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Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informara que no encontró evidencias de conflicto de interés o corrupción por parte del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que “no se puede acusar sin pruebas».

“Entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió», dijo AMLO respecto al dictamen de la SFP.

Añadió que además reiteraba el criterio que siempre ha tenido para este tipo de casos: no se puede acusar sin pruebas, «yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé».

Tras mencionar que antes en la CFE los contratos se hacían por influencia, el mandatario federal sostuvo que si se tiene que juzgar lo hecho en tiempos pasados por el ahora titular de esta Comisión, “bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder».

AMLO recordó el caso del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien amenazó con demandarlo cuando él reveló la lista de los beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“Hice la denuncia y la lista de todos los beneficiarios y salió a decir que me iba a demandar un dirigente que luego fue presidente de la República, no voy a mencionar su nombre», finalizó al reiterar que no lo han demandado por calumnia.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

«Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato», indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que «el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles».

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó a la Cámara de Diputados que 10 delegados estatales de la Secretaría de Bienestar, los llamados superdelegados, están siendo investigados por el presunto uso indebido de programas sociales.

Los delegados investigados son de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, junto con el de Jalisco, que fue separado de su cargo, indicó la secretaria federal.

“Estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, expuso.

Sandoval Ballesteros recordó que la utilización indebida de los programas sociales ya es delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.

Comentó que la SFP también ha realizado auditorías a los programas sociales, pues recordó que desde principios de la administración firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional Electoral, para dar transparencia a toda la utilización de los programas sociales.

Durante su comparecencia ante los legisladores con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, Sandoval Ballesteros sostuvo que la SFP está combatiendo la impunidad sin filias ni fobias, y aseguró que “no hay intocables ni perseguidos”.

“Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían procesos abiertos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.

La funcionaria enfatizó que la dependencia a su cargo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, ha impuesto casi 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Sandoval Ballesteros indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de 2019, la SFP ha recibido 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones, de las cuales 5 mil 510 ya están concluidas.

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que han recibido 21 denuncias sobre las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Esa fue la respuesta a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, durante su comparecencia ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y participación Ciudadana del Senado, la tarde-noche de ayer.

La legisladora panista preguntó: ¿Cómo va la investigación?, ¿se obligará a Bartlett a que declare lo que omitió?, ¿se le sancionará?.

Al responder, la funcionaria federal agradeció a la senadora que hubiera interpuesto su queja ante la Función Pública, y le reiteró el compromiso de la dependencia de atender todas y cada una de las investigaciones que se le solicitan.

“Le agradezco mucho que, con su investidura de senadora, se haya tomado la molestia de venir, incluso en bicicleta, a poner la denuncia, pero es una investigación que acumula 21 denuncias, la más reciente se presentó el 30 de septiembre pasado, precisó Sandoval Ballesteros.

Sostuvo que no van a defraudar la confianza de la ciudadanía, y que van a llegar “hasta las últimas consecuencias» en esa investigación ya que, reiteró, la Secretaría de la función Pública (SFP) tiene como uno de los ejes la apertura total de las investigaciones para acercarse a los ciudadanos.

«Como lo mandata la ley, hay que ser muy prudente, pues se tiene que respetar la presunción de inocencia, que corresponde a todos y cada uno de los servidores públicos; también exigentes, autoexigentes, para no dejar sin asignación una responsabilidad que merezca sanción, como una violación o un acto de corrupción», indicó la funcionaria.

Durante la comparecencia, la titular de la SFP aseguró que la prioridad del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, lo que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo y el trabajo de la Secretaría. Señaló que lo que buscan es instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público con «honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia».

Sandoval Ballesteros reveló que recibió una secretaría que no funcionaba. “La primera misión fue reanimar, relanzar, revivir y fortalecer la Función Pública para que utilizara todas sus facultades”, apuntó.

Detalló que hay alrededor de 28 mil investigaciones en proceso por presuntas irregularidades de servidores públicos, de éstas, han concluido alrededor de 5 mil 480, un 30% más que en el gobierno anterior. “En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”, sentenció.

Irma Eréndira Sandoval reveló que debido a la transformación de la visión de la auditoría, de la fiscalización y de la examinación, han resuelto que los gobiernos estatales tienen pendiente la justificación o devolución a la Federación, de 46 mil 121 millones de pesos, lo que representa 50 veces el presupuesto de la Función Pública en este año.

Además, agregó, tienen observaciones en auditorías de obra pública por un monto de 17 mil 319 millones de pesos, más de 16 mil millones de éstos, vinculados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.

En materia de combate a la impunidad, informó que han impuesto 2 mil 791 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 sanciones económicas resarcitorias, por más de 3 mil 596 millones de pesos, sin contar las que continúan en litigio.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 92.4% de los mexicanos consideran que se debe iniciar una investigación en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en relación a las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo un 4.8% está en desacuerdo en iniciar una investigación, un 1.9% no sabe, el 0.6% indicó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al plantearle a los encuestados su opinión sobre los presuntos bienes que el funcionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que en realidad su fortuna supera los 51 millones de pesos que él asegura tener, el 76.4% de las personas consideró que la declaración patrimonial de Bartlett es falsa.

En días recientes se ha publicado en diversos medios información, a partir de una investigación de Arelí Quintero, que vincula al director de la CFE y a sus familiares con 12 empresas y 23 casas, propiedades que el mismo funcionario ha negado tener y que sumaría una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces.

Al respecto, este viernes, Manuel Bartlett confirmó su relación sentimental con Julia Abdala, esto luego de que ayer indicara que el patrimonio de la señora Abdala y el suyo eran totalmente independientes.

«No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público», dijo la tarde de ayer el director de CFE.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue consultado sobre el contrato que ganó la empresa BioPappel Scribe en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual es dirigida por su compadre, Miguel Rincón.

Y es que se dio a conocer que BioPappel obtuvo un contrato por 142.8 millones de pesos con fecha del 6 de septiembre, y el cual es por concepto de recolección del cartón y papel de desecho y su permuta por papel nuevo.

«¿Cómo va a resolver ese dilema, le va a quitar todos los contratos por ser su compadre o lo va a beneficiar siendo contratista del gobierno?», se le cuestionó a AMLO. El mandatario respondió que será un tema que tendrá que ver la Secretaría de la Función Pública (SFP).

López Obrador pidió que sea la SFP quien emita un dictamen para que no haya sospecha alguna en la adjudicación de dicho contrato.

«Que se aclare todo, todo, todo, trátese de quien se trate y que la Función Pública emita un dictamen», dijo el presidente.

Al ser consultado sobre si había hablado con su compadre sobre el tema, AMLO dijo que no, y que no sabía de dicho contrato; afirmó que se iba enterando de los hechos en la mañanera.

Finalizó el tema asegurando que en su gobierno no se permitirá corrupción, impunidad, e hizo un llamado a todos los mexicanos a «portarse bien».

A través de un carta que leyó su hija Marian Moguel en las inmediaciones del penal de Santa Martha Acatitla, la exsecretaria federal Rosario Robles, emitió un posicionamiento respecto a la sanción que le fue impuesta por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Robles Berlanga indicó que se enteró a través de los medios de comunicación de la inhabilitación de 10 años antes de ser notificada oficialmente por la dependencia.

Lamentó que la SFP haya considerado una sanción de tal magnitud por un «préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás se utilizó», pero le parezca que no hay problema que un funcionario del gabinete actual, Manuel Bartlett, no declarara propiedades por millones de pesos.

En la carta, recordó que tiene ya más de un mes, desde que el juez Delgadillo Padierna le declarara prisión preventiva por un delito no grave basándose en una licencia que se acreditó no es la suya.

«Han recurrido a múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de inocencia y el debido proceso. Nunca se tomó en cuenta que me presente voluntariamente al citatorio judicial aún cuando muchos amigos, amigas, y familiares me aconsejaron no lo hiciera por que seguramente se trataba de una “trampa”. Lo fue», dijo Rosario Robles.

Señala que el proceso en su contra se trata de una confabulación en la que instituciones del estado han violentado la legalidad, pues dijo, no han podido demostrar que ella tenga un peso que no sea producto de su trabajo o que alguna autoridad la declare culpable de nada en el ámbito penal.

Cuestionó la actuación del juez que dijo, tiene un evidente conflicto de interés; enfatizó que jamás en los seis años de sui gestión como secretaria de estado la ASF presentó denuncias ni acusaciones en su contra.

Fue en ese punto donde se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). «Exijo un juicio justo. En lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno. ¿Por qué esa saña? Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad».

Cuestionó si no tiene el mismo derecho que una ciudadana francesa (en referencia a Florence Cassez) al debido proceso, o si tienen más derechos las personas vinculadas al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas.

El equipo legal que representa a Rosario Robles indicó que la sanción dada a conocer ayer por la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirma la persecución política a la que está siendo sometida la ex secretaria de Estado.

La defensa de la excolaboradora del sexenio pasado, señaló que sin mayor fundamento administrativo y legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a Robles por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con $2,887.86 pesos en su declaración patrimonial.

Lamentaron que dicha sanción nazca de la omisión de una cuenta que «contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanción alguna», lo que apunta al escándalo que en días recientes envolvió a Manuel Bartlett, director de CFE.

Los abogados indicaron que se demuestra que en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad.

Acusaron que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, miente al afirmar que la resolución fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues dijeron estar convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una «tropelía tan injusta y absurda».

Relataron que la cuenta que desencadenó la sanción, no  es reconocida por Robles, que además no tuvo movimientos en toda su existencia y de la que su clienta jamás dispuso; enfatizaron que al tener la cuenta un saldo inferior a los 3 mil pesos, no contribuye en nada a “acabar con la corrupción y la impunidad” como señaló la SFP.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este miércoles sobre una sanción a Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la pasada administración.

La ex funcionaria fue notificada de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, como sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.

«Con esta sanción se impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva Ética Pública en el Gobierno de México, y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad», indicó Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia.

El informe sobre Rosario Robles sirvió para que la SFP recordara que tiene más de 19 mil investigaciones en curso y ha sancionado a 2 mil 434 funcionarios, a quienes ha impuesto sanciones consistentes en 732 inhabilitaciones, 135 destituciones y 217 multas económicas por un monto de más de 4 mil 500 millones de pesos.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, reiteró esta mañana durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que es falsa la información que se publicó en un reportaje que lo involucra en corrupción al presuntamente ocultar gran parte de su patrimonio.

«Tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano. Tengo todo el patrimonio perfectamente definido en mis declaraciones y jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos y todo está en declaraciones», señaló.

Al respecto, agradeció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo investigue pues dijo, todo su patrimonio es transparente.

«Aprecio que la Función Pública inicie la investigación porque mis datos son correctos, el reportaje es falso. Se me atribuyen propiedades que no son mías», expresó el funcionario.

Por su parte el presidente López Obrador agradeció a Bartlett su ayuda para limpiar de corrupción a la CFE y reiteró que los ataques en su contra provienen de los conservadores que ya no pueden saquear como lo hacían antes.

Dijo que los reportajes como el publicado en contra de Bartlett «tienen que ver con los grupos de intereses creados, que lucraron durante los 36 años de la política neoliberal (…). Es lógico que no les gusta a los conservadores porque se habían dedicado a robar a saquear, ese es el fondo de esta oposición».

El mandatario reiteró que está muy contento con el trabajo que Bartlett ha hecho al frente de la Comisión, e incluso le agradeció sus esfuerzos para limpiar de corrupción a la CFE.

AMLO acusó que sus adversarios que se dedicaron a saquear al país, ahora están tratando de confundir para enrarecer el ambiente.

En medio de la polémica que han generado las declaraciones patrimoniales y de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para presentar una denuncia contra el funcionario.

Y es que el pasado domingo, la senadora indicó a través de sus redes sociales, que si de verdad había un compromiso con la honestidad por parte del gobierno federal, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval debía solicitar la declaración patrimonial de Bartlett .

La titular de la SFP respondió asegurando que no existía denuncia alguna en contra de las declaraciones del director de CFE, por lo que la invitó a que si tenía información sobre irregularidades cometidas, era ella quien debería presentar la denuncia.

Gálvez Ruiz indicó que presentaría la denuncia este martes, hecho que quedó documentado en un video que compartió en sus redes sociales.

«Tal como se lo ofrecí a la Secretaria de la Función Pública estoy presentando una denuncia para que sean investigada la declaración patrimonial y de conflicto de interés  del director de la CFE», señaló la legisladora.

Indicó que en la denuncia presentada, había una argumentación jurídica de porqué de acuerdo a la ley, Irma Erédira Sandoval pudo haber iniciado por oficio una investigación y las razones que llevaban a Manuel Bartlett a presentar en su declaración los bienes de esposa, concubina, pareja e hijos.

Tras entregar su denuncia en la oficialía de partes, la senadora indicó que en menos de 5 minutos pudo presentar el documento, por lo que dijo, es muy sencillo para quien quiera denunciar.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, sostuvo que presentará toda la documentación e información que las autoridades requieran, esto luego de que se confirmara que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación sobre su declaración patrimonial y su declaración de intereses.

A través de su cuenta de Twitter, Bartlett insistió en que es falsa la información que días atrás publicó el periodista Carlos Loret de Mola respecto a inmuebles que supuestamente son de su propiedad y que omitió de sus declaraciones.

El colaborador del presidente López Obrador recordó que su declaración patrimonial está en regla. En ese sentido, acusó, Loret de Mola y la reportera que firmó la nota «han montado un sainete en radio con mentiras y afirmaciones que rechazo categóricamente». Calificó su trabajo como «periodismo venal».

Y es que recordemos que la noche de ayer, la Secretaría de la Función Pública confirmó que abrió un expediente de investigación en torno a las declaraciones de Bartlett tras recibir una denuncia ciudadana anónima a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

La dependencia federal detalló que la denuncia será atendida “de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad”.

La Secretaría de la Función Pública informó este jueves que inició un expediente de investigación en torno a la declaración patrimonial y de intereses del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

«La apertura del expediente concuerda con la convicción de la secretaria (de la Función Pública, Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros de -como ha sostenido previamente- no hacer un uso faccioso de la institución y que no se investiga por consigna, sino siempre en respeto a la legalidad», indicó la dependencia en un comunicado publicado en su página de internet.

La dependencia indicó que recibió una denuncia ciudadana anónima a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

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