones para conocer e imponer las medidas cautelares, al estar restringida su competencia para conocer de la difusión de propaganda en radio y televisión y que hizo un análisis indebido de la suspensión ordenada por el Consejo General del INE, respecto del desarrollo de los procesos electorales locales, así como de las pruebas y de las hipótesis de improcedencia, entre otras.

Sin embargo, luego de hacer un análisis, las y los magistrados de la Sala Superior desestimaron los señalamientos del IMSS y ratificaron la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al emitir las medidas cautelares.

Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, acusada de tráfico de personas, resultó positivo al Covid-19, por lo que recibirá el tratamiento para la enfermedad en prisión.

Raniere, de 59 años, no ha sido considerado como un paciente de alto peligro por el virus, ya que, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), sólo deben ser considerados en riesgo los presos, y pacientes en general, que tienen más de 65 años.

La decisión de sacarlo de la lista de peligro niega la posibilidad de que pague una fianza que le permita sobrellevar la enfermedad fuera de la cárcel.

Su defensa solicitó la semana pasada que se le entregaran los registros médicos de Raniere para verificar su estado de salud, informó la cadena CBS6 Albany.

Raniere solicitó un nuevo juicio a principios de mes, por considerar que el proceso actual estaba plagado de irregularidades.

Hasta el momento no se ha aceptado su solicitud, aunque el juez Nicholas Garaufis decidió postergar hasta el 21 de mayo la sentencia, que inicialmente estaba planificada para el 16 de abril.

El hombre se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de que se le dicte condena por los crímenes de los que ha sido acusado.

Raniere enfrenta cargos por extorsión, lavado de dinero, asociación para delinquir, fraude electrónico, robo de identidad, tráfico sexual y trabajo forzoso.

Dichas actividades ilícitas habrían sido realizadas con la fachada de un grupo de superación personal al que estaban vinculadas herederas millonarias y celebridades del mundo de los espectáculos como Allison Mack, actriz de la serie de televisión Smallville.