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SERVIDORES PÚBLICOS

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La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que este viernes 1 de mayo inició el periodo para que las más de 1.6 millones de servidores públicos del Gobierno federal presenten su Declaración Patrimonial y de Intereses, tal y como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval señaló que “consolidar un modelo de transparencia democrática-expansiva y de verdadera rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales del gobierno de la Cuarta Transformación”

La funcionaria convocó a los servidores públicos a cumplir con su responsabilidad a la brevedad, no sólo por ser una obligación legal, sino con la finalidad de sumarse a la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad.

Precisó que por primera vez, todas las personas servidoras públicas del gobierno federal, de todos los niveles que desempeñen un empleo, cargo o comisión deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses.

Con la entrada en vigor de la obligación establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Función Pública pasará de recibir 350 mil declaraciones a más de 1 millón 600 mil, lo que representa un aumento de 457% con respecto al año anterior, de los cuales más de 1.2 millones, con el nivel de enlaces y operativos, la presentarán por primera ocasión.

Recordó que el plazo para cumplir con la presentación de declaraciones se extiende hasta julio de 2020; sin embargo, Sandoval Ballesteros exhortó a los integrantes del Gabinete legal y ampliado del Gobierno federal a hacer su declaración de situación patrimonial y de intereses en el mes de mayo.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, llamó a todos los y las servidoras públicas del Gobierno Federal a presentar SU Declaración Patrimonial y de Intereses, antes de que concluya el plazo legal para hacerlo.

Sandoval Ballesteros indicó que estamos a cinco días de que concluya el plazo legal para presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, en su modalidad de modificación, pues el último día es el próximo 31 de mayo,.

Señaló que dicha acción es cumplir con el compromiso de transparencia, honestidad y rendición de cuentas que se impulsa desde la Presidencia de la República.

Recordó que pueden presentar su declaración en los módulos de orientación instalados y abiertos de lunes a domingo, de 09:00 a 18:00 horas, en el edificio sede de la dependencia, ubicado en Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, donde se les brinda toda la asesoría y la infraestructura necesarias.

Destacó que las y los servidores públicos también pueden acudir con el personal designado en los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado, quienes les asesoran en el llenado de sus declaraciones.

Sandoval Ballesteros señaló que la declaración patrimonial y de intereses no sólo es una obligación legal, sino un instrumento para construir un Gobierno de México cien por ciento transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía, como se ha comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La funcionaria destacó que la plataforma DeclaraNet se modificó para eliminar las exclusiones en la publicidad de la información de datos patrimoniales y permitir únicamente las opciones reserva o publicidad total.

Ante la polémica que se desató la semana pasada por los señalamientos que hiciera contra el ex presidente Felipe Calderón por contratarse con una filial de la energética española Iberdrola, aunado a la información de esta mañana sobre los funcionarios que también habrían podido incurrir en tráfico de influencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se realizarán cambios en la ley que regula dichas prácticas.

“Sí, ya está en una propuesta que estamos haciendo para que quede prohibido durante un periodo de tiempo de más de 10 años, que un servidor público pueda tener trabajo en empresas relacionadas con el cargo que desempeñó. Lo vamos a prohibir”, dijo en conferencia de prensa.

Indicó que dicha iniciativa está incluida en la Ley de Austeridad que se trabaja en el Congreso, además de que quedará estipulado en “otras leyes”. Insistió en que quedará prohibido que servidores públicos se contraten con empresas al finalizar su encargo.

Y es que esta mañana, Manuel Bartlett informó que exfuncionarios de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón trabajaron o colaboran con empresas extranjeras del sector eléctrico; se les señaló de contribuir a destruir gradualmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la lista filtrada aparecen nombres como José Córdoba Montoya, exjefe de la Oficina de Presidencia; Jesús Reyes-Heroles González-Garza, expresidente de los consejos de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro; Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes; Luis Téllez, exjefe de la Oficina de la Presidencia y exsecretario de Energía; Alfredo Elías Ayub, exdirector general de la CFE, entre otros.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sin embargo dijo que respetará el actuar de los magistrados.

En entrevista desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde arribó esta mañana para asistir a la toma de posesión de Rutilio Escandón como nuevo gobernador de la entidad, dijo que “no es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad”.

Aclaró que la decisión viene de un poder independiente al que como presidente debe de respetar, aunque dijo, “una cosa es el respeto legal y otra cosa es que me quede callado”. Coincidió con lo expuesto por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, pues dijo que desde el Poder Ejecutivo se mantendrán respetuosos del Articulo 127 de la Constitución el cual indica que ningún funcionario puede ganar más que el presidente.

Señaló que tal como quedó de manifiesto el pasado 1 de julio, el pueblo de México exige que no haya sueldos exagerados ni abusos por parte de la clase política.

“Están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia; se equivocaron, porque no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez, quien decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía”, remató.

 

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un llamado al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a honrar su palabra, y que su gobierno dé seguimiento a las más de 60 denuncias penales y administrativas que han interpuesto en contra de servidores públicos.

La organización indicó que las denuncias se han presentado en contra de servidores públicos pertenecientes a 19 dependencias centrales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y diversas empresas privadas por el manejo irregular y desvío de más de 6 mil 700 millones de pesos.

Recodaron que López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que si hay investigaciones abiertas se van a continuar. Subrayaron que de acuerdo a sus declaraciones, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver.

“Mexicanos Contra la Corrupción solicita al Presidente Electo que, honrando su palabra y en el ámbito de sus facultades, garantice las condiciones necesarias para que el Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción, así como la Secretaria de la Función Pública, que entrarán en funciones en unas horas, prosigan con las investigaciones de las denuncias ya presentadas garantizando un verdadero acceso a la justicia y combate a la impunidad”, dijo MCCI.

La organización adelantó que aún y con el cambio de gobierno, seguirá implementando acciones legales en contra de funcionarios públicos y privados que participen en actos y redes de corrupción.

 

La senadora Xóchitl Gálvez presentó este jueves la iniciativa para eliminar la figura de fuero constitucional y establecer que todo servidor público pueda ser vinculado a proceso por delitos del orden común o federal, independientemente de su jerarquía o cargo.

A nombre del Grupo Parlamentario de PAN, la ex delegada de Miguel Hidalgo aseguró que ninguna propuesta para el combate a la corrupción podría diseñarse sin eliminar el fuero de impunidad institucional del que gozan gobernantes y representantes populares, comenzando por el Presidente de la República.

Gálvez señaló que lo que se busca es que con la eliminación del fuero, todas y todos los servidores públicos puedan ser acusados y enjuiciados por delitos de corrupción y los considerados no graves, con penas de destitución y responsabilidad penal administrativa y civil.

Al dirigirse a sus colegas, la senadora reconoció que con dicha propuesta existe el riesgo de que se conduzca al debilitamiento de las instituciones, pero dijo “creemos necesario correr el riesgo de eliminar el fuero en aras de terminar con la impunidad que tanto lastima a la sociedad y que tantos males ha provocado a México”.

Como ejemplo, recordó que la semana pasada fue llamada a comparecer ante el Ministerio Público, “por un supuesto delito de daño a propiedad ajena”, por lo que se presentó haciendo “caso omiso al fuero porque estoy convencida que todos tenemos que ser iguales ante la Ley”.

 

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad esta mañana, el dictamen que reforma la Constitución para eliminar la figura del fuero de todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República.

 

 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordoñez Hernández de la bancada del PRD, expresó su confianza en que este mismo día lo avale el Pleno de la Cámara de Diputados y se turne al Senado. Pidió que en dado caso, el Senado apruebe la próxima semana la minuta que se le enviará.

 

“Una vez que se apruebe (este jueves en la Cámara de Diputados) se va a senadores y esperamos que el Senado lo apruebe la semana siguiente”, indicó en declaraciones a la prensa.

 

Señaló que en caso de que el Senado lo avale sin cambios se turnará a los congresos estatales, por tratarse de una reforma constitucional que requiere se apruebe por la mayoría de estas legislaturas.

 

Al reunirse  con integrantes del sector productivo de Michoacán, como la CNC, la CNOP, y la CTM, el precandidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, aseguró que para combatir la corrupción de los funcionarios se tiene que ir más allá de la 3 de 3, razón por la que presentó las iniciativas de ley para incrementar la fiscalización a servidores públicos, que permitirán quitarle los recursos a los corruptos y delincuentes.

 

“Qué hace esta iniciativa? Hace algo que es muy importante y necesario; evitar que el delincuente y el corrupto use el dinero mal habido para defenderse, use el dinero mal habido para buscar una ventaja en sus procesos judiciales”, dijo Meade ante la militancia priísta.

 

El precandidato presidencial destacó que la iniciativa anticorrupción también busca consistencia en las declaraciones de los servidores públicos para incrementar los controles y vigilancia de su situación patrimonial.

 

“No es suficiente que presentemos la 3 de 3, no es suficiente saber que se presentó la declaración de impuestos. Lo importante es que esas declaraciones sean consistentes entre sí, consistentes con los registros públicos de la propiedad y consistentes con la realidad que el ciudadano puede observar”, añadió el ex titular de Hacienda.

 

Meade aprovechó su visita a Michoacán para hacer un llamado a la militancia priista, sus organizaciones y sectores, a darle su respaldo en la próxima Convención Nacional de Delegados del PRI.